Un escrito revelador sobre Carlos González, jefe de la demarcación de Costas(I)

Nos ha llegado este escrito, durísimo, demoledor, terrible, que pone en su sitio a un alto cargo de la demarcación de Costas, que día si y día no, sale en los medios por diversas causas. Y debemos transcribirlo, porque es de sumo interés. Expresa el firmante del mismo, un canario que no se identifica por miedo a las represalias, que, “todo se remonta al nombramiento, como ingeniero jefe del servicio provincial de Costas de Tenerife, Carlos Enrique González Pérez, perteneciente al ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Desde que este señor tomó cargo, todo son problemas en ese servicio provincial de Costas, el descontento de la ciudadanía, empresarios, Ayuntamientos, es generalizado y a nivel interno de servicio mucho más, solo hay que ver las noticias en prensa y hablar con algún funcionario, para tomar conciencia de la situación y de lo que pasa en ese servicio provincial. Este señor maneja todos los hilos de este servicio, hasta se permite, como le sobra tiempo, y no tiene otra cosa que hacer, controlar los coches oficiales, el vestuario del personal, las respectivas licencias de los trabajadores, como asuntos propios, vacaciones, ¿no debería delegar funciones?. Este señor es rencoroso y vengativo con cualquier persona u organismo que lo contradiga y los dos jefes de servicio que están por debajo de él son meros sirvientes a sus órdenes, sin ningún poder de decisión y prácticamente ninguna responsabilidad, ya que todo lo dicta y marca el jefe superior. Quieren aplicar la ley a toda costa, pero las herramientas que utilizan son un yunque y una guillotina. Me parece bien que quieran aplicar la ley, pero hay formas y formas, y si quieren aplicarla, que sean ellos mismos los primeros en cumplirla, cumpliendo por lo menos, el horario de trabajo que deben realizar por la productividad que cobran, que es secreto de Estado. Este señor se permite el lujo de soltar por su boca frases como: “A este tío le voy a arrancar la cabeza”, refiriéndose a Tomás González (representante de la plataforma de Chovito), o también otra frasesita como “A Santiago del Teide que le den por el culo” a raíz de los desencuentros que tuvo con el actual alcalde de ese municipio. El servicio provincial de Costas de Tenerife se ha convertido en el enemigo público número de todo el mundo, debido a la mala gestión, nula profesionalidad y total despreocupación, por parte de los jefes, de los problemas de los ciudadanos y empresarios de la costa de la provincia occidental de Canarias. Este servicio se maneja como una propiedad particular, se ponen y quitan trabajadores de sus puestos a otros, en muchas ocasiones se producen faltas de respeto de este señor hacia los trabajadores, eso sí, al parecer hay un grupo de trabajadores que son intocables. En estos momentos, el funcionamiento de este servicio, lamentable, desorganizado e ineficaz. Cualquier persona tiene acceso y maneja cualquier tipo de información, no es de extrañar que se hayan perdido incluso expedientes completos. El malestar de la mayoría del personal que presta servicio en este organismo aumenta cada día más y es palpable a simple vista. El personal está desmotivado, aburrido e indignado por las condiciones laborales que están soportando con los actuales mandatarios y si vamos por cualquier lugar de la costa de las cuatro islas, podremos comprobar la opinión generalizada de ciudadanos, empresarios, Ayuntamientos y Cabildos para con ese servicio de Costas. Hay mucha gente que opina que, como este señor siga al frente de Costas en la provincia de Tenerife, acabará con buena parte de los empresarios turísticos existentes y mandará al paro a centenares de familias que dependen del turismo. En estos tiempos de crisis que corren, el servicio de Costas de Tenerife, en vez de poner el hombro para ayudar al pueblo, hace todo lo contrario, poniendo trabas y problemas a cualquier persona que quiera hacer algún trámite, ahogando y exprimiendo a todo el mundo, pidiéndoles papeles que se pueden remontar a los años de la guerra, para cualquier tipo de autorización que pidan. Esta situación se ha recrudecido y ha ido a peor desde que González ha sido imputado por el caso de la playa de Los Guíos. Los trabajadores que prestan servicio de cara al público, en muchas ocasiones se ven indefensos, ante los ciudadanos, debido a las decisiones tomadas por los jefes. Incluso hay trabajadores buscando otros destinos para pedir traslados ya que no aguantan esta situación tan caótica que viven diariamente, alguno incluso piensa irse a la península. Parece que el ministerio en Madrid, son ajenos a toda esta situación ya que no toma ninguna decisión al respecto, pese a que día sí y día también, Costas de Tenerife sale en prensa, metido en algún follón como: Los Guíos, Las Teresitas, Chovito. Hay muchas cosas que pasan en ese servicio provincial que hacen pensar y dudar en la legalidad de muchas de ellas, como por ejemplo”…Continuará
http://www.eldigitaldecanarias.net/opino.php?idn=40681

Cerca de 600 vecinos de Valle Gran Rey (La Gomera) podrían perder sus viviendas por el deslinde marítimo terrestre y por el PGOU del municipio

Se convoca una rueda de prensa explicativa en Santa Cruz de Tenerie este viernes

Cerca de 600 vecinos del municipio gomero de Valle Gran Rey, que cuenta con un población de unos 4.000 habitantes, podrían quedarse sin vivienda si se aplica el deslinde marítimo terrestre de la Ley de Costas y si además el Ayuntamiento del municipio pone en marcha el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que deja fuera de ordenación muchas de las viviendas que también están afectadas por el deslinde marítimo.
En la actualidad se ha creado una plataforma vecinal que denuncia, por un lado, la aplicación del deslinde marítimo en un asentamiento urbano consolidado y, por otra parte, la falta de transparencia del Ayuntamiento de Valle Gran Rey que ha aprobado un PGOU que deja fuera de ordenación a decenas de viviendas y que es desconocido por la mayor parte de los vecinos.
Para denunciar esta situación tan irregular se llevará a cabo mañana viernes 19 de noviembre a las 10.30 horas una rueda de prensa en el hotel Taburiente de Santa Cruz de Tenerife en la que estarán presentes Pedro Medina, presidente del Comité Insular de CCN y consejero del Cabildo de La Gomera; Federico Bacallado, presidente del Comité Local de CCN en Valle Gran Rey y el abogado que instruye la causa y que está presentando alegaciones contra el PGOU y contra el deslinde marítimo, José Luis Langa.

El consistorio y Costas ponen fin a las diferencias

D. S. Los Llanos de Aridane

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha recibido estos días atrás una carta de Costas en la que se percibe que sendas administraciones van a empezar a trabajar de manera coordinada para sacar adelante el proyecto del paseo marítimo de Puerto Naos. Una iniciativa que causó una gran polémica entre el consistorio llanense y la Administración dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y que parece que, finalmente, se ha enterrado el hacha de guerra para llevarlo a buen término.

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Juan Ramón Rodríguez Marín, señaló que la carta remitida por el subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar "ratifica lo que ya se les adelantó a los vecinos". Y es que en el documento se puede leer que "esta subdirección está de acuerdo con la propuesta del Ayuntamiento".

Asimismo, Costas le solicita al Consistorio en dicha misiva que a medida que "avance en la redacción del proyecto nos vayan informado y consensuando las soluciones". Rodríguez Marín señaló que un departamento de la Oficina Técnica municipal se ha centrado en la elaboración de este proyecto para "tener cuanto antes el paseo marítimo". "Intentamos que sea antes de fin de otoño", concretó el alcalde de Los Llanos de Aridane, quien reconoció que al principio las relaciones con la dirección de Costas fueron "traumáticas"

http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/35902/

vecinos de Cho Vito denuncian a Costas por tirar documentos de expedientes confidenciales a la basura

Afirman que si el subdelegado del Gobierno tuviera dignidad como político, como persona y como gestor de las garantías y derechos de los ciudadanos a los que representa debería cesar inmediatamente a González Pérez
SB-Noticias.-

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en el programa La Trapera de Radio San Borondón que recientemente encontraron en la basura documentos privados de la Demarcación de Costas y tras recordar que en España las normas establecen multas de hasta 600.000 euros por la vulneración de datos confidenciales, afirma que el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, Carlos González Pérez, ordenó tirar a la basura infinidad de expedientes y cuando se percató de que los vecinos lo habían descubierto les amenazó con tomar represalias contra ellos si hacían público este hecho.
Tras aportar un documento sonoro del encontronazo habido entre vecinos y el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, cuando los primeros descubren en la basura documentos confidenciales de la Administración estatal, Tomás González explica que Carlos González Pérez amenazó a los vecinos de Cho Vito con tomar represalias contra ellos si hacían público que en Costas habían tirado a la basura una cantidad significativa de documentos confidenciales relativos a expedientes que obraban en la administración.

