Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

domingo, 30 de junio de 2013

El Partido Popular machaca nuestras costas

Qué duda cabe de que la riqueza de nuestras Islas se debe, entre otros motivos, a nuestra costa tan variada y placentera, al mismo tiempo que atrevida , fuente de recursos desde siempre y lugar de esparcimiento, ocio y descanso de los canarios. Nuestra costa, por otro lado, supone una atracción constante de los extranjeros y en general de todo el turismo que nos visita, valorándola y admirándola muchísimo. Por ello cualquier actuación especulativa o destructiva del hombre sobre ella nos estremece y llena de especial preocupación, y no cabrían en este artículo la cantidad de atropellos que nuestra costa ha recibido, sin ir más lejos Santa Cruz de Tenerife, la única capital de las islas (salvo El Hierro), que viviendo tradicionalmente hacia el mar, sin embargo se nos han impedido pasear junto a su orilla.


De ahí que debamos estar sobre aviso y recelosos de la recién aprobada Ley de Costas que en solitario en las Cortes nos ha impuesto el Partido Popular, gracias a la que se permitirá construir aún más cerca de la orilla, dificultándonos cada vez más el sagrado derecho que tenemos los ciudadanos españoles a transitar libremente por ella y acceder por toda la costa al mar, con lo que cada vez la construcción podrá devorar más nuestras playas y con ello los pelotazos inmobiliarios continuarán, mientras se desprotegen barrios costeros históricos de Canarias. O sea, el Partido Popular ha apostado por nuevas construcciones y cemento para la especulación en nuestras costas, dejando indefensos a núcleos históricos canarios que han servido de vivienda y descanso a nuestros paisanos.

Una nueva agresión a nuestra costa ya de por sí tan machacada, tras la que se esconden intereses poderosos que no solo vulneran las leyes europeas, sino que van a favorecer a destacados empresarios, como es el caso del que fue ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno predemocrático entre 1975-1976, Juan Miguel Villar Mir, imputado por el juez Ruz por supuestas donaciones al Partido Popular detectadas en los papeles de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP que por fin entra en prisión. Pues bien, según un informe de Greenpeace, Villar Mir es uno de los beneficiados por la nueva normativa al evitar el derribo de una fábrica metalúrgica en Santander situada en el polígono industrial de la ría de Boo (Cantabria), entre los municipios de Astillero y Camargo, con una actividad que en el 45% invade el dominio público marítimo/terrestre. Su concesión de ocupación acaba en 2018, y, según la Ley de Costas de 1988, debería ser derribada entonces, pero, gracias a la nueva ley del Partido Popular se amplia dicho plazo unos 75 años más.

Hay que tener en cuenta el peligro que para el medio ambiente supone que el PP haya reducido la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos, así como que se dejan de proteger importantes humedales costeros y dunas, lo que puede acarrear consecuencias lamentables al favorecer aún más el cambio climático. Se calcula que cada día en España se produce una degradación de más de siete hectáreas de costa para construir urbanizaciones, habiéndose detectado casos de corrupción en construcciones de la costa, de tal forma que si bien unas 10.000 viviendas ilegales estaban sometidas a un expediente de demolición al finalizar la concesión otorgada a esas construcciones antes de 1988, ese problema ya lo tienen resuelto sus propietarios al conceder la nueva ley 75 años de moratoria.

Las reacciones de aprovecharse y especular con la nueva ley no se han hecho esperar y se están realizando cursos y seminarios relacionados con el sector de la construcción que ve en ella una nueva oportunidad de negocio ante la posibilidad de regularización de edificaciones afectadas por la línea marítimo-terrestre, actuaciones urbanas en el entorno de dicha línea y desarrollo de suelos urbanizables afectados parcialmente.

Una ley que no trata de proteger la costa sino de proteger a los que especulan con ella. Mejor los populares nos dejan tranquilos a los canarios, y mientras tanto con la herreña María Mérida sigamos cantando aquella letra de Pancho Guerra: "Somos costeros, arriando velas, largando al viento, la rumantela, echa ron ventorrillero, turronera pon turrón...".

jvicentegbethencourt@yahoo.es



sábado, 29 de junio de 2013

Así se aplica la Ley de Costas frente al Bahía Real

Las grúas avanzan mar adentro para perforar las rocas de la playa del Charco de Las Agujas, y construir unas pasarelas autorizadas por el Gobierno de Zapatero el 24 de noviembre de 2011 a través de la ex-comunista Rosa Aguilar como Ministra de Medio Ambiente en funciones.



Construcción de las pasarelas en Bahía Real


El 24 de noviembre 2011, el consejo de Ministros del gobierno de Zapatero, daba el visto bueno al proyecto presentado por los propietarios del Hotel Bahía Real de Corralejo, para llevar a cabo la privatización de casi 2.000 m2 de playa en el Charco de las Agujas con sus respectivos quioscos y un paseo marítimo dotado de los correspondientes locales comerciales que explotarán durante 20 años. El Director General de Medio Marino, por delegación de la Ministra en funciones de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar Rivero, dictó la resolución otorgando a los propietarios del citado hotel la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítmo terrestre en Corralejo, todo ello , minutos antes de entregarle la cartera a su sucesor en el cargo. Además, con la oposición de 966 vecinos.

ESTOS, SON LOS QUE AHORA NO QUIEREN LA REFORMA DE LA LEY, SU LEY DE COSTAS, QUE ERA TAN PERJUDICIAL COMO LA ACTUAL .

Como se puede ver en la imagen, la primera fase de la obras consiste en la construcción de las pasarelas y plataformas para el acceso al baño. Los trabajos de ejecución de las pasarelas se iniciarán con la excavación localizada en la roca natural para poder garantizar el apoyo mediante cimentación directa de la subestructura en el estrato resistente.



Así se aplicaba la Ley de Costas en El Jablito.


El Jablito, recogido en el catastro del año 1957 como un poblado marinero de 4.120 metros cuadrados, en el municipio de La Oliva.Unas 15 familias de este pueblo norteño sufrieron el derribo de sus viviendas sin previo aviso, si bien los vecinos admitieron que llevan recibiendo amenazas de la empresa propietaria de los terrenos, Rudy, S.L., para que abandonen la zona desde hace casi un año. Detrás de esa sociedad aparecen una serie de personajes, catalanes unos, y majoreros otros, que no tienen el más mínimo escrúpulo a la hora de hacer negocios, Cebriá, Mederos, Hormiga, Estévez...

Sin duda, la Ley de Costas se aplica de manera muy diferente y no es igual de diligente según quién es el beneficiario o infractor. Cuando de los catalanes, hermanos Cebriá (Bahía Real) se trata, o del jefe de la patronal de la hostelería, Antonio Vicente Hormiga, se comportan como hermanitas de la caridad

http://www.laverdaddelanzarote.com/articulo/politica/asi-se-aplica-la-ley-de-costas-frente-al-bahia-real/20130625164706003293.html

jueves, 27 de junio de 2013

El Grupo Nacionalista CC considera “un engaño” la PNL del PP sobre los núcleos costeros y pide su retirada para “solucionar el problema mediante un consenso”

José Luis Perestelo asegura que el Gobierno de Canarias no puede hacer lo que pide la iniciativa ya que es el Estado el que ha de clarificar la retroactividad de la Ley, y quién y cómo se determina la legalidad o ilegalidad de los núcleos costeros


El diputado nacionalista reivindica las competencias en Costas para Canarias “dado el alto grado de desconocimiento que ha mostrado el Gobierno de España con respecto al litoral canario”


El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), José Luis Perestelo, considera un “engaño” la PNL del PP sobre los núcleos costeros canarios “y por eso hemos votado en contra porque es el Estado el que ha de clarificar la retroactividad de la Ley, y quién y cómo se determina la legalidad o ilegalidad de los núcleos costeros, no el Gobierno de Canarias como pretende decir la iniciativa del Grupo Popular”.


En este sentido, el diputado nacionalista aseguró que el PP está hablando de una disposición transitoria obviando parte de su contenido. “Espero que cuando se reúnan con los colectivos, que me consta lo están haciendo”, le dijo a Cristina Tavío, portavoz del PP en este asunto, “le cuenten toda la verdad y la verdad es que esa disposición adicional remite al artículo 25 de la Ley del 88 que estipula que dentro del territorio de servidumbre se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación, además de la construcción de vías de transporte y de transporte de energía, entre otras”.


“Ese es el motivo que ha llevado al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias a solicitar al secretario de Estado que clarifique esa disposición adicional a la que alude el PP porque, de interpretarse tal y como está en la Ley, lo que significa es que se prohíbe incluso el desarrollo normal de aquellas viviendas que quedan fuera de la zona de servidumbre”, explicó el diputado.


