Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

jueves, 8 de mayo de 2014

Yaiza espera que el dictamen definitivo de Costas sea favorable para "salvar" Playa Quemada


El Ayuntamiento de Yaiza confía en que se produzca un dictamen definitivo de Costas favorable a los intereses de Playa Quemada, con una servidumbre de protección a 20 metros del litoral y no de 100 metros. El Consistorio quiere que este dictamen posibilite la ordenación propuesta por el Plan General de  Ordenación Supletorio del municipio para dicho núcleo costero en el documento corregido que se encuentra en exposición pública.

La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, acompañados de técnicos municipales, explicaron este lunes a los vecinos de Playa Quemada, en un encuentro mantenido en Uga, la nueva situación del pueblo en el Plan General de Yaiza, que no es otra que “reconocerlo como núcleo urbano consolidado”.

     
       
 

En la última reunión en Madrid entre Costas y el Ayuntamiento, el pasado mes de marzo, representantes de la administración local entregaron dos nuevos informes encargados por Yaiza que demuestran que “ya en el año 85 el 52 por ciento de Playa Quemada estaba edificado”. Por tanto, Gladys Acuña, en consonancia con el equipo redactor del Plan General y los vecinos de Playa Quemada, espera “el visto bueno de Costas para respetar lo existente con un deslinde de 20 metros y evitar un desarrollo turístico desmedido en el pueblo”.

“No estamos de acuerdo en que Playa Quemada se convierta en núcleo turístico y menos con un desarrollo brutal”, afirmó la alcaldesa, algo que fue “aplaudido” por los vecinos presentes en la reunión, según ha señalado el Ayuntamiento. Después de la exposición de Acuña, los vecinos se interesaron en la situación particular de sus parcelas y las dudas fueron aclaradas por los técnicos. El Consistorio ha recordado que también pueden conseguir información en las oficinas del Ayuntamiento y consultar el Plan General en la  web municipal. 

 

La “lucha” de esta legislatura



El Ayuntamiento ha asegurado que durante esta legislatura ha tenido una “lucha” con el apoyo del senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, para acreditar con documentos antes Costas y justificar que Playa Quemada “reúne los requisitos establecidos en la Ley de Costas, de 1988, tanto en su clasificación como en los servicios requeridos para su consideración como núcleo urbano a los efectos de aplicarle una servidumbre de protección  a 20 metros del litoral”.

Además, ha afirmado que en febrero de 2013, la subdirectora de domino público del ente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Raquel Orts, avanzó que el informe de Costas “sería positivo”. El Ayuntamiento también ha recordado que en su momento Playa Quemada quedó excluido de la aprobación inicial del Plan General de Yaiza porque Costas rechazó la ordenación propuesta por el equipo redactor, negando su carácter urbano.

“No aparecía ni en el avance que salió en 2010 ni en el documento publicado en 2012. Teniendo en cuenta todas las gestiones que hemos adelantado ante Costas, es la primera vez que Playa Quemada está reflejada en el documento de aprobación inicial del Plan General de Yaiza redactado por el Gobierno de Canarias con el apoyo del Ayuntamiento”, ha subrayado Gladys Acuña.

 

Nuevo encuentro con Costas



En dos semanas, responsables municipales tendrán un nuevo encuentro con Costas en Madrid a fin de traerse “el sí definitivo”. Entre tanto, la alcaldesa recomendó a los vecinos de Playa Quemada presentar todas las alegaciones al Plan General que estimen oportunas para que sean resueltas por el equipo redactor. Lo que resolverá Costas es si considera Playa Quemada como núcleo consolidado para la determinación del deslinde y no entrará en la ordenación interior del pueblo.

El actual grupo de gobierno de Yaiza siempre ha pedido la reducción del deslinde tanto en Playa Quemada como en El Golfo, “acreditando con documentos que son núcleos consolidados antes del año de aplicación de la Ley de Costas del 88”. Aunque el caso de El Golfo es distinto a Playa Quemada al estar afectado por el Parque Natural de Los Volcanes, el Ayuntamiento continúa pidiendo a Costas una decisión que no perjudique a los vecinos del pueblo. 

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/yaiza-espera-dictamen-definitivo-costas-sea-favorable-intereses-playa-quemada/20140508125441089264.html

domingo, 4 de mayo de 2014

Ley de Costas, ¡qué gran negocio!


Hace ya un tiempo que se aprobó una reforma en la Ley de Costas, la cual le ha dado unos cuantos metros más de nuestro litoral canario a la corporación que supuestamente protege y cuida nuestras costas. 



Pero esto, que en un principio parece tan bueno y de tanto corazón se ha convertido en parte de la gran especulación que existe y existirá en Canarias. Digo existirá porque hasta que este pueblo no se levante un día y diga: ¡Hasta aquí hemos llegado! No se va a conseguir terminar con ella

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Ya sé que hay mucha gente luchando por la causa, como es el pueblo de Cho-Vito en Tenerife, la gente que ama el Confital en Gran Canaria, o Puerto Lajas y Los Molinos en Fuerteventura, entre otros muchos más. Todo este revuelo que se cuece por nuestras islas y de los que pocos se enteran, ya que los medios de comunicación se encargan de ello, son las llamadas expropiaciones, a las que muchos designamos “las expropiaciones de Costas”.

