Tras la polémica levantada por la Ley de Costas y la afección a un gran número de núcleos poblacionales en el Archipiélago, finalmente el texto fue aprobado definitivamente por el Gobierno central. Pese a ello, como ya lo lleva haciendo en el período de su elaboración, la consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León, mostró su rechazo al documento, ya que asegura “no resuelve los problemas y no tiene en cuenta las singularidades de Canarias”.
Asimismo, como señaló a DIARIO DE AVISOS, la Corporación insular vigilará que la normativa se cumpla de manera adecuada en la Isla. En cuanto a la posibilidad de declarar alguno de los núcleos afectados como Bien de Interés Cultural (BIC), De León señaló que aunque de momento no está previsto, este procedimiento no se descarta si se cumplen los requisitos históricos culturales y etnográficos oportunos.
“Desde que se comenzó a tramitar siempre dije que la Ley de Costas era una oportunidad importantísima para el futuro de Canarias, con el fin de que la normativa recogiera las singularidades de los pueblos de las Islas, que como territorio insular siempre ha estado vinculado a la costa”, matizó al consejera. Además, señaló que tuvo diferentes conversaciones con los senadores canarios con el fin de que se tuvieran en cuenta una serie de modificaciones, que finalmente no se incluyeron.
“Yo no digo que todos los núcleos afectados haya que salvarlos, pero se tenía que haber hecho un estudio y analizarlo”, precisó De León. Además, en nombre de la Corporación insular volvió a reclamar las competencias en materia de costas, ya que aseguró que como ocurre en otras comunidades autónomas, deben ser las instituciones canarias las que gestionen esta parte del territorio.
Cabe recordar que, según los datos que baraja la Delegación del Gobierno en Canarias, en Tenerife se ven afectados por esta normativa 22 núcleos con 672 ocupaciones.
Exigen más competencias
La consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León, abogó también por que las corporaciones insulares asumieran más competencias en esta materia, delegada a través de la Comunidad Autónoma. Además, reclamó el liderazgo para los cabildos en la elaboración de los planes municipales de ordenación, al igual que todos aquellos asuntos que sean de interés para el futuro de Isla.
La responsable del área informó de que en estos momentos su departamento está trabajando en dos documentos de planificación “importantísimos” para la economía de Tenerife. Uno es el Plan Insular de Telecomunicaciones, que dará solución a los emplazamientos ilegales, y el Plan de la Actividad Industrial. A ello se suman otros textos de otras áreas como el de Turismo, Transporte, el de los trenes del Norte y el Sur y el de Agricultura.
http://www.diariodeavisos.com/pino-leon-esta-ley-costas-tiene-en-cuenta-singularidades-insulares/
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
sábado, 8 de junio de 2013
Nueva Ley de Costas
La nueva Ley de Costas del Partido Popular, que en realidad es una modificación de la vigente desde 1998, está muy por debajo de las expectativas que el propio Gobierno central propició en el inicio de su tramitación. Para empezar, no es cierto que contribuya a flexibilizar la interpretación sobre los usos en el litoral, sobre todo si lo que preocupa al ciudadano, y al ciudadano canario en particular, es la seguridad jurídica de aquellos núcleos costeros existentes desde hace décadas, los que acogen población estable y actividades relacionadas con el litoral. Todo lo contrario, oiga. Con las herramientas que ofrece la normativa, aquellos que ostentamos alguna responsabilidad en materia de gestión territorial haremos lo posible para atender las demandas justificadas, para nada abusivas, de nuestros convecinos. Lo haremos por un ejercicio elemental de responsabilidad que no tiene nada que ver con la elaboración o no de un censo de núcleos costeros isleños que el Ejecutivo central ya tiene, y que se encargó de atacar vía recurso constitucional contra la ley canaria que intentaba poner un poco de cordura en este asunto. Esa norma autonómica se encuentra suspendida de modo cautelar por el Alto Tribunal, lo cual es una lástima, porque se trata de una normativa que se esfuerza en serio por compatibilizar el disfrute colectivo del litoral, principio irrenunciable, con la supervivencia de primeras residencias consolidadas y dotadas de los servicios públicos propios del suelo urbano. Eso es sentido común, defender a la gente, eliminar los abusos y sobre todo tratar a los ciudadanos por igual. Porque es ese, el de la arbitrariedad, el mayor vicio de la nueva normativa estatal. En primer lugar está el asombroso hecho de que una reforma de este calado no haya pasado por el trámite preceptivo de un informe a cargo del Consejo de Estado. Y luego viene lo peor. Un anexo de la nueva norma exime a doce núcleos concretos de toda exigencia respecto al respeto de la zona de dominio público. Lo hace, obviamente, sin explicación alguna, sin justificar tan clamorosa excepción, por lo general asociada a la existencia de viviendas de elevado coste a muy escasos metros de la línea de pleamar. Uno de estos casos raros, los expedientes X que tiran por tierra toda la credibilidad del legislador, es el puerto de Santa Pola, Alicante. El mismo municipio en el que el presidente Mariano Rajoy tiene su plaza de registrador de la propiedad. Que cada cual obtenga sus conclusiones.
Juan Manuel Bethencourt.
http://www.diariodeavisos.com/nueva-ley-costas-por-juan-manuel-bethencourt/
jueves, 6 de junio de 2013
El Tribunal Supremo cierra la última puerta a El Golfo, rechazando un recurso del Ayuntamiento de Yaiza contra el deslinde
LA NUEVA LEY DE COSTAS, NO SALVA LOS NUCLEOS COSTEROS DE CANARIAS
El Tribunal Supremo ha dado por bueno el deslinde de 100 metros en El Golfo, rechazando el recurso presentado por el Ayuntamiento de Yaiza y declarando firme la sentencia dictada en 2009 por la Audiencia Nacional. Así, ha cerrado la puerta al intento de “salvar” las construcciones de este núcleo costero.
En su sentencia, fechada el pasado 22 de mayo y contra la que ya no cabe recurso ordinario, el Tribunal Supremo rechaza los motivos alegados por el Consistorio, que pretendía que se anulara la orden ministerial del 19 de julio de 2006, por la que se aprobó “el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la parte norte de El Charco de los Clicos y el final del núcleo urbano de El Golfo”.
Además, la sentencia condena al Ayuntamiento de Yaiza a pagar las costas generadas por este recurso, aunque fija un límite de 3.000 euros.
Larga historia de varapalos judiciales
Esta no es la primera vez que el Supremo falla contra los afectados de El Golfo. En octubre de 2012, el Tribunal rechazó un recurso presentado por 38 vecinos, que también emprendieron por su cuenta esta batalla en los tribunales contra el deslinde.
Además, el pasado mes de noviembre, el Supremo cerró las puertas al intento del Gobierno de Canarias para salvar este pueblo. El Ejecutivo regional, a través de la COTMAC, aprobó en 2007 un acuerdo reconociendo que El Golfo contaba “con las características de consolidación propias del suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de Costas”.
Ese acuerdo de la COTMAC fue recurrido por el abogado del Estado, que consiguió una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando ese acuerdo. Tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Yaiza presentaron un recurso contra esa sentencia, pero el pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó también sus pretensiones y declaró firme el fallo del TSJC.
Sin pruebas de su carácter urbano
Tras esta larga batalla judicial, no se ha conseguido acreditar que El Golfo fuera un núcleo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, lo que hubiera permitido salvarlo. Las sentencias dictadas hasta la fecha, incluida esta última del Tribunal Supremo, recuerdan que ni el Plan Insular ni el Plan General de Yaiza contemplaban ese suelo como urbano.
Por eso, los argumentos del Ayuntamiento y de los vecinos se han centrado en acreditar que, pese a no estar reconocido como urbano en el planeamiento, sí estaba consolidado como tal antes de 1988. En esos casos, la Ley de Costas contempla excepciones, en las que el deslinde se sitúa a un máximo de 20 metros, y no de 100, como se ha aplicado en El Golfo.
Para acogerse a estas excepciones, es necesario acreditar que la edificación en la zona estaba “consolidada” antes de esa fecha o que los terrenos “disponían de los servicios exigidos en la legislación urbanística”. Sin embargo, el Supremo reproduce el contenido de un informe elaborado en enero de 2005 por el jefe de servicio de Ordenación Urbanística de la Cotmac, en el que “refleja que a la entrada en vigor de la Ley de Costas, no se contaba en dicha zona con suministro de energía eléctrica (se realizaba con grupos generadores por medios propios) ni abastecimiento de aguas, ni red de evacuación, etéctera”.
A la causa también se aportó una fotografía de 1985, que según el mismo informe de la COTMAC, sí acreditaría que la zona tenía en ese momento una “consolidación edificatoria suficiente”. Sin embargo, la Audiencia Nacional no consideró que esa imagen probara el carácter urbano de la zona (recuerda que para ello tendría que haberse alcanzado una edificación de dos terceras partes del suelo). Ahora, el Tribunal Supremo ha dado por buena la valoración de la prueba, rechazando los alegatos del Ayuntamiento de Yaiza en su recurso y dejando en una delicada situación a los vecinos y empresarios de El Golfo.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76960.html
El Tribunal Supremo ha dado por bueno el deslinde de 100 metros en El Golfo, rechazando el recurso presentado por el Ayuntamiento de Yaiza y declarando firme la sentencia dictada en 2009 por la Audiencia Nacional. Así, ha cerrado la puerta al intento de “salvar” las construcciones de este núcleo costero.
En su sentencia, fechada el pasado 22 de mayo y contra la que ya no cabe recurso ordinario, el Tribunal Supremo rechaza los motivos alegados por el Consistorio, que pretendía que se anulara la orden ministerial del 19 de julio de 2006, por la que se aprobó “el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la parte norte de El Charco de los Clicos y el final del núcleo urbano de El Golfo”.
Además, la sentencia condena al Ayuntamiento de Yaiza a pagar las costas generadas por este recurso, aunque fija un límite de 3.000 euros.
Larga historia de varapalos judiciales
Esta no es la primera vez que el Supremo falla contra los afectados de El Golfo. En octubre de 2012, el Tribunal rechazó un recurso presentado por 38 vecinos, que también emprendieron por su cuenta esta batalla en los tribunales contra el deslinde.
Además, el pasado mes de noviembre, el Supremo cerró las puertas al intento del Gobierno de Canarias para salvar este pueblo. El Ejecutivo regional, a través de la COTMAC, aprobó en 2007 un acuerdo reconociendo que El Golfo contaba “con las características de consolidación propias del suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de Costas”.
Ese acuerdo de la COTMAC fue recurrido por el abogado del Estado, que consiguió una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando ese acuerdo. Tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Yaiza presentaron un recurso contra esa sentencia, pero el pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó también sus pretensiones y declaró firme el fallo del TSJC.
Sin pruebas de su carácter urbano
Tras esta larga batalla judicial, no se ha conseguido acreditar que El Golfo fuera un núcleo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, lo que hubiera permitido salvarlo. Las sentencias dictadas hasta la fecha, incluida esta última del Tribunal Supremo, recuerdan que ni el Plan Insular ni el Plan General de Yaiza contemplaban ese suelo como urbano.
Por eso, los argumentos del Ayuntamiento y de los vecinos se han centrado en acreditar que, pese a no estar reconocido como urbano en el planeamiento, sí estaba consolidado como tal antes de 1988. En esos casos, la Ley de Costas contempla excepciones, en las que el deslinde se sitúa a un máximo de 20 metros, y no de 100, como se ha aplicado en El Golfo.
Para acogerse a estas excepciones, es necesario acreditar que la edificación en la zona estaba “consolidada” antes de esa fecha o que los terrenos “disponían de los servicios exigidos en la legislación urbanística”. Sin embargo, el Supremo reproduce el contenido de un informe elaborado en enero de 2005 por el jefe de servicio de Ordenación Urbanística de la Cotmac, en el que “refleja que a la entrada en vigor de la Ley de Costas, no se contaba en dicha zona con suministro de energía eléctrica (se realizaba con grupos generadores por medios propios) ni abastecimiento de aguas, ni red de evacuación, etéctera”.
A la causa también se aportó una fotografía de 1985, que según el mismo informe de la COTMAC, sí acreditaría que la zona tenía en ese momento una “consolidación edificatoria suficiente”. Sin embargo, la Audiencia Nacional no consideró que esa imagen probara el carácter urbano de la zona (recuerda que para ello tendría que haberse alcanzado una edificación de dos terceras partes del suelo). Ahora, el Tribunal Supremo ha dado por buena la valoración de la prueba, rechazando los alegatos del Ayuntamiento de Yaiza en su recurso y dejando en una delicada situación a los vecinos y empresarios de El Golfo.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76960.html
La nueva Ley salvará al 95% de los núcleos costeros(DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,)
Los populares cargan contra el Gobierno local por negarse a delimitar estos asentamientos y a acreditar ante el Estado que poseen servicios desde 1988
El grupo municipal del Partido Popular (PP) en Santa Cruz garantizó ayer que el 95% de las propiedades que se encuentran en los núcleos costeros del municipio se salvarán gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada recientemente en el Consejo de Ministros, ya que la nueva normativa rebaja la zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre a 20 metros sin que el suelo sea urbano.
Según explicó la portavoz del PP en la capital tinerfeña, Cristina Tavío, esto permitiría salvar muchas propiedades, que estarían afectadas por la anterior Ley de Costas –aprobada en 1988–, en los barrios de Igueste de San Andrés, Almáciga, Taganana, Roque Bermejo y Tachero. Tavío hizo estas declaraciones durante la reunión que mantuvo en la tarde de ayer con los vecinos de Igueste de San Andrés, un encuentro al que también asistieron los dos concejales de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías.
No obstante, la también concejal popular en Santa Cruz Ana Zurita apuntó que uno de los requisitos indispensables para salvar a Igueste de San Andrés es que la Gerencia de Urbanismo realice un plano en el que se delimiten dichos núcleos. Además, habría que aportar información al Ministerio de Medio Ambiente que acreditase que estos asentamientos rurales contaban con los servicios de agua, luz y saneamiento antes de 1988 así como que el grado de consolidación en este espacio es de dos tercios.
Al respecto, los vecinos de Igueste de San Andrés manifestaron que cuentan con carretera desde los años 30, con servicio de luz desde 1969 y que el alcantarillado llegó a finales de los 80.