Recuerda que en España las normas establecen multas de hasta 600.000 euros por la vulneración de datos confidenciales, sin embargo el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife ordena tirar a la basura infinidad de expedientes, tanto de personas que trabaja en la administración, concursos públicos, bajas laborales, actas de replanteo, actas de reuniones privadas entre empresarios y representantes de Costas donde miran para otro lado en cuestiones que afectan a los poderosos, notas personales transcritas, que accidentalmente fueron encontradas en la basura por los vecinos y han tenido que ir a declarar voluntariamente ante la policía judicial porque Carlos González Pérez comete el error de llamar a la policía.

En este sentido, afirma que si el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, tuviera dignidad como político, como persona y como gestor de las garantías y derechos de los ciudadanos a los que representa debería cesar inmediatamente a González Pérez, porque advierte que si hace público los documentos que tienen habría mucho que contar, ya que en los documentos encontrados hay contratos, asistencias técnicas, despidos laborales y hasta el deslinde de San Andrés.

Tomás González afirma que estamos ante un escándalo mayúsculo que debería costarle el puesto de manera urgente a González Pérez, puesto que hablamos de que su departamento ha tirado a la basura documentos privados, oficiales y algunos comprometedores en donde figuran documentos de identidad, nombres y apellidos de personas concretas, algunas de ellas incluso fallecidas, una cuestión que es comprometedora para el jefe de la Demarcación de Costas porque ha hecho dejación de sus funciones, entre ellas la del garante del derecho que tienen los ciudadanos en cuanto a la protección de sus datos.

Para colmo de la desafortunada actuación de Carlos González Pérez, más allá de tirar a la basura estos documentos, en un intento de huida hacia adelante trata de hacer responsable a los vecinos que se encontraron los expedientes en los contenedores de basura.

El portavoz de los vecinos de Cho Vito considera lamentable que José Antonio Batista, subdelegado del Gobierno, no haya pedido inmediatamente el cese y el procesamiento de Carlos González Pérez, porque estamos hablando de documentos que comprometen a los altos cargos de Costas desde 1987 hasta hoy en día.
http://www.sanborondon.info/content/view/29333/1/

El PP de Tacoronte sorprende a todos los grupos políticos al señalar que Costas tiene afectadas veinte viviendas por ocupar suelo público en el Prix

La moción que presentó tuvo el apoyo de todos menos el de Alternativa Si Se Puede
EDDC.NET SANTA CRUZ DE TENERIFE




Victoria clara, nunca mejor dicho, del PP de Tacoronte en el último pleno. El dinamismo de esta formación política contrasta con la parálisis de CC, que solamente se preocupa de saber quien va a suceder a Hermógenes Acosta y como sabotear el desembarco de Dulce Xerach, la desorientación del PSC-PSOE y los absurdos virajes de Alternativa Si Se Puede, que un día incendia el pueblo y al día siguiente ejerce de bombero.

Hablamos de una moción con miga. Se trata de salvar el núcleo costero del Prix. Veinte viviendas de vecinos humildes que van a ser expropiadas y luego destruidas por la demarcación de Costas. Ha sido un proceso largo y de manera inexplicable tanto el alcalde como el Cabildo como el Gobierno de Canarias no han movido ficha para sacar esto adelante.

El grupo municipal del PP y especialmente la concejala Victoria Castro Padrón, que ha asumido como propias las reivindicaciones de los afectados, han tenido serias dificultades, incomprensibles para sacarla adelante. La primera vez que se llevó, se quedó sobre la mesa. La segunda fue el propio alcalde, al que parece no le importa que la pala se lleve estas casas, el que firmó un decreto para que no se adjuntará al orden del día y en el último pleno se pudo discutir y sacar adelante con los votos a favor de CC-PNC y PSC-PSOE y el voto en contra del edil de Alternativa Si Se Puede, José Casanova, que como al alcalde, no le importa mucho la suerte de estas veinte familias.

Pero el debate no fue fácil. La concejala del PP le recordó al grupo de gobierno que Cabildo y Gobierno habían apoyado la defensa de los núcleos costeros y no entendía este pasotismo con esta zona de la costa del municipio de Tacoronte, donde si se había visto a Hermógenes inquieto por el ya fracasado puerto del famoso José Ana Pérez Labajos.

Victoria les dio una buena estocada a los nacionalistas y dejó claro que no se habían tomado en serio este problema y dudó que el grupo de gobierno hubiese presentado alegaciones al expediente que tramita Costas. No entendió los argumentos de Casanova, que aseguraba que no había afecciones y lo dejó muerto en la bañera al sacar información que le habían dado en la Demarcación donde se ponía sobre la mesa la realidad. Lo impresionante es que sea la concejala del PP, en la oposición, la que le haga el trabajo al grupo de gobierno.

Los datos son éstos, para consternación de todos los grupos políticos: 20 afecciones, de las cuales a 15 se les indemniza a todas en general, con 91.000 euros y el resto, nada de nada. Y mostraba un mapa con toda esa información precisa. Y estaba claro que había que hacer algo y pronto. El PP de Tacoronte con el oído en la calle les dio a todos una lección política. Y la moción, como no, salió adelante. A ver que decide Costas, aunque con la pasividad del alcalde, ya con un pie fuera, los populares temen lo peor.

El texto de la moción

La misma se encabezó así: “moción que presenta el Grupo Popular en defensa de los Núcleos Urbanos Costeros en Canarias que reúnan valores etnográficos, arquitectónicos y/o socioeconómicos”.

Su exposición de motivos señalaba que, “el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril gracias al apoyo del Partido Popular (PP) y de Coalición Canaria (CC) la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario. Precisamente en esa fecha, el Grupo Socialista anunciaba la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada ley por parte de la Abogacía del Estado en representación del Presidente del Gobierno de España. Recurso que se sustanció posteriormente ante el Tribunal Constitucional. Esta decisión del Gobierno del Estado se suma a la política de impugnaciones que viene reiterando contra los acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que en el ejercicio de las competencias de planeamiento en el litoral de la Comunidad Autónoma reconocieron la condición de áreas urbanas a distintos asentamientos en dichos ámbitos. Con estas determinaciones del Estado, indudablemente amparadas por sus potestades pero claramente lesivas para los intereses ciudadanos de quienes residen en áreas urbanas en el litoral del archipiélago, se prolonga si en una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre sobre los derechos patrimoniales que le son propios a los enclaves urbanos y costeros.

Y así el Gobierno de España y la formación política que lo sostiene confirma una vez más su afán por interpretar de forma restrictiva, exorbitante y ajena a la realidad canaria la Ley de Costas, impidiendo que la Comunidad Autónoma de Canarias proyecte un desarrollo sostenible y equilibrado que combine con inteligencia la protección ambiental y los usos humanos tradicionales de este litoral.

“Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes”, dijo el filósofo inglés John Locke y es en este punto donde el Gobierno de España tropieza una y otra vez; en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en Canarias sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental deben perdurar en el tiempo.

Porque las áreas urbanas costeras de Canarias representan en general no sólo zonas de interés derivado de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural sino también por tratarse de comunidades reales de hombres y mujeres reales que viven y conviven en ellas y que albergan actividades económicas y turísticas dignas de respeto y protección, sin perjuicio de que resulte necesario depurar situaciones de ocupación clandestina, como chabolismo y otras formas que se apartan de los valores tradiciones y de legitimidad a que nos referimos, y que en modo alguno se ha pretendido amparar con normas o resoluciones de nuestro autogobierno.

Sin embargo, la terquedad y el exceso de celo legalista del Gobierno de España viene abocando con sus recursos a esos hombres y mujeres a un estado de inquietud e incertidumbre por su restricción al reconocimiento de las competencias urbanísticas, de ordenación del territorio y de los recursos naturales, conferidas a nuestra Comunidad Autónoma, y que desde luego se proyectan también al litoral. Así viene sucediendo, con la negativa a aceptar las consideraciones fácticas reconocidas por la jurisprudencia en relación con las áreas urbanas, de suficiente consolidación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, que tras las oportunas comprobaciones han constituido la base de las resoluciones de la COTMAC.

Y en relación con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, planteado por el Presidente del Gobierno del Estado, se agrava aún más la prolongación de la situación de inseguridad e incertidumbre de los habitantes de los enclaves urbanos costeros, por cuanto el Estado, al prevalecer de la potestad de suspensión cautelar de la legislación autonómica que le otorga la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, logró temporalmente su inaplicación. Suspensión esta que ha sido en gran parte levantada mediante el Auto del TC 277/2009 de 10 de diciembre, que si bien mantiene la suspensión del artículo primero de la Ley7/2009.

