Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

domingo, 27 de febrero de 2011

LOS RECURSOS LEGALES PUEDEN ETERNIZAR LOS DERRIBOS

El tiempo medio entre que alguna de las ramificaciones de la Administración detecta una construcción a todas luces ilegal y los tribunales de justicia decretan su derribo supera ampliamente los diez años.
El proceso habitual en estos casos empieza cuando el concello de turno descubre la edificación. En ese momento -que también se puede dilatar indefinidamente dependiendo de la diligencia municipal- se emite una orden de paralización de las obras y se le da trasladado a la Xunta. A su vez, el propio ente autonómico, bien con sus inspectores o a través de instancias externas como el Seprona de la Guardia Civil, también puede iniciar el procedimiento.
Una vez abierta la vía administrativa, queda determinar a que departamento le competen las gestiones que, en la comarca, son la Demarcación de Costas, dependiente del Estado y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta, además de los propios concellos. En el primer caso, el menos frecuente, no existe ningún tipo de duda porque cualquier construcción hecha en el espacio dominado Costas, salvo autorización expresa por cuestiones de interés general, es claramente ilegal porque el dueño del terreno es el Estado. No hay propietarios particulares.
Cuestión diferente son las fincas incluidas en Red Natura, de las que se ocupa el Gobierno Autonómico. Están consideradas como suelo rústico de especial protección medioambiental y, por lo tanto, tampoco se pueden edificar.
Los concellos, que son quienes conceden o deniegan las licencias de obras -siempre dentro de los núcleos y en suelo urbano consolidado-, dividen los expedientes en dos tipos: por un lado los legalizables, que están fuera de la normativa pero cabe su regularización y los que bajo ningún concepto se pueden ajustar a la ley.
Batalla en los tribunales
Justo después de la apertura de los expedientes, llegan las respuestas de los afectados con recursos ante las salas de lo Contencioso, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y hasta el Supremo que, en cada nivel, van dilatando el proceso. «Por eso moita xente non entende e resúltalle sorprendente que despois dunha década se derrube unha casa, pero así é como funciona», explica el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Carballo, José Antonio Viña. «Aquí, a inmensa maioría dos casos están expedientados, co cal teñen prácticamente imposible a súa legalización», añade Viña.
Caso distinto es el de las construcciones que llevan más de seis años en pie sin que nadie haya interpuesto una denuncia ante ninguna de las instancias competentes. Por una cuestión de seguridad jurídica y de que un propietario no puede estar permanentemente esperando para ver cuando derriban su casa, esa vivienda, aunque queda fuera de la ordenación urbanística, ya no se puede tirar.
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2011/02/27/0003_201102C27C3991.htm

jueves, 24 de febrero de 2011

POR OSTENTAR EL PODER, NO SE TIENE MAS RAZON


Carta a José Antonio Batista


Estimado José Antonio:
He leído con atención la nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno publicada en la prensa local el día 22 de febrero, referente al tema de Cho Vito, y he escuchado la entrevista que le realizaron en una emisora de radio sobre el mismo tema.
Tiene usted razón en una cosa. Hace ya más de dos años. Dos años de espera de soluciones que no llegan; de vivir en un continuo estado de angustia y desesperación. Dos años de ser tratados como delincuentes; de ser vejados tanto por la Administración como por algunos cargos políticos; de ser juzgados por una ley cuya aplicación es absolutamente arbitraria y caprichosa y que a lo largo de su vigencia no ha servido al propósito para el que fue creada. Dos años buscando un techo y unas paredes donde vivir, pues muchos vecinos de Cho Vito, con su única vivienda, fueron sacados de allí y condenados a malvivir por un supuesto "error" que algunos ya han reconocido; dos años esperando a que devuelvan los muebles y enseres que han destrozado o simplemente desaparecido, por no llamarlo de otra forma.
Indicarle que los vecinos de Cho Vito no han realizado acusaciones sobre el incumplimiento de la Dirección General de Costas, como usted asegura
, pero le recuerdo que fue don Pedro Ríos, director general de Costas, el que anunció a la prensa: "La solución definitiva al problema de la vivienda de los vecinos de Cho Vito estará a final de mes". Eso fue el día 15 de enero de 2010, y así lo recoge la prensa local al día siguiente. Lo sorprendente es que usted lo escuchó, pues estaba presente, por lo que me parece increíble su negación a lo evidente. Seguramente, usted estaba más atento a cómo las fuerzas de seguridad identificaban a los tres vecinos de Cho Vito presentes en ese acto (fuimos invitados por la Delegación del Gobierno y por el Ayuntamiento de Candelaria) que a las palabras de este alto cargo. En fin, tuvo usted un descuido o un lapsus. Como usted quiera.
Habla usted de hacer cumplir la ley y las sentencias. Le puedo contar innumerables casos de sentencias que están "aparcadas" en los juzgados y en diversos despachos. Por citarle alguno, le pongo el ejemplo del hotel Papagayo Arena, en Lanzarote, con sentencia firme de derribo, anterior a la de Cho Vito, pero sigue en pie, por un interés especial de una ministra, mediante acuerdos políticos; o el caso de una galería de un centro comercial que, con sentencia de derribo, sigue en pie y funcionando.
Y como estos ejemplos, muchos más. Por eso, la obstinación que tienen con este pueblo costero de Tenerife, y más cuando hay datos que constatan su antigüedad y su historia (posiblemente a usted no se lo han mostrado), la negación del problema social que genera la Ley de Costas y su aplicación retroactiva y totalmente aleatoria en estas islas no tienen explicación posible.
Mientras que en toda la geografía nacional se están buscando soluciones negociadas entre los afectados y la Administración, para usted lo importante es hacer cumplir la ley sin importarle si los vecinos se quedan en la calle
(y vuelvo a incidir en que desde 2008 hay personas que no tienen una casa) y, si hace falta, solicitar la ayuda de los cuerpos de seguridad del Estado, a ser posible en gran número, para así dar otro ejemplo de la ejecución de la ley, y de paso un bochornoso, desmesurado, desmedido y lamentable espectáculo como el del 7 de octubre de 2008, fecha del derribo de nuestras casas.
Acordar las bases de esa negociación y su posterior realización es el trabajo a realizar entre el Gobierno central y el de Canarias, escuchando a los vecinos, para buscar soluciones, que es lo que queremos todos, viendo la realidad de las costas canarias, que requieren una aplicación diferente a la de las costas valencianas o catalanas, y en esa labor se está trabajando, aunque parezca que a usted no se le haya informado, lo cual me parece increíble ostentando usted el cargo que ocupa, que aquí en Canarias lo llamamos de "correveidile" (con perdón si se ofende).
http://www.eldia.es/2011-02-24/CRITERIOS/21-Cartas-director.htm