Asimismo, Tavío anunció a los vecinos afectados que va a presentar una moción en el próximo pleno de junio por la que instará al grupo de gobierno a realizar todos estos trámites necesarios para salvar los núcleos costeros de Anaga del derrumbe. "Lo único que quiere el alcalde, José Manuel Bermúdez, es que el Estado nos dé una amnistía por lo que podría venir cualquier a construir aquí", añadió.
"Llevamos desde octubre de 2012 solicitándole a Bermúdez y a sus socios de gobierno que realicen ese mapa con lo que se debe preservar y el resto seguiría siendo rural", concluyó Tavío.
El grupo municipal del Partido Popular (PP) en Santa Cruz garantizó ayer que el 95% de las propiedades que se encuentran en los núcleos costeros del municipio se salvarán gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada recientemente en el Consejo de Ministros, ya que la nueva normativa rebaja la zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre a 20 metros sin que el suelo sea urbano.
Según explicó la portavoz del PP en la capital tinerfeña, Cristina Tavío, esto permitiría salvar muchas propiedades, que estarían afectadas por la anterior Ley de Costas –aprobada en 1988–, en los barrios de Igueste de San Andrés, Almáciga, Taganana, Roque Bermejo y Tachero. Tavío hizo estas declaraciones durante la reunión que mantuvo en la tarde de ayer con los vecinos de Igueste de San Andrés, un encuentro al que también asistieron los dos concejales de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías.
No obstante, la también concejal popular en Santa Cruz Ana Zurita apuntó que uno de los requisitos indispensables para salvar a Igueste de San Andrés es que la Gerencia de Urbanismo realice un plano en el que se delimiten dichos núcleos. Además, habría que aportar información al Ministerio de Medio Ambiente que acreditase que estos asentamientos rurales contaban con los servicios de agua, luz y saneamiento antes de 1988 así como que el grado de consolidación en este espacio es de dos tercios.
Al respecto, los vecinos de Igueste de San Andrés manifestaron que cuentan con carretera desde los años 30, con servicio de luz desde 1969 y que el alcantarillado llegó a finales de los 80.
Asimismo, Tavío anunció a los vecinos afectados que va a presentar una moción en el próximo pleno de junio por la que instará al grupo de gobierno a realizar todos estos trámites necesarios para salvar los núcleos costeros de Anaga del derrumbe. "Lo único que quiere el alcalde, José Manuel Bermúdez, es que el Estado nos dé una amnistía por lo que podría venir cualquier a construir aquí", añadió.
"Llevamos desde octubre de 2012 solicitándole a Bermúdez y a sus socios de gobierno que realicen ese mapa con lo que se debe preservar y el resto seguiría siendo rural", concluyó Tavío.
lunes, 3 de junio de 2013
“El PP da falsas esperanzas a los afectados por la Ley de Costas”
El pasado viernes entró en vigor la nueva Ley de Costas, aprobada por el PP en las Cortes, con la que 60.000 canarios con viviendas en servidumbre del dominio público marítimo terrestre esperan lograr que sus casas queden regularizadas. Pero poco les puede durar la alegría. Miguel Ángel Pulido, viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno canario, les advierte: “El PP ha mentido a los afectados con falsas expectativas, pues difícilmente esta ley beneficiará a algún núcleo canario”.
-Ustedes interpretan que esta ley obliga a demostrar que eran urbanos antes de 1988 poblados ya declarados como tales. El PP no.
“El Gobierno canario pedirá al ministerio que nos haga una aclaración sobre esa disposición. Esta ley se ha vendido en Canarias como la que resuelve el problema de los núcleos costeros, pero eso es humo, no modifica nada, en todo caso empeora la situación con respecto a la ley anterior. Hay más de 1.500 viviendas con expedientes de recuperación del dominio público, que en Canarias no cambia, pero sí en Formentera, por razones geomorfológicas”.
-El PP argumenta que se trata de una isla muy pequeña…
“Pero también lo es entonces La Graciosa y no se modifica allí. La ley no nos trata a todos por igual y cae en arbitrariedades. Y también se excluyen del dominio público otros 12 núcleos, pero ninguno en Canarias”.
-¿Pero qué pasará con la servidumbre de protección, donde hay 15.000 viviendas en Canarias?
“Ahí también la nueva ley vuelve a discriminarnos. Canarias es la comunidad autónoma con más kilómetros de litoral, solo superada por Galicia, donde se incluyen las rías, y allí la servidumbre se puede reducir a 20 metros atendiendo a razones geomorfológicas, por lo que basta eso para salvar a los núcleos, sin que haga falta acreditar que tenían características urbanas antes de 1988. En Canarias se sigue manteniendo este criterio de acreditar que tenían acceso rodado, abastecimiento de agua, electrificación y saneamiento, o al menos estar colmatados o tener consolidada la edificación en dos tercios”.
Difícilmente podrán salvarse de la servidumbre núcleos que ya no lo estuvieran
-Pero esa posibilidad está por primera vez el articulado de la ley…
“No, para nosotros no es nada nuevo, pues ya estaba antes en el reglamento de la anterior ley”.
-¿Pero por qué cree que la nueva norma es peor para Canarias?
“Porque viene a decir que para los suelos ya clasificados como urbanos con la ley anterior, hay que pedir un nuevo informe en el plazo de tres meses a Costas. Eso vulnera la Constitución porque da carácter retroactivo a la norma y genera inseguridad jurídica, pues podría darse el caso de que en algunos núcleos ya clasificados como urbanos de acuerdo con la ley de 1988, con informes favorables de la Demarcación de Costas, y por tanto con derechos urbanísticos ya generados, ahora los técnicos de Costas den marcha atrás. Además, antes si se reconocía urbano un núcleo, se podía ordenar y establecer su edificabilidad, pero ahora ya no se puede construir ninguna vivienda nueva, como si estuviera fuera de ordenación”.
-Por tanto, esas 15.000 viviendas están sujetas a restricciones…
“Con la nueva ley, sus dueños solo podrán hacer obras de conservación y mejora, pero no de ampliación, ni levantar plantas o edificaciones residenciales “.
-El PP acusa al Gobierno canario de no informar a Costas de los núcleos afectados y que por eso no ha salvado a ninguno…
“Es absolutamente incierto porque Costas ha hecho ya la delimitación del dominio público en toda Canarias y tiene toda la información pues encargaron un estudio en 2007, la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, en la que hicieron un diagnóstico”.
-Se quejan ustedes de que el PP reformó la ley sin consultarles…
“Es que así fue. Y tampoco admitieron ninguna enmienda. La aprobó el PP casi en solitario”.
-¿Y qué pasará con las demoliciones en dominio público?
“Nosotros planteamos que las viviendas con sentencia firme de demolición no se tiren hasta desalojar a los vecinos si se trata de su única casa. No lo aceptaron”.
Pedir que enclaves urbanos tengan que volver a acreditarlo es inconstitucional
-Pero la ley ha entrado ya en vigor. En tres meses los núcleos en servidumbre deben acreditar que eran urbanos antes de 1988 y puedan quedar fuera de esa franja de protección. ¿Es tiempo suficiente?
“Nos preocupa ese plazo. Serán los ayuntamiento los que tengan que demostrarlo”.
-¿Cuántos núcleos se pueden salvar de la servidumbre?
“Yo digo: difícilmente podrá reconocerse algún núcleo nuevo como urbano en los términos en que lo prevé esta ley. Le propusimos al ministerio que se pudiera reconocer el carácter urbano de los suelos que lo tienen hoy, no antes de 1988. No aceptaron”.
-Pero el PP ha dicho que la nueva regulación da una solución a muchos núcleos en Canarias…
“Eso es falso, por lo que se ha generado una falsa expectativa en la población. Y eso nos lleva a un mayor descrédito de los políticos, porque no se puede engañar siempre a la gente. Se está mintiendo cuando se dice que la ley va a resolver el problema. Con los planes aprobados desde 1988, ya se han ido incorporando los núcleos que se ha demostrado que tenían características urbanas antes de esa fecha, y con informe favorable de Costas”.
http://www.diariodeavisos.com/pulido-el-pp-da-falsas-esperanzas-afectados-por-ley-costas/
DE VERGUENZA,.
Este sr, defiende la ley de costas de 1988, aquella, que, con caracter retroactivo, con confiscación, con abusos, y con una clara arbitrariedad, cometio ,desmanes en todo el llitoral español,. y se queja del caracter retroactivo de esta reforma, Vergonzozo.
Cuando el Psoe aprobó la ley, de 1988, hizo exactamente igual. paso el rodillo
-Ustedes interpretan que esta ley obliga a demostrar que eran urbanos antes de 1988 poblados ya declarados como tales. El PP no.
“El Gobierno canario pedirá al ministerio que nos haga una aclaración sobre esa disposición. Esta ley se ha vendido en Canarias como la que resuelve el problema de los núcleos costeros, pero eso es humo, no modifica nada, en todo caso empeora la situación con respecto a la ley anterior. Hay más de 1.500 viviendas con expedientes de recuperación del dominio público, que en Canarias no cambia, pero sí en Formentera, por razones geomorfológicas”.
-El PP argumenta que se trata de una isla muy pequeña…
“Pero también lo es entonces La Graciosa y no se modifica allí. La ley no nos trata a todos por igual y cae en arbitrariedades. Y también se excluyen del dominio público otros 12 núcleos, pero ninguno en Canarias”.
-¿Pero qué pasará con la servidumbre de protección, donde hay 15.000 viviendas en Canarias?
“Ahí también la nueva ley vuelve a discriminarnos. Canarias es la comunidad autónoma con más kilómetros de litoral, solo superada por Galicia, donde se incluyen las rías, y allí la servidumbre se puede reducir a 20 metros atendiendo a razones geomorfológicas, por lo que basta eso para salvar a los núcleos, sin que haga falta acreditar que tenían características urbanas antes de 1988. En Canarias se sigue manteniendo este criterio de acreditar que tenían acceso rodado, abastecimiento de agua, electrificación y saneamiento, o al menos estar colmatados o tener consolidada la edificación en dos tercios”.
Difícilmente podrán salvarse de la servidumbre núcleos que ya no lo estuvieran
-Pero esa posibilidad está por primera vez el articulado de la ley…
“No, para nosotros no es nada nuevo, pues ya estaba antes en el reglamento de la anterior ley”.
-¿Pero por qué cree que la nueva norma es peor para Canarias?
“Porque viene a decir que para los suelos ya clasificados como urbanos con la ley anterior, hay que pedir un nuevo informe en el plazo de tres meses a Costas. Eso vulnera la Constitución porque da carácter retroactivo a la norma y genera inseguridad jurídica, pues podría darse el caso de que en algunos núcleos ya clasificados como urbanos de acuerdo con la ley de 1988, con informes favorables de la Demarcación de Costas, y por tanto con derechos urbanísticos ya generados, ahora los técnicos de Costas den marcha atrás. Además, antes si se reconocía urbano un núcleo, se podía ordenar y establecer su edificabilidad, pero ahora ya no se puede construir ninguna vivienda nueva, como si estuviera fuera de ordenación”.
-Por tanto, esas 15.000 viviendas están sujetas a restricciones…
“Con la nueva ley, sus dueños solo podrán hacer obras de conservación y mejora, pero no de ampliación, ni levantar plantas o edificaciones residenciales “.
-El PP acusa al Gobierno canario de no informar a Costas de los núcleos afectados y que por eso no ha salvado a ninguno…
“Es absolutamente incierto porque Costas ha hecho ya la delimitación del dominio público en toda Canarias y tiene toda la información pues encargaron un estudio en 2007, la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, en la que hicieron un diagnóstico”.
-Se quejan ustedes de que el PP reformó la ley sin consultarles…
“Es que así fue. Y tampoco admitieron ninguna enmienda. La aprobó el PP casi en solitario”.
-¿Y qué pasará con las demoliciones en dominio público?
“Nosotros planteamos que las viviendas con sentencia firme de demolición no se tiren hasta desalojar a los vecinos si se trata de su única casa. No lo aceptaron”.
Pedir que enclaves urbanos tengan que volver a acreditarlo es inconstitucional
-Pero la ley ha entrado ya en vigor. En tres meses los núcleos en servidumbre deben acreditar que eran urbanos antes de 1988 y puedan quedar fuera de esa franja de protección. ¿Es tiempo suficiente?
“Nos preocupa ese plazo. Serán los ayuntamiento los que tengan que demostrarlo”.
-¿Cuántos núcleos se pueden salvar de la servidumbre?
“Yo digo: difícilmente podrá reconocerse algún núcleo nuevo como urbano en los términos en que lo prevé esta ley. Le propusimos al ministerio que se pudiera reconocer el carácter urbano de los suelos que lo tienen hoy, no antes de 1988. No aceptaron”.
-Pero el PP ha dicho que la nueva regulación da una solución a muchos núcleos en Canarias…
“Eso es falso, por lo que se ha generado una falsa expectativa en la población. Y eso nos lleva a un mayor descrédito de los políticos, porque no se puede engañar siempre a la gente. Se está mintiendo cuando se dice que la ley va a resolver el problema. Con los planes aprobados desde 1988, ya se han ido incorporando los núcleos que se ha demostrado que tenían características urbanas antes de esa fecha, y con informe favorable de Costas”.
http://www.diariodeavisos.com/pulido-el-pp-da-falsas-esperanzas-afectados-por-ley-costas/
DE VERGUENZA,.
Este sr, defiende la ley de costas de 1988, aquella, que, con caracter retroactivo, con confiscación, con abusos, y con una clara arbitrariedad, cometio ,desmanes en todo el llitoral español,. y se queja del caracter retroactivo de esta reforma, Vergonzozo.
Cuando el Psoe aprobó la ley, de 1988, hizo exactamente igual. paso el rodillo
sábado, 1 de junio de 2013
Ley de costas confiscatoria
Bajo el paraguas de "nueva Ley de Costas, basada en el bien común", el Gobierno modifica una difusa, ambigua e irracional ley, la de 1988 -'copia' del proyecto de Ley de Costas franquista del 68-, que más allá de solucionar y evitar las tropelías arbitrarias de quien dice defender los intereses de propietarios y litoral, agrava el problema y aumenta el poder confiscatorio e inconstitucional del Estado.