José Luis Perestelo, “ante la escasa claridad de la norma y la inutilidad de la iniciativa del PP”, pidió al Grupo Popular que retirara su Proposición No de Ley “para trabajar todos los grupos juntos en una solución de consenso para todas esas personas que están viendo como sus viviendas no solo están en peligro sino que, en algunos casos, ya están derribadas”.


El diputado nacionalista pidió cordura al Grupo Popular. “No jueguen con la gente, no jueguen con su futuro ni con sus viviendas, vamos a sentarnos todos a buscar una solución que es lo que nos están demandando”.


José Luis Perestelo insistió en que esta norma ha olvidado a Canarias “no resuelve el problema de nuestros núcleos costeros, no modifica nada, todo lo contrario, empeora la situación con respecto a la ley del 88”, aseguró. En este sentido, José Luis Perestelo se preguntó por qué si no, entonces, se hace una excepción para Formentera y no para los núcleos canarios. “Si todo estuviera tan claro, esas excepciones no tendrían por qué haberse hecho”.


Perestelo explicó que Canarias es la comunidad con más kilómetros de litoral, solo superada por Galicia, “y allí la servidumbre se puede reducir a 20 metros atendiendo a razones geomorfológicas, por lo que basta un artículos similar o el desarrollo de un reglamento para salvar los núcleos canarios sin que haga falta acreditar que tenían características urbanas antes de 1988”, añadió.


Para el diputado nacionalista, “la disposición de la que habla el PP en su iniciativa, además, vulnera la Constitución porque da carácter retroactivo a la norma y genera inseguridad jurídica, pues podría darse el caso de que en algunos núcleos, ya clasificados como urbanos de acuerdo con la ley de 1988 y con informes favorables de la Demarcación General de Costas, sean anulados por los técnicos a la luz de esta disposición que pide un nuevo informe a los ayuntamientos en menos de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley”.


José Luis Perestelo pidió, una vez más, que se deje de hacer demagogia con ciertos temas y que se le cuente a la gente la verdad. “Le reitero, vamos a sentarnos y a buscar una solución”, le repitió a la portavoz popular.


Además, el diputado nacionalista aprovechó la ocasión para reivindicar la necesidad de que Canarias asuma las competencias en costas. “El Estado ha demostrado con esta ley que tiene un absoluto desconocimiento de lo que ocurre en Canarias, por lo que creo que es necesario que este tipo de cuestiones se regulen desde el Archipiélago”.

http://lavozdetenerife.com/not/41635/el_grupo_nacionalista_considera__ldquo_un_engano_rdquo__la_pnl_del_pp_sobre_los_nucleos_costeros_y_pide_su_retirada_para__ldquo_solucionar_el_problema_mediante_un_consenso_rdquo_/

lunes, 24 de junio de 2013

El Supremo mantiene el deslinde de costa en Playa de las Américas

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia por la cual mantiene el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos 1.357 metros de longitud que hay entre el barranco de Troya y la Punta del Guincho, en la urbanización Playa de las América de Arona (Tenerife).


El deslinde lo aprobó en julio de 2007 el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la decisión fue impugnada ante la Audiencia Nacional por la empresa Playas de Troya SA, al alegar que era propietaria de un solar de 4.800 metros en el litoral de la urbanización de las Américas, por lo que recurrió contra parte del deslinde.

La Audiencia Nacional desestimó en 2009 el recurso presentado por Playas de Troya SA contra el deslinde aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, y la entidad mercantil presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra esa sentencia.

El 6 de junio de este año el Tribunal Supremo emitió una sentencia por la cual desestima las alegaciones de la entidad mercantil.

El conflicto en torno a estos terrenos comenzó en 1997, cuando la Dirección General de Costas autorizó incoar el expediente de deslinde de esa zona de costa del sur de Tenerife para adecuarlo a las nuevas determinaciones de la ley de costas.

En enero de 1998 el empresario Santiago Puig solicitó que no se cambiase el deslinde porque el terreno no reunía los requisitos exigidos por la nueve ley de costas alegando que, según el planeamiento urbanístico vigente, en ese lugar se podía edificar para uso recreativo y comercial.

El Cabildo de Tenerife también pidió que se mantuviesen los deslindes, al igual que la entidad mercantil Europe Tenerife SA, y se realizaron algunos cambios que no afectaron a la parcela de Santiago Puig.

En octubre de 2000 el colectivo ecocultural Aiche promovió un expediente para declarar Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Paleontológica el yacimiento que hay en el tramo del deslinde, y en mayo de 2001 la comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife dictaminó a favor.

En septiembre de 2001 la Guardia Civil ordenó paralizar de manera provisional las obras que se realizaban en el paseo marítimo correspondiente a ese tramo de costa y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denunció que el Cabildo de Tenerife ejecutaba en la playa del Guincho dos obras que afectaban a un yacimiento paleontológico.

El 21 de septiembre de ese año el Cabildo de Tenerife ordenó paralizar las obras como medida cautelar porque estaba en estudio la posible declaración de la zona como Bien de Interés Cultural, y siete días después autorizó que se reanudasen los trabajos pero con instrucciones para que se hicieran lo más lejos posible del yacimiento.

En octubre de 2001 los colectivos Hengua y Aiche denunciaron que tenían que vigilar el yacimiento porque no lo hacían las administraciones, y en abril de 2002 el Cabildo de Tenerife informa de manera favorable a la declaración de Bien de Interés Cultural.

En agosto de 2002 el empresario Santiago Puig, que había cedido una parcela al Cabildo de Tenerife para construir un casino con la condición de que se le devolviera si no podía ejecutar un proyecto en las proximidades del barranco de Troya, exige la reversión de esos terrenos, libre de cargas.

El 26 de noviembre de 2003 el Cabildo de Tenerife accede a la petición del empresario y la parcela de Santiago Puig que estaba afectada por la delimitación del Bien de Interés Cultural queda fuera de la protección.

En 2005 la Demarcación de Costas de Tenerife abre el trámite de audiencia a los interesados en el expediente de deslinde, y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) presenta alegaciones contra varios tramos, entre ellos el de Santiago Puig, porque "se había desplazado para excluirlo del dominio público".

Posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el deslinde de los 1.357 metros de longitud, acordando incluir esos tramos excluidos como parte del dominio público marítimo-terrestre, decisión que fue recurrida por el empresario primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo, que mantienen el deslinde aprobado en 2007.

http://www.eldia.es/sur/2013-06-24/2-Supremo-mantiene-deslinde-costa-Playa-Americas.htm

sábado, 22 de junio de 2013

La Justicia ordena recuperar 1.300 metros de litoral en Costa Teguise ocupados ilegalmente

En la conocida como playa del Ancla
La Justicia ha respaldado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que inició un expediente para recuperar la posesión de más de 1.300 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre ocupados ilegalmente en la playa del Ancla, en la localidad de Costa Teguise.


En concreto, el dominio público fue invadido “por diversas obras e instalaciones” como una piscina, escaleras, muros de cerramiento, enlosados, una cascada artificial y jardines, según el deslinde efectuado en septiembre del año 2006.

En total, el espacio público de la costa invadido suma 1.346 metros cuadrados , según las mediciones de la Dirección General. El titular de las obras ilegales es la mercantil Playa Roca Investments SL.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) destaca que “la legalización” de lo construido “es una mera posibilidad incierta” que pasaría por que el Estado otorgase una concesión “por razones de interés público”.