miércoles, 23 de febrero de 2011

Se están pasando la pelota y aún no salimos de la incertidumbre


Las nueve familias que aún viven en Cho Vito muestran su preocupación y denuncian que "todavía no han puesto la primera piedra de las casas prometidas"
Los vecinos que aún quedan en la playa de Cho Vito siguen desvelados, si alguna vez pudieron pegar ojo tras los primeros derribos de viviendas en octubre de 2008.

En este momento pende sobre sus viviendas una orden de derribo cuyo plazo de ejecución ya expiró, sin que aún, las nueve familias que habitan en las ocho casas que siguen en pie hayan recibido la vivienda prometida por el Gobierno de Canarias o por el Ayuntamiento
. Una de las damnificadas es Monserrat Mejías y asegura que "todas las administraciones se están pasando la pelota y nadie nos saca de la incertidumbre", a la vez que recuerda que "al día de hoy no sólo no se ha puesto la primera piedra de las nuevas viviendas sino que tampoco han comenzado los desmontes del terreno".

Esta vecina teme que, cualquier día, las palas le dejen sin casa y tenga "que vivir en una caseta con mis tres niños".
Agradece la postura tomada por la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, de "paralizar el desalojo hasta que se solucionara el problema social y se estudiara la persistencia del lugar" pero sabe que sobre su casa y las ocho más caerá más pronto que tarde "el látigo de la Justicia". La vecina no escondió que "ahora, con las elecciones a la vista, todos se están tirando los trastos y en el medio estamos nosotros sin que nos realojen como prometieron".

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife rechazó las acusaciones vertidas por los vecinos de Cho Vito, en las que señalan que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha incumplido su compromiso de resolver el problema de la vivienda de los vecinos que quedan en dicho núcleo.

Ampliación

El subdelegado José Antonio Batista indicó que "el acuerdo al que se llegó con el Gobierno de Canarias, a través del consejero de Medio Ambiente Domingo Berriel, fue el de ampliación del plazo -hasta finales del pasado mes de enero- para el desalojo voluntario y búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, comprometiéndose a ello la administración canaria. Debe señalarse que ya se han producido dos ampliaciones, por lo que, si hay incumplimientos debe apuntarse en otra dirección", afirma.

Según Batista "eso significa que la solución a este problema no corresponde a la Administración del Estado, que sí ha cumplido con el compromiso de retrasar la demolición, como ya lo hizo en 2008 cuando dejó en pie varias construcciones por determinarse que eran primera vivienda". "Ello significa que ya han transcurrido más de dos años sin que se haya resuelto esta cuestión y a esto hay que añadir que queda muy poco tiempo para que expire la prórroga judicial. Y en este caso no sólo estamos obligados por el cumplimiento de la Ley, sino también por las resoluciones judiciales".

http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/8251/

martes, 22 de febrero de 2011

El principio del fin de la Ley de Costas


La norma que protege el litoral se ve amenazada por cinco iniciativas legislativas - Casi 23 años después de su aprobación, los perjudicados cantan victoria
La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene.
Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos.
.La Ley de Economía Sostenible prorroga una refinería que ocupa una marisma
.El Senado aprobó por mayoría rebajar la norma como pedían CiU y PP
.El abogado de los afectados: "Es cuestión de tiempo que caiga la ley"
.Los ecologistas critican la cesión de competencias a las comunidades
La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.
En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender. La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.
En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.
El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: "Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley". Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: "Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien".
Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: "El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio".
Los ecologistas critican que "quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera", como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.
La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.
Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como "ciudades navegables", en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.
El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí.
Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta "permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica". Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.
La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: "La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados". La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, marjales y esteros".
Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.
José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: "Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos".
Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.
¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo?
Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.
Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.
Ríos critica que PP y CiU "intentan amañar la ley". "Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución".
La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.
Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: "Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido". El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.
Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: "Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma".
Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: "La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público". WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.
Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.
Ríos defiende los traspasos: "Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades". El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros ("no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política") y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: "La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa".
El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: "No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja".
FRENTES DEL LITORAL