Muchos son los medios que hablan de las modificaciones de la Ley de Costas, pero nadie habla de las 'bondades' que oculta; la expropiación o confiscación sin indemnización de la propiedad privada por parte del Estado; el desalojo de poblados enteros, su derribo, y por ende, la destrucción de un patrimonio cultural con más de doscientos años de historia (en algunos casos) que debería ser preservado y puesto en valor. Y todo ello, en aras de la protección del litoral -¡un nuevo 'brindis al sol'!-.
Veinticinco años después de la aprobación de la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, y cuando pensábamos que se había esfumado toda posible especulación urbanística con la burbuja inmobiliaria, se modifica la ley que nació para evitar todo aquello que posteriormente consintió convirtiéndose en una clara y gravísima dejación de funciones de las Administraciones públicas. Eran otros tiempos -podríamos decir ahora-, en los que promotoras especuladoras y políticos sin escrúpulos iban de la mano, en algunos casos hasta con la participación de las cajas de ahorro que ellos mismos dirigían para conseguir, además del enriquecimiento personal, la depredación urbanística de nuestro litoral. Pero no, no podemos hablar en pasado porque las nuevas modificaciones son garantes del control de la propiedad en nombre de un falso 'bien común', vulnerando el derecho a la propiedad recogido en el artículo 33 de la Constitución española y en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal y como advierte el Informe Auken del Parlamento Europeo. Una ley que dará pie a nuevos y 'camuflados' Algarrobicos o Marinas. Una Ley que, seguro, será tumbada.
Modificación que, pretendiendo proteger el medio ambiente de riberas y litoral, poco se preocupa del impacto visual ocasionado por las paredes de hormigón y ladrillo de los complejos hoteleros y urbanísticos que los partidos gobernantes han promocionado; poco se preocupa de los vertidos incontrolados al mar provocado por un crecimiento desproporcionado e insostenible. Y nada se preocupa de la conservación de los sistemas de dunas permitiendo la eliminación de la entrada de arena en los mismos.
Una modificación que, procurando proteger los derechos de antiguos propietarios de viviendas u otros bienes, les despojan, con carácter retroactivo (prohibido en el artículo 9 de la Constitución), hasta de sus recuerdos: Expropian sus bienes y obligan a pagar los impuestos de las propiedades que mantienen como okupas a la espera del ilegal desahucio. Y en algunos casos, hasta el derribo.
Una modificación que, lejos de ofrecer seguridad jurídica para garantizar un equilibrio sostenible entre el entorno y la actividad económica, más bien deja a los propietarios que compraron de buena fe y a sus herederos en una indefensión absoluta ante la aplicación de la ley de forma arbitraria y totalitaria que arrasa pequeñas casas costeras y mantienen macrocomplejos, fruto de la corrupción urbanística y un claro 'fraude de ley' Y lo que es aún peor, aprueban nuevos megaproyectos urbanísticos riéndose de las víctimas expoliadas y de los que aún creemos en la democracia.
Puedo enumerar miles (cerca del medio del millón, me atrevería a decir), de casos de gente humilde a la que le han derribado su vivienda, y con ella su vida, sin indemnización alguna. Pero pocos son los casos -escasas decenas- donde los 'filibusteros del 'XX y XXI', poder en mano, han actuado contra las grandes promotoras aunque siempre asociadas a contrapartidas millonarias. De nada sirve una Ley que arremete contra 'unos' -los más débiles- y garantiza derechos a 'otros' -los de siempre- mediante una asquerosa 'política de derechos consumados'
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/06/01/ley-costas-confiscatoria/473317.ht
Muchos son los medios que hablan de las modificaciones de la Ley de Costas, pero nadie habla de las 'bondades' que oculta; la expropiación o confiscación sin indemnización de la propiedad privada por parte del Estado; el desalojo de poblados enteros, su derribo, y por ende, la destrucción de un patrimonio cultural con más de doscientos años de historia (en algunos casos) que debería ser preservado y puesto en valor. Y todo ello, en aras de la protección del litoral -¡un nuevo 'brindis al sol'!-.
Veinticinco años después de la aprobación de la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, y cuando pensábamos que se había esfumado toda posible especulación urbanística con la burbuja inmobiliaria, se modifica la ley que nació para evitar todo aquello que posteriormente consintió convirtiéndose en una clara y gravísima dejación de funciones de las Administraciones públicas. Eran otros tiempos -podríamos decir ahora-, en los que promotoras especuladoras y políticos sin escrúpulos iban de la mano, en algunos casos hasta con la participación de las cajas de ahorro que ellos mismos dirigían para conseguir, además del enriquecimiento personal, la depredación urbanística de nuestro litoral. Pero no, no podemos hablar en pasado porque las nuevas modificaciones son garantes del control de la propiedad en nombre de un falso 'bien común', vulnerando el derecho a la propiedad recogido en el artículo 33 de la Constitución española y en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal y como advierte el Informe Auken del Parlamento Europeo. Una ley que dará pie a nuevos y 'camuflados' Algarrobicos o Marinas. Una Ley que, seguro, será tumbada.
Modificación que, pretendiendo proteger el medio ambiente de riberas y litoral, poco se preocupa del impacto visual ocasionado por las paredes de hormigón y ladrillo de los complejos hoteleros y urbanísticos que los partidos gobernantes han promocionado; poco se preocupa de los vertidos incontrolados al mar provocado por un crecimiento desproporcionado e insostenible. Y nada se preocupa de la conservación de los sistemas de dunas permitiendo la eliminación de la entrada de arena en los mismos.
Una modificación que, procurando proteger los derechos de antiguos propietarios de viviendas u otros bienes, les despojan, con carácter retroactivo (prohibido en el artículo 9 de la Constitución), hasta de sus recuerdos: Expropian sus bienes y obligan a pagar los impuestos de las propiedades que mantienen como okupas a la espera del ilegal desahucio. Y en algunos casos, hasta el derribo.
Una modificación que, lejos de ofrecer seguridad jurídica para garantizar un equilibrio sostenible entre el entorno y la actividad económica, más bien deja a los propietarios que compraron de buena fe y a sus herederos en una indefensión absoluta ante la aplicación de la ley de forma arbitraria y totalitaria que arrasa pequeñas casas costeras y mantienen macrocomplejos, fruto de la corrupción urbanística y un claro 'fraude de ley' Y lo que es aún peor, aprueban nuevos megaproyectos urbanísticos riéndose de las víctimas expoliadas y de los que aún creemos en la democracia.
Puedo enumerar miles (cerca del medio del millón, me atrevería a decir), de casos de gente humilde a la que le han derribado su vivienda, y con ella su vida, sin indemnización alguna. Pero pocos son los casos -escasas decenas- donde los 'filibusteros del 'XX y XXI', poder en mano, han actuado contra las grandes promotoras aunque siempre asociadas a contrapartidas millonarias. De nada sirve una Ley que arremete contra 'unos' -los más débiles- y garantiza derechos a 'otros' -los de siempre- mediante una asquerosa 'política de derechos consumados'
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/06/01/ley-costas-confiscatoria/473317.ht
jueves, 30 de mayo de 2013
La Ley de Costas, o cómo acabar con la Constitución por mandato constitucional
Ley de Costas de 1988, así como su reciente modificación, en el Título I Art. 3 dice: “Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución
Esta frase, tan manida como socorrida, sale indefectiblemente cuando ya no se sabe cómo justificar lo injustificable. Lo increíble es que nadie tenga el sentido común suficiente como para pensar si es posible que un solo artículo de la Constitución Española ordene ir contra la misma y contra la mayoría de los principios jurídicos del Derecho nacional e internacional, llegando a anularlos. Eso sí, sólo para una parte de la población; para aquellos que optaron por vivir en la franja costera. Cuando se estaba discutiendo el Art 132.2 de la Constitución en el Senado, se dijo: “Con respecto al tema de dejar a claro en zona marítimo-terrestre los derechos legítimamente adquiridos, crea que no es necesario decirlo, porque, en efecto, los derechos legítimamente adquiridos no son afectados en ningún caso por esta Constitución, que no es, claramente, una Constitución confiscatoria. Se reconoce el derecho la propiedad” [Sic] Mientras que el Poder Constituyente dejó claro que la Constitución no era confiscatoria, el Poder Legislativo de 1988 decidió que sí, que era un mandato de la misma, que para eso tenían mayoría absoluta. Este simple hecho, debería haber sido motivo de anulación por parte del Tribunal Constitucional. Es más, con que los jueces se hubieran parado a leer la Exposición de Motivos IV donde explica que: “En el marco del respeto general a los derechos legalmente adquiridos, con los criterios de la nueva Ley se evita, por una parte, la incidencia sobre derechos adquiridosen términos que pudieran originar una carga indemnizatoria que gravitaría fundamentalmente sobre la Administración Urbanística y, por otra parte, se excluye también la necesidad de afrontar un proceso de revisión del planeamiento que introduciría un factor de inseguridad en las expectativas de edificación”, tendrían que haber vistoel auténtico objetivo de la ley: la confiscación. Esto es: que para evitar las grandes indemnizaciones que habría que pagar, se utilizan otros mecanismos que afectan gravemente al derecho de propiedad consolidado. Sorprende leer en la tediosa sentencia del Tribunal Constitucional como se basan en la Carta Europea del Litoral e ignoran por completo el Art 17 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Art 10.2 de la Constitución para dar vía libre al despojo de la propiedad con regates y patadas, que para sí quisieran muchos futbolistas, a cuantos artículos de la Constitución se le pone por delante: el 9.3, patada; el 10.2, patada: el 14, el 24, 25…regate, 33, 46, 47…regate-patada y ¡¡gol!!. Un gol por la escuadra que acaba con la propiedad privada en España y, por ende, con el Estado de Derecho, el libre mercado, la libre circulación de capitales y bienes, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el principio de confianza legítima, el principio de irretroactividad de las leyes… vaciando la Constitución de contenido. La sentencia TC 149/91 dejó tantas lagunas, tantos “sí pero no”, que han tenido que ser los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo, los que han acabado legislando a base de un caos de sentencias donde tan pronto estás en suelo urbano como en rústico; la duna de tu vecino no es la misma que la tuya; un caracol te convierte el monte en marisma; una inundación del Pleistoceno te condena al derribo y para rematar el absurdo, hay jueces-geólogos que deciden que ya no es necesario ni el deslinde, que con una foto vale para ver que la propiedad está en playa (para quién crea que exagero, puedo mandarle las sentencias. Las hay todavía más sangrantes). A pesar de la gravedad de todo lo expuesto, queda aún lo más grave. Según el T. Constitucional la nueva definición del dominio público “ni se aparta en nada de la noción genérica de la zona marítimo- terrestre como zona en donde el mar entra en contacto con la tierra emergida, ni difiere sustancialmente de los empleados con anterioridad”. Entonces, ¿cómo es posible que pusieran el contador a cero para ampliar el concepto de dominio público marítimo terrestre hasta donde el caprichoso dedo señalara en un plano, alguno incluso 7 km tierra adentro? ¿Por qué no se respetaron los deslindes realizados hasta 1988 cuando la costa ya estaba deslindada en un 85%? ¿Cómo puede anularse por ley aquello que las propias administraciones validaron? ¡Qué preguntas! Para eso no se hubieran molestado en hacer esta perversa ley que ni los más avezados juristas dominan. Ambicionaban las tierras de otros; la “milla de oro” no podía estar en manos de descamisados y si se tenía que anular el Registro de la Propiedad, pues se anulaba; si había que hacer la ley retroactiva hasta la Edad Media, pues se hacía. Es lo malo que tienen las mayorías absolutas en manos de quienes llegan a creerse Luis XIV en la soledad de la Moncloa. Por desgracia, la frase “el Estado soy yo” sigue vigente en pleno siglo XXI. La mayoría de la gente desconoce que un gran porcentaje del litoral fue vendido por el Estado para llenar las paupérrimas Arcas de la Hacienda Pública, terrenos que ahora se arrebatan a quienes se lo vendieron. Eso sólo tiene un nombre: ESTAFA. En resumen, la Ley de Costas 22/1988 y su modificación de 2013, constituye un abuso de derecho y un fraude de ley y lo que es peor, una intervención gubernativa tan desmesurada que hace saltar por los aires la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y el Tratado de la Unión, por mucho que lo pinten de “verde”. Cuánto nos hubiéramos ahorrado todos si Felipe González y Mariano Rajoy se hubieran paseado por la costa como un Chávez venezolano cualquiera al grito de ¡¡confísquese!!