 

Mi causa y mi dolor en todo esto es la gente, las personas canarias, mi pueblo. Porque señores, en qué cabeza cabe que una Ley deje sin nada a nuestra gente. En qué cabeza cabe que lleves viviendo en tu casa desde hace veinte o treinta años y venga un señor a decirte que te tienes que ir porque van a tirarla para construir una avenida con unos hoteles y apartamentos para que así, vengan turistas a pasear y pisar la tierra en la que tú creciste, en la que viviste y en la que luchaste para poder vivir en los años malos, y en la que disfrutaste cuando fueron buenos. En qué cabeza cabe, señores, porque sí, de eso tratan las expropiaciones.

Esto me lleva a hablar de las acampadas, tradición sin igual en nuestra tierra. El que conoce Canarias lo sabe muy bien. Y en este caso, me van a permitir que centre mi atención en mi isla, en Fuerteventura. Para nuestros políticos es la “Isla Tranquila”, con la que cambian oro por nuestra arena, nuestra brisa, nuestro sol y nuestra hospitalidad. Pero la paciencia de los majoreros también se colma. Es bien conocido que Fuerteventura tiene unas playas preciosas, las cuales nuestros políticos, Costas y todos los demás explotadores de turno pueden vender al precio que quieran. Los majoreros, no pintamos nada, más bien, molestamos y perjudicamos la visión de las mismas.

 

Pero señores, nosotros no acampamos en esas playas idílicas que sacan en sus propagandas el Cabildo de Fuerteventura o el Gobierno de Canarias. Nosotros acampamos en otras, que para mi gusto, son más idílicas todavía y para más inri no existen hoteles cercanos. Prácticamente desde que nacemos, estamos en la playa, en las vacaciones vamos para la playa, un domingo soleado vamos a la playa, si nos apetece hace surf vamos a la playa, y así podría seguir enumerando y no pararía. El caso, es que según Costas ahora no podemos acampar.

Señores, nuestras vacaciones son esas. Unos pueden decir, no tenemos un sueldo suficiente para irnos de viaje como hacen otros. Yo digo que probablemente tengan razón. Pero además lo que no me llego a explicar es cómo tienen la desfachatez de no poner un camping, ya que no existe.

 

Sabemos que hay uno en Pozo Negro, pero su capacidad me da hasta risa. Bueno y hace unos años se propuso hacer uno a casi un kilómetro de la playa y en el malpei... Lo único que hacían los Ayuntamientos de Pájara y La Oliva era darnos un permiso, nosotros pagábamos 60 euros y si estaba todo limpio cuando te fueras, te los devolvía. Una medida que nos parecía muy adecuada. Pero como cambió la Ley, a los Ayuntamientos no les corresponde hacer esta tarea, le correspondería a Costas. Y le pregunto a Costas, ¿no se puede acampar pero sí tirar lo que quedaban de casas antiguas, que eran recuerdos de nuestro pasado y que se encontraban deshabitadas en nuestro litoral? Porque eso es lo único que he visto que se ha hecho.



Señores, los campistas no molestan, los campistas sólo quieren disfrutar de su costa, de su playa, de su tiempo libre y sin hacerle mal a nadie. Pero claro, ahora Costas quiere hasta cerrar la carretera de tierra que une El Cotillo con Majanicho (en la costa norte) para que los campistas no puedan entrar.

No se pide una acampada constante durante todo el año, sólo se pide el tiempo de Semana Santa y verano, y poder acceder al sitio cuando se desee, pues los majoreros tienen el derecho de conocer y disfrutar de su isla. Para quien no conozca el lugar, es un sitio que está deshabitado, no hay casas, no hay hoteles, no hay nada, sólo playas, caletas y el malpei. Pero parece que esta Ley de Costas llega a Canarias con reformas, ya que los hoteles no se tiran y pueden incumplir la Ley, pero unos ciudadanos, un pueblo, el pueblo canario, el pueblo majorero, no. A nosotros si se nos aplica la Ley hasta de forma cruel y sin razones lógicas. Pero yo encuentro una... no somos un negocio, no les damos dinero a cambio de nada.

 

Y ya la conclusión y el futuro lo vemos todos... Nadie mira nuestra cultura, nadie se preocupa en echar la vista atrás y volver a nuestros orígenes costeros que todavía, menos mal, perduran en algunos rincones. Nadie quiere ver que nosotros somos de la mar, nacemos, vivimos y morimos en ella. Nadie se da cuenta de que ese sentimiento de nuestro ancianos de nostalgia hacia mar existe, y está vivo en cada uno de nosotros. Nadie se da cuenta de que el mar nos da todo, y que sobretodo, que sin él no seríamos lo que somos, siete islas que se bañan por el Atlántico, siete islas con un aroma que eclipsa a quien las conoce, siete islas que siempre han estado unidas en su corazón y que nadie, absolutamente nadie, puede cambiar.



Canarias, un sólo pueblo para la explotación de los políticos y adinerados, que abusan de nuestra tierra, de nuestro litoral. Canarias, un sólo pueblo, gobernado por el interés. Canarias, un sólo pueblo oprimido, a merced de unos valientes que en las olas de la corrupción no se ocupan de su trabajo de cuidar a su pueblo, protegerlo, escucharlo y atenderlo

 
Omaira Darias

miércoles, 23 de abril de 2014

Igueste de San Andrés invade el suelo de Costas


El Supremo cierra la última puerta que le quedaba a los vecinos en su lucha contra la Ley de Costas.

 

Los habitantes de Igueste tendrán que aceptar que la mitad del pueblo se sitúa en terrenos de Costas. O más bien al revés; que ellos viven sobre suelo propiedad del organismo estatal. La última palabra -quizás la penúltima- la acaba de emitir el Tribunal Supremo (TS) en una reciente sentencia en la que da la razón al Ministerio de Medio Ambiente frente al Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz.