No obstante, con interesante argumento sobre las potestades de nuestro autogobierno, resolvió levantar la suspensión de los dos tercios del contenido de la expresada norma y nos permite confiar en que los aspectos aún suspendidos tendrán una resolución favorable a nuestras tesis, por el Tribunal Constitucional.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional al analizar la suspensión del artículo 2 de nuestra ley autonómica relativo a las previsiones de fijación por la Comunidad Autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre ha considerado que ello no supone como sostenía el Estado una menor protección del dominio marítimo terrestre y sus zonas colindantes, que la que ofrece la legislación de costas, ponderando los intereses en presencia procedió así el levantamiento de la suspensión de dicho precepto de nuestra ley.

Y respecto artículo 3 en relación con el mandato a la consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para formular un censo de edificaciones que, ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección, tuvieran un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, debiendo valorarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que solicitaran los titulares de las mismas al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, considera que no tienen porque resultar incompatibles con las “razones de interés público” ni de protección de los valores medioambientales del dominio público marítimo terrestre que persigue la Ley de Costas para proceder a su legalización, levantando la suspensión y por tanto adquiriendo plena vigencia nuestra ley autonómica”.
Tres fueron los acuerdos adoptados y aprobados:
1. El Ayuntamiento de Tacoronte se pronuncia en favor de la continuidad y la seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnen un valor objetivo protegible en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica.
2. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un censo de edificaciones del dominio marítimo terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
3. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la mejora y el acondicionamiento de las áreas urbanas costeras de Tenerife, así como la preservación
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia40127.php

Costas comunica al Obispado que la Basílica de Candelaria vulnera la Ley

Los religiosos ya han sido informados y aseguran estar tranquilos porque los edificios afectados son Bienes de Interés Cultural y no se pueden derribar

N.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El convento de los padres dominicos de Candelaria, que está situado en el mismo edificio que la Basílica, y la capilla de San Blas que se encuentra en los alrededores del templo están afectados por la aplicación de la Ley de Costas.

Así se lo ha comunicado el organismo estatal a los responsables del convento y al Obispado de Tenerife para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. El prior de los dominicos, Alexis González, señaló ayer que ya han mantenido reuniones con responsables de la Dirección General para conocer el alcance de la aplicación de la Ley.

En principio, les han garantizado que no tendrá ninguna consecuencia dado que los inmuebles han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Sólo en caso de que los edificios se cayeran o fueran demolidos, las nuevas edificaciones tendrían que retirarse unos seis metros de la costa.

En principio, los religiosos están tranquilos y señalan que no piensan presentar ningún tipo de alegación. El caso de la capilla de San Blas en teoría podría ser más complicado pero al tratarse de un inmueble construido en el año 1534, mucho antes de la aprobación de la nueva ley en el año 1988 tampoco se prevé que surja ninguna complicación. Según la ley de Costas desde que una parte principal del edificio sea tocado por la línea de deslinde todo el inmueble quedará fuera de ordenación. Por ello, en este caso se vería afectado tanto el convento como la Basílica aunque las consecuencias que podrían derivarse de este hecho son remotas. La Basílica y el convento han sufrido diversas remodelaciones a lo largo del tiempo. Se trata son dos edificios diferentes pero que están físicamente unidos. Entre los bienes afectados se encuentran también las figuras de los guanches que están situados en la plaza.

400 propietarios
El nuevo deslinde ha salido ya a información pública por quince días y abarca más de un kilómetro de distancia entre la Cueva de San Blas y el Refugio Pesquero. En la relación de citados está la Promotora Punta Larga, el Obispado, el Ayuntamiento de Candelaria, el convento de los dominicos o la Cofradía de Pescadores.

Son alrededor de 400 los propietarios particulares de terrenos que se verán también afectados por la aplicación de esta ley. El alcalde de Candelaria, José Gurmesindo García, indica que en el caso del Ayuntamiento la propiedad afectada es un aparcamiento.

Apunta que se ha hecho un esfuerzo en el Plan General de Ordenación (PGO) para mantener el mayor número de viviendas posibles. No obstante, las edificaciones que se sitúen en los primeros seis metros en la zona de tránsito se irán eliminando según éstas envejezcan y sean demolidas. El deslinde afecta a la calle de La Arena, principal núcleo comercial del municipio.

¿QUE ZONA DE TRÁNSITO?. SI EN ESA ZONA NO EXISTE RIBERA DE MAR.

LAS VIVIENDAS SON DOMINIO PÚBLICO

DESLINDE DE CANDELARIA

El deslinde de Costas en el casco afecta a 47 propiedades
El ayuntamiento presentará alegaciones para tratar de evitar que le quiten un trozo de los aparcamientos situados frente a la Casa Consistorial. Los perjudicados podrán examinar los expedientes durante los próximos 15 días.

6/nov/10 07:
J.A.M., Candelaria
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha iniciado el trámite de audiencia para los titulares de las 47 propiedades afectadas por el deslinde marítimo-terrestre en el casco urbano de Candelaria, concretamente en la zona comprendida entre la Cueva de San Blas y el refugio pesquero de dicho término municipal.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) incluyó ayer el anuncio por el que se comunica la relación de los interesados, quienes tienen un plazo de 15 días para examinar los expedientes y presentar la documentación que consideren necesaria.
El deslinde marítimo-terrestre del casco urbano de Candelaria incluye, además de la calle de La Arena, una propiedad municipal que se refiere al estacionamiento situado frente a la Casa Consistorial.
Durante la última sesión plenaria celebrada por el consistorio, el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, informó de que el deslinde que se aplicaría en la zona sería el mismo que se estableció en 1969. Asimismo, adelantó que la Corporación de la Villa Mariana presentará las alegaciones oportunas.
Cabe recordar que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, puso en exposición pública el proyecto de revisión del deslinde marítimo-terrestre en la zona de la calle Obispo Pérez Cáceres (popularmente conocida como calle de La Arena).
Los inmuebles afectados son los que se encuentran en la primera línea, si bien el Plan General de Ordenación (PGO) contempla el mantenimiento de las viviendas así como la zona de tránsito que establece la Ley de Costas. Se trata de seis metros que deberán quedar libres y de los que dispondrá la administración central según se vaya procediendo a la renovación de las construcciones existentes.
http://www.eldia.es/2010-11-06/sur/sur1.htm

MANIPULACIÓN Y DESCONOCIMIENTO.

Respuesta al Sr Batista, Subdelegado del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados".