http://es.roostergnn.com/politica/2013/05/28/la-ley-de-costas-o-como-acabar-con-la-constitucion-por-mandato-constitucional/776/
Esta frase, tan manida como socorrida, sale indefectiblemente cuando ya no se sabe cómo justificar lo injustificable. Lo increíble es que nadie tenga el sentido común suficiente como para pensar si es posible que un solo artículo de la Constitución Española ordene ir contra la misma y contra la mayoría de los principios jurídicos del Derecho nacional e internacional, llegando a anularlos. Eso sí, sólo para una parte de la población; para aquellos que optaron por vivir en la franja costera. Cuando se estaba discutiendo el Art 132.2 de la Constitución en el Senado, se dijo: “Con respecto al tema de dejar a claro en zona marítimo-terrestre los derechos legítimamente adquiridos, crea que no es necesario decirlo, porque, en efecto, los derechos legítimamente adquiridos no son afectados en ningún caso por esta Constitución, que no es, claramente, una Constitución confiscatoria. Se reconoce el derecho la propiedad” [Sic] Mientras que el Poder Constituyente dejó claro que la Constitución no era confiscatoria, el Poder Legislativo de 1988 decidió que sí, que era un mandato de la misma, que para eso tenían mayoría absoluta. Este simple hecho, debería haber sido motivo de anulación por parte del Tribunal Constitucional. Es más, con que los jueces se hubieran parado a leer la Exposición de Motivos IV donde explica que: “En el marco del respeto general a los derechos legalmente adquiridos, con los criterios de la nueva Ley se evita, por una parte, la incidencia sobre derechos adquiridosen términos que pudieran originar una carga indemnizatoria que gravitaría fundamentalmente sobre la Administración Urbanística y, por otra parte, se excluye también la necesidad de afrontar un proceso de revisión del planeamiento que introduciría un factor de inseguridad en las expectativas de edificación”, tendrían que haber vistoel auténtico objetivo de la ley: la confiscación. Esto es: que para evitar las grandes indemnizaciones que habría que pagar, se utilizan otros mecanismos que afectan gravemente al derecho de propiedad consolidado. Sorprende leer en la tediosa sentencia del Tribunal Constitucional como se basan en la Carta Europea del Litoral e ignoran por completo el Art 17 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Art 10.2 de la Constitución para dar vía libre al despojo de la propiedad con regates y patadas, que para sí quisieran muchos futbolistas, a cuantos artículos de la Constitución se le pone por delante: el 9.3, patada; el 10.2, patada: el 14, el 24, 25…regate, 33, 46, 47…regate-patada y ¡¡gol!!. Un gol por la escuadra que acaba con la propiedad privada en España y, por ende, con el Estado de Derecho, el libre mercado, la libre circulación de capitales y bienes, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el principio de confianza legítima, el principio de irretroactividad de las leyes… vaciando la Constitución de contenido. La sentencia TC 149/91 dejó tantas lagunas, tantos “sí pero no”, que han tenido que ser los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo, los que han acabado legislando a base de un caos de sentencias donde tan pronto estás en suelo urbano como en rústico; la duna de tu vecino no es la misma que la tuya; un caracol te convierte el monte en marisma; una inundación del Pleistoceno te condena al derribo y para rematar el absurdo, hay jueces-geólogos que deciden que ya no es necesario ni el deslinde, que con una foto vale para ver que la propiedad está en playa (para quién crea que exagero, puedo mandarle las sentencias. Las hay todavía más sangrantes). A pesar de la gravedad de todo lo expuesto, queda aún lo más grave. Según el T. Constitucional la nueva definición del dominio público “ni se aparta en nada de la noción genérica de la zona marítimo- terrestre como zona en donde el mar entra en contacto con la tierra emergida, ni difiere sustancialmente de los empleados con anterioridad”. Entonces, ¿cómo es posible que pusieran el contador a cero para ampliar el concepto de dominio público marítimo terrestre hasta donde el caprichoso dedo señalara en un plano, alguno incluso 7 km tierra adentro? ¿Por qué no se respetaron los deslindes realizados hasta 1988 cuando la costa ya estaba deslindada en un 85%? ¿Cómo puede anularse por ley aquello que las propias administraciones validaron? ¡Qué preguntas! Para eso no se hubieran molestado en hacer esta perversa ley que ni los más avezados juristas dominan. Ambicionaban las tierras de otros; la “milla de oro” no podía estar en manos de descamisados y si se tenía que anular el Registro de la Propiedad, pues se anulaba; si había que hacer la ley retroactiva hasta la Edad Media, pues se hacía. Es lo malo que tienen las mayorías absolutas en manos de quienes llegan a creerse Luis XIV en la soledad de la Moncloa. Por desgracia, la frase “el Estado soy yo” sigue vigente en pleno siglo XXI. La mayoría de la gente desconoce que un gran porcentaje del litoral fue vendido por el Estado para llenar las paupérrimas Arcas de la Hacienda Pública, terrenos que ahora se arrebatan a quienes se lo vendieron. Eso sólo tiene un nombre: ESTAFA. En resumen, la Ley de Costas 22/1988 y su modificación de 2013, constituye un abuso de derecho y un fraude de ley y lo que es peor, una intervención gubernativa tan desmesurada que hace saltar por los aires la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y el Tratado de la Unión, por mucho que lo pinten de “verde”. Cuánto nos hubiéramos ahorrado todos si Felipe González y Mariano Rajoy se hubieran paseado por la costa como un Chávez venezolano cualquiera al grito de ¡¡confísquese!!
http://es.roostergnn.com/politica/2013/05/28/la-ley-de-costas-o-como-acabar-con-la-constitucion-por-mandato-constitucional/776/
lunes, 27 de mayo de 2013
Un vecino paraliza las obras de la playa del Cabrón
COSTAS HABÍA ORDENADO DEMOLER SU CASA
El vecino ha conseguido así paralizar el conocido como Proyecto de Recuperación Ambiental, al menos hasta que Costas responda de forma razonada a su exigencia planteada hace años. En 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya se puso del lado de este vecino y ahora el Supremo ha venido a ratificar el fallo anterior.
La lucha de Luis M. M. comenzó en 1999, cuando Costas inició los trámites para fijar el nuevo deslinde en este tramo del litoral de Agüimes declarado Zona Especial de Conservación (ZEC). Entonces quedó en evidencia que podía acogerse a una de las excepcionalidades que recoge esta legislación como es que si hay diferencias entre las líneas antigua y la nueva, los terrenos que queden en medio pueden ser objeto de concesión por 30 años renovables por otro tanto.
En 1999 este vecino, efectivamente, solicitó acogerse a lo plasmado en la Ley, pero la respuesta con la que se encontró fue con una orden de demolición para ejecutar el proyecto de Recuperación Ambiental. Por tanto, tal y como señaló primero el TSJC y hace ahora el Supremo, primero tenía que haberse tramitado y resuelto sobre la solicitud de concesión, antes de decidir sobre la demolición.
“Si bien el proyecto de regeneración puede realizarse, sobre la propiedad del recurrente, que es donde existe un interés legítimo del mismo, no puede ejecutarse demolición alguna; mientras no se dé cumplimiento a lo dispuesto por la propia Administración en las órdenes aprobatorias del deslinde". Esto es decidir si tiene derecho o no a una concesión.
Lo que no ha prosperado es la petición de este vecino para anular todo el proyecto de las obras ya que, según los tribunales, “afecta al dominio público y el anuncio que propicia la intervención del particular, no es el acto aprobatorio, sino un período de información pública”. El Supremo considera probado que la Demarcación de Costas en Canarias nunca se pronunció sobre si este vecino tenía derecho o no a una concesión y, por lo tanto, obliga a hacerlo ahora.
“Debemos concluir que procede la anulación de la recuperación de oficio pues por más que las resoluciones impugnadas recojan que no se puede apreciar motivo alguno de interés público, la Sala estima que para llegar a la conclusión de que procede la recuperación y la demolición se impone, en este caso que la Administración resuelva el expediente obligado a tramitar”. En referencia al derecho de este propietario a obtener una respuesta a sus exigencias, tampoco se podrá otorgar de forma “inmediata”.
En este punto la Sala se limita a reconocer de forma general que Costas debe estudiar de forma pormenorizado su caso. Mientras, el Supremo, tal y como hizo en su momento el TSJC, bloquea cualquier intento de demoler las edificaciones de este entorno.
¿Caso similar a Plasencia?
La sentencia que acaba de emitir el TS obligando a paralizar cualquier tipo de actuación en la costa de Agüimes hasta que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie sobre si un propietario tiene derecho o no a una concesión puede tener su reflejo en Tenerife.En Candelaria el empresario y presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fepeco), Antonio Plasencia también lleva años luchando para que se reconozcan que le deben otorgar una concesión.
Ya el TSJC se puso de su lado en una sentencia que es firme dado que nunca llegó a ser recurrida por Costas. Por lo tanto, el empresario podría ahora paralizar la construcción de la segunda fase del paseo que en su primer tramo implicó la demolición de las casas de Cho Vito, uno de los episodios más crudos de la aplicación de la Ley de Costas en todo el ámbito nacional.
El empresario obtuvo la concesión de una forma que ha llamado mucho la atención. Se acogió exactamente a la misma transitoria que este vecino de Agüimes, sólo que en su caso la línea de deslinde antigua y la nueva eran exactamente iguales, con lo cual en teoría no cabía esta excepcionalidad.
Sin embargo, una vez aprobada la nueva delimitación, Costas se dirigió a Plasencia planteándole que tenía derecho a solicitar la concesión. Lógicamente, así lo hizo, pero entonces lo que ocurrió es que el organismo estatal súbitamente se dio cuenta del supuesto error que había cometido y recurrió a los tribunales.
El TSJC dio por válido el documento en el que se le comunicaba que tenía derecho a esta petición, pese a que incluso la Plataforma en contra de la Ley de Costas, califica el informe “de al menos sospechoso”. Según el colectivo casos parecidos se reparten por el litoral español y tras ellos suele esconderse un enredo administrativo cuyo fin es beneficiar a los propietarios.
http://www.canariasahora.es/articulo/gran-canaria/un-vecino-paralizar-las-obras-de-la-playa-de-el-cabron/20130526081509404877.html
domingo, 26 de mayo de 2013
CC asegura que solo cinco pueblos costeros se mantendrán
La portavoz del Grupo nacionalista (CC-NC) en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, aseguró la semana pasada en declaraciones a la emisora Radio Cope Lanzarote que de los setenta núcleos costeros que tienen un expediente abierto (109 núcleos en total, )en Costas, solo "hay cinco casos que pueden salvarse".
Para verificar este dato, Oramas anunció que el Gobierno de Canarias tiene previsto elaborar un informe, a modo de mapa, con los núcleos canarios afectados por la nueva ley. (los afectados por esta ley, ya le hemos entregado a CC el censo de poblaciones afectadas)
Desde que la nueva norma fue aprobada, el Gobierno de Canarias se mostró en desacuerdo con la misma y anunció que denunciaría la ley ante el Tribunal Constitucional.
Entre los aspectos que perjudican a Canarias, el ejecutivo regional destacó que se incluyen o se mantienen requisitos que no contemplan la realidad del territorio isleño, como la justificación de requisitos anteriores a 1988, que no permitirá regularizar ningún núcleo afectado por la servidumbre.
El Gobierno asegura que con la norma, al imponer la necesidad de nuevos informes y pretender ordenar la zona de servidumbre, el Ministerio invade competencias autonómicas, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.
http://eldia.es/vidaycultura/2013-05-26/3-CC-asegura-solo-cinco-mantendran.htm
Para verificar este dato, Oramas anunció que el Gobierno de Canarias tiene previsto elaborar un informe, a modo de mapa, con los núcleos canarios afectados por la nueva ley. (los afectados por esta ley, ya le hemos entregado a CC el censo de poblaciones afectadas)
Desde que la nueva norma fue aprobada, el Gobierno de Canarias se mostró en desacuerdo con la misma y anunció que denunciaría la ley ante el Tribunal Constitucional.
Entre los aspectos que perjudican a Canarias, el ejecutivo regional destacó que se incluyen o se mantienen requisitos que no contemplan la realidad del territorio isleño, como la justificación de requisitos anteriores a 1988, que no permitirá regularizar ningún núcleo afectado por la servidumbre.
El Gobierno asegura que con la norma, al imponer la necesidad de nuevos informes y pretender ordenar la zona de servidumbre, el Ministerio invade competencias autonómicas, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.
http://eldia.es/vidaycultura/2013-05-26/3-CC-asegura-solo-cinco-mantendran.htm
Los ayuntamientos asumen que muchas viviendas no se salvarán
La reducción de la servidumbre a 20 metros no será suficiente para que muchas residencias costeras puedan salvarse al no contemplar la ley excepciones para ellas
A la espera de que la nueva Ley de Costas salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entre en vigor, los ayuntamientos canarios, conscientes del limitado plazo que tienen para presentar sus alegaciones, han comenzado a hacer la tarea y preparan ya toda la documentación.
Una vez se publique la norma en el BOE, las administraciones locales tendrán un plazo de tres meses para recabar y presentar todos los informes necesarios para que no se derriben los núcleos que afectados.
Entre los requisitos para que los damnificados sean reconocidos como núcleo legal destacan que las ocupaciones no estén en dominio público, cuenten con acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales. Además, no deben estar en dominio público.
Pero, y hasta que se publique la norma, la dilatada experiencia con esta controvertida ley, ha llevado a algunos consistorios a asegurar que no podrán salvar muchas de las ocupaciones que están afectadas, pues están en dominio público y por debajo de los nuevos límites de la servidumbre, que pasó de cien metros a veinte.
Este es el caso del municipio tinerfeño de Güímar, que tiene un total de ocho núcleos costeros con un expediente abierto en Costas. Del total, cuatro de ellos ya ganaron la batalla en el Tribunal Supremo (TS) con sentencia firme. Pero el resto de las poblaciones aún están pendientes de conocer su futuro, el cual, según explicó esta semana el ex alcalde Rafael Llanes, "seguramente sea la demolición".
Llanes explicó que estos núcleos están en dominio público, y que, pese a que aún no "hemos analizado bien la nueva norma, la mayor parte de las ocupaciones de estas poblaciones no podrán salvarse". Pese a ello, aseguró que el consistorio "ya está estudiando los casos para evitar los derribos".
En concreto, las zonas de Güímar que no cuentan con seguridad jurídica y cuyo futuro está aún por determinar son Chimaje, Santa Lucía, El Callao y Cho Regino, detalló el ya ex alcalde, Rafael Llanes.
Candelaria es otro municipio que asegura que ya está estudiando los casos de Playa de la Viuda y Bajo Cuesta Las Tablas, pero desde el consistorio reconocen que a muchas ocupaciones de estos núcleos será muy difícil salvarlas.
La misma situación se vive en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, donde los servicios jurídicos preparan ya todos los documentos para salvar zonas capitalinas tan destacadas de Anaga como Almáciga y Taganana, entre otras.
En el caso de La Laguna , y el núcleo de Jover (que se busca regular en el nuevo PGO) y Finca El Apio, donde algunas casas acabarán por ser demolidas por estar en la zona de servidumbre.
La nueva norma contempla la amnistía para algunos núcleos peninsulares ubicadas en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola) y Pontevedra (Moaña), entre otros, pero ninguno en Canarias. De igual forma, se contempla una especificidad con Formentera, mientras que la Isla de Lobos ni si quiera es mentada.
De ahí, que los alcaldes y concejales coincidan todos en calificarla de "poco arbitraria".