Lo cierto es que los informes aportados por la Corporación local no demostraron que los terrenos del pueblo eran urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Es decir, que el pueblo contaba con alcantarillado, aceras, luz, determinado grado de consolidación edificatoria o acceso rodado. Ni en el Plan General ni en las normas subsidiarias en vigor en 1988 cuando la Ley de Costas entró en vigor aparecía este suelo con esa categoría.

Como consecuencia de todo ello, la zona de servidumbre se mantiene con una anchura de 100 metros lo que supone que el organismo estatal literalmente devora la mitad del pueblo. Se calcula que son 100 solares y unas 25 viviendas las que en estos momentos se quedan en situación de fuera de ordenación, lo que no quiere decir que sean ilegales o vayan a ser derribadas. El problema es que no se permitirán obras que vayan más allá del simple mantenimiento, si son expropiadas no recibirán indemnización alguna o el valor catastral será mínimo.

En el caso de los solares será imposible edificar en ellos o darles uso. La demolición sería viable en caso de que se construyera una obra de interés general como, por ejemplo, un paseo. La batalla de Costas se centró en anular el acuerdo de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 2007 que para intentar salvar estos núcleos costeros los declaró como urbanos pero de forma virtual.

Sin embargo, posteriormente casi todas las sentencias que se han ido emitiendo anularon aquel acuerdo, tal vez bienintencionado pero que no tenía base legal. El Supremo no obstante, y como novedad en este caso, indica que hubiese sido posible que Igueste ostentara la categoría de urbano y por lo tanto se redujera la zona de servidumbre a 20 metros.

Para ello no era necesario que ya tuviera esa calificación formal cuando entró en vigor la Ley en 1988 sino demostrar que se cumplían los requisitos para ostentarla en ese año. El problema es que según el Supremo los vecinos de Igueste tampoco se pueden agarrar a ese clavo caliente.

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/santa_cruz/Igueste-San-Andres-invade-Costas_0_252325753.html

 

miércoles, 2 de abril de 2014

Urbanismo pide a Costas que reconozca los derechos de los ciudadanos de Anaga


La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que reconozca los derechos de la ciudadanía de los núcleos costeros de Anaga. De esta manera, se pide a Costas que considere como urbanos a Igueste de San Andrés, Roque de Las Bodegas, Tachero y Almáciga a través de un cambio normativo.

En esta nueva vía, se ha planteado una alegación al Reglamento General de Costas para que contemple los casos de Santa Cruz, en la que se cumplen todos los servicios exigidos a una población para ser urbana, aunque no tengan la denominación. “La pelota ahora está en el tejado del Gobierno del Estado y son ellos quienes deben atender a una reclamación histórica de estas poblaciones, garantizando los derechos de muchos ciudadanos sobre sus propiedades”, explica el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín.

El edil pide a los concejales del PP en la corporación municipal, entre los que hay diputados, que intercedan ante el Ministerio para que reconozca los derechos de quienes residen en estas zonas. Estos núcleos, “según la legislación canaria, son suelo rústico de asentamientos rurales, pero cuentan con todos los requisitos marcados para ser urbano, aunque estén rodeados por suelo rústico”. Por ello, Urbanismo ha pedido a Costas que considere que si cuentan con todas las características de suelo urbano deben ser tratados como tal, aunque no tengan con la misma denominación.

La alegación presentada por el Ayuntamiento pide que el Reglamento se refiera expresamente a los núcleos tradicionales asentados en el medio rural a efectos de su asimilación al concepto de ‘área urbana’. De esta manera, se pondría fin a la controversia jurídica que va en claro detrimento de los legítimos derechos de los ciudadanos legalmente asentados en estos núcleos poblacionales.

Martín recuerda que esta petición se une a otras solicitudes realizadas para que los cuatro núcleos más afectados por la ley de Costas en la capital pudieran ver reducido el ancho de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros en estas áreas del Distrito Anaga. Urbanismo sigue a la espera de que el Ministerio resuelva sobre la solicitud municipal de que se aplicasen las excepciones previstas en la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas.

De admitirse la alegación del Ayuntamiento, el responsable de Urbanismo cree que “se tendría que reconocer de inmediato por la vía rápida que Igueste de San Andrés, Roque de las Bodegas, Tachero y Almáciga son urbanos

http://www.diariodeavisos.com/2014/04/urbanismo-pide-costas-reconozca-derechos-ciudadanos-anaga/

jueves, 20 de marzo de 2014

Víctimas de la Demarcación de Costas (CONFISCACIÓN PURA Y DURA)


El 11M (11 de marzo) de 2014 la Demarcación de Costas volvió a cometer un atentado, esta vez contra mi familia, derribando nuestra vivienda en Bolnuevo (Mazarrón) cuya titularidad hemos ostentado durante 65 años. 

La historia de esta vivienda se remonta a 1929 cuando el terreno donde se situaba la misma fue comprado por Pedro Acosta Fernández al Muy Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón para construir un almacén de aperos de pesca que al poco tiempo pasó a ser una vivienda, inscribiéndose el título en el Registro de la Propiedad en 1932.

 
El 2 de mayo de 1949, nuestro abuelo Ginés Carvajal Paredes compra la vivienda efectuando el pago de los correspondientes impuestos e inscribiendo la escritura en el Registro. Por herencia, pasó a ser propiedad de nuestro padre, Ginés Carvajal Sánchez, en 1954 y asimismo pasó a ser propiedad de la Sociedad Carvajal Aborica cuando en 1992 fallece nuestro padre.