El TSJC resalta que no consta la autorización pertinente para construir antes de la ley de Costas de 1988 y considera que a la edificación se le deben aplicar los preceptos legales que sancionan “con la demolición” las obras. Además, subraya que no está acreditada por sentencia firme anterior a la legislación de Costas la propiedad particular ni que la construcción esté amparada por las licencias exigibles.

http://www.diariodelanzarote.com/2013/06/21/lanzarote06.htm

jueves, 20 de junio de 2013

La Eurocámara ultima un informe muy crítico con la nueva Ley de Costas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está ultimando un informe muy crítico con la Ley de costas aprobada por el PP en España con el rechazo de todos los grupos ecologistas y la práctica totalidad del arco político.
La Eurocámara ultima un informe muy crítico con la nueva Ley de Costas   El estudio es fruto de la visita realizada por una delegación de eurodiputados a Madrid entre el 21 y el 22 de marzo para analizar la norma y estudiar las quejas de decenas de ciudadanos españoles y europeos, que se quejan de la inseguridad jurídica sobre sus propiedades y en muchos casos por expropriacines y demoliciones y las preocupaciones de las ONG.
   El proyecto de informe, que ha sido elaborado por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann y que todavía debe incorporar las recomendaciones de los grupos al Gobierno español de cara a su votación final en la Comisión de Peticiones los próximos días 8 y 9 de julio, cuestiona la revisión de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy. Concretamente, duda de que "sea aplicada coherentemente y cumpla los objetivos del Ministerio de reforzar la protección acordada al entorno costero" y, además, resalta que "siguen preocupados" por "las mejoras significativas que todavía son necesarias en términos de derechos de propiedad y adquisición para cumplir los estándares europeos comunes".
   El texto de la austriaca recuerda que "el objetivo de la reforma de la Ley de Costas 1988 era dar una mayor certidumbre legal para la gente con propiedades a lo largo de las zonas costeras españolas y dar mayor protección al entorno costero". También subraya que la "descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácito, pero acordado durante muchos años a las autoridades municipales por los Gobiernos regionales, permitieron a muchos ayuntamientos locales abusar de su rol aceptando programas de construcción masivos" sin supervisión "adecuada" dejando a "muchos propietarios inocentes" como víctimas de abusos.  
   "Esto se ha dado mano a mano con lo que muchos ven como una amplia corrupción y connnivencia  entre las autoridades políticas y la industria de la construcción", recoge el borrador del informe, que saluda con todo que el borrador de la Ley de Costas -la visita fue previa a la adopción de la reforma normativa por el Congreso en mayo-- "contribuirá a poner fin a esta mala práctica" a través de la creación de "directrices nuevas y mucho más claras a seguir por todos". "Esto será en beneficio de los propietarios de casas, compradores potenciales y para la industria de la construcción que podrá embarcarse en una senda de desarrollo más sostenible", subraya el texto.
   Werthmann ha explicado que ya está "elaborando las recomendaciones" que deben incorporarse en la versión definitiva del informe de la Eurocámara tras la visita a Madrid y ha defendido que los grupos se reúnan "en breve" para "tratar las recomendaciones". "Espero que nos pongamos de acuerdo", ha recalcado.
   La presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada popular Erminia Mazzoni ha recordado que "todavía tienen que llegar contribuciones de otros miembros" al proyecto de informe y ha pedido acelerar los trabajos con el obejtivo de que "antes del verano" se pueda "terminar el trabajo".



martes, 18 de junio de 2013

BORRON Y COSTA NUEVA.

La nueva ley del litoral es el bálsamo de fierabrás para unos y la oportunidad perdida de salvar los núcleos costeros canarios para otros.


El efecto inmediato de la reforma de la Ley de Costas ha sido generar más confusión aún sobre una legislación muy complicada que durante los últimos años ha dado lugar a auténticos quebraderos de cabeza entre los miles de propietarios afectados. El derribo de la treintena de viviendas de Cho Vito en Tenerife supuso un punto de inflexión y muchos tomaron conciencia de que no se estaba hablando de una simple línea dibujada sobre el papel

Desde hace tiempo fuerzas políticas e instituciones asumieron que el texto tenía que ser reformado e incluir algunas particularidades. Por ejemplo, en la nueva Ley se recoge a Formentera de manera singularizada y también se contienen algunas referencias a Galicia. Pero en el caso de Canarias, lo cierto, es que habrá que buscar entre los recovecos del texto legal para poder salvar los múltiples caseríos cuyo futuro está en el aire. Los afectados por esta Ley calculan que hay 130.000 canarios que viven en casassituadas dentro de dominio público, de los que el Gobierno central estima que podrán salvarse algo menos de la mitad, unos 60.000. Hasta ahora a las viviendas afectadas se le imponían determinadas restricciones que básicamente consistían en meterlas en el cajón de sastre que supone el régimen de fuera de ordenación.



. De esta manera su valor catastral es mínimo y se limita la ejecución de obras hasta el punto de sólo permitirse las de simple conservación y bajo ningún concepto de ampliación. Pero en caso de que se vaya a ejecutar algún proyecto de interés general, como por ejemplo un paseo, se da vía libre al derribo sin demasiadas contemplaciones .

Las modificaciones introducidas apuntan a una mayor flexibilidad para reducir la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, como se venía pidiendo incesantemente desde los principales núcleos afectados. Pero se incluyen nuevos criterios como es que los ayuntamientos o cualquier otra administración urbanística podrá facilitar los requisitos para que los asentamientos queden fuera de los rigores de la ley. A parte de las exigencias ya requeridas para considerarlas suelos urbanos antes de 1988, como que contasen con alcantarillado, abastecimiento de agua, luz, acceso rodado o aceras, ahora se introduce otro criterio. Y es básicamente que los ayuntamientos o el Gobierno deCanarias deben demostrar que antes de 1988 se había construido un tercio de los poblados. Un requisito que otorga un margen bastante amplio para garantizar su supervivencia. Desde ahora se ha dado un plazo de tres meses a los ayuntamientos y al ejecutivo autónomo para que inicien los trámites con el fin de salvar estos núcleos, mientras que el Estado dispondrá luego de un año y medio más para tomar su decisión final. Por ejemplo, se da por seguro que los asentamientos de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, como son Roque Bermejo, Tachero, Almáciga o Igueste de San Andrés, donde viven más de 1.500 vecinos, podrán salvarse.


La visión de la diputada regional del Partido Popular (PP), Cristina Tavío sobre el resultado de esta modificación es casi exultante. “Dieciocho meses de Gobierno del PP han bastado para acabar con más de veinte años de incertidumbre sobre nuestros núcleos costeros“, señala. La también concejal en la capital tinerfeña trasladó personalmente la buena nueva a los vecinos de Anaga con los que se reunió recientemente. Pero la diputada cree que lo mismo ocurrirá con casi la totalidad delos núcleos de todo el Archipiélago. El PP sostiene que más de 15.000 viviendas podrán regularizarse en Canarias a través de un trámite que desde este partido se considera “sencillo y jurídicamente seguro”. El Gobierno no lo ve así y ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad

La diputada concluye que la tarea “no ha sido sencilla, y ahora que la reforma ha sido ratificada por las Cortes se puede asegurar que efectivamente ha habido momentos complicados durante su tramitación”. Las dificultades en el caso de Canarias se deben, según Tavío, a que el 80% del suelo de las islas no tiene actualizado su planeamiento y además acusa al Gobierno canario de “no haber sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida”. Este paso, a su juicio, hubiese facilitado una solución más concreta como ha ocurrido con otros enclaves del litoral peninsular y balear. “Comprendo que después de todo este tiempo formaciones como el PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría la admisión de su responsabilidad en la generación del problema. Sin embargo, no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando una angustia que dura ya25 años a las familias afectadas“, indica la representante del PP.


El senador por la isla de El Hierro, Narvay Quintero, fue el responsable dentro de Coalición Canaria (CC) de vigilar de cerca el desarrollo de esta legislación. Su punto de vista es negativo, sobre todo porque no hay ninguna mención específica a las islas aunque es posible que algunos núcleos puedan verse favorecidos por los cambios. “Pero para nosotros nos encontramos ante una Ley tan arbitraria e injusta como la de 1988. El PP incumplió su compromiso de dar un trato especial a Canarias que sin embargo sí se le da a la isla de Formentera y a varios núcleos de Galicia. Resulta absurdo que la Comunidad autónoma con mayor número de kilómetros de costa como es Canarias no tenga ninguna mención en la nueva Ley. Y todo ello pese a las vinculaciones económicas, históricas y etnográficas que existen o ante hechos como que muchas personas se pueden ver de un día para otro sin su única vivienda”. El senador mantiene que hay muchas posibilidades de recurrir esta ley ante Estrasburgo y conseguir que sea anulada en cuanto afecta a la propiedad privada. Pero además, Quintero recuerda que el nuevo texto “contiene un exagerado interés recaudatorio por parte del Estado a través de las concesiones pero luego la seguridad y la limpieza de las playas debe asumirla los ayuntamientos, lo que no nos parece justo. La anterior ley nos parecía mal pero ésta se ha hecho para anular sus efectos negativos en unos núcleos concretos de los cuales ninguno está en Canarias”. Las propuestas de CC pasaron por intentar que se reconociera el carácter histórico de los poblados costeros del Archipiélago, “pero sí les puedo asegurar que no pretendíamos en ningún momento salvar ningún mamotreto, ni un complejo turístico, pero sí enclaves como Ojos de Garza, con sentencias firmes condenatorias, cuyas viviendas van a desaparecer. Se salvarán muy pocos poblados y se condenarán todos los que están en dominio público”, señala el senador


Antonio Alonso, fue uno de los vecinos de Cho Vito que resultó desalojado de su vivienda en 2008. A partir de aquí se ha convertido en un activista en contra de una ley que considera que ha sido aplicada en muchas ocasiones de forma injusta.