LAS CLAVES
Al reducir la servidumbre a 20 metros (antes estaba a 100) algunos núcleos se podrán ver beneficiados por la reforma. Aquellas poblaciones que no estén en dominio público y acrediten que tienen acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales tendrán la posibilidad de no ser derruidos. Mientras la norma amnistía a algunas zonas peninsulares del Mediterráneo y de Galicia, así como a Formentera, no contempla ninguna especificidad del Archipiélago, ni si quiera la Isla de Lobos. El Gobierno del Estado dejó claro que aquellos núcleos que ya eran ilegales antes de la primera ley seguirán siéndolo pese a la nueva norma. Las zonas costeras que ya tienen una sentencia firme no se podrán beneficiar de las modificaciones de la nueva Ley de Costas. De igual forma no se verán perjudicadas por la misma. Una vez salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley, y por tanto entre en vigor, los ayuntamientos tendrán un plazo de tres meses para presentar sus alegaciones, acompañadas de la documentación correspondiente, para intentar salvar a los núcleos afectados.
AÚN NO SE HAN DADO CUENTA, QUE LA REDUCCIÓN DE 100 A 20 METROS, DEJA 80 METROS DE PROPIEDAD PRIVADA, NO ES DE TITULARIDAD ESTATAL, Y EN PROPIEDAD PRIVADA, DEBIDAMENTE REGISTRADA EL ESTADO NO PUEDE IMPONER NADA
http://eldia.es/vidaycultura/2013-05-26/4-ayuntamientos-asumen-muchas-viviendas-salvaran.htm
A la espera de que la nueva Ley de Costas salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entre en vigor, los ayuntamientos canarios, conscientes del limitado plazo que tienen para presentar sus alegaciones, han comenzado a hacer la tarea y preparan ya toda la documentación.
Una vez se publique la norma en el BOE, las administraciones locales tendrán un plazo de tres meses para recabar y presentar todos los informes necesarios para que no se derriben los núcleos que afectados.
Entre los requisitos para que los damnificados sean reconocidos como núcleo legal destacan que las ocupaciones no estén en dominio público, cuenten con acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales. Además, no deben estar en dominio público.
Pero, y hasta que se publique la norma, la dilatada experiencia con esta controvertida ley, ha llevado a algunos consistorios a asegurar que no podrán salvar muchas de las ocupaciones que están afectadas, pues están en dominio público y por debajo de los nuevos límites de la servidumbre, que pasó de cien metros a veinte.
Este es el caso del municipio tinerfeño de Güímar, que tiene un total de ocho núcleos costeros con un expediente abierto en Costas. Del total, cuatro de ellos ya ganaron la batalla en el Tribunal Supremo (TS) con sentencia firme. Pero el resto de las poblaciones aún están pendientes de conocer su futuro, el cual, según explicó esta semana el ex alcalde Rafael Llanes, "seguramente sea la demolición".
Llanes explicó que estos núcleos están en dominio público, y que, pese a que aún no "hemos analizado bien la nueva norma, la mayor parte de las ocupaciones de estas poblaciones no podrán salvarse". Pese a ello, aseguró que el consistorio "ya está estudiando los casos para evitar los derribos".
En concreto, las zonas de Güímar que no cuentan con seguridad jurídica y cuyo futuro está aún por determinar son Chimaje, Santa Lucía, El Callao y Cho Regino, detalló el ya ex alcalde, Rafael Llanes.
Candelaria es otro municipio que asegura que ya está estudiando los casos de Playa de la Viuda y Bajo Cuesta Las Tablas, pero desde el consistorio reconocen que a muchas ocupaciones de estos núcleos será muy difícil salvarlas.
La misma situación se vive en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, donde los servicios jurídicos preparan ya todos los documentos para salvar zonas capitalinas tan destacadas de Anaga como Almáciga y Taganana, entre otras.
En el caso de La Laguna , y el núcleo de Jover (que se busca regular en el nuevo PGO) y Finca El Apio, donde algunas casas acabarán por ser demolidas por estar en la zona de servidumbre.
La nueva norma contempla la amnistía para algunos núcleos peninsulares ubicadas en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola) y Pontevedra (Moaña), entre otros, pero ninguno en Canarias. De igual forma, se contempla una especificidad con Formentera, mientras que la Isla de Lobos ni si quiera es mentada.
De ahí, que los alcaldes y concejales coincidan todos en calificarla de "poco arbitraria".
LAS CLAVES
Al reducir la servidumbre a 20 metros (antes estaba a 100) algunos núcleos se podrán ver beneficiados por la reforma. Aquellas poblaciones que no estén en dominio público y acrediten que tienen acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales tendrán la posibilidad de no ser derruidos. Mientras la norma amnistía a algunas zonas peninsulares del Mediterráneo y de Galicia, así como a Formentera, no contempla ninguna especificidad del Archipiélago, ni si quiera la Isla de Lobos. El Gobierno del Estado dejó claro que aquellos núcleos que ya eran ilegales antes de la primera ley seguirán siéndolo pese a la nueva norma. Las zonas costeras que ya tienen una sentencia firme no se podrán beneficiar de las modificaciones de la nueva Ley de Costas. De igual forma no se verán perjudicadas por la misma. Una vez salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley, y por tanto entre en vigor, los ayuntamientos tendrán un plazo de tres meses para presentar sus alegaciones, acompañadas de la documentación correspondiente, para intentar salvar a los núcleos afectados.
AÚN NO SE HAN DADO CUENTA, QUE LA REDUCCIÓN DE 100 A 20 METROS, DEJA 80 METROS DE PROPIEDAD PRIVADA, NO ES DE TITULARIDAD ESTATAL, Y EN PROPIEDAD PRIVADA, DEBIDAMENTE REGISTRADA EL ESTADO NO PUEDE IMPONER NADA
http://eldia.es/vidaycultura/2013-05-26/4-ayuntamientos-asumen-muchas-viviendas-salvaran.htm
sábado, 25 de mayo de 2013
LA NUEVA LEY DE COSTAS. RIZANDO EL RIZO.
Sinceramente, resulta increíble. Y tan increíble, que incluso, los desafortunados técnicos, abogados, ingenieros y demás especies, a las que se les pregunta por la Reforma de la Ley de Costas de 1988, (ya de por sí, un conjunto de despropósitos) denominada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, coinciden en asegurar, que no tiene sentido, que no protege, que no es sostenible, y que no añade seguridad jurídica, ni nada por el estilo.
Todo lo contrario. Esta nueva norma, añade dos definiciones más al dominio público; una, la existente en la Constitución Española, y dos nuevas, una para las empresas salineras, y otra para la isla de Formentera. La arbitrariedad esta servida.
Pero no queda ahí el asunto, pues puestos a rizar el rizo, creamos nuevas definiciones de playa, dunas (muertas y artificiales) y núcleos costeros tradicionales. Y al hablar de estos últimos, creía yo, equivocadamente, que estos núcleos tradicionales, eran pueblitos, como Bajo la Cuesta, Playa Quemada, Tufia, o el Caletón de la Matanza; pero el Ministerio de Medio ambiente, me aclara, que núcleos costeros tradicionales, no son esos. Ni mucho menos. Y por supuesto, en Canarias, (dícese archipiélago de islas; y para más definición, isla: porción de tierra rodeada de agua por todas partes) no tenemos de esos pueblitos de la costa, según fuentes del ministerio, reitero.
Para el ministerio, el ejemplo de núcleo costero tradicional, es el de una urbanización marítima, en terrenos ganados al mar, donde sus habitantes, pasean en sus lujosas embarcaciones por los numerosos canales artificiales, y que con la nueva norma, sería totalmente legal. Claro está, que en Canarias, no tenemos de eso, y por eso, la tan demandada singularidad canaria, definida por la fragmentación de nuestro territorio, la lejanía, la tradición y la cultura de nuestra tierra, no fue recogida en esta nueva ley de Costas.
Esta nueva ley del litoral, viene a reformar a la anterior Ley de Costas de 1988. Esa norma que prohibía básicamente el construir en el litoral español, y que visto lo visto, no lo hizo. Y aquellos impulsores de la ley, socialistas, fueron los que crearon este desaguisado, pero, son los populares, los que están incrementando la arbitrariedad y la vulneración de derechos con esta reforma, ante la pasividad de los nacionalistas canarios, más preocupados por la pérdida de competencias, que por mantener, promocionar y proteger los pueblos de nuestras costas, pero sobre todo de proteger a los miles de afectados en esta tierra.
Ni unos ni otros, comprenden la realidad del problema que han creado, principalmente, porque cuando se habla de medio ambiente, no se pueden excluir a las personas, ya que son parte fundamental del mismo. Para salvar a un lagarto, no se pueden vulnerar derechos a las personas, y ustedes, nefastos, y cada vez menos respetados políticos, son culpables y cómplices del estado actual del litoral español. No son los pequeños propietarios, afectados por una ley anticuada e inútil, (vean las costas en 1988, hasta la actualidad) que permite la expropiación de viviendas en ciertos lugares, cuando a escasos metros, grandes urbanizaciones son respetadas y amparadas por la ley, que condena a cientos de miles de familias, a vivir en lagunas legales, incrementado con la reforma de la ley, la inseguridad de sus propiedades.
Lo que han hecho bien los chicos y chicas de Rajoy, es aumentar el número de afectados por la reforma de la ley de costas. Han elaborado una articulado, que de una manera u otra, afecta a más propietarios (cosa que creía imposible). Antes, de la reforma, se hablaba de cuatrocientas mil familias afectadas, unos cien mil en Canarias; ahora no hay estimaciones, pero les aseguro que pasan del millón. Y les explico:
Dentro del nuevo articulado, el art 87 Bis de la nueva norma, explica que “podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.
. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del dominio público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.
. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras”.
Hablando claro, el que quiera que le hagan un paseo en su municipio, los vecinos lo pagan. Si se pretende realizar una obra de aportación de arena, los vecinos lo pagan. Si se arregla los desperfectos ocasionados por la acción del mar, ¿adivinen quien lo paga?
¿Proteger el litoral, o simplemente hacer Caja?
Antonio Alonso Orihuela.
Todo lo contrario. Esta nueva norma, añade dos definiciones más al dominio público; una, la existente en la Constitución Española, y dos nuevas, una para las empresas salineras, y otra para la isla de Formentera. La arbitrariedad esta servida.
Pero no queda ahí el asunto, pues puestos a rizar el rizo, creamos nuevas definiciones de playa, dunas (muertas y artificiales) y núcleos costeros tradicionales. Y al hablar de estos últimos, creía yo, equivocadamente, que estos núcleos tradicionales, eran pueblitos, como Bajo la Cuesta, Playa Quemada, Tufia, o el Caletón de la Matanza; pero el Ministerio de Medio ambiente, me aclara, que núcleos costeros tradicionales, no son esos. Ni mucho menos. Y por supuesto, en Canarias, (dícese archipiélago de islas; y para más definición, isla: porción de tierra rodeada de agua por todas partes) no tenemos de esos pueblitos de la costa, según fuentes del ministerio, reitero.
Para el ministerio, el ejemplo de núcleo costero tradicional, es el de una urbanización marítima, en terrenos ganados al mar, donde sus habitantes, pasean en sus lujosas embarcaciones por los numerosos canales artificiales, y que con la nueva norma, sería totalmente legal. Claro está, que en Canarias, no tenemos de eso, y por eso, la tan demandada singularidad canaria, definida por la fragmentación de nuestro territorio, la lejanía, la tradición y la cultura de nuestra tierra, no fue recogida en esta nueva ley de Costas.
Esta nueva ley del litoral, viene a reformar a la anterior Ley de Costas de 1988. Esa norma que prohibía básicamente el construir en el litoral español, y que visto lo visto, no lo hizo. Y aquellos impulsores de la ley, socialistas, fueron los que crearon este desaguisado, pero, son los populares, los que están incrementando la arbitrariedad y la vulneración de derechos con esta reforma, ante la pasividad de los nacionalistas canarios, más preocupados por la pérdida de competencias, que por mantener, promocionar y proteger los pueblos de nuestras costas, pero sobre todo de proteger a los miles de afectados en esta tierra.
Ni unos ni otros, comprenden la realidad del problema que han creado, principalmente, porque cuando se habla de medio ambiente, no se pueden excluir a las personas, ya que son parte fundamental del mismo. Para salvar a un lagarto, no se pueden vulnerar derechos a las personas, y ustedes, nefastos, y cada vez menos respetados políticos, son culpables y cómplices del estado actual del litoral español. No son los pequeños propietarios, afectados por una ley anticuada e inútil, (vean las costas en 1988, hasta la actualidad) que permite la expropiación de viviendas en ciertos lugares, cuando a escasos metros, grandes urbanizaciones son respetadas y amparadas por la ley, que condena a cientos de miles de familias, a vivir en lagunas legales, incrementado con la reforma de la ley, la inseguridad de sus propiedades.
Lo que han hecho bien los chicos y chicas de Rajoy, es aumentar el número de afectados por la reforma de la ley de costas. Han elaborado una articulado, que de una manera u otra, afecta a más propietarios (cosa que creía imposible). Antes, de la reforma, se hablaba de cuatrocientas mil familias afectadas, unos cien mil en Canarias; ahora no hay estimaciones, pero les aseguro que pasan del millón. Y les explico:
Dentro del nuevo articulado, el art 87 Bis de la nueva norma, explica que “podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.
. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del dominio público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.
. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras”.
Hablando claro, el que quiera que le hagan un paseo en su municipio, los vecinos lo pagan. Si se pretende realizar una obra de aportación de arena, los vecinos lo pagan. Si se arregla los desperfectos ocasionados por la acción del mar, ¿adivinen quien lo paga?
¿Proteger el litoral, o simplemente hacer Caja?
Antonio Alonso Orihuela.
jueves, 16 de mayo de 2013
LA "HORA MENOS EN CANARIAS" Y LA LEY DE COSTAS, CAUSAS DAÑOS AL HIPOTÁLAMO DE LOS POLITICOS CANARIOS
En Canarias, tierra de los políticos costeros, aquellos, que dicen defender lo nuestro, nuestra identidad,, nuestra cultura; aquellos, que se pasean con los afectados de la ley de costas, por nuestras playas; los de las promesas y mas promesas ; pues bien , en esta tierra, no paramos defender los nucleos costeros tradicionales. Eso si, siempre vamos dos pasos por atrás, más preocupados en perder competencias autónomicas, que en salvar de la piqueta, la casa de Juan el Pescador, vecino, de Santa Lucia, o de Playa Quemada, o de uno de los ciento nueve nucleos poblacionales afectados por esta confiscatoria Ley. Y digo confiscatoria, pues ha sido el propio ministerio, el que en nota de prensa, justificando la aprobación de la reforma, ha reconocido el "despojo" de la propiedad a sus legitimos propietarios, durante veinticinco años; un tema, que los afectados llevamos denunciando mucho tiempo.