- Galicia. La Xunta de Galicia y el Ministerio de Medio Ambiente buscan legalizar los núcleos costeros de Marín (Pontevedra). El bipartito (PSOE-BNG) llegó a aprobar una ley contra Costas que está recurrida.
- Cataluña. CiU intenta evitar que la ley se aplique a las "ciudades navegables", como la Marina de Empuriabrava, en Girona.
- Comunidad Valenciana. La comunidad reclama competencias sobre los chiringuitos, cuya concesión se ha renovado. Una comisión mixta con el Gobierno estudiará los casos.
- Canarias. La comunidad aprobó una ley para evitar derribos como el de Cho Vito por su valor etnográfico. La ley está recurrida. Costas creará con ellos una comisión paritaria para estudiar caso a caso y dice que antes de marzo habrá traslados en Cho Vito.
- País Vasco. La Ley de Economía Sostenible permite mantener la refinería de Petronor en la marisma de Muskiz.
- Andalucía. La situación de los chiringuitos y el deslinde de Doñana enfrentaron a la Junta andaluza (PSOE) con el ministerio. El pacto de las transferencias ha acabado con la polémica.
- Cantabria. Hay 78 empresas en dominio público que han conseguido el apoyo del PP para intentar cambiar la ley. Costas busca soluciones sin cambiar la norma.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/principio/fin/Ley/Costas/elpepisoc/20110222elpepisoc_2/Tes

lunes, 21 de febrero de 2011

El realojo de vecinos de Cho Vito (Tenerife) corresponde al Gobierno canario, recuerda la Subdelegación


La Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este lunes "las últimas acusaciones" vertidas por los vecinos de la playa de Cho Vito, en las que señalan que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha incumplido su compromiso de resolver el problema de la vivienda de los vecinos que quedan en dicho núcleo costero del municipio Candelaria.
"Estamos trabajando para plantear una respuesta definitiva al problema social que había con algunos de sus residentes, que necesitaban ser realojados. Y confío en que podamos solucionarlo antes de fin de mes", concluyó Ríos.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/01/16/candelaria-inaugura-playa-accesos-discapacitados/325000.html (director General de Costas, Pedro Rios, Candelaria, 16 de Enero 2011.

El subdelegado del Gobierno de España en la provincia, José Antonio Batista, indica en un comunicado que "difícilmente se puede incumplir un compromiso que no se ha asumido, ni corresponde a la Administración del Estado"

"El acuerdo al que se llegó con el Gobierno de Canarias a través del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial fue el de ampliación del plazo para el desalojo voluntario y búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, comprometiéndose a ello la administración canaria. Debe señalarse que ya se han producido dos ampliaciones, por lo que, si hay incumplimientos debe apuntarse en otra dirección", dice.
Cabe señalar que en septiembre de 2010, se celebró una reunión en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en Madrid, con representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias, con la que se acordó ampliar el plazo de desalojo voluntario de las viviendas que quedaban en la playa de Cho Vito hasta finales de noviembre con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados.
En ese tiempo no se avanzó, por lo que, con posterioridad, en diciembre pasado y aprovechando el cambio del responsable de Costas, se celebra otra reunión a petición del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en la que desde el organismo estatal de Costas se accede a ampliar hasta finales de enero de 2011 el plazo de demolición ante el compromiso del Gobierno canario de que en ese tiempo resolverían el problema residencial de estos vecinos.
Eso significa que la solución a este problema no corresponde a la Administración del Estado, que sí ha cumplido con el compromiso de retrasar la demolición, como ya lo hizo en 2008 cuando dejó en pie varias construcciones por determinarse que eran "primera vivienda".
"Ello significa —apunta el subdelegado del Gobierno— que ya han transcurrido más de dos años sin que se haya resuelto esta cuestión y a esto hay que añadir que queda muy poco tiempo para que expire la prórroga judicial. Y en este caso no sólo estamos obligados por el cumplimiento de la Ley, sino también por las resoluciones judiciales




No salgo de mi asombro con "PepeToño"

En la inaguaración de la Playa de Puntalarga, en Candelaria a mediados del més pasado(enero), el director de Costas Pedro Ríos, a instancias de los periodistas, y con el Subdelegado del Gobierno presente, contesto "que el problema de Cho Vito quedaría resuelto a finales de mes"...(enero).......


¿QUIEN INCUMPLE CON LO ACORDADO?