Estimado Sr:
He leído con especial interés, dado que soy uno de los miles de afectados por la Ley de Costas, el artículo de opinión publicado en la prensa local (La Opinión de Tenerife) titulado “Por una costa canaria de todos y para todos” el 4 de Noviembre del 2010 y es mi intención explicarle y si me permite, corregirle algunos puntos de su exposición.
Comienza su misiva, con una cita de las Partidas de Alfonso X el Sabio: “Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que bien [viven] en este mundo, son estas: el aire e las aguas de la lluvia, en el mar, e su ribera". Es un buen principio, pero aquí empieza su manipulación sobre este grave problema, pues Alfonso X, también cita en la Partida tercera, Título XXVIII, Ley III, “Ca qualquier criatura que biva, puede vsar de cada vua gestas cosas, según quel fuere menester. E porende todo ome se puede aprouechar de la mar e de su ribera, pescando, o navegando, e faziendo y todas las cosas que entendiere que a su pro son. Empero si en la ribera de la mar fallare casa, o otro edificio qualquier, que sea de alguno, non lo decae derribar; nin vsar del eu ninguna manera, sin otorgamiento del que lo fizo, o cuyo fuere; como quier que si lo derribasse la mar, o otri, o se cayesse el, que podria quienquier fazer de nueuo otro edificio en aquel mismo lugar”. Para su mejor entendimiento, se lo traduzco:” Cualquier criatura que viva, puede usar de cada una de estas cosas según necesite y por ende toda persona se puede aprovechar de la mar y de su ribera, pescando o navegando y haciendo todas las cosas que entendiera en su pro. Pero si en la ribera de la mar hubiera casa u otro edificio cualquiera, que sea de alguien, no se debe derribar, ni usar de ninguna manera sin el permiso de quién lo hizo y en caso de que lo derribase el mar u otro o se callese él, cualquiera podría hacer otro edificio en aquel lugar. “
Y es que a Alfonso X, se le conoce por el apodo o sobrenombre del “Sabio”. Lo deja bien claro.
Pero siguiendo con su artículo, usted hace referencia a la multitud de notas de prensa y noticias que han aparecido sobre derribos, anuncios de derribos, que provienen de instituciones, algunos partidos políticos “desmemoriados” y colectivos vecinales, que siempre según usted, nos hemos puesto de acuerdo para ver el lado negativo de la ley de costas, una ley de protección y garantía de lo público frente a lo privado. Comenta también las ocupaciones del litoral, impidiendo el acceso al mar, en estas islas que vivimos del turismo. Habla de vertidos residuales, ironiza con lo que “a algunos les ha dado por defender como bienes de interés; se burla de que la ley de costas sean una “avanzadilla” a supuestas especulaciones inmobiliarias, a que Costas no va a la “caza del pobre”, para terminar haciendo la pregunta de que si llevaríamos a los turistas a ver esos núcleos ilegales.
Quisiera matizarle algunos puntos de su misiva. En primer lugar, creo que no existe una conspiración ciudadana contra Costas, su Ley, y su aplicación. Usted como servidor público, debe de saber que esta Ley está siendo aplicada con una arbitrariedad completamente estudiada, que vulnera derechos fundamentales (según el Parlamento Europeo, que prosigue con las investigaciones abiertas sobre esta Ley) que genera una inseguridad jurídica y que tiene un carácter claramente confiscatorio.
Esto Sr Batista, genera la creación de colectivos, que se unen para poder defenderse, con el apoyo de algunos políticos, que al contrario que usted, creen que la ley necesita una modificación urgente, que creen que hay que defender ciertos núcleos costeros, por su atractivo y singularidad, como así lo refleja las diversas Proposiciones No de Ley del Parlamento de Canarias, la voz de los canarios, que usted parece no comprender o ignora por completo, siguiendo las directrices del ministerio.
La ley de Costas no se aplica por igual Sr. Batista. ¿Cuántos complejos hoteleros han derribado en Canarias? Ninguno. Y eso que casos como el Papagayo Arena en Lanzarote, con “sentencia firme”, igual que la de Cho Vito, donde la Ministra de Medio Ambiente, “paralizó el derribo”, repito, “sentencia firme”. ¿Cuántos casos existen igual que ese hotel en Canarias? Y si hablo del resto del litoral español, le pongo por ejemplo el hotel del Algarrobico, en Almería.
La Ley no ha servido a su fin. Desde 1988, la costa se ha degradado más que nunca, pero curiosamente, derriban núcleos pequeños, alguna chabola, y omiten grandes urbanizaciones, hoteles, y centros comerciales al lado del mar.
Le puedo citar Tabaiba y Radazul, claro ejemplo de cómo “legalizar” lo ilegal. Compro el acantilado (dominio público) lo excavo (prohibido), tiro el escombro al mar (prohibido) gano 100 metros, edifico y vendo, y todo ello con una figura “urbanística”, que se salta a la torera cinco artículos de su querida Ley de Costas. Y eso que usted niega la especulación y el negocio con la ley. Mire usted, la actual Directora General de Costas, Sra. Alicia de Paz Antolín, ocupa este cargo, y al mismo tiempo, es consejera delegada, de la empresa que realiza los derribos. (Tragsa). ¿Cómo llamaría usted a eso? Y para colmar el vaso, su nombramiento es “ilegal”. Veamos como usted le explica a la gente de Boca Cangrejo, El Remo, Cho Vito y Anaga, que la directora de costas, la que firma la confiscación y el derribo de miles de viviendas es una “ilegal”.
Habla usted de que estos núcleos, son un peligro para el medio ambiente por los vertidos que ocasionan al mar. ¿Cómo se explica que justo en Tabaiba, Radazul, y en Candelaria, los vertidos son continuos, los olores constantes, e incluso han cerrado playas por peligro para la salud? ¿Son ilegales estos lugares?

Me despido Sr. Batista, dándole un consejo. “No le bastará ponerse detrás del que dispara, ni delante del que defeca, para evitar males mayores”,

Un vecino de Cho Vito, según usted, “revolucionario e incendiario"

El CCN critica que CC haya ‘perdido una nueva oportunidad para modificar la Ley de Costas en Madrid’

Los vecinos acudirán a los tribunales si el PGO no reconoce la antigüedad de las casas
EDDC.NET SANTA CRUZ DE TENERIFE
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José Luis Langa, abogado experto en la ley de Costas, expuso el pasado viernes en La Gomera la situación de medio centenar de vecinos en Valle Gran Rey que han visto como sus casas se encuentran afectadas por la citada norma.

El jurista estuvo acompañado por Ignacio González, presidente federal del CCN, y por Pedro Medina, portavoz en el Cabildo gomero de la formación centro nacionalista. González lamentó que CC haya dejado pasar en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado “la oportunidad de modificar la forma en que la ley de Costas afecta a Canarias”.

Según sostiene el CCN, el deslinde en territorio insulares debe considerar sólo 20 metros a partir de la línea de costa, en lugar de los 100 actualmente fijados por la ley en aquellos enclaves que no se califican como urbanizados.

El abogado aconsejó a los afectados que presenten alegaciones al Plan General de Ordenación de Valle Gran Rey actualmente en tramitación para que se incluyan sus viviendas y no queden fueran de ordenación, puesto que en caso contrario se estaría reconociendo que no son casas anteriores a la aprobación de la Ley de Costas, que data de 1988.

Los afectados pidieron a Langa una reunión con el alcalde para que aclare su postura y advierten de que acudirán a los tribunales en caso de que el PGO no reconozca la antigüedad de las viviendas.

Pedro Medina acusó al alcalde de engañar a los vecinos de Valle Gran Rey quien aseguró en su momento que no se iban a tirar las viviendas pero que apoya tras su paso al PSOE la aplicación de la Ley.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia39938.php

DERECHOS HUMANOS E HIPOCRESIA

Recientemente he leído en la prensa nacional, que el Estado israelí ha derribado desde 1967, fecha en la que ocupo Jerusalén Este, más de dos mil viviendas, y que sólo en el periodo 2000-2008,han sido demolidas 647 viviendas de palestinos. Esta noticia no representa algo nuevo para la sociedad. La continua vulneración de los derechos humanos por este país, es portada diaria de la prensa mundial.

Ahora, pretenden demoler 22 viviendas de ciudadanos palestinos, en la llamada “Ciudadela de David”, para crear un parque arqueológico, cafeterías y una zona de ocio dentro de esa capital. Los propietarios, no tienen derecho a una indemnización e incluso tendrán que pagar el costo de las obras de demolición.

La condena internacional, iniciada por varias ONG ubicadas en la zona, es unánime. Desde todos los organismos mundiales, se repiten las declaraciones reprobando esta acción, que es, salvaje, brutal, y vulnera los derechos de las personas. Desde la Unión Europea, se pide el máximo respeto a la Carta de los derechos fundamentales del hombre, y se pide poner fin a estas acciones. España, condena las actuaciones, y pide la rectificación de las actuaciones previstas. Hasta aquí, la noticia de actualidad.
Soy un ciudadano canario, español, y por lo tanto europeo, y no comparto la actuación reiterada del Estado de Israel con los palestinos, pero lo que no comprendo es la hipocresía manifiesta del Estado Español. Si bien condena las actuaciones judías, no puedo comprender, que el Gobierno español, pone en práctica las mismas actuaciones aquí, en suelo español, o mejor dicho, en las costas españolas.

Desde la entrada en vigor de la ley de Costas, de 1988, se han derribado muchas más de dos mil viviendas, y esta ley, afecta actualmente a más de 1.500.000 ciudadanos, cifra esta que aumenta, al mismo tiempo, que se deslindan nuevos tramos de costas. Los propietarios afectados, tienen que pagar la demolición de sus viviendas; y en muchos casos, (más de los que el estado reconoce) se derriban, primeras viviendas, dejando a personas en la calle, y en la más absoluta pobreza. Se derriban casas, para construir paseos, en muchos casos absurdos, como en Cho Vito, Tenerife, donde el paseo, de 300 metros, es para llegar a una central termo-eléctrica. ¿Interés turístico?Detrás de del paseo, la utilización del terreno “ya despejado”, queda sujeto a normas urbanísticas, que en este país, es sinónimo de “especulación” originada en multitud de casos, desde los planes de ordenación de los ayuntamientos. Desde zonas de ocio, cafeterías, muelles deportivos, y urbanizaciones ocupan lo que antes era calificado como “ilegal”. (Desde 1988 hasta la actualidad, se ha degradado más y de una forma más salvaje, todo el litoral español), lo que antes era “confiscado”, ahora es legal. Esta es realidad de la ley de costas en España. Y todo esto, lo defienden nuestros políticos, con la frase “recuperar lo que es de todos”.
Recuperar lo que es de todos. Me pregunto, que dirán las autoridades israelís, al justificar, lo que todos condenamos. Posiblemente la similitud de su justificación, y la española, sea motivo de asombro.
Los derechos humanos, son los mismos para un palestino de Jerusalén Este, que para un vecino de Cho Vito, del Puig, de Cadíz, o de Fuerteventura. Exactamente los mismos. Y es ahí, donde entra la hipocresía del estado español, al defender los derechos de los palestinos, y vulnerar los mismos derechos de los ciudadanos españoles y europeos afectados por esta ley abusiva y confiscatoria, y por su incoherente aplicación.
Quizás, sólo quizás, es más popular condenar lo que todo el mundo condena, la denuncia fácil, sin buscar soluciones, mientras en tu casa, practicas los mismos métodos confiscatorios, más propios de esos estados totalitarios y dictatoriales, que una democracia moderna.