Y les digo, lo de dos pasos atras, pues mientras en Galicia, ya están manos a la obra, aquí, aún estamos leyendo el texto de la nueva reforma. Eso no es malo, ya que nos cuesta entender un texto, que es incluso, peor que el anterior.
Lo malo, lo increible, y eso que es dificiel superar, la ineptitud de la delegada del Gobierno actual en Canarias,(aquella del engaño a Cho Vito)pero, es que sale el iluminado político de turno, diciendo una sarta de burradas sin sentido, que añade, si cabe, más confusión en este desaguisado de la ley de costas, y su reforma,.
En fin, será cosa de la hora menos en Canarias, que a gran parte de la clase política canaria, le afecta duramente al hipotálamo, o al cerebelo, y que se olvidan de las promesas, de las palmaditas en la espalda, de las fotografias, y de Todos Somos Cho Vito
Y para documentar lo anterior, les remito a dos noticias del mismo, dia, una en Galicia y otra en Lanzarote..Lean, y comprenderan la clara afección al hipotálamo o a la inteligencia del politico canario.
La noticia Gallega
Xunta y Concello avanzan en la rebaja de la protección de los núcleos del litoral
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmó que el equipo redactor del PGOM tiene "muy avanzada" la redacción de un nuevo documento de delimitación de los núcleos pendientes en la ordenación del litoral, según lo establecido por la disposición transitoria primera de la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso el pasado día 7.
El ayuntamiento de Marín pretende avanzar en el documento al máximo, con el fin de que una vez entre en vigor a nueva Ley de Costas, y que estará vigente un día después de su publicación en el BOE, sea solicitado el informe de Costas dentro del plazo de tres meses, que deberá emitirse en los siguientes 18 meses.
Costas ha emitido informe favorable a la ordenación de los núcleos del litoral de Marín, donde ya se ha reconocido los cinco asentamientos afectados en este municipio. Aceptó además la rebaja de la servidumbre de protección de cien a veinte metros de la costa en Mogor y parte de Aguete y Loira. Queda pendiente ahora reducir la servidumbre en otros dos, Teoira y Casás, así como la mitad de Aguete y Loira.
Así lo confirmó la secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, a la alcaldesa de Marín, a quien recibió ayer acompañada de los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Manuel Santos y Marián Sanmartín. El encuentro tenía como objetivo avanzar en la aplicación de la ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas.
El encuentro sirvió para consensuar los criterios de la nueva Ley y acordar la tramitación de la propuesta que debe aportar el ayuntamiento a la Xunta para solicitar, ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la reducción de la servidumbre de protección, en parte de los núcleos costeros que ya fueron delimitados en el PGOM. Rivas Díaz recordó que el reconocimiento de los núcleos costeros de Marín, unido a la aprobación del PGOM conseguida el 27 de junio de 2012, son dos cuestiones fundamentales para el municipio. Y señaló que dado que el PGOM ya está en vigor, es necesario resolver ahora la rebaja de la servidumbre de protección en los núcleos del litoral, a través de la nueva Ley de Costas.
La provincia de Pontevedra es la segunda de Galicia con núcleos delimitados por la servidumbre de protección. Tiene un total de 22 ayuntamientos que aportan un total de 122 núcleos delimitados
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/16/xunta-concello-avanzan-rebaja-proteccion-nucleos-litoral/811211.html
La noticia Canaria
Ley de Costas: Protección ambiental, desarrollo sostenible y disfrute del litoral
El pasado 9 de mayo el Congreso de los Diputados aprobaba la nueva Ley de Costas. Una Ley llamada a garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas; esto es, diferenciando entre tramos urbanos y naturales de las playas y aumentando la protección de las playas vírgenes.
La normativa protege nuestras costas y da seguridad jurídica a las miles de personas que tienen sus propiedades junto al mar, al mismo tiempo que concilia la sostenibilidad ambiental con la actividad turística. VIENDO LAS COSTAS, CANARIAS, PODEMOS VER EJEMPLOS CLAROS DE CONCILIACIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ACTIVIDAD TURISTICA. ANFI DEL MAR, MELONERAS, ADEJE, RADAZUL, ETCC
El nuevo marco legal da respuesta a las más de 20.000 peticiones de amparo cursadas ante el Parlamento Europeo por titulares que habían adquirido propiedades y que, pasado el tiempo, podían ser declaradas ilegales. No se trata, de una amnistía, ni de legalizar lo ilegal, pues ya eran legales. Además, los negocios costeros tendrán que cumplir las nuevas exigencias medioambientales para seguir funcionando.
La reforma prohíbe nuevas edificaciones o incremento de lo ya edificado en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre, como en la zona o franja contigua de servidumbre de protección, incorporando cláusulas para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide .
Los núcleos urbanos habitados y consolidados desde antes de 1988 y que afectan mayoritariamente a viviendas sencillas y populares, no a hoteles o empresas, se excluyen del domino público.EJEMPLO DE ELLOS, AMPURIA BRAVA, HOGAR DE PEPE EL SALEMA PESCADOR, DE TODA LA VIDA.
IMGEN DE LA CASA DE PEPE EL SALEMA, AL FONDO A LA DEERECHA, CON SU FALUA TRADICONAL, "LA PALOMA" ATRACADA DELANTE..Fijense, en el aspecto de las humildes casas, que no hoteles ni apartamentos.AMPURIA BRAVA.
Por otro lado, se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988, pero con una importante novedad: se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. Según establece el nuevo texto, la reducción de la servidumbre sólo se podrá aplicar a núcleos costeros que, antes de 1988, tuvieran un carácter urbano.
Sobre el cambio climático y sus efectos en cuanto a la erosión del litoral, incorpora regulaciones específicas. Así, y siguiendo criterios científicos contrastados, introducirá un régimen específico para los tramos de costa en riesgo de grave regresión. Para dichas áreas se limita la ocupación, y la Administración podrá realizar actuaciones de protección, conservación, restauración y podrá establecer contribuciones especiales a los beneficiarios, otra novedad importante de la normativa.
Un aspecto igualmente destacado de esta reforma es aquel que hace referencia a la prórroga de las concesiones hasta un máximo de 75 años, con lo que se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de viviendas que la ley del 88 expropió. Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la adecuada conservación de la costa y, además, se exigirá a los propietarios corresponsabilidad en el mantenimiento del domino público.
Por otra parte, y dado que en ocasiones se están produciendo sin autorización y con cierta permisividad, la Ley de Costas regulará el desarrollo de eventos en nuestras playas. Y se hará estableciendo los requisitos, límites y condiciones en que es posible la ocupación de estos espacios para garantizar su conservación, además esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
En definitiva una reforma que con claridad y determinación pretende dar respuesta a una realidad que por, responsabilidad, había que afrontar, y así lo ha hecho el Ministro Arias Cañete.
*Francisco Cabrera García, diputado nacional del PP.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76689.html
Bien por don Francisco, sigue asi.
Y les digo, lo de dos pasos atras, pues mientras en Galicia, ya están manos a la obra, aquí, aún estamos leyendo el texto de la nueva reforma. Eso no es malo, ya que nos cuesta entender un texto, que es incluso, peor que el anterior.
Lo malo, lo increible, y eso que es dificiel superar, la ineptitud de la delegada del Gobierno actual en Canarias,(aquella del engaño a Cho Vito)pero, es que sale el iluminado político de turno, diciendo una sarta de burradas sin sentido, que añade, si cabe, más confusión en este desaguisado de la ley de costas, y su reforma,.
En fin, será cosa de la hora menos en Canarias, que a gran parte de la clase política canaria, le afecta duramente al hipotálamo, o al cerebelo, y que se olvidan de las promesas, de las palmaditas en la espalda, de las fotografias, y de Todos Somos Cho Vito
Y para documentar lo anterior, les remito a dos noticias del mismo, dia, una en Galicia y otra en Lanzarote..Lean, y comprenderan la clara afección al hipotálamo o a la inteligencia del politico canario.
La noticia Gallega
Xunta y Concello avanzan en la rebaja de la protección de los núcleos del litoral
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmó que el equipo redactor del PGOM tiene "muy avanzada" la redacción de un nuevo documento de delimitación de los núcleos pendientes en la ordenación del litoral, según lo establecido por la disposición transitoria primera de la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso el pasado día 7.
El ayuntamiento de Marín pretende avanzar en el documento al máximo, con el fin de que una vez entre en vigor a nueva Ley de Costas, y que estará vigente un día después de su publicación en el BOE, sea solicitado el informe de Costas dentro del plazo de tres meses, que deberá emitirse en los siguientes 18 meses.
Costas ha emitido informe favorable a la ordenación de los núcleos del litoral de Marín, donde ya se ha reconocido los cinco asentamientos afectados en este municipio. Aceptó además la rebaja de la servidumbre de protección de cien a veinte metros de la costa en Mogor y parte de Aguete y Loira. Queda pendiente ahora reducir la servidumbre en otros dos, Teoira y Casás, así como la mitad de Aguete y Loira.
Así lo confirmó la secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, a la alcaldesa de Marín, a quien recibió ayer acompañada de los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Manuel Santos y Marián Sanmartín. El encuentro tenía como objetivo avanzar en la aplicación de la ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas.
El encuentro sirvió para consensuar los criterios de la nueva Ley y acordar la tramitación de la propuesta que debe aportar el ayuntamiento a la Xunta para solicitar, ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la reducción de la servidumbre de protección, en parte de los núcleos costeros que ya fueron delimitados en el PGOM. Rivas Díaz recordó que el reconocimiento de los núcleos costeros de Marín, unido a la aprobación del PGOM conseguida el 27 de junio de 2012, son dos cuestiones fundamentales para el municipio. Y señaló que dado que el PGOM ya está en vigor, es necesario resolver ahora la rebaja de la servidumbre de protección en los núcleos del litoral, a través de la nueva Ley de Costas.
La provincia de Pontevedra es la segunda de Galicia con núcleos delimitados por la servidumbre de protección. Tiene un total de 22 ayuntamientos que aportan un total de 122 núcleos delimitados
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/16/xunta-concello-avanzan-rebaja-proteccion-nucleos-litoral/811211.html
La noticia Canaria
Ley de Costas: Protección ambiental, desarrollo sostenible y disfrute del litoral
El pasado 9 de mayo el Congreso de los Diputados aprobaba la nueva Ley de Costas. Una Ley llamada a garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas; esto es, diferenciando entre tramos urbanos y naturales de las playas y aumentando la protección de las playas vírgenes.
La normativa protege nuestras costas y da seguridad jurídica a las miles de personas que tienen sus propiedades junto al mar, al mismo tiempo que concilia la sostenibilidad ambiental con la actividad turística. VIENDO LAS COSTAS, CANARIAS, PODEMOS VER EJEMPLOS CLAROS DE CONCILIACIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ACTIVIDAD TURISTICA. ANFI DEL MAR, MELONERAS, ADEJE, RADAZUL, ETCC
El nuevo marco legal da respuesta a las más de 20.000 peticiones de amparo cursadas ante el Parlamento Europeo por titulares que habían adquirido propiedades y que, pasado el tiempo, podían ser declaradas ilegales. No se trata, de una amnistía, ni de legalizar lo ilegal, pues ya eran legales. Además, los negocios costeros tendrán que cumplir las nuevas exigencias medioambientales para seguir funcionando.
La reforma prohíbe nuevas edificaciones o incremento de lo ya edificado en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre, como en la zona o franja contigua de servidumbre de protección, incorporando cláusulas para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide .
Los núcleos urbanos habitados y consolidados desde antes de 1988 y que afectan mayoritariamente a viviendas sencillas y populares, no a hoteles o empresas, se excluyen del domino público.EJEMPLO DE ELLOS, AMPURIA BRAVA, HOGAR DE PEPE EL SALEMA PESCADOR, DE TODA LA VIDA.
IMGEN DE LA CASA DE PEPE EL SALEMA, AL FONDO A LA DEERECHA, CON SU FALUA TRADICONAL, "LA PALOMA" ATRACADA DELANTE..Fijense, en el aspecto de las humildes casas, que no hoteles ni apartamentos.AMPURIA BRAVA.
Por otro lado, se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988, pero con una importante novedad: se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. Según establece el nuevo texto, la reducción de la servidumbre sólo se podrá aplicar a núcleos costeros que, antes de 1988, tuvieran un carácter urbano.
Sobre el cambio climático y sus efectos en cuanto a la erosión del litoral, incorpora regulaciones específicas. Así, y siguiendo criterios científicos contrastados, introducirá un régimen específico para los tramos de costa en riesgo de grave regresión. Para dichas áreas se limita la ocupación, y la Administración podrá realizar actuaciones de protección, conservación, restauración y podrá establecer contribuciones especiales a los beneficiarios, otra novedad importante de la normativa.
Un aspecto igualmente destacado de esta reforma es aquel que hace referencia a la prórroga de las concesiones hasta un máximo de 75 años, con lo que se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de viviendas que la ley del 88 expropió. Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la adecuada conservación de la costa y, además, se exigirá a los propietarios corresponsabilidad en el mantenimiento del domino público.
Por otra parte, y dado que en ocasiones se están produciendo sin autorización y con cierta permisividad, la Ley de Costas regulará el desarrollo de eventos en nuestras playas. Y se hará estableciendo los requisitos, límites y condiciones en que es posible la ocupación de estos espacios para garantizar su conservación, además esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
En definitiva una reforma que con claridad y determinación pretende dar respuesta a una realidad que por, responsabilidad, había que afrontar, y así lo ha hecho el Ministro Arias Cañete.
*Francisco Cabrera García, diputado nacional del PP.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76689.html
Bien por don Francisco, sigue asi.
miércoles, 15 de mayo de 2013
Berriel denuncia que la Ley de Costas pone trabas para salvar los núcleos litorales
El Consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró ayer que la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso el pasado jueves, endurece los trámites para salvar los núcleos litorales.