Quiero recordarle, que lo de cumplir sentencias y resoluciones judiciales, Sr Batista, pregunte usted al Hotel Papagayo Arena en Lanzarote, con sentencia firme, antes que Cho Vito, o El anexo del Alcampo en La Laguna.....


domingo, 20 de febrero de 2011

El ministerio de Medio Ambiente quiere acabar en esta legislatura el deslinde de la costa española

Se protegería así la primera línea de playa para poder demoler las construcciones ilegales
Queda un año de legislatura y el Ministerio de Medio Ambiente pretende terminar prácticamente el deslinde de los casi ocho mil kilómetros de costa que hay en España
Según los cálculos realizados por el propio departamento, quedará por deslindar un 4 por ciento, que corresponde a las zonas más polémicas, es decir, aquellas casas y construcciones que están en primera línea (esto es, en un espacio público y protegido por la ley de costas) pero cuyo derribo ha sido recurrido ante los tribunales de justicia.
Pero, además, al Ministerio le ha salido un nuevo problema. Aparte de los siempre polémicos chiringuitos, en apenas siete años caducan las concesiones otorgadas a muchas instalaciones industriales que ahora ocupan esta primera línea de playa y que, sobre todo, están situadas en el Cantabria, País Vasco, Canarias, y las provincias de Cádiz y Huelva.
En teoría, el estado tendría que recuperar estas valiosas zonas de dominio público, pero el Ministerio de Medio Ambiente está recibiendo presiones por parte de las Comunidades Autónomas afectadas para que estas zonas industriales sigan ocupando esta importante franja del litoral de alto valor ecológico.
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ministerio-medio-ambiente-quiere-acabar-legislatura-deslinde-costa-espanola/csrcsrpor/20110220csrcsrsoc_3/Tes

Costas incumple y aún no resuelve el realojo de los vecinos de Cho Vito




El próximo 30 de abril expira la prórroga del plazo dado por el Juzgado a la Dirección General para que cumpla la sentencia de demolición.



El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos, anunció el 15 de enero pasado que antes de concluir ese mes se resolvería el problema del realojo de las familias que aún residen en el poblado de Cho Vito y que no disponen ni de recursos económicos ni de otra vivienda. Transcurrido más de un mes, la situación sigue igual, según las fuentes consultadas.
Cabe recordar que el responsable del departamento citado, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, realizó dicha afirmación durante la inauguración de una fase de la nueva playa de Punta Larga. En el mismo marco, explicó que "Costas no tiene interés alguno en venir de Madrid a desalojar a nadie", si bien matizó que "queremos resolver este problema". Eso sí, dejó claro que la vía de la negociación es la más adecuada, pero las sentencias que existan tendrán que cumplirlas.
El realojo de las nueve familias que aún residen en Cho Vito es una de las conclusiones a las que llegaron las administraciones (excepto el ayuntamiento) en una reunión que celebraron el 10 de septiembre pasado, en plena huelga de hambre protagonizada por seis vecinos ante el anuncio de que el día 20 de ese mes serían demolidas sus casas, medida que se pospuso hasta el 30 de noviembre y que ahora está aplazada hasta el 30 de abril por decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que autorizó ampliar el plazo concedido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
El Ayuntamiento de Candelaria está llevando a cabo la construcción de 70 viviendas de protección oficial y de promoción municipal en tres zonas del municipio: Amance, Playa de la Viuda y La Cardonera. De ellas, el consistorio tiene reservadas tres para los vecinos de Cho Vito que cumplan con los requisitos establecidos y que precisen ser realojados por la necesidad de demoler su casa, que ocupa suelo de dominio público marítimo-terrestre, para construir un paseo marítimo.
La población de este enclave de la costa candelariera sigue trabajando para tratar de salvar lo que queda de Cho Vito. Al tiempo, reivindica la reconstrucción del lugar. Este grupo de candelarieros mantiene su esperanza, ya que las últimas decisiones políticas adoptadas por los gobiernos central y regional en materia de Costas le ha permitido "salir del corredor de la muerte y entrar en el de las negociaciones".
http://www.eldia.es/2011-02-20/SUR/4-Costas-incumple-aun-resuelve-realojo-vecinos-Cho-Vito.htm

jueves, 17 de febrero de 2011

Carlos Fabra se reúne con diputados y senadores para pedir su apoyo a la defensa del litoral castellonense



El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha reunido hoy con diputados nacionales y senadores provinciales de Castellón Popular para pedir su apoyo a la estrategia de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Una reunión a la que estaban invitados todos los responsables políticos nacionales, también los del Partido Socialistas, quienes no han acudido al encuentro.
El presidente provincial ha detallado ante los representantes de las Cámaras los objetivos del plan de acciones diseñado para reclamar en Madrid una revisión de la Ley de Costas que evite su aplicación retroactiva y arbitraria, salvando a las viviendas afectadas por los deslindes y la degeneración de la costa. “Buscamos que el Ministerio nos escuche y atienda a razones ante una situación que perjudica a cientos de ciudadanos y no asegura la protección del medio ambiente”, ha explicado.