¿QUE DIFERENCIA EXISTE?

Antonio Alonso Orihuela

El nombramiento de la Directora General de Costas, Alicia Paz Antolín, declarado ILEGAL por el Tribunal Supremo

A buenas horas sale la sentencia, ahora que se ha marchado.
Ha estado en su puesto ILEGALMENTE hasta el 1/10/2010 sin ningún problema. ¡¡Menuda estafa!!
FALLO

1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO y anular, por no ser conformes a derecho, las excepciones a la regla general de la reserva funcionarial dispuestas en las normas reglamentarias que a continuación se mencionan: disposición adicional tercera del REAL DECRETO 1130/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Dirección General del Agua y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar;
http://contencioso.es/files/2010/10/STSReserva1.pdf

En el BOE de 1/10/2010 aparece un hecho curioso, el cese y nuevo nombramiento por el Consejo de Ministros de Alicia Paz Antolín.

CESE
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/02/pdfs/BOE-A-2010-15132.pdf

NOMBRAMIENTO
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/02/pdfs/BOE-A-2010-15134.pdf

¿Por qué? Muy sencillo, la sentencia viene a decir que el nombramiento no es conforme a derecho porque no es funcionaria de carrera y su cargo así lo exige.
Su nombramiento, a dedo, el gobierno sabía que era ilegal. Da igual.
En el mismo Consejo de Ministros hacen un nuevo Decreto Ley para que el servilismo siga funcionando y así evitar la independencia de los altos cargos que pueden negarse a obedecer órdenes al no depender su puesto de trabajo de los vaivenes politicos.
La controvertida Ley de la Memoria Histórica tampoco debe ir con ellos porque se les ha olvidado dos cosas: que Franco gobernaba por Decreto y que tenía todo "atado y bien atado".
Hemos pasado de una dictadura a una partitocracia con un funcionamiento similar. La Democracia en España es pura ilusión.

LAS DOS VARAS DE MEDIR DE LA LEY DE COSTAS

Dice el refrán que "quién no tiene padrinos, no se bautiza". Cuantos más casos tendremos que denunciar desde este blog para que se haga justicia.
Todas las ministras han negado, por activa y por pasiva, que la Ley de Costas se aplique sólo a los débiles, a los que no pueden defenderse contra este abominable abuso de poder. Todas las ministras mienten. Lo saben y lo sabemos.

El ayuntamiento de Marbella legaliza el chalé de Banderas
El actor cede 1.243 metros de parcela pero conserva la parte que da al mar
El chalé de Antonio Banderas ya es legal. Tras años y años de pleitos, una de las casas más famosas de la costa malagueña ya tiene su futuro asegurado. El actor ya no tendrá que derribar la parte de su casa más cercana a la playa, como sentenció hace dos años el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El proceso de regularización y compensación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella le ha favorecido y permite ahora que el actor ceda el mismo número de metros de su parcela sin dañar buena parte del jardín que rodeaba la piscina.

La vivienda de Banderas era una de las lujosas mansiones afectadas por una medida que en 2007 adoptó Medio Ambiente para recuperar el tránsito de todos los ciudadanos en las playas de la zona oriental de Marbella, ya que algunas de las casas habían hecho de las calas un coto privado. En un principio, el PGOU de Marbella especificaba que el actor y su familia debían ceder 1.243 metros del terreno en que se asienta el chalé La Gaviota, finca en primera línea de playa que le compró en 1997 a los herederos de la locutora Encarna Sánchez. Esta superficie se iba a recortar en la parte sur de la parcela, la más cercana al mar, lo que suponía dejar la tapia de la propiedad casi encima de la piscina.

Ahora, en cambio, la solución adoptada pasa porque Banderas entregue el mismo número de metros cuadrados, pero en lugar de cederlos todos de la zona sur, lo que dañaría irremisiblemente la parcela, una parte se tomará por esta zona y otra por la zona este, junto a la desembocadura del arroyo Alicate. La decisión no supone un trato de favor exclusivo a Banderas sino que se enmarca en el proceso de regularización y compensación de las más de 10.000 viviendas irregulares construidas durante los años del gilismo.
http://www.elpais.com/articulo/agenda/ayuntamiento/Marbella/legaliza/chale/Banderas/elpepigen/20101029elpepiage_1/Tes

Sentencia contra el chalé de Banderas
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Marbella que ejecute la sentencia de derribo de una ala de la casa del actor
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Marbella que ejecute la sentencia que implicaría el derribo de un ala del chalé que el actor Antonio Banderas tiene a pie de playa. La sentencia es el resultado de un contencioso que tiene con su propia comunidad de propietarios y que ha conseguido que se anule la licencia de obra porque ocupa una zona destinada a equipamiento sanitario, que además invade el dominio público marítimo-terrestre. La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), aseguró que los servicios jurídicos estudiarán la forma de retrasar el derribo.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Sentencia/chale/Banderas/elpepunac/20080125elpepunac_1/Tes
ASOCIACIÓN EUROPEA DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS.

Otra sentencia" firme "de demolición que no se cumple.

Siempre pasa igual, Siempre son los mismos los que pagan, los que tienen que cumplir.

¿QUEDA ALGUIEN QUE PIENSE QUE LA LEY ES IGUAL PARA TODOS?

MIENTRAS EXISTAN CASOS COMO ESTE, CHO VITO TENDRÁ MÁS RAZÓN EN SU LUCHA.

.«El Gobierno usa la ley de Costas para especular»

Los afectados por los deslindes critican que el Ministerio actúa de forma arbitraria y ningún propietario tiene su casa segura
17.10.10 - 00:55 -
M. J. C. VALENCIA.
Miles de propietarios se han quedado sin casa en la Comunitat Valenciana por los deslindes que ha llevado a cabo en los últimos años el Ministerio de Medio Ambiente con la ley de Costas en la mano. Ni siquiera José Serra, de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas, sabe cuántas personas se han quedado sin techo. O viven «de prestado», en terrenos que ya no son de su propiedad porque así lo han decidido en un despacho de Madrid. «Y lo que es peor, nadie está seguro. En cualquier momento el Ministerio puede modificar la línea del deslinde y apropiarse de más viviendas», dice Carmen del Amo, que preside otra entidad similar.
En 1988 se aprueba la ley de Costas, que prevé que los primeros 100 metros de costa pasen a dominio público. Desde entonces, los vecinos podrán vivir en esas viviendas durante 60 años. O no. Porque en cualquier momento pueden decidir que deben derribar. «Recuperación posesoria, lo llama la ley».
Y todo depende de que Costas quiera regenerar o no esa playa. Como lo que ha sucedido en el Puig. «Se ha trasvasado arena a las playas del sur y el norte y no al tramo donde estaban las casitas de pescadores que querían derribar, y que tenían más de un siglo de antigüedad. Así que se han quedado al borde del mar, cuando en los años 50 tenían por delante más de 100 metros de playa. Y el Ministerio ha sido tajante. «¿Por qué se deja aplicar una ley de forma retroactiva? Las escrituras son papel mojado», explican desde la asociación.
Lo mismo está ocurriendo en el Saler. «El informe ambiental de la ampliación del puerto de Valencia condicionaba su aprobación a que las playas del Saler se regeneraran todos los años, porque sin nueva arena iban a desaparecer. Costas no ha cumplido y kilómetros están en serio peligro». Que se lo digan a los vecinos de la urbanización La Casbah, que ven impotentes cómo el mar amenaza sus casas. No pueden hacer nada.
La ley de Costas contemplaba que los deslindes se ejecutarían en cinco años. Fecha límite: 1993. «En casi 20 años el Gobierno ha dejado construir miles de kilómetros cuadrados de litoral que ahora han pasado a manos de Costas. Y ha sido un auténtico desmadre». Del Amo critica además que el Ministerio se está cebando con los pequeños propietarios. «La mayoría tenían su casa junto al mar antes de aquella ley. Pero esto no ha terminado. La Unión Europea está investigando al Gobierno español. Estamos a la espera de un informe de Derechos Humanos. Estamos luchando contra las arbitrariedades».
http://www.lasprovincias.es/v/20101017/comunitat/gobierno-costas-para-especular-20101017.html

EL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS CONSIGUE EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DE CREAR UNA COMISIÓN TÉCNICA ESPECÍFI

Durante la reunión en Madrid se concretó la redacción de proyecto y futuras partidas económicas para la creación de senderos en el litoral aruquense.