La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la relación de sus núcleos urbanos costeros, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración estatal deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Es decir, la norma se retrotrae a los condicionan tes de la norma anterior, la de 1988. Para el consejero: "Lejos de suponer una mejora para los habitantes del litoral supone un retroceso, porque provoca inseguridad jurídica a aquellos que tengan un terreno o una vivienda en estas zonas".
Berriel defiende que la nueva ley empeora la situación actual, ya que no solo no salva ningún núcleo canario con valor etnográfico, sino que incluye a otros núcleos que antes no estaban afectados.
Además, la ley sí que contempla hasta doce excepciones de urbanizaciones costeras peninsulares, lo que para el consejero evidencia la discriminación que sufren las viviendas de familias humildes frente al lujo, por lo que, subraya, "vulnera el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos y las competencias de las comunidades autónomas". En este sentido, el Gobierno trabaja ya en un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Berriel puso como ejemplo de la desigualdad que la reforma paraliza la sentencia de demolición de una depuradora, por razones de interés general, permitiendo que continúe su actividad hasta que las circunstancias económicas permitan su reubicación. Sin embargo no paraliza sentencias de demolición "de las viviendas de primera necesidad social hasta que las familias puedan ser reubicadas", lamenta.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/05/15/berriel-denuncia-ley-costas-pone-trabas-salvar-nucleos-litorales/531588.html
La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la relación de sus núcleos urbanos costeros, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración estatal deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Es decir, la norma se retrotrae a los condicionan tes de la norma anterior, la de 1988. Para el consejero: "Lejos de suponer una mejora para los habitantes del litoral supone un retroceso, porque provoca inseguridad jurídica a aquellos que tengan un terreno o una vivienda en estas zonas".
Berriel defiende que la nueva ley empeora la situación actual, ya que no solo no salva ningún núcleo canario con valor etnográfico, sino que incluye a otros núcleos que antes no estaban afectados.
Además, la ley sí que contempla hasta doce excepciones de urbanizaciones costeras peninsulares, lo que para el consejero evidencia la discriminación que sufren las viviendas de familias humildes frente al lujo, por lo que, subraya, "vulnera el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos y las competencias de las comunidades autónomas". En este sentido, el Gobierno trabaja ya en un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Berriel puso como ejemplo de la desigualdad que la reforma paraliza la sentencia de demolición de una depuradora, por razones de interés general, permitiendo que continúe su actividad hasta que las circunstancias económicas permitan su reubicación. Sin embargo no paraliza sentencias de demolición "de las viviendas de primera necesidad social hasta que las familias puedan ser reubicadas", lamenta.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/05/15/berriel-denuncia-ley-costas-pone-trabas-salvar-nucleos-litorales/531588.html
martes, 14 de mayo de 2013
El núcleo de El Apio se salva y Urbanismo inicia la defensa de Jover
Las casas del espacio marítimo, el único con arena dorada de la zona norte de Tenerife, no entran en el dominio del Estado pero quedan fuera de ordenación
Las viviendas del núcleo costero de El Apio, en Valle de Guerra, están fuera del dominio público que fija la nueva Ley de Costas. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel Bethencourt, explicó ayer que el "pequeño grupo de unas tres o cuatro viviendas que hay en este espacio están fuera del dominio público, la zona de la franja marítima que es propiedad del Estado".
Estas edificaciones, por tanto, quedan en el espacio denominado como zona de servidumbre. "Esto implica que están fuera de ordenación y el terreno sigue considerándose suelo rústico de protección litoral", aclaró el gerente municipal. Pese a que son viviendas "no legalizables" esta clasificación aleja de este espacio costero de La Laguna la sombra de las demoliciones.
"En un poblado en el que hay muy pocas edificaciones", destacó Bethencourt. "No obstante, El Apio destaca por ser la única zona de la costa el norte de Tenerife con unos hermosos bancales de arena dorada", añadió.
Con todo, puede que el Ministerio de Costas exija alguna actuación en la zona porque "hay un muro en una parte exterior que puede entrar parcialmente en la zona de dominio de Costas". Sin embargo, sería una pequeña corrección que no afectará a la vivienda principal.
"Hay que recordar que la zona de dominio público es, a todos los efectos, un espacio de la costa propiedad del Estado en la que la única ocupación legal se deriva de una concesión administrativa en la que el Ministerio autoriza temporalmente un uso, como es el caso de un club náutico", precisó el edil y portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento lagunero.
Al tiempo, y gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada en el Senado el pasado 24 de julio, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un informe que permita legalizar el núcleo costero de Jover.
"El objetivo principal del Ayuntamiento de La Laguna en este terreno es defender Jover", indicó. Esta posibilidad está abierta para los municipios canarios que consigan demostrar que los barrios pesqueros que hasta ahora eran ilegales según Costas están consolidados como espacios urbanos y dotados con servicios públicos.
"Hemos encargado un informe al departamento de Obras e Infraestructuras", adelantó Bethencourt. "Vamos a trabajar para conseguir que sea considerado como suelo urbano", añadió. Se da la circunstancia de que cuando se redactó la anterior Ley de Costas,
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/14/nucleo-apio-salva-urbanismo-inicia-defensa-jover/475278.html
Las viviendas del núcleo costero de El Apio, en Valle de Guerra, están fuera del dominio público que fija la nueva Ley de Costas. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel Bethencourt, explicó ayer que el "pequeño grupo de unas tres o cuatro viviendas que hay en este espacio están fuera del dominio público, la zona de la franja marítima que es propiedad del Estado".
Estas edificaciones, por tanto, quedan en el espacio denominado como zona de servidumbre. "Esto implica que están fuera de ordenación y el terreno sigue considerándose suelo rústico de protección litoral", aclaró el gerente municipal. Pese a que son viviendas "no legalizables" esta clasificación aleja de este espacio costero de La Laguna la sombra de las demoliciones.
"En un poblado en el que hay muy pocas edificaciones", destacó Bethencourt. "No obstante, El Apio destaca por ser la única zona de la costa el norte de Tenerife con unos hermosos bancales de arena dorada", añadió.
Con todo, puede que el Ministerio de Costas exija alguna actuación en la zona porque "hay un muro en una parte exterior que puede entrar parcialmente en la zona de dominio de Costas". Sin embargo, sería una pequeña corrección que no afectará a la vivienda principal.
"Hay que recordar que la zona de dominio público es, a todos los efectos, un espacio de la costa propiedad del Estado en la que la única ocupación legal se deriva de una concesión administrativa en la que el Ministerio autoriza temporalmente un uso, como es el caso de un club náutico", precisó el edil y portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento lagunero.
Al tiempo, y gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada en el Senado el pasado 24 de julio, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un informe que permita legalizar el núcleo costero de Jover.
"El objetivo principal del Ayuntamiento de La Laguna en este terreno es defender Jover", indicó. Esta posibilidad está abierta para los municipios canarios que consigan demostrar que los barrios pesqueros que hasta ahora eran ilegales según Costas están consolidados como espacios urbanos y dotados con servicios públicos.
"Hemos encargado un informe al departamento de Obras e Infraestructuras", adelantó Bethencourt. "Vamos a trabajar para conseguir que sea considerado como suelo urbano", añadió. Se da la circunstancia de que cuando se redactó la anterior Ley de Costas,
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/14/nucleo-apio-salva-urbanismo-inicia-defensa-jover/475278.html
lunes, 13 de mayo de 2013
NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, EL MISMO DÍA DE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RECONOCE LA CONFISCACIÓN DE VIVIENDAS DURANTE 25 AÑOS EN ESPAÑA.
LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
22/1988, DE 28 DE JULIO DE COSTAS
La nueva Ley de Costas, basada en el sentido común,??? la racionalidad??? y la solución de problemas históricos???, plantea tres grandes objetivos: la protección del medio ambiente litoral; la protección de los derechos de antiguos propietarios de viviendas y otros bienes; y la seguridad jurídica para las actividades económicas que sean sostenibles. S
1. Protección del medioambiente litoral. Manifestaciones en la Ley:
• La ley impide nuevas edificaciones en la costa. Se prohíbe edificar en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Esta zona es la comprendida desde donde rompe una ola hasta donde empieza la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP, mínimo 100 metros). En el DPMT se encuentran las playas y las dunas. Eso ya lo contemplaba la anterior ley
• La reforma de la Ley prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes en la ZSP supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. INCLUIDO EN LA ANTERIOR LEY.
Es decir, no se va a enladrillar la costa en ningún caso. No se va a poder construir donde antes estaba prohibido construir. IGUAL QUE LA ANTERIOR LEY.
• Prohibición también de nuevas construcciones en los núcleos costeros que por ser materialmente urbanos en 1988, aunque no estuvieran clasificados como tales entonces, puedan tener una servidumbre de protección de 20 metros. En esos núcleos no se podrá construir.
• Se exige la eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autorizan a realizar en los edificios en la costa.
• Se prevé la suspensión por el Delegado del Gobierno de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa, para evitar que se vuelvan a dar situaciones como la de El Algarrobico. El Delegado del Gobierno tendrá potestad de parar de forma cautelar cualquier obra antes de que se empiece a construir. Es una novedad, conocida como la “Cláusula AntiAlbarrobicos”. La experiencia ha dejado claro que es mejor anticiparse a los problemas urbanísticos porque demolición y restauración posterior es muy complicada y costosa. ESTO QUITA COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
• Se diferencian los tramos urbanos de las playas de los tramos naturales, incrementando la protección de los tramos naturales. En todo caso, sólo se admitirán los eventos en aquellas playas en las que se garantice su completa conservación medioambiental. Todo evento tendrá que tener un interés público y siempre se evaluará el impacto ambiental del evento antes de su autorización. EN LAS PLAYAS URBANAS, SIMPLEMENTE, NO EXISTE EL MEDIO AMBIENTE.
• Por primera vez, una Ley de Costas contempla los efectos del Cambio Climático en el litoral. La Ley prevé la elaboración de una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático en la costa. El Ministerio deberá elaborar esta estrategia en el plazo de dos años.
• Se exige un informe ambiental para la prórroga y para las obras en concesiones de actividades potencialmente contaminantes.
2. Se incrementa la seguridad jurídica
• Comenzando por el alcance mismo del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT):
-Mediante una más clara delimitación del alcance de los mayores temporales conocidos, mediante criterios técnicos, que se fijarán reglamentariamente; la situación de los terrenos inundados artificialmente; y concretando qué debe entenderse por playa, duna y otros elementos del dominio público. AHORA EXISTEN DOS DEFINICIONES DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTEE, Y DOS DEFINICIONES DE PLAYAS, FORMENTERA Y EL RESTO. ESTO ES SEGURIDAD JURIDICA.
-Mediante exclusiones puntuales del DPMT: ciertos núcleos de población históricamente consolidados y altamente antropizados; y determinadas salinas y cultivos marinos.
-Deslindes especiales: como los que afectan a paseos marítimos o a la isla de Formentera. TODO ES PURA ARBITRARIEDAD.
• Se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios que se vieron despojados de sus bienes con la Ley de 1988. Se garantiza concesión a todos los titulares de bienes inscritos en el Registro de la propiedad, y además se amplía el plazo de las mismas en 75 años adicionales.
Esto no es privatizar el litoral. Es aclarar miles de situaciones injustas. se trata de proteger a los miles de ciudadanos que adquirieron legitimamente una vivienda y se vieron después desposeídos de ella. CON ESTO ÚLTIMO, EL ESTADO ESPAÑOL. RECONOCE EXPLICITAMENTE, QUE LLEVA CONFISCANDO, QUITANDO CON VIOLENCIA, PROPIEDADES LEGALES DURANTE 25 AÑOS.
• Se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos: se trata de que ningún ciudadano pueda adquirir nunca más una vivienda u otro bien en la costa y descubrir después que no le pertenece porque es DPMT. Para ello, (novedad) se obliga a inscribir los bienes de DPMT en el Registro de la Propiedad, y se asegura esta información a los interesados en caso de que se inicie un nuevo deslinde, desde el inicio del procedimiento. Además, se ofrecerá información gratuita a todos los ciudadanos vía Internet sobre las líneas de deslinde.
• Se clarifica la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres, conciliando el carácter público de los canales y el acceso a los mismos, con las garantías de los propietarios de viviendas y de los estacionamientos náuticos privados, individuales o colectivos. URBANIZACIONES DE LUJO, CONSTRUIDAS, LA MAYORÍA DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE COSTAS. AHORA, ESTAN SALVADOS DE LA PIQUETA.
3. Se da también mayor seguridad a la actividad económica en la costa.
• Se fomenta la actividad económica ordenada, sostenible y generadora de empleo. Pero hay que dejar bien claro que LO QUE ERA ILEGAL VA A SEGUIR SIENDO ILEGAL.
• Se asegura la continuidad ordenada de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, evitando el efecto 2018, es decir, las demoliciones masivas de industrias y viviendas; siempre con criterios medioambientales. Y LAS SENTENCIAS FIRMES HAY QUE CUMPLIRLAS, INCLUSO EN FORMENTERA.
• Para ello, prórroga de las concesiones que concluían en 2018 por un plazo de hasta 75 años (a concretar por el reglamento según usos). Muchas estaban avocadas a su inminente desaparición, con la consiguiente destrucción de empleo. Aunque no es una prórroga automática, sino sólo respecto de aquellas actividades de las que se acredite su sostenibilidad ambiental ().
• Se aumenta el plazo máximo de las nuevas concesiones a viviendas a 75 años.
• En cuanto a los CHIRINGUITOS, unos 3.000 en todo el litoral generando cerca de 50.000 empleos, se amplía la autorización de 1 a 4 años.
Con todo esto se persigue fomentar una actividad económica sostenible.
• Se permite la transmisión de los derechos de la concesión de viviendas, mortis causa e inter vivos (sometida a autorización).