El apoyo de diputados y senadores es fundamental en la estrategia de lobby nacional porque necesitamos demostrar que en cuestión de Costas no hay colores ni partidos sino ciudadanos y ciudadanas afectados desde hace 23 años por una ley injusta”

.
Carlos Fabra se ha mostrado “una vez más decepcionado por la actitud de los responsables socialistas. Sus senadores y diputados estaban invitados a este encuentro no partidista, se les mandó una invitación personalizada, y no han acudido. Una vez más, demuestran ser primero socialistas y luego castellonenses. Me sorprende, especialmente, si tenemos en cuenta que su responsable a nivel provincial es el alcalde de un municipio costero como Benicàssim. A quien debería preocuparle un problema del calado que nos afecta”.
La diputación provincial ha presentado a los representantes de las Cámaras la petición oficial que se entregará esta primavera en Bruselas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, así como el informe jurídico y la página web de la plataforma (http://plataforma.dipcas.es).
Por su parte el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, ha destacado “la petición está consensuada por las asociaciones de vecinos y los municipios afectados. Aun así seguimos recogiendo firmas para recabar el mayor apoyo posible y esperamos contar con el respaldo de los senadores y los diputados nacionales. La plataforma inaugurará en breve una exposición fotográfica itinerante que pretende acercar al público español y europeo la realidad de nuestros pueblos costeros”.
La exposición será presentada en Madrid y Valencia, además de en la capital europea y todos los municipios afectados.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/107190_carlos-fabra-reune-diputados-senadores-para-pedir-apoyo-defensa-litoral-castellonense.html

Costas: negociación lastrada

El Ministerio de Medio Ambiente inició ayer en Cantabria una negociación sobre los efectos de la aplicación de la Ley de Costas en la región con la sorprendente ausencia de los principales y potenciales perjudicados por la legislación: los empresarios afectados y sus representantes, la CEOE. Cuesta pensar en las razones para esta marginación que, además, invalida cualquier acuerdo al que se haya podido llegar por la ausencia de un protagonista fundamental.
La aplicación de la Ley de Costas ha levantado una notable alarma social en Cantabria y ha provocado un frente común no habitual en el que hasta ayer habían militado juntos los sindicatos, la Cámara de Comercio y los empresarios. De esta entente habían salido las cifras que definían el problema: 1.200 empresas afectadas y varios miles de puestos de trabajo en cuestión.
En la reunión de ayer, presidida por la secretaria de Estado para el Cambio Climático, Teresa Ribera, se pusieron sobre la mesa números en principio más tranquilizadores -sólo 78 empresas involucradas-, aunque sin una explicación que ayudara a entender la disparidad de criterios. El Gobierno central y el regional, representado en esta ocasión por el PSOE, están obligados a entablar una negociación con todas las partes implicadas y a clarificar los pasos a dar para solucionar este problema.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110217/opinion/editorial/costas-negociacion-lastrada-20110217.html

La legalización de los núcleos costeros no será inmediata

El Ayuntamiento y el Ministerio buscan una solución para las viviendas

El acuerdo entre Xunta y Gobierno central por el que este renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la modificación de 2010 de la ley gallega del suelo no supondrá la legalización "automática" de los núcleos rurales costeros tradicionales de Marín, según matizó el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Es necesario modificar la ley de costas como se planteó en su momento a través de la ley de vivienda de la Xunta", aclaró ayer el conselleiro.
El Gobierno renunció a presentar un recurso contra la ley de suelo gallega

La regularización de estos núcleos está próxima a resolverse, en todo caso, si prosperan las conversaciones entre el Ayuntamiento de Marín y el Ministerio de Medio Ambiente, que ultiman la fórmula para adecuar a la Ley de Costas la situación de estos asentamientos a través del plan de ordenación municipal.

El acuerdo entre administraciones, publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado, implica que el Gobierno renuncia a recurrir la ley gallega del suelo (no retira el recurso, aun sin presentar, en contra de lo que publicó ayer erróneamente este periódico). A cambio, la Xunta acepta la interpretación de Madrid respecto a tres preceptos de la ley gallega, que afectan a los usos permitidos en suelos rústicos de protección de costas, al régimen de aplicación sobre municipios con planeamientos no adaptados a la norma y a los asentamientos surgidos al margen del planeamiento.
La Xunta, según el pacto, interpreta que estas disposiciones no afectan a las servidumbres de protección del dominio público marítimo terrestre (hasta 100 metros) que establece la Ley de Costas. Se compromete a modificar una referencia relativa a las edificaciones sin licencia para que, en el mismo sentido, limite sus efectos a los terrenos que están fuera de la zona de servidumbre estatal de protección.
En el caso de los núcleos costeros de Marín -Mogor, Loira, A Teoira, Casás y Aguete- el problema surge porque, a pesar de que las casas llevan en algún caso más de un siglo en pie, la Ley de Costas considera que están en el dominio público y restringe las obras permitidas. Y ello porque antes de la aprobación de dicha norma, en 1988, no se registró en los planos que en la zona había asentamientos tradicionales.
El límite aplicable, fijado en 100 metros de distancia al mar, está establecido en 20 metros para ciertos núcleos urbanos. La mayoría de los intentos de legalizar la situación fueron en la línea de conseguir que se aplicase a estas casas de Marín la misma salvedad. Un decreto del último Gobierno de Manuel Fraga y una disposición adicional de la ley de vivienda del bipartito trataron de arreglar la situación, pero en ambos casos el Estado llevó las normas al Tribunal Constitucional, que aún no se pronunció al respecto. Así lo recuerdan tanto el presidente de la plataforma de afectados, Enrique Méndez, como el concejal de Urbanismo de Marín, Xosé María Vilaboa (BNG). Este indica que el bipartito trató de revisar de oficio el planeamiento de Marín, pero no prosperó.
Vilaboa apunta, en ese sentido, que el Ayuntamiento negocia con la Dirección General de Costas para regular los núcleos a través de una ordenanza que se incluiría en el Plan Xeral de Marín, que aún no se ha aprobado definitivamente. El edil destaca que la disposición al pacto del Ministerio de Medio Ambiente ha aumentado desde la llegada al cargo de Rosa Aguilar en sustitución de la gallega Elena Espinosa.
Al margen de la negociación, el Parlamento autónomo acordó a finales del año pasado (con los votos del PP), proponer en el Congreso una modificación de la Ley de Costas que ataje de una vez la situación irregular. PSdeG y BNG se negaron, al ver en el articulado de la propuesta una serie de preceptos que permitirían legalizar núcleos no tradicionales en municipios como Moaña, surgidos a partir de la década de los noventa con la ley ya en vigor. El PSdeG pidió ayer al PP que reununcie a esa reforma de la Ley de Costas.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/legalizacion/nucleos/costeros/sera/inmediata/elpepuespgal/20110217elpgal_2/Tes