Tras el encuentro, el Grupo de Gobierno local se reunió con los vecinos de San Andrés y El Puertillo para exponer y aclarar la situación del Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte, trasladándose un mensaje de calma.


Ninguna casa será derribada para hacer un paseo marítimo si el Ayuntamiento de Arucas no quiere.


Arucas, 23 de enero de 2010.- El alcalde de Arucas, Juan Francisco Padrón, el primer teniente de alcalde, Ángel Víctor Torres, y el director de la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, Ernesto Tudela, se reunieron el pasado miércoles, día 20 de enero, en Madrid con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz Antolín, y con el subdirector, Miguel Velasco, para tratar diversos asuntos relacionados con el municipio.


Como resultado de este encuentro, que fue anunciado en el Pleno municipal celebrado el pasado 28 de diciembre, y ante la problemática existente en los núcleos costeros del municipio tras la definitiva aprobación del deslinde en marzo de 2006, la directora general aceptó la propuesta del Ayuntamiento norteño de crear una Comisión Técnica Específica con presencia de ambas instituciones para consensuar actuaciones en el municipio.


En esta Comisión Específica podrán integrarse tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria, además de los Ayuntamientos de Santa María de Guía y Moya, que comparten una situación similar a la de Arucas con el Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte, en estos momentos en fase de avance y en exposición pública.


Tras este encuentro en Madrid, el Grupo de Gobierno municipal se reunió con los vecinos de San Andrés y El Puertillo para aclarar la situación con el Plan Territorial del Litoral del Norte, que desarrolla el Plan Insular de Ordenación aprobado definitivamente por el Cabildo de Gran Canaria en diciembre de 2003.


El próximo viernes, día 29 de enero, y una vez informado técnicamente, se celebrará previsiblemente un pleno municipal para que el Ayuntamiento aruquense exponga sus sugerencias con respecto a ese documento.


En ese sentido, el Grupo de Gobierno local quiere trasladar a los vecinos un mensaje de calma. Asimismo, anuncia que ninguna casa será derribada para hacer un paseo marítimo si el Ayuntamiento no quiere. Si en su caso así lo decidiera la Corporación Municipal, y sería un proceso largo en años, el paseo nunca comenzaría sin que previamente los propietarios fueran reubicados.


En cualquier caso, y para las viviendas que están en dominio público de manera definitiva desde el año 2006, fecha en que se aprueba definitivamente el Deslinde de Dominio Público Marítimo Terrestre, el Consistorio aruquense, a través de las Concejalías de Vivienda y Servicios Sociales, culminará un trabajo de estudio individualizado para analizar la situación jurídica y socioeconómica de cada familia.


En otro orden de cosas el Ayuntamiento arrancó el compromiso de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de que esa institución corriera con los costes de la ejecución de senderos en el litoral aruquense desde la Punta de Camello a Tinocas, incluso por fases, una vez ponga el Ayuntamiento a disposición del Ministerio los suelos necesarios para ello.

Cada día, son más los alcaldes, y las coporaciones municipales, que se niegan a facilitar a la Dirección General de Costas, los derribos de viviendas en sus municipios.

Queda claro, que LOS ALCALDES, TIENEN EL PODER DE DECISIÓN EN LOS DERRIBOS DE LAS VIVENDAS DE LAS COSTAS,

Con lo cual, "¿CUAL FUE EL PRECIO DE LA TRAICIÓN EN CANDELARIA?

¿CUANTAS MONEDAS DE PLATA TE DIERON POR CHO VITO? ALCALDE.

MENTIRAS Y MÁS MENTIRAS

El subdelegado del Gobierno defiende que quedan 4 familias en Cho-Vito y que el deslinde es anterior a muchas casas
26/oct/10 19:19 Santa Cruz de Tenerife, Europa Press

El subdelegado del Gobierno de España en Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista, ha insistido en que en la actualidad hay 4 familias en el poblado de Cho-Vito, pues tres de ellas han accedido a una vivienda social, además, de argumentar que existen documentos que hablan de obras hechas sin autorización a finales de los años 70.

Este dato, parece no coincidir con la verdad, de las escrituras. Hay alguna que data de 1953, debidamente registrada. A principios de los 60, existía un bar, que contaba con todos los permisos, y que le daba de comer a los obreros que estaban construyendo la central de Unelco.

Batista, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que la reunión celebrada en Madrid entre las administraciones se ha acordado este retraso en el desalojo voluntario de las casas. "Con Cho-Vito no va a pasar nada que no sepa todo el mundo", ha explicado el socialista que ha considerado que dicho acuerdo se ha interpretado de forma desacertado.
"El acuerdo de Madrid lo que establece es una ampliación del plazo para el desalojo voluntario de los vecinos... y de los propios interesados... cuatro en total... para que traten de resolver el problema de la vivienda. En cualquier caso, el plazo acaba el 30 de noviembre", ha dicho el subdelegado que ha insistido en que existen sentencias detrás que avalan los derribos, así como que el proceso ha sido desarrollado a lo largo de los años con el acuerdo de formaciones de distinto color político.
"En el caso de Cho Vito quedaban 7 familias. Tres ya tenían viviendas adjudicadas; 2 familias se lo están pensando... y 2 no se han posicionado aún", ha explicado José Antonio Batisa que ha insistido en que "las actuaciones de Costa lo que tratan es que el dominio público quede libre para todos los ciudadanos".
Otra de las cosas que ha puntualizado es que se ha hablado en todo este tiempo del interés de un poblado histórico, pero en realidad --"tenemos documentos que lo demuestran"-- son de finales de los años 70 y construidos además contra la voluntad de la corporación local que cuenta con informes de denuncias contra vecinos que levantaban las casas sin licencia o permiso, a pesar, incluso de que el deslinde del Dominio Público ya lo impedía.
"Yo lo tengo documentado de finales de los años 70 en donde se pedía la actuación de la Jefatura Provincial para las construcciones clandestinas que se estaban construyendo en Cho Vito y no se puede hablar de poblados históricos, pues que en términos históricos son muy recientes", ha matizado el subdelegado en Tenerife.
"Hablamos del año 79. No vale el argumento de que eran anteriores a la Ley de Costas de 1988 pues además de que nuestros derechos son inalienables, inembargables e imprescriptibles, la zona estaba deslindada desde antes de los años 70. Los que construyeron sabían que estaban construyendo en terrenos públicos...", ha declarado Batista que ha insistido en que esta demolición no es de ahora.
"Existe un proyecto de un paseo aprobado en 2003", ha advertido para insistir en que se está hablando sólo de las demoliciones, pero realmente se trata, en su opinión, de la recuperación y mejora de la costa para todos los ciudadanos en las que el Estado ha invertido "miles de millones" en distintos puntos de la geografía costera canaria.
http://www.eldia.es/2010-10-26/tenerife/4-subdelegado-Gobierno-defiende-quedan-familias-Cho-Vito-deslinde-es-anterior-muchas-casas.htm

La fotografía demuestra, que incluso, despues del deslinde en el 1969, (la foto es de 1970-72)

el mojón del deslinde esta delante de la terraza de la vivienda, con lo cual la vivienda esta fuera del domino público.

Lo curioso,es que esta vivienda, con escritura de 1953 esta demolida, siendo primera vivienda.

Sr Batista, el proyecto de Cho vito, y la historia de su derribo, no es de todas las fuerzas políticas.Ha sido y es el PSOE, al que usted pertenece, el que promueve el derribo.