En 1995 se aprueba por OM de 19 de julio el deslinde de la playa de Bolnuevo, donde curiosamente se retrotraen los mojones solamente en la zona donde están las viviendas pasando estás a ser de dominio público marítimo terrestre, y rodeando los mojones el cámping, respetando su propiedad privada que actualmente se encuentra a escasos veinte metros del rompeolas del mar. Y es a partir de ese año cuando nuestra querida Demarcación de Costas nos pone en el punto de mira. 

Sin notificación. Con mucha gentileza, la Administración a cambio, ofrecía (según ellos a través de la ley) a todos los propietarios unas concesiones de 75 años que jamás nos fueron comunicadas (razón por la cual ningún propietario las solicitó) ni, por supuesto, concedidas.
En 2006 nos notifican la incoación de oficio de un expediente de recuperación del dominio público marítimo terrestre (latronicio por ley).

Durante diecinueve años hemos estado luchando para defender un derecho fundamental como es la propiedad privada, gastando mucho dinero, presentando toda clase de recursos hasta que en octubre de 2013 la sala segunda de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó sentencia estimando, cómo no y una vez más, la petición de Costas, sentencia que no fue recurrida por expiración del plazo. 

A los dos meses, la Administración pública (Costas)  nos envía un presupuesto valorando el derribo en casi 24.000 euros; lógicamente nos opusimos, presentado un presupuesto contradictorio realizado por un aparejador junto con la empresa especializada en derribos, valorándolo en apenas 4.000 euros, a lo que nos contestaron que sí tan barato era la derribáramos nosotros o en un plazo de tres días entregáramos las llaves de la vivienda.

Nosotros, asesorados por nuestro abogado, con el que contactamos a través de la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, doña Carmen del Amo, esperamos a que se nos notificara del Juzgado la autorización a Costas de entrada en nuestro domicilio, para en su caso desalojar la vivienda, aunque esperábamos la notificación para recurrirla directamente al Tribunal Europeo.

Pues bien, sin haber sido notificados de nada, el martes 11 de marzo se presentan sin previo aviso en nuestra casa el vigilante de Costas, señor don Pedro, y la representante de la demarcación, la señora Trinidad Pérez, acompañados de todo un séquito de personal, efectivos de la Guardia Civil y un despliegue de maquinaria, enseñándonos un auto con orden judicial que no habíamos recibido, para hacer uso abusivo e ilegal, ya que ni siquiera tenían proyecto de derribo ni licencia municipal del ayuntamiento de Mazarrón (lo que permitieron a pesar de las advertencias que les hicimos), y ni mucho menos hemos recibido indemnización alguna por habernos arrebatado una propiedad.

Ante tal espectáculo, porque más que personal administrativo parecían un ejército, intentamos por todos los medios demostrar que estábamos ajenos a toda notificación, pidiéndoles que, por favor, nos dieran un día para sacar las cosas de la casa, a lo que todo eran respuestas negativas, pero lo peor fueron las formas y el abuso de autoridad con que nos intimidaron y amenazaron, y después de literalmente rogarles, tuvieron la gentileza de darnos quince minutos para sacar los objetos personales de nuestra casa. 

Era una casa antigua, pero equipada con todo lo necesario para vivir una familia dignamente y, sobre todo, con todos sus recuerdos. Sólo tuvimos tiempo de sacar los alimentos del frigorífico, ya que transcurrido el ínfimo tiempo, el perro de presa don Pedro, su compañera Trinidad y un tal Fernando nos echaron de nuestra propia casa, haciendo caso omiso a mi resistencia para sacar los objetos y recuerdos de nuestros padres. Nos amenazaron con la Policía y tuvimos que salir por última vez dejando dentro de aquellos portales toda una vida, mi infancia y todos los recuerdos inmateriales que allí se quedaron. Y con mucha impotencia, mi hermano Ginés y yo abandonamos nuestra casa de Bolnuevo donde crecimos con nuestros padres y donde han crecido nuestros hijos, despidiendo todas las vivencias tanto buenas como malas que habíamos tenido hasta ese día.

Trato despótico. Acto y seguido, cuando sus ´nuevos dueños´ la asaltaron, cumplieron su objetivo, que era, con un plumazo de una excavadora, destruirla, y lo peor de esta historia es como mi familia y yo vimos las risas y la satisfacción que mostraban mientras nosotros llorábamos de pena, rabia, impotencia y dolor por ver parte de nuestra vida rompiéndose en pedazos, que pocos minutos después pasó a ser un montón de escombros y para estos desalmados un buen atentado contra sus víctimas.

La situación fue dantesca y desoladora, no dábamos crédito a lo que estábamos viendo.

Por parte de esta Administración española y sus secuaces fuimos tratados de una forma hitleriana y lo único que nos queda ahora es pelear y remover cielo y tierra para demostrar la indefensión que nos han causado saltándose la Justicia un paso esencial en un procedimiento como es la notificación a las partes, tal y como expresamente exponía el auto de fecha 26 de febrero de 2014 del Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo que nos enseñaron y que mientras derribaban nuestra casa nos entregaron: «La entrada se llevará a cabo en un plazo de treinta días, notifíquese a las personas afectadas por la medida y partes del proceso, haciéndoles saber que contra el mismo cabe interponer   recurso de apelación, admisible en un solo efecto, mediante escrito fundado, ante este mismo órgano y en el plazo de quince días desde la notificación».  