miércoles, 16 de febrero de 2011

Costas pacta con la Xunta y retira el recurso contra la ley del suelo gallega

El acuerdo da vía libre a la legalización de los núcleos costeros de Marín

El largo contencioso del Ministerio de Medio Ambiente con la Xunta de Galicia por la gestión del litoral toca a su fin. La Vicepresidencia de Política Territorial ha anunciado que retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de febrero de 2010 que buscaba legalizar viviendas construidas antes de la Ley de Costas en núcleos rurales de Marín (Pontevedra), entre otras.
Y lo ha hecho pese a que, inicialmente, la Dirección General de Costas consideró, bajo el mandato de la gallega Elena Espinosa, que la ley invadía competencias exclusivas del Estado.

Medio Ambiente da por bueno el plan de ordenación del litoral gallego

Desde la llegada de Rosa Aguilar al frente de Medio Ambiente, y de Pedro Antonio Ríos a la Dirección General de Costas, el ministerio ha emprendido lo que define como "una política de concertación
". Pactos con las autonomías de todo color para sofocar los incendios que causados por la Ley de Costas. Primero fue Andalucía, que asumirá competencias en el litoral conforme a su Estatuto. Después Canarias y Valencia, que tendrán una comisión mixta para estudiar los deslindes y la aplicación de la norma en temas como los chiringuitos. Ahora llega el turno a Galicia con la retirada del recurso.El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el anuncio de la retirada del recurso al considerar "solventadas" las diferencias entre el Gobierno y la Xunta sobre la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. La ley gallega establece que los núcleos rurales que no tuvieran plan urbanístico en 1988 (cuando entró en vigor la Ley de Costas) no estarían sometidos a la normativa estatal, sino a la autonómica, que permite mantener casas de dos plantas.
Hasta ahora, Costas interpretaba que la ley permitía a la comunidad establecer en 20 ó 100 metros la extensión de la franja de servidumbre de protección. Ahora, ambas administraciones han decidido que el texto "no modifica la delimitación, la extensión ni el regimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre".
Además, la Xunta se compromete a tramitar otra ley para dejar claro que el sistema de legalización previsto en la ley para las viviendas sin licencia construidas anets de 2003 no se aplicará a la servidumbre de Costas. Nada dice el acuerdo de qué ocurrirá si no se reforma la ley. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, explicó ayer en su despacho que se da por satisfecho con el plan estratégico de ordenación del litoral y la propuesta de ordenación del litoral de la Xunta.
Sobre la legalización de los núcleos conflictivos en Marín, Ríos afirmó: "No se podrá incrementar el volumen, pero sí mejorar la casa. Y lo que era un solar tendrá que seguir siéndolo". "Hemos aplicado una gestión concertada de la ley", señaló. Ríos explicó que ha pedido a los alcaldes afectados que adapten las normas subsidiarias de los municipios para contemplar los núcleos existentes, pero con la condición de que "nunca" se amplíe, algo que "solo podrá ocurrir si se reforma la Ley de Costas".
La renuncia al recurso es un síntoma de un cambio de mayor calado. Ríos afirmó que la cesión de competencias a las autonomías "no se puede universalizar", pero a la vez aseguró que "la realidad competencial no se puede sostener". "Tenemos tres comunidades con competencias [Cataluña, Andalucía y Baleares] y otras tres que lo reclaman insistentemente [Galicia, Canarias y Valencia]. No podemos ir al café para todos, pero sí a la codecisión en la que no desaparece el Estado. La gestión, cuanto más cerca, mejor", concluyó el director general.Las palabras contrastan con la tradición de un departamento, el de Costas, de larga tradición centralista, de ingenieros que han gestionado el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa. Estos a menudo recelan de las comunidades por considerarlas demasiado complacientes.
Pilar Marcos, representante de Greenpeace, pone como ejemplo el deslinde de Doñana, en el que Espinosa no cedió a la oposición de la Junta andaluza, del PSOE, y expropió todo el sistema dunar. La Junta anunció que recurriría el deslinde pero, finalmente, no ha hecho falta. Tras la llegada de Aguilar, la Administración autonómica gestionará el litoral, como establece el Estatuto de autonomía, y negociará el último deslinde de Doñana, el más conflictivo.