Por ejemplo, en este poblado marinero de Candelaria, cuyas dramáticas imágenes de vecinos que eran expulsados de sus casas que luego acababan convertidas en escombros, ocuparon los informativos de gran parte del mundo. “A nosotros nos desahució el Estado, no un banco”, sentencia Alonso, años después de lo ocurrido. En cuanto a la modificación de la Ley indica que en general se sienten desilusionados porque esperaban que hubiera mayor consenso y participación. Los vecinos de Cho Vito luchan ahora conjuntamente con la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas que presentó escritos para reunirse con los ponentes, sin resultado alguno. Tampoco ayudó demasiado que el nuevo texto saliera a información pública en los meses de verano pasado. “Aquí no se da ninguna seguridad jurídica a los afectados, a no ser que se esté hablando de los que tienen una importante capacidad económica. Los pequeños propietarios que son mayoría en estos núcleos en Canarias siguen en el aire”.

 Por ello, cree que la modificación sólo beneficiará a los grandes empresarios y como ejemplo cita que nada más aprobarse la norma algunos hoteles pidieron acogerse a las concesiones. En estos momentos quedan en Canarias 109 núcleos costeros amenazados por la ley, de los cuales este colectivo apenas cree que se puedan salvar cinco o seis,repartidos por Anaga, Galdar, La Santa y Famara en Lanzarote y poco más. Desde el PP se habla de 72 poblados que en realidad se corresponden a los que tienen expediente abierto. “Algunos piensan que la notificación que les llegó a sus vecinos no les va a llegar a ellos, pero no es verdad”, dice Alonso. Pese a que nadie desea que se repitan las imágenes de Cho Vito, no sería extraño que a lo largo de este año se procediera al derribo de núcleos enteros como los de Tufia y Ojos de Garza en Gran Canaria.




Controversias.

La aplicación de la Ley de Costas ha dado lugar a situaciones muchas veces rocambolescas o disparatadas que cada cierto tiempo aparecen en los medios de comunicación. Por ejemplo un señor que tenía una vivienda desde hacia décadas en la playa de Guia de Isora, se procede a su derribo, Costas admite que ha cometido un error pero finalmente le niegan el derecho a ser indemnizado

. Otro vecino de la playa de El Cabron en Aguimes ha conseguido paralizar las obras para construir un paseo hasta que no se aclare perfectamente cuál es su situación. También está el caso de personas como el empresario, Antonio Plasencia, una de las mayores fortunas de Canarias, al que se le otorgo una concesión por una vía que como poco ha resultado sorprendente. Son varios los hoteles y edificios que han quedado fuera de ordenación simplemente porque la línea de deslinde ha tocado parte de su fachada. Ocurre por ejemplo con el Maritim de La Orotava o la Basílica de La Candelaria. En La Palma la casa del diseñador de zapatos Manolo Blahnik no podrá acoger el museo sobre su obra al estar dentro de dominio público. En La Gomera el organismo estatal no tuvo problemas en anexionarse la finca del amor libre de El Cabrito

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Canarias ahora Semanal. (Extracto)













































































































Canarias pide la transferencia de competencias en ordenación del litoral

El Ejecutivo autonómico justifica esta petición en la insularidad y recuerda que otras autonomías como Andalucía y Cataluña ya cuentan con estas transferencias.


El Gobierno de Canarias ha solicitado este martes al Ejecutivo el traspaso de competencias en materia de ordenación del litoral, durante la primera reunión mantenida en esta legislatura de la comisión mixta de transferencias Administración del Estado-Canarias.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), lo ha explicado así a los periodistas tras participar en esa reunión en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid.

Ha asegurado que la actitud de los representantes del Gobierno ha sido "cicatera" y ha dicho que no existe una "voluntad política decidida" para llevar a cabo esa transferencia que, en su opinión, "tiene una importancia definitiva".

Asimismo, ha señalado que la ordenación del litoral "es vital" para Canarias debido a su condición insular y ha recordado que otras comunidades como Andalucía o Cataluña ya han asumido esas competencias.

El traspaso de estas competencias implicaría que "títulos habilitantes que hoy tiene el Estado" pasarían a la comunidad autónoma en aquellas materias referidas al espacio marítimo y terrestre, ha afirmado Hernández Spínola.

Durante la reunión, los representantes canarios también han solicitado que se traspasen a la autonomía canaria las competencias en materia de inspección de trabajo y algunas otras relacionadas con las políticas activas de empleo.

Para abordar la posible transferencia de esas materias de políticas activas de empleo, el Gobierno y el Ejecutivo canario se han comprometido a formar un grupo de trabajo para analizar las posibilidades.

Sobre la reforma de la inspección de trabajo, los representantes del Ministerio de Hacienda se han remitido al anteproyecto de ley que está elaborando el Ministerio de Empleo que establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación, ha indicado.

Los representantes de Canarias también se han interesado por el desarrollo de la Reforma Local, sobre la que les han asegurado que el Consejo de Ministros aprobará en el próximo mes de julio.

Durante la reunión, el Gobierno también ha traspasado dos edificios propiedad del Estado a Canarias, un balneario y un centro de cooperación juvenil que concretan, según ha asegurado el consejero canario, una ampliación de medios para el archipiélago en cultura y tiempo libre.

Sin embargo y pese a ese traspaso, Hernández Spínola ha considerado que la reunión "no ha sido satisfactoria" al no atender las reclamaciones hechas por el Gobierno autonómico.

"Buenas palabras, pero pocos gestos. Poco compromiso político y poca voluntad de cooperación con las comunidades autónomas que vienen a reclamar que las competencias que tiene en su estatuto de autonomía", ha concluido

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-exige-a-madrid-las-competencias-de-costas/20130618174930406851.html

lunes, 17 de junio de 2013

Costas tendrá que mover 150 metros de muro de una mansión porque invade el dominio público

Fue un error de la Administración, así que se tendrá que financiar con fondos públicos


En una mansión de Pou des Lleó han ocurrido cosas realmente atípicas.

Por un lado, el propietario hizo un túnel para comunicar la casa con el mar al que ahora Costas le ha abierto expediente por no estar dentro de la legalidad. Un caso calificado como «realmente curioso» y «absolutamente peculiar» por el jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Juan Carlos Plaza. Y por otro, esta mansión tiene 150 metros de muro que invaden el dominio público.

La cuestión es que por esto último la Administración no abrirá expediente al propietario porque en este caso no fue un error de él sino de la demarcación de Costas, aunque Plaza no lo quiere calificar así y dice simplemente que es una «situación anómala que se ha producido». Explica que hace algún tiempo este propietario pidió realizar un cerramiento de la finca y éste se hizo cumpliendo la ley. «Por lo que yo sé, salvo que me engañe alguien, se hizo legalmente y con los planos del deslinde provisional. Sin embargo, el deslinde definitivo fue más hacia tierra adentro y un tramo del cerramiento ha quedado en dominio público», relató el jefe de la demarcación, que asegura que ahora tendrá que ser la propia Administración la que coloque el muro en el sitio que corresponde, evidentemente con coste para las arcas públicas.

http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/costas-tendra-mover-150-metros-muro-mansion-porque-invade-dominio-publico.html

NO SALGO DE MI ASOMBRO, Y NO HE PARADO DE REIRME DE ESTA NOTICIA. LO DEL JEFE DE DEMARCACION DE COSTAS, ES JUZGADO DE GUARDIA. EN PRIMER LUGAR, SI SE PIDE HACER UNA OBRA CON UN DESLINDE PROVISIONAL, COSTAS NO  CONCEDE PERMISO ALGUNO. EN SEGUNDO LUGAR, SI ES ILEGAL, EL ESTADO NO TIENE QUE PAGAR NADA. Y EN TERCER LUGAR, EL PROPIETARIO NO DEBE SER UN  POBRE PESCADOR,

sábado, 15 de junio de 2013

La penúltima reforma de la ley de costas: luces y sombras de una transformación

La ley 2/2013 de 29 de mayo, denominada de protección y uso sostenible del litoral, consiste en lo esencial en una reforma general de la Ley de Costas, Ley 22/1988, de 28 de julio, unido a lo cual, aparecen normas singulares dirigidas a supuestos muy concretos y reformas transitorias que constituyen parte no desdeñable del cuerpo legal.