Leyes y derechos. En resumen, la Administración local vende un terreno en 1929, lucrándose con ello, y la Administración central, en 2014, nos derriba e incauta la propiedad pasando por encima de nuestros derechos en el propio procedimiento y sin opción a tener ni siquiera una concesión que por ley nos pertenecía o, en todo caso, una indemnización por la expropiación de una propiedad privada. Era nuestra casa y estos atracadores nos la han robado.

Vamos a ir hasta donde haga falta para demostrar que las leyes son muy extensas y aunque no todos los españoles las conocemos, para eso hay personas con conocimientos y humanidad que están dispuestas a ayudarnos y a abrir los ojos a todos los ciudadanos, pues la Administración aplica dentro de esas leyes únicamente las que a ellos les benefician y no a los ciudadanos.

Con este relato quiero que todos se enteren de que más allá de nuestras fronteras existen otras leyes que derogan las que indebidamente nos aplican a nosotros, a las víctimas que somos todos. Mi familia ha sido parte de su carnaza, me han arrancado parte de mi corazón a tirones y esto es imperdonable.

Sólo pedimos justicia ante tal acto vandálico. La justicia en España favorece a todos los delincuentes como son los políticos y Administraciones, sobre todo Costas y sus secuaces. Que nadie calle; os animo a que salgáis a la calle a reivindicar los derechos que nos están arrebatando
DONDE ESTAN AQUELLOS QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS?
DONDE ESTAN AQUELLOS INDIGNADOS QUE PROTESTAN POR LOS DERECHOS DE LOS LAGARTOS Y LAS AVES?
ESTO ES ESPAÑA, UN PAIS DONDE SE ROBA LAS PROPIEDADES A LAS PERSONAS AL MAS PURO ESTILO STALINISTA.
VENGA PA ESPAÑA PACO, QUE AQUI ESTAMOS BIEN......


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/03/20/victimas-demarcacion-costas/544924.html?utm_source=rss

miércoles, 19 de marzo de 2014

Bombardeo de la costa


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Desde que se aprobó la ley de Costas en 1988, se nos ha bombardeado con innumerables consignas tipo “el dominio público es de todos” “el litoral es un ecosistema muuuuy sensible que hay que cuidar” “el interés general debe prevalecer por encima de lo privado” “hay que recuperar el dominio público para disfrute de todos los ciudadanos”.
 

Falsas consignas que han calado en el subconsciente de muchos españoles, vivan o no en la costa, y que han servido para condenar sin juicio ni defensa a miles de pequeños propietarios y poblados tradicionales de pescadores.

Lo más triste e indignante de todo es que han sido las principales asociaciones ecologistas, las universidades, los excelsos catedráticos, juristas de postín, conferenciantes varios y avispados ventajistas, los que se han encargado, mediante suculentas prebendas, de apoyar una política encaminada a lucrarse unos pocos a costa de la ruina de modestos ciudadanos indefensos ante la inmensa maquinaria del poder y del dinero.

¿Cuál era realmente el fin de la ley de Costas? dejarla libre de lugareños y gente no merecedora de semejante lujo y futuro prometedor. No se podían pagar las expropiaciones por las ingentes cantidades que se barajaron [sic] y, total ¿para que se tiene el poder de hacer las leyes? Pues se hace una que llame muy finamente “ladrones de lo público” “okupas ilegales” o “sin papeles ni autorizaciones” a quienes por derecho les corresponde cada grano de arena porque lo han ganado con el sudor de su frente desde tiempos de los guanches; porque convivieron armónicamente y sin especulaciones con el medio ambiente y porque, además, estaban allí mucho antes que la ley de Costas.
A ninguno de cuantos defienden tan apasionadamente la ley de Costas se les ha visto denunciar ni protestar por otro “bombardeo” que, sin contar ni con Dios ni con el diablo, es decir, con ninguna otra administración competente en la costa, en explosivos o en Minas, deciden que el Hotel Bahía Real haga lo que indica su nombre, la real gana, con aquello tan sensiiiible que es de todos. Y no es sólo que se lo quede para negociar con él, sino que puede modelarlo a su imagen y semejanza. Un chiringuito por aquí, unos pantalanes por allá, y como las rocas no sirven de mucho, llamo al dinamitero y que las quiten de enmedio. Faltan las palmeras de plástico y las tumbonas tipo Bali, pero todo se andará.

¿Tendrá que ver algo que allí se hospedó Cristina Narbona? ¿Será que pegar zambombazos a diestro y siniestro es el nuevo desarrollo sostenible y aún no nos hemos enterado el resto de los mortales? Mucho me temo, después de leer el informe de la Comisión Europea sobre la corrupción en España, que es algo más que “un nuevo modelo de desarrollo sostenible”.

Para destruir el litoral al estilo Enola Gay y que no pase nada, es necesario tener muy buenas agarraderas, muy buenos amigos, que le protejan a uno, porque los demás, para pintar una fachada, cambiar una ventana o poner una bombilla en el farolillo de la entrada, es decir, para simplemente vivir con la dignidad que se merece el ser humano y que su hogar no parezca una chabola, para eso hay que esconderse, levantarse de madrugada y poner a toda la familia a vigilar de que no aparezca el policía de Costas y nos pille brocha en mano, porque se nos caerá el pelo y la cartera. Así, como un malhechor cualquiera, enemigo de la naturaleza y culpable del calentamiento global, aparecerá en el BOP y, encima, dándose por contento de que no venga Tragsa con su bulldozer pidiendo paso a bocados.