lunes, 14 de febrero de 2011

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS EN EL SENADO

La Modificación de la Ley de Costas presentada por el Grupo Popular y aprobada el pasado miércoles 9 en el Senado, que tantas espectativas y falsas esperanzas había levantado entre los miles de familias a quienes se les ha llevado a la ruina personal, familiar y económica confiscándoles la propiedad, ha acabado siendo una modificación partidista e igual de injusta que lo que ya teníamos. Basta con leer detenidamente el texto de la propuesta aprobada.
Se propone la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de la siguiente forma:
Artículo único. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas queda modificada como sigue:

Uno. El apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda queda redactado en los siguientes términos: «Disposición Transitoria Segunda.
2. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, conservando sus condiciones y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación específico para dichos terrenos, que venga a ratificar el mantenimiento de la ocupación o a determinar motivadamente la extinción del derecho, previa valoración de la concesión a efectos indemnizatorios, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente continuarán siendo de dominio público.»
Dos. «Disposición Transitoria Sexta.
2. El apartado segundo de la Disposición Transitoria Sexta queda redactado en los siguientes términos:—Extinguidas con arreglo a lo establecido en sus respectivos pliegos de condiciones, las concesiones otorgadas con anterioridad a esta Ley, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 72.»


Es decir, SÓLO se modifica la ley para las CONCESIONES a las que se le quiere dar carácter y protección de supuesta propiedad.
A las verdaderas víctimas de la Ley de Costas, a los PROPIETARIOS LEGÍTIMOS, se nos ignora pero se aprovechan y manipulan los argumentos que se tendrían que utilizar en defensa del Derecho Humano a la propiedad privada.
Baste como ejemplo la oportuna mutilación del Informe Auken que en la exposición de motivos hecha en el Senado se queda en:
"Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, aprueba el denominado «Informe Auken», instando al Estado español a actuar para evitar la vulneración de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima, afectados por la Ley de Costas:
«(…) nadie debería perder sus tierras o viviendas sin las debidas garantías procesales y una indemnización justa y apropiada, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que todos los Estados miembros están obligados a respetar en virtud del segundo apartado del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea».
Mientras que en el Informe Auken se expone:

C. Considerando el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la UE, por el que la Unión se compromete a respetar los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH),H. Considerando que el derecho a la propiedad privada está reconocido como derecho fundamental de los ciudadanos europeos en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que dispone que «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos»; que «nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización»; y que «el uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general»,

Pero continúa la exposición de motivos en el Senado:
Por todo ello, sin perjuicio de reconocer la dificultad de la conciliación del interés público con los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, es imprescindible la revisión y modificación de la legislación en materia de costas para consagrar el respeto de principios jurídicos fundamentales de un Estado de Derecho como el nuestro.En el Informe Auken se expone
22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;

Ni la Sra Auken en su informe, ni la Carta Europea de los Derechos Fundamentales dice nada sobre las concesiones ¿Por qué se quiere confundir a la opinión pública?La modificación propuesta no da solución ni a concesionarios ni a propietarios .http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/IIIA026A.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//ES#title1

LA PRENSA INGLESA SE HACE ECO DE UN SEGURO QUE GARANTIZA LA LEGALIDAD DE LA VIVIENDA ESPAÑOLA.

LEY DE COSTAS ESPAÑOLA.
La prensa inglesa se hace eco de un seguro que garantiza la legalidad de la vivienda española
. Guía práctica inmoley.com relacionada: inspección de vivienda. El road show del Ministerio de Fomento para fomentar la venta en Europa del stock inmobiliario se tendrá que enfrentar a una pregunta segura: ¿si es tan seguro comprar una vivienda en España, por qué una de las principales aseguradoras españolas vende un seguro que garantiza la legalidad de la compra de vivienda, ante la incapacidad de hacerlo el sistema jurídico, como en el resto de Europa?.
http://www.inmoley.es/HEMEROTECA/NOTICIAS/1112345/inmobiliario-urbanismo-vivienda/02-inmobilario-014-20.html

viernes, 11 de febrero de 2011

Gente humilde, gente poderosa

Miguel Dueñas Muñoz 11/02/2011 10:11

Vemos continuamente cómo se demuelen viviendas de gentes humildes, ya sea porque se construyeron sin permiso o por la famosa ley de costas. Hace como un año, en Tenerife, concretamente en la población de Candelaria, la Guardia Civil, por orden gubernativa, demolió, sin piedad, un montón de viviendas de pescadores, en las cuales vivían esas personas desde hacía más de cincuenta años, sin especular con ellas, pues los obligaron a irse y destruyeron sus casas. Puedo aseguraros que sentí un tremendo dolor por ellos, y porque aquellas casas eran parte del paisaje de la maravillosa isla de Tenerife.
En Marbella, según he leído, hay como unas tres mil viviendas ilegales, pero pasan los años y, como son casas de lujo, no se destruyen, ni los gubernativos ni los jueces dan la orden de demolición.
Ahora, aquí, en Tarragona, según una sentencia firme del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se tiene que demoler Marina Port Tarraco, porque según esa sentencia se construyó sin permiso… ¿Se cumplirá dicha sentencia, ya que es firme?
http://www.diaridetarragona.com/opinio/cartasaldirector/052607/gente/humilde/gente/poderosa

jueves, 10 de febrero de 2011

Apoyo unánime para salvar el hotel Oliva Beach


La demolición del emblemático establecimiento dejaría sin empleo a 400 personas.