• Se protegen los bienes declarados de interés cultural para evitar su demolición. PERO NO EL USO HABITACIONAL DE LOS MISMOS
• Se regula mejor la Zona de Servidumbre de Protección:
-Adecuando su superficie a situaciones especiales: ciertos núcleos de población costeros que antes de 1988 reunieran las condiciones urbanísticas para ser urbanos, aunque entonces no estuvieran clasificados como tales (eso sí, dentro de estos núcleos se prohíbe construir en el futuro donde no se haya construido); márgenes de los ríos, tierra adentro, lejos de la desembocadura, según los criterios que se establezcan reglamentariamente. SOLARES DESAFECTADOS, NO PODRÁN SER CONSTRUIDOS.
-Se permiten las obras necesarias para la reparación y modernización de las instalaciones en esta zona, siempre que no impliquen incrementos en altura ni volumen.
Madrid, 08 de mayo de 2013
FUENTE. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
SE LE OLVIDA DECIR, QUE CON ESTA REFORMA, LAS OBRAS, PASEOS, REPOSICIÓN DE ARENA, ETC, TENDRÁN QUE PAGARLA LOS CIUDADANOS.
EL QUE QUIERA PLAYA, QUE LA PAGUE
Bento ve injustificado que el líder del PP en Candelaria pida su cese
La delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento (PP), ha manifestado, a preguntas de este diario, que “evidentemente” no comparte la petición de dimisión que le dirigió el concejal del PP en Candelaria José Fernando Gómez por incumplir la promesa de no tirar las casas de Cho Vito hasta no realojar a los afectados. “Él estuvo presente en todas las reuniones con los vecinos, en las que todas las administraciones hicimos un esfuerzo para llegar a acuerdos, por lo que me parece sorprendente”, afirmó el viernes la delegada sobre Gómez, al que el PP ha abierto por ello expediente de expulsión. Sin embargo, el portavoz de Cho Vito Antonio Alonso reveló ayer que los vecinos vieron cómo, “de forma muy seca”, Hernández Bento impidió a este edil entrar a una de esas reuniones a las que se les convocó. “Y eso pasó antes de que el concejal pidiera dimisiones”, añadió el representante vecinal. Gómez justificaría su enfado además por que el PP Tenerife prometió salvar Cho Vito si gobernaba y no lo hizo.
El viernes, Hernández Bento dijo desconocer esa promesa, aunque Alonso lo corrobora: “Eso fue así; con sentencias ya firmes, el PP, cuando Cristina Tavío era presidenta insular, nos prometió que no las ejecutarían”.
http://www.diariodeavisos.com/bento-ve-injustificado-lider-del-pp-en-candelaria-pida-su-cese/
El viernes, Hernández Bento dijo desconocer esa promesa, aunque Alonso lo corrobora: “Eso fue así; con sentencias ya firmes, el PP, cuando Cristina Tavío era presidenta insular, nos prometió que no las ejecutarían”.
http://www.diariodeavisos.com/bento-ve-injustificado-lider-del-pp-en-candelaria-pida-su-cese/
Cho Vito reitera que Costas le tapó datos sobre el “verdadero”deslinde
La jefa de la Demarcación de Costas, Teresa Sánchez, aseguró el viernes que este organismo entregó a los vecinos de Cho Vito “toda la documentación que legalmente se les ha podido dar”, con lo que, preguntada por este diario en rueda de prensa, negaba de plano las acusaciones de que ha sido objeto por parte de los afectados, en el sentido de que se les negó el acceso a consultar el expediente completo mientras duró el litigio judicial que acabó con el derribo de sus casas para recuperar el dominio público y construir un paseo.
Pero las familias del desaparecido Cho Vito no dan por buena esta explicación ni la ratificación de estas palabras por la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. Por eso, ayer anunciaron que presentarán un recurso contencioso administrativo para intentar demostrar que las sentencias firmes que avalaron los derribos se dictaron con “un documento falso” porque el deslinde fijado en 2001 debía coincidir con el de 1969, según certificó en 2000 el entonces ingeniero jefe, Manuel Barrios, cosa que al final no fue así, por lo que casi todo el poblado quedó en el corredor de la muerte.
“Nuestras condenas firmes se basan en un acto administrativo, el del deslinde, que es nulo por erróneo, y los jueces nunca vieron estos papeles, por lo que no se puede decir que lo nuestro sea ya sea cosa juzgada, porque han aparecido nuevas pruebas”, manifestó ayer un portavoz de Cho Vito, Antonio Alonso, quien confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya les ha rechazado su alegación en este sentido, lo que les aboca a intentar el más difícil todavía: reabrir un caso con sentencia ya firme. El viernes, la jefa de la Demarcación ya dejó claro que las alegaciones y los recursos de Cho Vito “se han tramitado y los tribunales han dado la razón a Costas”. ¿Pero dio realmente este organismo público todos los documentos que solicitaron los afectados antes de las sentencias? La técnico responsable de este organismo ha dicho que sí, pero los vecinos afirman que no, y para intentar acreditarlo han remitido a este diario cinco escritos, dos de 2010, con peticiones, no satisfechas, para obtener el expediente administrativo completo relativos a dos viviendas y otras tres peticiones de acceso al expediente del paseo marítimo, registradas en 2012.
Y es que las familias que vivían en Cho Vito sostienen que la tramitación de este proyecto, con el que se justificó la demolición incluso de casas en servidumbre, no las tiene todas consigo. “Consideramos que se cometieron irregularidades,como que el Consejo de Ministros no lo declarara de utilidad pública ni aprobara una declaración de impacto ambiental con el argumento de que son solo proyectos de mantenimiento y conservación, cuando no es así, y además, creemos que se han usado indebidamente fondos europeos para demoler nuestras casas ”, sostuvo Alonso, cuya vivienda se tiró pese a que, como comprobó luego, fotos y planos situaban el mojón del deslinde delante de la edificación.
A su juicio, “ha habido un secreto enorme sobre todo este asunto, vulnerando derechos” reconocidos en la ley 27/2006 que obliga a las administraciones públicas a dar acceso a la información sobre medio ambiente, y el Convenio internacional de Aarhus sobre esta materia.
Los nuevos papeles aportados por Cho Vito los publicó este diario en noviembre pasado, días antes de los últimos derribos, y la Subdelegación del Gobierno no quiso dar entonces su versión al respecto, pese a la insistencia de este diario. Le dieron seis meses después, el viernes, la delegada del Gobierno y la jefa provincial de Costas, a preguntas de este periódico, en rueda de prensa sobre la recién aprobada Ley de Costas
http://www.diariodeavisos.com/cho-vito-reitera-costas-tapo-datos-sobre-verdaderodeslinde/
Pero las familias del desaparecido Cho Vito no dan por buena esta explicación ni la ratificación de estas palabras por la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. Por eso, ayer anunciaron que presentarán un recurso contencioso administrativo para intentar demostrar que las sentencias firmes que avalaron los derribos se dictaron con “un documento falso” porque el deslinde fijado en 2001 debía coincidir con el de 1969, según certificó en 2000 el entonces ingeniero jefe, Manuel Barrios, cosa que al final no fue así, por lo que casi todo el poblado quedó en el corredor de la muerte.
“Nuestras condenas firmes se basan en un acto administrativo, el del deslinde, que es nulo por erróneo, y los jueces nunca vieron estos papeles, por lo que no se puede decir que lo nuestro sea ya sea cosa juzgada, porque han aparecido nuevas pruebas”, manifestó ayer un portavoz de Cho Vito, Antonio Alonso, quien confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya les ha rechazado su alegación en este sentido, lo que les aboca a intentar el más difícil todavía: reabrir un caso con sentencia ya firme. El viernes, la jefa de la Demarcación ya dejó claro que las alegaciones y los recursos de Cho Vito “se han tramitado y los tribunales han dado la razón a Costas”. ¿Pero dio realmente este organismo público todos los documentos que solicitaron los afectados antes de las sentencias? La técnico responsable de este organismo ha dicho que sí, pero los vecinos afirman que no, y para intentar acreditarlo han remitido a este diario cinco escritos, dos de 2010, con peticiones, no satisfechas, para obtener el expediente administrativo completo relativos a dos viviendas y otras tres peticiones de acceso al expediente del paseo marítimo, registradas en 2012.
Y es que las familias que vivían en Cho Vito sostienen que la tramitación de este proyecto, con el que se justificó la demolición incluso de casas en servidumbre, no las tiene todas consigo. “Consideramos que se cometieron irregularidades,como que el Consejo de Ministros no lo declarara de utilidad pública ni aprobara una declaración de impacto ambiental con el argumento de que son solo proyectos de mantenimiento y conservación, cuando no es así, y además, creemos que se han usado indebidamente fondos europeos para demoler nuestras casas ”, sostuvo Alonso, cuya vivienda se tiró pese a que, como comprobó luego, fotos y planos situaban el mojón del deslinde delante de la edificación.
A su juicio, “ha habido un secreto enorme sobre todo este asunto, vulnerando derechos” reconocidos en la ley 27/2006 que obliga a las administraciones públicas a dar acceso a la información sobre medio ambiente, y el Convenio internacional de Aarhus sobre esta materia.
Los nuevos papeles aportados por Cho Vito los publicó este diario en noviembre pasado, días antes de los últimos derribos, y la Subdelegación del Gobierno no quiso dar entonces su versión al respecto, pese a la insistencia de este diario. Le dieron seis meses después, el viernes, la delegada del Gobierno y la jefa provincial de Costas, a preguntas de este periódico, en rueda de prensa sobre la recién aprobada Ley de Costas
http://www.diariodeavisos.com/cho-vito-reitera-costas-tapo-datos-sobre-verdaderodeslinde/
viernes, 10 de mayo de 2013
Los afectados alertan del ataque al derecho a la propiedad privada
Miembros de la plataforma de perjudicados por la Ley de Costas de la provincia de Huelva han rechazado la reforma aprobada ayer por el Parlamento, ya que entienden que vulnera la normativa europea de la propiedad privada.
La mayoría de los afectados considera insuficiente el sistema compensatorio de la reforma, que se basa en alargar las concesiones de uso de la vivienda hasta 75 años, en lugar de contemplar una compensación económica.
Los propietarios de las viviendas denuncian que con la nueva ley no se produce ninguna expropiación, lo que conllevaría una compensación económicas, y sí una "confiscación", porque no contempla ni una indemnización ni un justiprecio. La nueva normativa tan solo permite el disfrute de la vivienda; esto es de "algo que ya tengo", como dicen gráficamente los afectados. Y además, "pretenden indemnizarnos con algo que ya es nuestro", añaden.
Los afectados están convencidos que la reforma va contra la propiedad privada, un derecho "sagrado", según la Carta Europea y que se salta la Constitución Española y el Derecho Internacional.
Tampoco aborda, en su opinión, el concepto de dominio público. Así, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas entiende que con la reforma "se pueden realizar deslinde indefinidamente", ya que permite que en cualquier momento pueda producirse una ampliación.
La Comisión de Peticiones de la Unión Europea estudia ya si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada y redactará un informe de conclusiones antes del verano.
La modificación de la ley podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que "ataca" al concepto de propiedad privada. Y es que, según la Comisión, las compensaciones a los propietarios afectados por la normativa se han pensado de forma muy extraña, porque el Gobierno español no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, y solo otorga una "concesión, o en tal caso la ampliación de una concesión que no es una compensación económica".
La reforma de la Ley de Costas sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogante sobre protección medioambiental, según la Comisión. Ésta determina que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la normativa antes de comprar.
La plataforma considera ni de lejos concilia la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa.
La nueva normativa obliga por ejemplo a incluir en el registro de la propiedad civil todas las casas que se verían afectadas por el deslinde, para que nadie pueda adquirir una vivienda sin saber que podría ser expropiada en el futuro.
La asociación no está convencida de que la reforma vaya a mejorar las cosas ni logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria, porque además incluye una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada.
Los afectados denuncian también que las líneas de deslinde que definen qué casas expropiar se han fijado de manera muy arbitraria, amnistiando en algunos casos a hoteles o fábricas contaminantes en detrimento de muchos pequeños propietarios, que sí se han visto expropiados.
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1520086/los/afectados/alertan/ataque/derecho/la/propiedad/privada.html
La mayoría de los afectados considera insuficiente el sistema compensatorio de la reforma, que se basa en alargar las concesiones de uso de la vivienda hasta 75 años, en lugar de contemplar una compensación económica.
Los propietarios de las viviendas denuncian que con la nueva ley no se produce ninguna expropiación, lo que conllevaría una compensación económicas, y sí una "confiscación", porque no contempla ni una indemnización ni un justiprecio. La nueva normativa tan solo permite el disfrute de la vivienda; esto es de "algo que ya tengo", como dicen gráficamente los afectados. Y además, "pretenden indemnizarnos con algo que ya es nuestro", añaden.
Los afectados están convencidos que la reforma va contra la propiedad privada, un derecho "sagrado", según la Carta Europea y que se salta la Constitución Española y el Derecho Internacional.
Tampoco aborda, en su opinión, el concepto de dominio público. Así, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas entiende que con la reforma "se pueden realizar deslinde indefinidamente", ya que permite que en cualquier momento pueda producirse una ampliación.
La Comisión de Peticiones de la Unión Europea estudia ya si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada y redactará un informe de conclusiones antes del verano.
La modificación de la ley podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que "ataca" al concepto de propiedad privada. Y es que, según la Comisión, las compensaciones a los propietarios afectados por la normativa se han pensado de forma muy extraña, porque el Gobierno español no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, y solo otorga una "concesión, o en tal caso la ampliación de una concesión que no es una compensación económica".
La reforma de la Ley de Costas sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogante sobre protección medioambiental, según la Comisión. Ésta determina que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la normativa antes de comprar.
La plataforma considera ni de lejos concilia la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa.
La nueva normativa obliga por ejemplo a incluir en el registro de la propiedad civil todas las casas que se verían afectadas por el deslinde, para que nadie pueda adquirir una vivienda sin saber que podría ser expropiada en el futuro.
La asociación no está convencida de que la reforma vaya a mejorar las cosas ni logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria, porque además incluye una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada.
Los afectados denuncian también que las líneas de deslinde que definen qué casas expropiar se han fijado de manera muy arbitraria, amnistiando en algunos casos a hoteles o fábricas contaminantes en detrimento de muchos pequeños propietarios, que sí se han visto expropiados.
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1520086/los/afectados/alertan/ataque/derecho/la/propiedad/privada.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