Que la reforma se venía venir, lo anunciaban distintos heraldos: el Informe Auken del Parlamento Europeo, que constituyó un aldabonazo sobre la rigidez de la legislación ahora modificada con graves consecuencias sobre propietarios europeos establecidos en nuestro país que veían como inventos tales como el Agente Urbanizador les colocaban sus propiedades en situación ruinosa, casi desesperada; el propio vencimiento cercano de las concesiones conque la Ley de 1988 transformó la propiedad, por cierto sin respeto íntegro de la ecuación financiera típica del contenido patrimonial de cualquier propiedad, es decir, que existía una cierta confiscación encubierta; la múltiple y casi salvaje legislación autonómica de diversos signos, algunos contrarios al indicado (propio de la ley valenciana luego copiada por buena parte del resto autonómico en manos de un sector ideológico ), que sorprendentemente, violaba tranquilamente el principio de división de poderes y permitía o al menos intentaba que las Sentencias contrarias a la Ley de Costas, no se cumplieran, con claridad; la inconsecuencia de desconocer que el flujo y reflujo marítimo cambia permanentemente la costa de manera que poblaciones y lugares distantes de la orilla en cincuenta años han cambiado su distancia pudiendo pasar así a ser demanio marítimo; las nuevas urbanizaciones “a la Veneciana” con canales interiores por medio, y, ya, se avizora, como ha ocurrido famosamente en algunos países, islas artificiales perfectamente ensambladas con el Medio ambiente por mucho que actitudes prejuiciadas se opongan ( lo acabaremos viendo cuando la economía lo exija).

Por ello, la clave inicial de la nueva legislación es, resueltamente, la seguridad jurídica. ¿Qué hacer en 2018 cuando vencían las concesiones de la Ley 22/1988? ¿Derribarlas enteras?, porque si malo es para el Medio Ambiente la existencia de muchas de ellas – no de todas- peor, mucho peor es su pura destrucción, con la voladura, recogida, escombrera, pulverización… y luego, reconstrucción. Y todas por igual, como si todas fueran construcciones iguales, y todas lesionadoras del ambiente, cuando claramente no es así, y habría que ir, caso por caso, de forma que los criterios ambientales, parametrizados desde luego, permitieran también distinguir según los distintos supuestos. Esta necia pasión por el igualitarismo está en la base misma de gran parte de la insostenibilidad medioambiental, ya que al igual que es imprescindible conservar al máximo lo que efectivamente incorpora valores a conservar indefinidamente, asimismo resulta imprescindible gestionar económicamente aquello que sirva también a las poblaciones, destinatarios últimos, como humanos, de todo lo que el ambiente supone.

Hay que decir, que para garantizar esa seguridad jurídica, lo que se hace es ampliar el plazo hasta 75 años, siendo transmisible las concesiones incluso por actos “inter vivos” y, evidentemente, con el fin de permitir su uso adecuado y por tanto no ruinoso, se permitirán las obras de consolidación y mejora tanto en lo que son propiamente espacios demaniales, como en su zona de servidumbre. Naturalmente, ello redunda en una mejora económica de la ecuación normativa en la que hasta ahora vivían estas concesiones, cuya decadencia estaba comenzando a ser evidente.

Con criterio más discutible, gran parte de las definiciones legales no son propiamente tales, sino que se remiten al complemento reglamentario, donde es evidente el poder y presión de quienes puedan influir sobre los despachos ministeriales. Con lo cual no sabemos siquiera en qué consiste el propio litoral en términos jurídicos. Ciertamente, junto con aciertos evidentes, como saber distinguir el concepto de playa urbana – ¡paséense por Barcelona, por ejemplo!- luego la compatibilidad con las determinaciones autonómicas, crecientes y arrogantes en este punto, que han achicado el espacio concebido constitucionalmente como estatal, también arroja incertidumbre. Ya existen legislaciones autonómicas, que en un exceso insoportable constitucionalmente, se han puesto por su cuenta, ante la dejación del Estado de sus competencias, a regular alegremente sobre lo que no deben, generando así, una vez más, el esperpento de regulaciones contrarias a la unidad de mercado, que tanto daño está haciendo a la seguridad jurídica y que conviene abordar con claridad.

Asimismo, la exclusión “ad nominatim” de determinados núcleos de población, constituye asimismo un apéndice legal en forma de “ius singulare” que otorga privilegios a las poblaciones excluidas y convierte a esta Ley, en un “mixtum” de Ley y Prerrogativa. Algo, realmente insólito, ya que una cosa es que los parámetros tengan que aplicarse a cada situación y otra bien diferente es que haya espacios exentos y con regulación que deroga singularmente la Ley General, que queda así, sorprendentemente, como una Ley “Parcial”, con título segmentariamente aplicable pero no global, algo poco concebible en una legislación que se pretende única para todo el territorio nacional.

La Ley utiliza la técnica del “parcheo”, esto es un remiendo apedazado que obliga a ir leyendo a trozos, como en un rompecabezas el texto. Lo cual, unido a la indicada remisión reglamentaria, parece anunciar la necesidad de un texto único como solución plausible para lograr que la gente entienda de lo que estamos hablando.

En relación con la definición de la propia zona marítima – terrestre, se hace una remisión técnica para el cálculo del de alcance de los oleajes alcanzados en los mayores temporales, lo cual, si efectivamente permite a los técnicos utilizar un reglamento bien organizado, con publicidad y con transparencia, puede desde luego resultar mejor que “las referencias comprobadas que se dispongan”, como sucede actualmente, ya que sin duda son más vagas y con apoyos históricos siempre discutibles. Naturalmente, habrá que revisar los deslindes hasta ahora realizados, en más y en menos.

Un dato de interés, que va a permitir realizar obras con seguridad jurídica, es el de la delimitación entre dominio público y privado precisamente en relación con los terrenos inundados de forma artificial, precepto que a su vez, va a necesitar algún tipo de precisión, ya que la fuente de inundación, strictu sensu, tendría que ser a su vez artificial, salvo que se entienda que basta con realizar la obra que permita la depresión del terreno y que ya sea un hecho natural, por ejemplo aguas pluviales, las que permitan entender que el terreno inundado así, que era previamente y siempre había sido privado, continuara siéndolo tras la inundación.

Se exige, desde luego para esta forma innovada de accesión, que anteriormente a la inundación, el terreno anegado no fuera de dominio público, lo cual, además de ser obvio, parece imposible que fuera de manera diferente ya que en el caso en que se hicieran obras en dominio público, estaríamos hablando ya de las ocupaciones permitidas por un título administrativo, normalmente una atribución concesional. Con lo cual, el problema no se pone. Nótese que no importa la cota a la que se sitúe la obra, superando así la visión geográfica del actual Reglamento que se preocupaba de que el terreno privado continuara siéndolo después si la cota a la que se situaba la anegación artificial estuviera por encima de la mayor pleamar. Esta disposición, precautoria y cautelar, volvía a ser rígida, suponiendo una morfología del terreno más o menos uniforme a lo largo de toda la costa española, lo cual dista mucho de ser cierto. La clave, correcta, es que el terreno fuera privado previamente y en ningún caso público, porque no se entendía bien que se estuviera trasformando el terreno por el simple nivel de la altura de la cota en la que se situaba la operación inundatoria. Una especie de accesión invertida respecto del romano artículo 372 del Código Civil. Pero nótese que se trata de realizar obras privadas sobre propiedad particular, por lo cual la extraña publicatio que hacía antes el Reglamento – probablemente en un ultra vires respecto de la propia Ley – no tenía justificación alguna. La zona marítimo terrestre no podía quedar en función de la altura de una depresión a mayor o menor altura, distante de la orilla y realmente fuera de toda explicación, creándose un “archipiélago invertido” de aguas que realmente poco decían sobre la necesidad de que tal terreno formase parte del demanio. Nótese, y es importante, que nos referimos a inundaciones artificiales provocadas por obras o instalaciones realizadas al efecto – desde un abrevadero a estanques, albercas, cisternas, reservorios, represas, tanques, balsas, aljibes, con fuente o manantial que no fuera a su vez previamente demanial- …, por lo cual, no hay crítica que hacer respecto del carácter todavía demanial cuando la inundación es natural, ya que si entonces se impide por un muro, terraplén, compuerta, etc., la inundación por efecto de la marea, sí que seguirá formando parte del dominio público. Al final, es el carácter natural de la inundación marítima el elemento esencial para distinguir la naturaleza del terreno. Y evidentemente, si dicho terreno inundado sirve a un servicio público como la navegación, el criterio de la navegabilidad, afectará inmediatamente a tal consideración.

Si el terreno privado está amenazado de invasión marítima, lo cual es frecuente en el transcurso del tiempo dado que la mar no está quieta y hay poblados, casas, urbanizaciones, que habiendo sido construidas y permaneciendo perfectamente legales durante años, ahora, por el flujo natural del mar, resultan amenazados por su invasión o la de las propias arenas, podrán solicitar, según los casos, autorización o concesión de obras de defensa, las cuales también podrán ser autorizadas cuando la amenaza de invasión provenga de una obra artificial previa.