Costas comienza a revisar el deslinde en la calle de La Arena

El documento se encuentra en exposición pública y afecta a la fachada de los inmuebles de la primera línea, en el caso de mantenerse la delimitación establecida en 1969. El Plan General contempla el mantenimiento de las casas.
25/oct/10 07:50
J.A. MEDINA, Candelaria
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha puesto en exposición pública el proyecto de revisión del deslinde marítimo-terrestre en la zona de la calle Obispo Pérez Cáceres (popularmente conocida como calle de La Arena), del término municipal de Candelaria. El documento afecta a una de las áreas más relevantes de la Villa Mariana puesto que se trata de la vía comercial por excelencia y la ruta principal de acceso al primer templo mariano de Canarias, la Basílica de Candelaria.
En la actualidad, los inmuebles afectados por el deslinde marítimo-terrestre son los que se encuentran en la primera línea, si bien el Plan General de Ordenación (PGO) de la Villa contempla el mantenimiento de las viviendas así como la zona de tránsito que establece la Ley de Costas. Se trata de seis metros que deberán quedar libres y de los que dispondrá la administración central según se vaya procediendo a la renovación de las construcciones existentes. De momento, dichas edificaciones no pueden ser objeto de obra alguna.
La franja de la calle de La Arena situada entre la plaza de la Patrona y "el puentito" (un poco más de la mitad de su trazado) es aquella en la que es más probable una actuación de este tipo teniendo en cuenta que se trata de construcciones más antiguas y en peor estado de conservación, mientras que en el tramo situado hasta el cruce con las calles Constitución, Condes de Abona y Los Príncipes la tipología de las edificaciones es cerrada y consolidada, siendo un parque constructivo más reciente.
El Servicio Provincial de Costas de Tenerife está remitiendo la correspondencia a través de la que informa a los afectados y al ayuntamiento de esta revisión del deslinde marítimo-terrestre, que abarca la zona comprendida entre el refugio pesquero de la Villa Mariana y la Cueva de San Blas. Se da la circunstancia de que este es uno de los escasos lugares de la Isla en el que aún no se ha procedido a la actualización de esta delimitación, por lo que lo vigente se corresponde con el deslinde original, que data de 1969. Por tanto, ese es el dato de referencia con el que fue elaborado el Plan General de Ordenación, vigente en Candelaria desde el 18 de mayo de 2007.
Los vecinos de Cho Vito ya han anunciado que estarán atentos a la tramitación de este expediente. Dejando claro que no quieren que le tiren la vivienda a nadie, el argumento fundamental para explicar esa vigilancia es "evitar un trato discriminatorio", teniendo en cuenta que en el tramo afectado por el deslinde marítimo-terrestre de la calle de La Arena tienen propiedades inmobiliarias tanto el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, como su padre.
Antecedentes
La Villa Mariana es uno de los municipios en los que los efectos de la recuperación posesoria del deslinde marítimo-terrestre más polémica suscita. Cho Vito, demolido en gran parte desde el mes de octubre de 2008, todavía sigue generando controversia. La penúltima referencia es la citación, para el próximo 11 de noviembre, de nueve propietarios a los que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino indemnizará en un acto a celebrar en los bajos de la plaza de Las Caletillas. De esos nueve, seis ya no tienen viviendas en el lugar desde hace más de dos años.
Bajo la Cuesta, núcleo próximo a Cho Vito, está pendiente de la resolución judicial porque también corre el riesgo de desaparecer tras la revisión del deslinde.
En Playa de la Viuda hay proyectado un paseo que afecta a más de unas treintena de casas, sobre las que ya existe expediente para acometer su demolición.
Los que sí parecen haber encauzado su problema son los vecinos beneficiados con la anulación, por parte de la Audiencia Nacional, del deslinde que se les aplicó en la zona de Punta Larga para la realización del sendero litoral entre La Galera y la avenida costera, que afectaba a parte de las zonas de ocio de varias propiedades privadas.
http://www.eldia.es/2010-10-25/sur/1-Costas-comienza-revisar-deslinde-calle-Arena.htm

Cuando el Estado decide si tu casa es tuya (la Ley de Costas)

Una de las condiciones imprescindibles para el desarrollo y la supervivencia de una sociedad es el respeto jurídico del derecho de propiedad. Allí donde éste no existe o es deficitario, el progreso se paraliza y la miseria parece eternizarse. Precisamente ese es el argumento que expone el economista Hernando de Soto en su libro "Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo", donde afirma que una de las principales causas de la falta de desarrollo muchos países del tercer mundo es la deficiente definición y plasmación de los derechos de propiedad en sus ámbitos de control. Sin resolver este problema, estos países nunca podrán conseguir los niveles de riqueza económica de la que actualmente disfruta las naciones desarrolladas.

En 1969, una Ley de Costas reguló la propiedad de los llamados bienes del dominio marítimo, definiendo la zona marítimo-terrestre. En base a esta ley, muchas propiedades fueron inscritas en los correspondientes registros de propiedad. De esta forma, los derechos de todos estos ciudadanos quedaban perfectamente protegidos.

Pero hete aquí que en 1988 se aprueba una nueva Ley de Costas que vuelve a definir lo ya definido en 1969. En su artículo 8, la nueva ley afirma lo siguiente:

"(…) no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad."

Y casi al final de la misma, en la disposición transitoria primera, podemos leer:

"(…) los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la presente Ley pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha. La concesión se otorgará por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes (…)"

¿Qué ha pasado? Pues simplemente que personas que habían cumplido con la ley y tenían perfectamente definidos sus derechos de propiedad han sido privadas de sus bienes. Podría afirmarse que esto no deja de ser algo habitual, pues las expropiaciones por interés público se dan con frecuencia hoy en día. Pero existe una diferencia importante. Cuando se realiza una expropiación, se paga al expropiado una cantidad que compense su perdida. Sin embargo, esto no ocurre al aplicar la vigente Ley de Costas. No se indemniza verdaderamente, solamente se da una concesión finita en el tiempo que dista mucho de ser suficiente para compensar la perdida de la propiedad.

Además, en ocasiones, los deslindes (el acto que dictamina hasta donde llega el límite de la zona marítimo-terrestre) se realizan de forma discrecional, sin las suficientes garantías técnicas, dejando al criterio subjetivo de la Administración la perdida de la propiedad. Tal fue el caso de la zona conocida como "Punta Larga" del municipio de Candelaria, donde una resolución de la Dirección General de Costa fue anulada por los tribunales por la razón comentada. En otras ocasiones, una propiedad, una simple choza incluso catalogada como pieza arqueológica, pretendía ser demolida alegando el cumplimiento de la Ley de Costas.

Puede que todo lo narrado sólo sea sólo una "mancha" en la correcta legislación que protege la propiedad en España. Pero, seguramente esto no sirva de excusa a todos aquellos que han perdido sus propiedades y que vivirán pensando que ha sido el Estado el que ha incumplido el séptimo mandamiento: "NO ROBARÄS"

Tomás González acusa a Costas de tratar de confiscar las propiedades a los vecinos de Cho Vito y advierte que se está contraviniendo el acuerdo entre

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito afectados por la Ley de Costas, analizó en el programa La Trapera de Radio San Borondón el anuncio en el BOP de la orden por la que los vecinos serán indemnizados el próximo 11 de noviembre para llevar adelante el proyecto paseo y demolición de las viviendas del citado poblado marinero y recuerda que los vecinos plantearon el recurso a la expropiación en su momento y es hoy el día en que se han enterado de algo gracias a la publicación en el BOP de esta orden.

Tomás González dijo que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la orden de indemnización a los vecinos de Cho Vito se puede entender en el sentido del refrán la “pescadilla que se muerde la cola”, puesto que de las nueve personas que aparecen en dicha publicación, tres son edificaciones existentes, mientras que las restantes ya fueron derribadas en octubre de 2008.

Desde su punto de vista, esta publicación es una muestra más de lo mal que han hecho las cosas en Cho Vito puesto que primero se tiraron las viviendas al suelo y después se hizo el expediente de recuperación o la expropiación forzosa, siendo este hecho uno de los litigios abiertos por los vecinos.

Esta noticia ha salido a la luz pública este viernes, de ahí que los vecinos estén analizando la situación, si bien una cosa que está clara es que seis de las nueve viviendas fueron destruidas en octubre de 2008 y que primero se tiraron esas casas y después se adueñan de los terrenos a través de una expropiación forzosa.

El portavoz vecinal indica que este caso ya está en manos de los abogados que llevan la defensa de su lucha porque hablamos de viviendas que realmente no existen ya, al tiempo que afirma que esta política de hechos consumados es la característica principal de Costas, porque primero tiran la casa para posteriormente apropiarse de algo que es suyo y con el paso del tiempo se paga una indemnización por la expropiación.

González insiste en que con la publicación en el BOP de esta orden para indemnizar a los vecinos por las expropiaciones forzosas dos años después de haber derribado sus viviendas, queda en evidencia que Costas se ha aprovechado de los terrenos de los vecinos afectados sin previamente haberlos pagado y sin haber realizado la expropiación acorde a lo que la Ley establece.

Recuerda que los vecinos plantearon el recurso a la expropiación en su momento y es hoy el día en que se han enterado de algo gracias a la publicación en el BOP de esta orden, dicho lo cual afirma que hay cosas que no encajan dentro de los propios acuerdos firmados hace algo más de un mes en Madrid entre gobierno estatal, canario y cabildo de Tenerife y que salvó las demoliciones del poblado, ya que explica que desde el mes de septiembre del relevo en el Ministerio de Elena Espinosa, pero no contemplaron que no fueran a respetarse los acuerdos firmados entre las administraciones públicas en virtud de las competencias que tienen cada una.

Tomás González advierte que se está contraviniendo el acuerdo del pasado 10 de septiembre porque a pesar de que se han hecho algunos movimientos para que no se venzan los plazos, algo que demuestra que los titulares de los terrenos son los vecinos que vivían en Cho Vito, mientras hablamos de casas que ya están en el suelo.