Nunca podré olvidar la expresión de sorpresa y las palabras de Margrete Auken, del Partido Verde, cuando vino a Madrid en comisión de investigación a causa de la Ley de Costas y después del manido discurso de los ecologistas allí presentes, los de siempre claro, relatando lo nefasto de la nueva ley y lo buena, bueniiiisima que era la LC de 1988, les espetó:
- ¿Pero no son ustedes los mismos que llevan años haciendo informes anuales de “destrucción a toda costa” y poniendo “banderas negras” a media España costera por lo mal que está el litoral desde hace lustros? Pues no entiendo nada. ¿Cómo se puede defender una ley que ustedes mismos denuncian que no ha servido para proteger nada y que se ha demostrado está confiscando y derribando pequeños poblados y viviendas? ¡¡Es que no entiendo nada!!

Pues no me extraña. No hay explicación posible para estos bombardeos a la carta, rellenos milagrosos en zonas de nueva construcción, espigones estratégico en playas de hoteles y urbanizaciones de pudientes, mamotretos literalmente metidos en el mar, destructores machaqueos de callaos milenarios… y todo hecho bajo el mandato de una nefasta ley de Costas que SOLO se hizo para despojar de sus propiedades e inocuo estilo de vida a unos isleños que ya defendían y protegían el medio ambiente sin necesidad de subvenciones, informes, ni leyes de costas, mucho antes de que apareciera ninguna ONG ambiental ni sesudos catedráticos reconvertidos por mor de suculentos encargos.

Con sus humildes poblados y viviendas a la orilla del mar, son los que realmente están salvando la costa e impidiendo la especulación salvaje de hoteles como el Bahía Real de Corralejo. ¿Será por eso que se han convertido en ilegales y todos claman su derribo?

Párense un momento y piénsenlo.
 

Carmen del Amo,
(*) Presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la ley de Costas

 

martes, 18 de marzo de 2014

El reglamento de la Ley de Costas cambia de criterios para deslindar


El Ministerio de Medio Ambiente ha sacado a información pública el reglamento de la nueva Ley de Costas, que establece nuevos criterios para fijar el deslinde del domino público marítimo terrestre; regula la duración de las prórrogas de las concesiones administrativas en esta franja hasta 75 años, en función de los usos, y las condiciones para permitir la celebración de actos multitudinarios de interés turístico en tramos de playas urbanas.

Al documento, disponible en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se podrán enviar alegaciones hasta el 2 de abril a la dirección de correo electrónico: alegaciones-costas@magrama.es.

Una de las novedades del reglamento es que modifica los criterios técnicos con los que venía determinándose la zona marítimo terrestre. Así, si en la regulación anterior se extendía el dominio público hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, a partir de ahora será necesario además que ese límite se haya alcanzado en “al menos cinco ocasiones en un periodo de cinco años”.

Por tanto, ya no bastará con una sola prueba de una inundación ocurrida en el pasado o en la actualidad para poder solicitar la revisión de un tramo de costa, sino que ese episodio deberá acreditarse con esa recurrencia durante un un lustro.

El reglamento amplía además las concesiones administrativas otorgadas antes de que entrara en vigor la nueva ley, en mayo de 2013, en función de los usos: como viviendas, hasta 75 años; los destinados a actuaciones ambientales, 75 ; los negocios de restauración, 30 años, y para otras actividades economómicas, hasta 50; las infraestructuras de servicios urbanos, actividades sociales o comunitarias y dotacionales, hasta 50; las instalaciones marítimas, 50, y otros usos, hasta un máximo de 30 años.
Los concesionarios podrán permanecer en la costa otro periodo equivalente a una quinta parte más de esas prórrogas máximas si además además financian la regeneración de la playa, la defienden del cambio climático, llevan a cabo proyectos de eficiencia energética y de ahorro de agua, facilitan el uso público gratuito de la costa, y, caso de ser acuicultores, se adhieran al sistema de auditoría EMAS.

En cuanto al uso de las playas en tramo urbano para celebrar “eventos de interés general”, estos acontecimientos deberán ser declarados “de interés turístico internacional, nacional, regional o local” o bien tratarse de acontecimientos “deportivos o culturales que, aun celebrándose de forma esporádica, tengan repercusión nacional o internacional”. El reglamento, y la ley, abren, pues, la puerta a espectáculos en como el Son Latinos, que llegaron a ser prohibidos por sentencia judicial tras un recurso presentado por el grupo ecologista ATAN debido al daño que causaban a la playa de Las Vistas.

http://www.diariodeavisos.com/2014/03/reglamento-ley-costas-cambia-criterios-para-deslindar/

miércoles, 12 de marzo de 2014

La nueva ley de Costas se convierte en una fuente de ingresos para los municipios


La futura legislación, todavía por ratificar, contempla la celebración de fiestas en la arena, algo que quedará a criterio de los ayuntamientos