Un elemento novedoso es lo que hemos llamado la “Venecia artificial”, ya que ciudades como Annecy, Amsterdam, Brujas, Birmingham, Giethoorn, San Petesburgo, Little Venice (en Londres) Breslavia, Bamberg, y tantas y tantas otras, merecen la pena ser consideradas. Ahora, también, como Venecia, en el ámbito marítimo, hay que aprovechar las nuevas técnicas que permiten realizar, también en nuestro país ahora, esta modalidad urbana, atravesada por canales, ofreciendo así, urbanizaciones y complejos que permitan una enorme calidad, nueva, moderna, y que hasta ahora estaba en un vidrioso limbo jurídico poco apto para fundar sobre ellos ningún tipo de operación inversora. Había que aclarar esta situación y, oportunamente, esta modificación legal viene a hacerlo. Las residencias están en tierra firme, no son palafitos (todavía no regulados pero que al igual que las Islas artificiales, un país turístico no puede olvidar). Y están interconectados por canales, vías de agua, cuya inundación es claramente artificial, consecuencia de obras realizadas al efecto. Naturalmente, habrán de disponer de un instrumento de planeamiento específico, en el que la Ley dispone que el ámbito inundado sea demanial, pero no el colindante a la vivienda que estén retranqueados respecto del canal inundable. Es decir, la franja de terreno que circunda la vivienda y que permite el acceso al canal, evitando así un contacto directo entre la construcción y el canal y que sirve adicionalmente al estacionamiento náutico, que será una de las formas normales de circulación interna y de comunicación marítima. Esto es lo que sucede en cientos de lugares de Europa y de otros continentes y ya era hora de que fueran regulados correctamente también aquí en España superando extraños dogmas y prejuicios. Al igual que cabe que tales estacionamientos marítimos se hagan de forma colectiva, e, igualmente, que el punto de amarre sea un apéndice unido al enclave, evitando así intrusismos impropios de urbanizaciones seguras, ya que aquí, la seguridad, junto con la higiene, son otros dos aspectos claves a considerar. Lo que sí debe acompañar a esta regulación es una fuerte y enérgica regulación de la calidad e higiene de estas aguas, evitando que los restos de combustibles y de cualquier otro resto doméstico, vierta al canal, y simultáneamente obligando a que existan normas de control periódico de la pureza hidráulica.

Como en todo caso el canal es público, el tránsito tiene que quedar abierto, de forma que la servidumbre de protección también cumpla su función especialmente a efectos del paso de vehículos de seguridad, salvamento marítimo, todo lo cual, remite naturalmente al correspondiente instrumento de ordenación territorial o urbanística.

Dentro de la protección de espacios, las dunas reciben una protección específica, que lamentablemente ninguna de las leyes anteriores ha sabido preservar, comprobándose con dolor ecológico que una parte considerable de nuestro litoral ha hecho caso omiso de las mismas, y urbanizaciones con su licencia municipal – los Municipios costeros no han sido muy amigos de la protección ambiental marítima – han aplastado para siempre estas formaciones arenosas. Se consideran de dominio público, desde luego, y especialmente protegidas, estén o no estén fijadas por la vegetación.

Y en cuanto a los paseos marítimos, se extiende ahora, como la línea interior de la ribera del mar, aunque se mide inclusive desde el borde exterior del paseo, esto es, la explanada completa, ampliando así todo cuanto hizo el relleno de obra civil, que aunque ya claramente terrestre, resulta construido precisamente ganando terreno al mar y eventualmente, recibe el impacto de las olas en temporales y galernas, siendo desde luego demanial, lo cual, de otro lado, acabaría siéndolo asimismo cualquiera que fuera la perspectiva utilizada, dado el carácter de vía pública general que adoptan siempre.

Tema de interés para la Abogacía es el complejo conjunto de deslindes que habrá que “re practicar”, dado que se ha producido una gran alteración del dominio público marítimo y terrestre. Por lo que cuando ahora definitivamente sean bienes privados, tendremos que hacer un notable esfuerzo en conseguir que numerosos deslindes, aunque sean simplemente especificativos y no declarativos ni constitutivos de la propiedad, permitan alcanzar ya su inscripción posterior como tales en el Registro de la Propiedad. Y cuando consecuencia también del deslinde el terreno privado pase a integrarse en el dominio público marítimo terrestre, se ofrecerá a sus anteriores titulares concesión por 75 años de ocupación y aprovechamiento sin abono alguno de canon.

Siguiendo las modernas tesis ya adelantadas en su momento por José Mª Rodríguez Oliver y Roberto Parejo Gamir, el dominio público, que no tiene por mucho que se diga una “publicidad que hiere forzosamente los sentidos”, se establece que se inscriba también en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos años. Asimismo, las líneas de deslinde podrán publicarse en la sede electrónica del Ministerio, para así poder ser consultadas ampliamente.

Curiosamente, luego aparece en el Anexo por remisión de la Disposición Adicional Septima, una “desamortización” al perder la condición de bienes demaniales, si bien se excusa en que no se incluyen en los previstos en el artículo 132.2 de la Constitución.

Se trata de bienes denominados en la Ley, “degradados”, innecesarios, y que han conseguido ser denominados así expresamente en la Constitución, haciéndose con ellos una lista singular. Y de forma semejante, ocurre algo parecido respecto de la Isla de Fuerteventura.

Asimismo, tendrán trabajo los Bufetes en relación con la recuperación de titularidades amparadas por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, ex Ley de Costas de 26 de abril de 1969, que pasaron ope legis por la ley de 1988 a formar parte del dominio público, dijera lo que dijera el Registro de la Propiedad y Sentencias recaídas a su favor. Ahora, como si de un Lázaro administrativo se tratara, puede intentarse el estudio de su reintegración dominical a sus propietarios, o algo de igual contenido (ocupación y aprovechamiento), por otros treinta años. Los problemas jurídicos, especialmente en relación con aquellos usos existentes en 1969 y luego legalizados durante este periodo intermedio, van a ser numerosos. Puede así resucitarse el plazo, ampliándose enormemente lo que estaba en trance de caducar.

Se amplía igualmente el supuesto de reducción de la anchura de la servidumbre de protección en núcleos urbanos, al incluir supuestos materialmente urbanos por contar con los servicios urbanos tradicionales o estar consolidados por la edificación. Igualmente cabe la reducción también a 20 metros, excepcionalmente, de acuerdo las tres Administraciones, estatal, autonómica y municipal, según sus características gemorfológicas, lo cual, desde luego, necesita concreción reglada reglamentaria y si no será la pura presión la que lo consolide.

Las puras autorizaciones, se amplían a 4 años. Las concesiones pasan de 30 a 75 (coincidiendo con otras leyes, como la de Aguas) en función de los usos. Aquí hay que calcular bien el momento de solicitud, en función del vencimiento previsible de la anterior Ley y de los usos permitidos. En el caso de que se trate de puertos, habrá que estar a la remisión a la legislación portuaria.

Teniendo en cuenta la proximidad de los Entes locales a los intereses de los vecinos, la lógica de la acción colectiva lleva a que sea más sencillo adquirir tales permisos por parte de éstos, por lo cual, el interés general del Medio Ambiente, que sufre la “tragedia de los bienes comunes, que por ser de todos no son de nadie”, exige que, como bien dispone esta Ley, el Delegado del Gobierno pueda suspender los actos y acuerdos de los entes locales que atenten gravemente al interés general de España, previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, cuando afecten a la integridad del dominio marítimo – terrestre o su servidumbre de protección o supongan un atentado manifiesto de carácter inmobiliario

Una ley con luces y sombras, a completar su ciclo mediante un Reglamento y desde luego fuente de asuntos jurídicos

http://www.diariojuridico.com/opinion/la-penultima-reforma-de-la-ley-de-costas-luces-y-sombras-de-un

jueves, 13 de junio de 2013

El Gobierno de Canarias solicita al Estado una aclaración de la "Ley de Costas

El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, ha solicitado al secretario de Estado, entre otros aspectos, que aclare si los núcleos del litoral clasificados como urbanos después de la ley del 88 tienen tres meses para justificar esa condición


El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, se ha dirigido por carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, para solicitarle una aclaración sobre el contenido de los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de las Ley de Costas de 1988.


En concreto, el Gobierno canario quiere aclarar si el apartado 3 supone una clara retroactividad de la normativa, al pretender que se justifique la catalogación como urbanos de numerosos núcleos, ya recogidos como tales en los diferentes planeamientos municipales. Al menos, esa es la interpretación que hace el Gobierno de Canarias del tenor literal de la norma: "Las Administraciones urbanísticas que ya hayan delimitado o clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición, deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición (informe vinculante) en el plazo perentorio de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, que deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses."