Desde su punto de vista, esta publicación forma parte de la misma estrategia de siempre por la que Costas pretende salirse con la suya aunque para ello se salten los acuerdos alcanzados entre las administraciones implicadas, ya que recuerda que el acuerdo firmado en Madrid en septiembre iba en el sentido de considerar a Cho Vito como un espacio para conservar por sus características, al tiempo que se abría la posibilidad de reconstruir la parte que fue derribada en 2008.

Entiende que lo razonable en este problema sería respetar los acuerdos escrupulosamente, la propia Ley 7/2009, las resoluciones del Parlamento y que los nueve vecinos que viven en Cho Vito no se vean a partir del mes de noviembre en la calle, ni que primero tiren las casas y al cabo de los años les den una miserable indemnización por recuperar lo que era suyo.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia39401.php

´El Gobierno podría cargarse el Salobrar si aplicase su comunista Ley de Costas´

La emblemática salinera de Campos seguirá todos los trámites legales para seguir siendo privada
"Cuando tenemos una Ley de Costas disparatada cualquier disparate es posible". En esta línea, reconociendo seria preocupación, se expresa el ingeniero José Ortega Anduiza (Bilbao, 1942), presidente del consejo de administración de Salinas de Levante S. A. desde hace unos ocho años. Su padre, Ivon Ortega, fue uno de los fundadores de la empresa a mediados del pasado siglo. Advierte de que la polémica ley que el Gobierno central pretende aplicar les supone elevados costes de abogados y asesoramiento técnico, además de limitarles diferentes acciones de mejora de la emblemática salinera de Campos.
–¿Cuál es la situación actual de la salinera ´campanera´ afectada por la Ley de Costas que Madrid quiere aplicar?
–Es un momento muy delicado. Hay una gran preocupación de cara al futuro.

–¿Qué reivindica la empresa?
–Poder mantener la propiedad privada y continuar produciendo sal por tiempo indefinido. Especulación, ninguna.

–¿En qué se basa Madrid para adueñarse de sus terrenos?
–En que el nivel del mar está por encima de los terrenos que quiere coger aunque estén a varios kilómetros del agua. En los Países Bajos, según esta ley, gran parte del territorio dejaría de ser privado. No es serio. El Valle del Guadalquivir y el Valle del Ebro estuvieron inundados por el mar. Pero no es esta la cuestión. Se trata de que la Administración se quiere quedar con el terreno con un pago insultante sin expropiación y por tanto sin justiprecio cuando la Constitución defiende la propiedad privada. La discutida ley dice que el pago consistirá en una concesión de los terrenos por treinta años con un canon gratis y otros treinta años con un canon simbólico. Económicamente nos tienen cogidos de forma que pueden quedarse con los terrenos porque posiblemente no podríamos abonar el canon. Del todo inaceptable.

–¿Qué podría costar en venta toda la salinera, que ocupa unas 140 hectáreas?
–Esto es incalculable.

–Si el Gobierno central llegase algún día a adueñarse de la salinera, ¿qué podría entonces ocurrir?
–El Gobierno central podría cargarse el Salobrar si aplicase su comunista Ley de Costas. Un desastre ecológico del cual el Ejecutivo Zapatero sería el responsable directo. Cabe recordar que desde la playa de es Trenc una bomba impulsa agua hasta la salinera. De no seguir este mantenimiento diario, constante, podría resultar un grave abandono, perjudicando fauna y flora. Extraordinaria variedad de aves frecuentan el lugar. Se causarían daños irreparables.

–Por ello, lucharán hasta el final.
–Efectivamente. Vamos a seguir todos los trámites legales en España, llegando si es necesario hasta la última instancia de los tribunales europeos. Todos los pasos legales, largos y costosos. De hecho, junto con otras salineras del país, plataformas, entidades y otros colectivos de afectados por la Ley de Costas estamos haciendo frente común.
–¿Podría el Gobierno central promover determinados proyectos urbanísticos si un día fuese el titular de las salineras?
–No puede descartarse este extremo. En cierto modo, la gente vinculada al sector de la sal teme que, aparte de cargarse espacios naturales, el Gobierno central podría luego vender a otros o promover por su cuenta la construcción de hoteles en áreas concretas o campos de golf. En definitiva, en tiempos de arriesgada climatología y crisis, la Administración está echando anímicamente un jarro de agua encima de aquellas empresas que desde hace muchos años vienen generando actividad económica y creación de puestos de trabajo.
–Desde hace bastantes años, la conselleria de Medio Ambiente del Govern confecciona un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de es Trenc-Salobrar de Campos, abogando por instaurar la figura de parque y paraje natural. Salinas de Levante S. A. desea abrir sus instalaciones al público y organizar rutas.
–Así es, siempre en consonancia con el sentido de un parque natural, con máximo respeto al medio ambiente. Esta iniciativa sería en beneficio del pueblo bien sea autóctono o extranjero, repercutiendo muy positivamente a la isla. La empresa también obtendría unas determinadas cantidades económicas que contribuirían al buen mantenimiento de la actividad profesional y del medio ambiente. Creemos que estas rutas de visitas guiadas son perfectamente compatibles con la sal y la protección de la naturaleza.

–¿Cómo marcha el negocio de la sal?
–Bien. Hay perspectivas de seguir creando nuestra sal de toda la vida e innovar con sal de diseño para potenciar la empresa. Existe sinergia con el nuevo establecimiento colaborador situado en el mismo complejo, por lo que con la Flor de Sal hay buenas expectativas. Si Costas no nos roba.

¿En qué se diferencia el gobierno de España del de Venezuela? En una sóla cosa, que al menos Chavez tiene el valor de salir por la televisión anunciando las confiscaciones. Si ZP saliera anunciando la confíscación de CIENTOS DE MILES de propiedades públicamente, no puedo ni imaginar el escándalo internacional que se liaría.

Suspendida cautelarmente la demolición del hotel Médano

La Audiencia Nacional ha atendido a las alegaciones presentadas por la propiedad del edificio que está precatalogado en el Plan General del municipio


Bernardo Morales

Granadilla

La Audiencia Nacional ha resuelto suspender cautelarmente el decreto de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, por el cual se ordenaba la demolición de parte del hotel "Médano", situado en el núcleo del mismo nombre, en el municipio sureño de Granadilla. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, la Audiencia Nacional ha atendido las alegaciones presentadas por la propiedad del hotel, que está precatalogado dentro del Plan General de Ordenación (PGO), además de tratarse de una actividad abierta, lo que causaría daños de difícil cuantificación. Puestos en contacto con la alcaldesa de Granadilla, la nacionalista Carmen Nieves Gaspar, ha confirmado dicha resolución y mostró su satisfacción por la postura adoptada por la Audiencia Nacional.

"Ha sido un éxito de todos –manifiesta la alcaldesa- tanto por la campaña emprendida en contra de la decisión de Costas, y en particular por la propiedad del hotel. Esta suspensión cautelar, -añade- nos permitirá un margen de actuación de lo que estoy convencida que concluirá con el mantenimiento de este emblemático edificio para las futuras generaciones. Es una buena noticia y todos nos congratulamos de ella".

Desde que el organismo estatal tomó la decisión de demoler parte de este emblemático hotel, se ha originado una fuerte polémica no sólo en el núcleo de El Médano, sino en el municipio en general.



Un referente

Construido hace unos cuarenta años, se ha convertido en un referente de esta localidad. El Ayuntamiento inició una campaña de publicidad y de mentalización de la población, no sólo de Granadilla sino de toda la Isla. Esta campaña todavía continua y se recogen firmas por diferentes puntos de la isla y en las puertas del Ayuntamiento. Como indica Carmen Nieves Gaspar, "seguiremos con esta campaña hasta que se suspenda la demolición del hotel de forma definitiva".

La alcaldesa destaca que el hotel se levanta donde antiguamente existía un empaquetado de tomates y cuando se construyó, -afirma- "no estaba la Ley de Costas". "Fue el primer hotel del sur y de este establecimiento viven cuarenta familias", añade.

Su construcción benefició al primer tramo de la playa, al protegerla de los vientos que dominan esta zona, de ahí que sea un lugar ideal para celebrar campeonatos de windsurfing incluso a nivel internacional así como otros deportes relacionados.

Pero la decisión de Costas no sólo se quedó en la demolición de parte del hotel, sino que continuaba con las construcciones colindantes, según reflejaba un anteproyecto de remodelación de todo el frente litoral, donde se tenía previsto construir un solarium y un nuevo paseo marítimo. Esto indignó aún más a los vecinos de este pueblo costero, pues para ellos, la mayoría, el hotel y sus alrededores son parte de su historia. Por el momento, con esta suspensión cautelar, como indica la alcaldesa, da tiempo para seguir luchando en contra de la decisión de Costas en llevar a cabo la demolición.