Las playas naturales podrán tener chiringuitos desmontables de 20 metros cuadrados y un zona anexa de sillas y sombrillas de 30 metros cuadrados, según el Reglamento de la Ley de Costas, abierto ayer a consulta pública. Así lo explicó el Director General de Sostenibilidad de la Costa, Pablo Saavedra, tras destacar que por primera vez la ley hará una distinción entre playas naturales y urbanas. Sobre estas últimas y sus chiringuitos fijos, destacó que podrán tener una superficie cerrada de hasta 150 metros cuadrados, frente a los 100 de antes, además de otros 50 metros cuadrados más de terraza con cerramiento, 70 metros más de terraza sin cerrar y 30 metros de servicios (baños y duchas) si quedan abiertos a los usuarios de la playa.
En contraposición con la legislación anterior, se apuesta ahora por un mayor aprovechamiento turístico de las playas,
lo que se traducirá en permisos más flexibles para ampliar los restaurantes construidos en los paseos marítimos hasta los 270 metros cuadrados y la celebración de fiestas en la arena, algo que quedará a criterio de los ayuntamientos, que como los empresarios cuentan ahora con una nueva fuente de ingresos.
El Director General de Costas especificó que en la actualidad hay 3.000 chiringuitos de playa en España, y la mitad son fijos, pero de éstos sólo 300 estaban regularizados y el resto permanecían en un «limbo» jurídico, del cual la actual norma les va a permitir salir cumpliendo determinados requisitos.
El reglamento, que deberá pasar ahora por el Consejo de Estado antes de su entrada en vigor este verano,
asegura la «continuidad ordenada» de las ocupaciones que había en el dominio público marítimo-terrestre y evita demoliciones masivas de viviendas e industrias, al conceder prórrogas de hasta 75 años más, siempre con criterios medioambientales.
Porque según Saavedra, el objetivo de la norma es garantizar la protección medioambiental y el desarrollo sostenible del litoral y estas prórrogas no son una «amnistía».

Se trata, afirmó, de una norma «compleja» con más de 250 disposiciones, que prohíbe expresamente nuevas construcciones en las costas españolas
en lo que es zona de dominio público marítimo terrestre, que es el espacio comprendido entre la línea de bajamar y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos.
Concretamente, el reglamento establece que las instalaciones construidas sin autorización, y con anterioridad a la ley de 1988, serán demolidas, si no procede su legalización por razones de interés público. Otra novedad es que se abre la puerta a revisar los deslindes o mediciones del dominio público marítimo terrestre, porque en algunos casos ha habido problemas «por diferencias de criterios», según Saavedra.
Por otra parte, se establece que los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen el entorno y previa solicitud.
El texto recoge las recomendaciones del Defensor del Pueblo que pidió que la definición de la zona marítimo-terrestre se hiciera con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin otras consideraciones.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/12/nueva-ley-costas-convierte-fuente/1089042.html 

 

Costas derriba una vivienda en Bolnuevo tras 19 años de pleitos


Otras tres construcciones a pie de playa también están pendientes de demolición

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Una vivienda, situada en primera línea de la playa de Bolnuevo y afectada por la ley de Costas, fue derribada ayer tras la orden del juzgado. Su propietario, Ginés Carvajal López, considera un «atropello» la actuación de la Administración porque «no fui avisado con antelación». Este vecino llevaba pleiteando desde hace 19 años con el Estado.

Según su relato, Pedro Acosta, natural de Bolnuevo, compró al Ayuntamiento, en 1929, 150 metros de terreno para la construcción de una caseta de aperos, que posteriormente se convirtió en vivienda y que fue adquirida en 1949 por el abuelo de Ginés Carvajal. Por herencia, los hermanos Trini y Ginés son ahora los propietarios. La casa está escriturada a nombre de su empresa de construcción, Carvajal Aborica S.L.

Según Ginés Carvajal, en 1995, Costas modificó la ubicación de los mojones, y la casa quedó en zona de dominio marítimo terrestre, comenzando los propietarios a pleitear con el Estado. En 2003, los dueños pidieron permiso al Consistorio para realizar obras en la vivienda, que se encontraba muy deteriorada, remitiéndoles a Costas del Estado para que autorizara la reparación. La respuesta que recibieron fue una orden de demolición.

A finales del año pasado, perdieron el contencioso, y ayer se presentó la maquinaria para cumplir con el derribo. Según Carvajal, el mandato de desalojo fue entregado ayer por los responsables de la Demarcación después de comenzar la demolición de la casa, «que se encontraba con muebles en su interior y objetos propios de una vivienda en la playa». Costas no contestó ayer a la llamada de 'La Verdad' para dar su versión.

El pasado 24 de enero, Carvajal recibió una notificación comunicándole que el presupuesto de derribo se valoraba en 18.000 euros y que podía realizarlo el propietario si le convenía más. La comunicación fue recurrida por el dueño, «sin obtener respuesta». En la misma situación, pendiente de derribo, también se encuentran dos viviendas más en Bolnuevo y un establecimiento hostelero. Sus dueños siguen pleiteando con la Administración para intentar salvar la propiedad.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20140312/mazarron/costas-derriba-vivienda-bolnuevo-20140312.html

martes, 11 de marzo de 2014

El Gobierno insiste en que no habrá construcciones nuevas en las playas


El nuevo reglamento de la Ley de Costas
 
 sale a información pública
 

El nuevo marco legal evita las demoliciones de
 
viviendas e industrias previstas para 2018

 

    El Gobierno ha sacado a información pública hoy el Reglamento de la nueva Ley de Costas insistiendo en que su principal objetivo es “garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral”. El documento, de más de 100 páginas articula la    forma en la que se evitará el “efecto 2018”, es decir, las demoliciones masivas de viviendas e industrias que ocupan dominio público del litoral, y la posibilidad de ampliar sus concesiones hasta 75 años. También permite que los negocios playeros, como los chiringuitos, pasen de ocupar 150 metros a 300 metros en playas urbanas y establece que los propietarios de viviendas que ocupan una zona protegida del litoral puedan hacer obras de reforma presentando una declaración en la que se hagan responsables de posibles daños. Antes no podían cambiar ningún elemento sin tramitar infinidad de permisos.