El Gobierno de Canarias entiende que este apartado es inconstitucional, porque contraviene el principio de la irretroactividad de las leyes, e injusto, puesto que da tres meses de plazo a los municipios de plazo a los municipios se reserva 6 veces más tiempo para que el Ministerio resuelva.


El segundo apartado que Berriel considera necesario aclarar en la Ley es el 4: "No obstante, en los núcleos y áreas a los que se refiere la presente disposición, no se podrán autorizar nuevas construcciones de las prohibidas en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas".


El consejero aclaró que el artículo mencionado en la nueva norma prohíbe específicamente:


a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

b) La construcción o modificación de vías de transporte, etc


De este modo, el Gobierno de Canarias interpreta que la ley, tal y como está redactada, hace inútiles los esfuerzos por justificar la condición de urbano o no de un núcleo en la zona de servidumbre, porque la reducción desde los 100 metros afectados a sólo 20 que se produce en zonas urbanas no tendría efectos en la práctica, porque el apartado 4 -que el consejero recordó que fue introducido mediante enmienda en el Senado a propuesta de los senadores canarios del PP- lo que hace es prohibir incluso el desarrollo normal de aquellas viviendas que queden fuera de la zona de servidumbre.


Ante esta redacción de la norma, el consejero considera necesario que el Estado aclare si efectivamente el espíritu de la ley es el de no permitir que se puedan desarrollar y consolidar incluso los núcleos que queden fuera de zona de servidumbre. En caso contrario, Berriel estimó necesaria la publicación de un reglamento o cualquier otro mecanismo legal, que permita aclarar las actividades permitidas en los núcleos del litoral y su desarrollo futuro.


Aun así, en el caso de que se aclarase que el apartado 4 sólo afecta a las viviendas ubicadas en zona de servidumbre, Berriel señaló que la reforma sigues siendo mucho más restrictiva que la existente desde 1988, puesto que no permite los usos que si estaban ya autorizados, a través de instrumentos como la regularización de fachadas.


De ahí que el consejero de Política Territorial renovase en el Parlamento la voluntad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley, por cuatro motivos diferentes:



1.- Por vulneración del principio de igualdad, por el trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares, sin la adecada motivación.



2.-Por la vulneración de la autonomía local, al otorgar a los delegados y delegadas del Gobierno la potestad de suspender actos de corporaciones locales, cuya tutela está reservada a los jueces y tribunales.



3.-Por la retroactividad de la norma, al imponer la exigencia de un nuevo informe, incluso vinculante, del Ministerio de Medio Ambiente, para suelos ya clasificados con anterioridad por el planeamiento.



4.-Por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas.



Canarias insiste en la inconstitucionalidad de la Ley de Costas

El Gobierno de Canarias mantiene que el contenido de la ley es injusto, ya que sólo da un plazo de tres meses a los municipios para que se justifique la catalogación urbana de los enclaves costeros.


El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, se ha dirigido por carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, para solicitarle una aclaración sobre el contenido de los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de las Ley de Costas de 1988.

En concreto, el Gobierno canario quiere aclarar si el apartado 3 supone una "clara retroactividad" de la normativa, al pretender que se justifique la catalogación como urbanos de numerosos núcleos, ya recogidos como tales en los diferentes planeamientos municipales.

El Gobierno de Canarias entiende que este apartado es inconstitucional, porque contraviene el principio de la irretroactividad de las leyes, e "injusto", puesto que da tres meses de plazo a los municipios y se reserva 6 veces más tiempo para que el Ministerio resuelva.

El Ejecutivo interpreta que la ley, tal y como está redactada, hace "inútiles" los esfuerzos por justificar la condición de urbano o no de un núcleo en la zona de servidumbre, porque la reducción desde los 100 metros afectados a sólo 20 que se produce en zonas urbanas no tendría efectos en la práctica, porque el apartado 4, que el consejero recuerda que fue introducido mediante enmienda en el Senado a propuesta de los senadores canarios del PP, lo que hace es prohibir incluso el desarrollo normal de aquellas viviendas que queden fuera de la zona de servidumbre.

Ante esta redacción de la norma, Berriel considera "necesario" que el Estado aclare si efectivamente el espíritu de la ley es el de no permitir que se puedan desarrollar y consolidar incluso los núcleos que queden fuera de zona de servidumbre.

En caso contrario, estima necesaria la publicación de un reglamento o cualquier otro mecanismo legal que permita aclarar las actividades permitidas en los núcleos del litoral y su desarrollo futuro.

Zona de servidumbre

Aún así, en el caso de que se aclarase que el apartado 4 sólo afecta a las viviendas ubicadas en zona de servidumbre, Berriel señala que la reforma sigue siendo "mucho más restrictiva" que la existente desde 1988, puesto que no permite los usos que sí estaban ya autorizados, a través de instrumentos como la regularización de fachadas.

El consejero insiste en que el Gobierno regional va presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley por vulneración del principio de igualdad y autonomía local, por su carácter retroactivo al imponer la exigencia de un nuevo informe, y por la invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-insiste-en-la-ilegalidad-de-la-ley-de-costas/20130612172741406317.html

Canarias insiste en la inconstitucionalidad de la Ley de Costas

El Gobierno de Canarias mantiene que el contenido de la ley es injusto, ya que sólo da un plazo de tres meses a los municipios para que se justifique la catalogación urbana de los enclaves costeros.


El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, se ha dirigido por carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, para solicitarle una aclaración sobre el contenido de los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de las Ley de Costas de 1988.

En concreto, el Gobierno canario quiere aclarar si el apartado 3 supone una "clara retroactividad" de la normativa, al pretender que se justifique la catalogación como urbanos de numerosos núcleos, ya recogidos como tales en los diferentes planeamientos municipales.

El Gobierno de Canarias entiende que este apartado es inconstitucional, porque contraviene el principio de la irretroactividad de las leyes, e "injusto", puesto que da tres meses de plazo a los municipios y se reserva 6 veces más tiempo para que el Ministerio resuelva.

El Ejecutivo interpreta que la ley, tal y como está redactada, hace "inútiles" los esfuerzos por justificar la condición de urbano o no de un núcleo en la zona de servidumbre, porque la reducción desde los 100 metros afectados a sólo 20 que se produce en zonas urbanas no tendría efectos en la práctica, porque el apartado 4, que el consejero recuerda que fue introducido mediante enmienda en el Senado a propuesta de los senadores canarios del PP, lo que hace es prohibir incluso el desarrollo normal de aquellas viviendas que queden fuera de la zona de servidumbre.

Ante esta redacción de la norma, Berriel considera "necesario" que el Estado aclare si efectivamente el espíritu de la ley es el de no permitir que se puedan desarrollar y consolidar incluso los núcleos que queden fuera de zona de servidumbre.

En caso contrario, estima necesaria la publicación de un reglamento o cualquier otro mecanismo legal que permita aclarar las actividades permitidas en los núcleos del litoral y su desarrollo futuro.

Zona de servidumbre

Aún así, en el caso de que se aclarase que el apartado 4 sólo afecta a las viviendas ubicadas en zona de servidumbre, Berriel señala que la reforma sigue siendo "mucho más restrictiva" que la existente desde 1988, puesto que no permite los usos que sí estaban ya autorizados, a través de instrumentos como la regularización de fachadas.

El consejero insiste en que el Gobierno regional va presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley por vulneración del principio de igualdad y autonomía local, por su carácter retroactivo al imponer la exigencia de un nuevo informe, y por la invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-insiste-en-la-ilegalidad-de-la-ley-de-costas/20130612172741406317.html

martes, 11 de junio de 2013

El PGO de Tazacorte incumple la Ley de Costas

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido parte de los dos acuerdos adoptados por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en los que se aprobó el Plan General de Ordenación (PGO) de Tazacorte. En concreto, tras la denuncia de un particular sobre varios ámbitos del municipio se pudo comprobar que efectivamente el planeamiento incumple las determinaciones del nuevo deslinde fijado por la Dirección General de Costas en tres puntos concretos.


Estos son el ámbito de Los Tarajales, que ha sido suspendido en varias ocasiones por varias sentencias firmes y otros dos situados en el entorno del puerto. La denuncia de estas vecina se centraba precisamente en que el nuevo planeamiento iba en contra de la Ley de Costas ya que clasificaba de forma indebida como urbanizables determinados ámbitos del municipio.

En cuanto a Los Tarajales en estos momentos existe una causa penal por la licencia otorgada en su día por el Ayuntamiento para la construcción de un edificio en plena zona de servidumbre, que en este enclave abarca los cien metros de anchura. En estos momentos permanecen como imputados el anterior viceconsejero de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Pulido y el grupo de gobierno del Ayuntamiento bagañete que otorgó la licencia. Por lo tanto el TSJC no puede sino darle de nuevo la razón a esta vecina a la hora de reconocer que efectivamente este enclave no reunía las características de urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1989.