El nuevo reglamento de Costas estará tres semanas en exposición pública, periodo durante el que se podrán presentar alegaciones. Después será evaluado por el Consejo de Estado. El director de Sostenibilidad, Pablo Saavedra, espera que esté listo antes del verano.

Saavedra ha insistido en que la nueva ley, denominada de protección y uso sostenible del litoral y aprobada el pasado mayo, deja bien claro que no hay cabida para nuevas construcciones en la zona de dominio público marítimo terrestre (que incluye la ribera del mar y de las playas) y en la zona adyacente de servidumbre de protección, donde sin embargo, sí se va a permitir que se hagan obras de reforma. Hasta el momento más de un centenar de municipios han solicitado ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acogerse a este beneficio en el que se prohíbe expresamente que amplíen volumen, superficie o altura. El plazo para presentar solicitudes terminó el pasado noviembre, pero como el Reglamento continúa en trámite, en el ministerio aseguran que se pueden seguir recibiendo solicitudes hasta que se cumplan dos años de la aprobación de la nueva Ley de Costas.

El nuevo texto legal también establece una división entre playas urbanas y naturales, que antes no existía, y que tienen que fijar las comunidades autónomas. En función de esta división se podrán autorizar los distintos servicios. En el caso de las playas naturales, por ejemplo, los chiringuitos deben ser desmontables y estarán mucho más restringidos que en los tramos urbanos.

El ministerio también acota el concepto de playa y alcance de las olas, con la intención de que los ciudadanos tengan un “conocimiento concreto” de la línea de deslinde, la zona donde se divide el dominio público del privado. “No siempre se han aplicado los deslindes siguiendo el mismo criterio”, ha precisado Saavedra que ha circunscrito estos nuevos cálculos solo para los casos en los que haya habido “un error” claro en estas mediciones.

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/11/actualidad/1394549780_815122.html

lunes, 3 de marzo de 2014

La Audiencia Nacional desestima el recurso de Teguise contra el polémico deslinde en Famara


La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Teguise y ha ratificado así la orden ministerial de 3 de marzo de 2011, por la que se aprueba el deslinde de dominio público marítimo terrestre en el tramo de costa comprendido entre “Los Dises y la Caleta de la Villa”. En junio de 2013, otra sentencia de la Audiencia Nacional defendió la legitimidad del deslinde, que en algunas zonas avanza hasta 2 y 3 kilómetros tierra adentro, y rechazó el recurso presentado por dos afectados.

En esta ocasión, el Consistorio de Teguise presentó un recurso contra esta orden ministerial por la que se aprobó el deslinde del tramo de costa de unos 16.026 metros de longitud. El Ayuntamiento pretendía que se anulara y se dejara sin efecto y basaba su impugnación en “motivos formales y de fondo”.

En cuanto al fondo, la orden ministerial delimitaba unos vértices por tratarse de “espacios constitutivos de playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros”. El Ayuntamiento cuestionaba dicha delimitación que se adentraba entre dos y tres kilómetros de la costa por considerar que el proyecto del deslinde no se basaba en “un estudio serio y exhaustivo” de las condiciones y características de este tramo, sino en un “plagio de fragmentos” de un trabajo del departamento de Física de la Universidad de Las Palmas, que se había utilizado “fuera de contexto y a conveniencia”.

El Ayuntamiento trató de “desvirtuar” las consideraciones de la orden ministerial con un informe de la empresa Geotécnica de Alliroz donde, según la Audiencia Nacional, se reconoce “un claro origen marino” de los depósitos de arena ubicados a lo largo del tramo, siendo esto lo “relevante a efectos de la delimitación realizada”. Por ello, considera la sala que la prueba practicada a instancias del Consistorio “no desvirtúa las consideraciones en las que se apoya la orden de deslinde para delimitar el dominio público marítimo terrestre”.

 

100 metros de anchura de servidumbre



Además, el Ayuntamiento cuestionaba, entre otras cosas, la anchura de la servidumbre de protección relativa a los núcleos de El Perejil y Cortijo de Bajamar, establecida en 100 metros. En este sentido, el Consistorio consideró que debía reducirse a 20 metros, debido un plan parcial de 1986 y porque se trataba de núcleos anteriores a 1975.

La Audiencia Nacional ha desestimado esta pretensión al “no haber quedado acreditado el carácter urbano de Cortijo Bajamar y El Perejil, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas”. Por ello, se les asigna en la orden de deslinde una servidumbre de protección de 100 metros de anchura.

 

Sin caducidad en el proceso



En cuanto a los motivos formales, el Ayuntamiento pedía examinar la posible caducidad del procedimiento de esta orden ministerial. Sin embargo, la Audiencia Nacional lo ha rechazado, puesto que considera que no se puede apreciar esta caducidad. En este sentido, señala en el fallo judicial que desde la fecha de providencia de incoación de esta orden ministerial, el 27 de marzo de 2009, hasta la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 14 de marzo de 2011, “resulta claro que no ha transcurrido el plazo de caducidad de 24 meses”.

El Ayuntamiento también alegó que se había vulnerado el procedimiento establecido tras producirse modificaciones como el cambio de anchura en la servidumbre de protección, pero la Audiencia Nacional considera que, “teniendo en cuenta la extensión del deslinde recurrido”, ésta no es una modificación “sustancial”.

Por todo ello, ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Teguise y ha ratificado esta orden ministerial, por la que se aprobó este polémico deslinde, y contra la  que cabe recurso en el Tribunal Supremo

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/audiencia-nacional-rechaza-recurso-teguise-y-aprueba-deslinde-famara/20140303132322087450.html