En cuanto al área que se sitúa al lado del puerto, el PGO calificó esta bolsa de suelo como urbanizable, pero el TSJC apunta ahora que todavía en este punto no se ha aprobado, ni está en tramitación la nueva línea de deslinde.

“De ello se desprende que buena parte del ámbito referido se encuentra afectadopor la servidumbre de protección“, por lo que también se estima el recurso en este punto. A su lado se desarrolla otra bolsa de suelo que también fue calificada como urbanizable, pero cuya categoría ha quedado igualmente anulada ahora por el TSJC por los mismos motivos que la anterior. Sin embargo, se rechaza la impugnación que esta recurrente hace en contra del paseo marítimo, ya que según el TSJC este tipo de actuaciones están plenamente avaladas por la Ley de Costas.

En realidad el PGO de Tazacorte se aprobó en dos ocasiones. La primera en 2004 de forma parcial, de manera que quedaron suspendidos varios ámbitos como eran El Paraíso, el Pampillo, el Barranco de Tenisca o El Charco, entre otros varios que fueron aprobados un año más tarde. Excepto, eso sí, las determinaciones que vienen incluidas en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo en la isla, aprobado años después y que quedó sin efecto por otra reciente sentencia del TSJC. Esta vecina, había impugnado la clasificación como urbanos de determinados enclaves como San Borondón, la calle Primero de Mayo, Las Hoyas, Acantilado Club de Tenis, El Charco o la calle Pedro José Viña.

En cuanto al Barranco de Tenisca el equipo redactor del Plan comunicó al Tribunal que sus planes pasan por canalizarlo, de manera que al no haberse puesto ningún reparo por parte del Consejo Insular de Aguas, “habrá que estar a lo que disponga sobre este punto el plan parcial”.

http://www.canariasahora.es/articulo/la-palma/el-pgo-de-tazacorte-incumple-la-ley-de-costas/20130611122535406202.html

lunes, 10 de junio de 2013

La Audiencia Nacional rechaza el primer intento de dos vecinos por anular el polémico deslinde entre Los Dises y Caleta de Famara

El polémico deslinde aprobado en marzo de 2011 en la zona comprendida entre Los Dises y Caleta de Famara ha sobrevivido a su primera batalla judicial, con una sentencia que rechaza el recurso presentado por dos afectados. En la sentencia, dictada el pasado 16 de mayo por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se defiende la legitimidad del deslinde, que en algunas zonas avanza hasta 2 y 3 kilómetros tierra adentro.


En su recurso, estos dos vecinos reclamaban que se anulara la línea de DPMT (Dominio Público Marítimo-Terrestre) fijada en 2011 y se volviera a la anterior, ya que entendían que se había utilizado “abusivamente” el concepto de ribera de mar en el tramo de costa en el que se encontraban sus propiedades. Además, reclamaban que a partir de esa línea de DPMT, se fijara una zona de servidumbre de 20 metros y no de 100, como está actualmente (con el deslinde, sólo se aplicaron 20 metros de servidumbre en la zona de Caleta de Famara).

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado ambas pretensiones. Con respecto al primer punto, la sentencia se remite a los estudios del medio físico adjuntados a la memoria del deslinde, que señalan que el jable de los terrenos en litigio es de procedencia fundamentalmente marina, incluyendo entre otras cosas “arenas marinas, algas calcáreas, fragmentos de conchas, foraminíferos o fangos calcáreos”.

Sistema “dunar” y paso de jable

En la misma línea, la sentencia hace también referencia a que se trata de una zona de paso de jable, “con zonas dunares y acumulaciones de arenas organogénicas del medio marino”, tal como señalan esos informes del Ministerio y como, según la sentencia, reflejan las fotografías aportadas a la causa.

Pese a que los demandantes alegaban que el “sistema dunar” no se encuentra en esa zona, ubicada al oeste de Caleta de Famara, “sino al este del pueblo”, la Audiencia sostiene que no han presentado pruebas para demostrarlo.

En su recurso, estos vecinos también señalaban que “la acumulación de materiales sueltos de procedencia marina se da en toda la zona de circulación de jable hasta las playas del sur de la isla, y en toda esa extensión no rige el criterio de ribera de mar”. Sin embargo, la sentencia califica de “irrelevantes” esas “consideraciones” y sostiene que“los eventuales deslindes relativos a otras zonas, amparados en hipotéticos criterios ilegales, no pueden ser esgrimidos en demanda de un trato igualmente ilegal para el deslinde que nos ocupa”.

Suelo Rústico de Protección Natural

En cuanto a la otra pretensión de los demandantes, de aplicar una zona de servidumbre de 20 metros y no de 100, la Audiencia Provincial recuerda que para ello debería acreditarse el carácter urbano de la zona con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. Eso sí se consiguió con la zona de Caleta de Famara, pero la sentencia señala que en el caso de estos terrenos, no sólo no se dan esas condiciones, sino que además, la calificación urbanística de ese suelo “resulta absolutamente incompatible” con el carácter urbano.

Sobre este punto, la sentencia subraya que incluso en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Teguise aprobadas definitivamente por la COTMAC en mayo de 2003, que son las que actualmente están en vigor, ese suelo es catalogado como Rústico de Protección Natural, por lo que ni siquiera cabría su urbanización.

Otros recursos pendientes

Este recurso que acaba de ser rechazado por la Audiencia Nacional, en una sentencia contra la que aún cabe recurso, no es el único presentado contra el deslinde entre Los Dises y Caleta de Famara. Además de otros particulares, también el Ayuntamiento decidió acudir a los tribunales al considerar desproporcionada la decisión de Costas.

En su momento, el Consistorio anunció que incorporaría a su recurso un estudio geotécnico de la zona afectada para rebatir el informe de Costas e intentar anular el deslinde, ya que entendía que se habían cometido “errores”. “Se adentra en la isla en muchas partes más de 2,5 kilómetros, cuando en lo general es de un centenar de metros a partir del mar”, criticaba el entonces alcalde, Juan Pedro Hernández.

Además de presentar ese recurso, que aún está pendiente de sentencia, en mayo de 2011 el pleno del Ayuntamiento de Teguise también aprobó por unanimidad un rechazo institucional contra el deslinde. Lo mismo hizo un año después el Parlamento de Canarias, que aprobó también por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno de Canarias instara al Gobierno del Estado a que anule ese deslinde del tramo Los Dises (Caleta de Caballo)-Caleta de La Villa, de unos 16.026 metros de longitud, "y se proyecte un nuevo deslinde con unos criterios más razonables".

http://www.lavozdelanzarote.com/article76984.html

Pueblos de Anaga

La reforma de la Ley de Costas recientemente aprobada en la Cortes no resuelve de manera efectiva la demanda histórica de los pueblos de Anaga de ver reducida la servidumbre de protección de cien metros; es más, creo que empeora la situación. Este ancho de servidumbre afectaba directamente A las posibilidades de desarrollo de estos núcleos costeros por prohibirse en esa franja la construcción de viviendas. Dado que estos pueblos cuentan además con otros elementos que también limitaban su crecimiento, algunos naturales, como las acusadas pendientes o los cauces públicos de los barrancos y otros derivados de limitaciones administrativas por encontrasen dentro del parque rural o en sus inmediaciones, el crecimiento armónico de estos pueblos se ve claramente limitado, de ahí que desde hace casi dos décadas vengan reclamando los vecinos la reducción del ancho a 20 metros, como estaba antes de 1988. Cuando se inició el trámite parlamentario de revisión de la Ley de Costas, los concejales de Sí se puede entendimos que era el momento idóneo para exigir el reconocimiento de la especificidad de estos enclaves rurales y presentamos una moción reclamando a los diputados y senadores canarios que introdujeran enmiendas durante el debate en las dos cámaras. La moción fue aprobada por unanimidad y al poco tiempo el alcalde convocó a los diputados y senadores canarios, que adquirieron el compromiso de defender a los vecinos de Anaga. Pasado el tiempo y tras los filtros de las dos cámaras, hemos comprobado que el texto aprobado con esta nueva reforma legal no establece cambios significativos para Tachero, Roque de Las Bodegas, Almáciga, Benijos e Igueste de San Andrés, y por tanto, no atiende el compromiso que adquirieron los diputados y senadores canarios de plasmar las singularidades de los núcleos rurales costeros. Pero la sorpresa ha sido que empeora la situación anterior al prohibir nuevo uso residencial en los núcleos que se delimiten. Este fracaso de los representantes requiere una explicación a los vecinos, sobre todo de diputados y senadores canarios del PP.


http://www.diariodeavisos.com/pueblos-anaga-por-pedro-fernandez-arcila-2/