El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado por unanimidad una moción para salvar el hotel Oliva Beach situado en el municipio de Corralejo, en Fuerteventura, de la demolición que quiere llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino debido para cumplir con la Ley de Costas.

Un apoyo que ha agradecido el colectivo de trabajadores del hotel, ya que el emblemático establecimiento dejaría sin empleo a 400 personas. El presidente de la Asociación Salva el Oliva Beach, Adrián Fernández, ha manifestado que se encuentra agradecido y que esto es un paso más para salvar el hotel de la demolición.

Otros puntos tratados en el pleno han sido la aprobación definitiva del presupuesto 2011, con los votos a favor del grupo de gobierno y los votos en contra de la oposición. El Pleno ha dado apoyo unánime a la concesión de bienes de dominio público para el parque tecnológico y a la cesión de terrenos para la construcción de la sede que albergará el Instituto Tecnológico de Canarias.
Redacción TelevisiónCanaria

MARM, Dirección de Costas y Gobierno cántabro se reunirán el próximo día 16 en Santander para tratar la Ley de Costas

Revilla explica que habrá desafectaciones para el traspaso de la propiedad en algunos casos y prórrogas del periodo en otros

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS)
-
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado este jueves, tras reunirse en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que una delegación encabezada por la secretaria de Estado, Teresa Ribera, y el director de sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos, se reunirán el próximo 16 de febrero, en Santander, con el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de revisar la aplicación de la Ley de Costas en esta comunidad.
En presencia de la ministra, Revilla se ha congratulado por lo que supone el "primer paso" para erradicar la alarma generada entre el empresariado y los trabajadores de empresas cuyo convenio de explotación con el Gobierno expira en 2018. Así, ha señalado que la intención, tanto del Gobierno central como del autonómico, es "solucionar la mayoría de los casos por dos vías: la desafectación de terrenos y la prórroga de las concesiones".
En este sentido, ha explicado que, en el primer caso, la idea es identificar "los casos claros de actividades productivas, incluso de manera inmediata", con el objetivo de proceder a "hacer una desafectación de los terrenos" --los cuales son propiedad del MARM-- para su traspaso en propiedad a los actuales ocupantes de los mismos.
"Naturalmente tendrá un contrapartida económica, pero la voluntad del Ministerio no es pasar por caja sino solucionar el problema", ha dicho Revilla, quien ha subrayado que, "incluso antes del 2018, algunos serán desafectados del dominio de Costas para pasar a ser propiedad de los usuarios". "Eso revalorizará los terrenos y permitirá a los empresarios tener un horizonte de inversiones", de tal forma que no tengan constantemente "la espada de Damocles encima de las concesiones".
Mientras, en el otro supuesto, el mandatario cántabro ha referido que la idea del Ministerio pasa por traspasar los terrenos "del dominio de Costas al dominio portuario", y, en este sentido, "prorrogar" los 30 años de la concesión actual, que vencen en el 2018. No obstante, ha recordado, habrá casos que no se ciñan a estos modelos para los que habrá que buscar "alternativas".

miércoles, 9 de febrero de 2011

PP y CiU logran impulsar la reforma de la Ley de Costas desde el Senado

El grupo popular y CiU han logrado impulsar la reforma de la actual Ley de Costas al conseguir que el pleno del Senado aprobara esta tarde la toma en consideración de dos proposiciones, que ahora deberán debatirse en el Congreso de los Diputados.
En su propuesta, establecida antes de la ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, "conservando sus condiciones el grupo popular defiende que los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación especifico para dichos terrenos".
El grupo popular ha argumentado que miles de ciudadanos, trabajadores de todos los sectores, obreros y empresarios ven peligrar su futuro como consecuencia de la posibilidad de tener que abandonar sus trabajos y empresas a partir del 2018
.
Según la parlamentaria del PP que ha defendido la iniciativa, la senadora por Cantabria Leticia Díaz, la privación de estos bienes se ha llegado a interpretar, yendo más allá de lo dispuesto en la propia ley, al contemplar supuestos sin derecho a indemnización alguna, como consecuencia de una "aplicación irregular" de la ejecución de la Ley de Costas.
Por su parte, los nacionalistas catalanes piden la exclusión de los dictados de la ley de las llamadas "ciudades navegables" y de las áreas urbanas consolidadas como singularidades propias, precisamente por su "peculiaridad y legalidad".
CiU cita concretamente el caso de la Marina d'Empuriabrava (Castelló de Empuries); de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S' Abanell (Blanes).
Para el grupo catalán, estas áreas fueron construidas según la legislación urbanística vigente sobre terrenos privados y los propietarios han consolidado los derechos legalmente adquiridos.
Agrupados en la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, unos 70 empresarios de Cantabria han viajada hasta Madrid para seguir en directo el debate de hoy y desde la tribuna del público han saludado con aplausos el resultado.
Aunque el grupo socialista ha votado en contra de ambas iniciativas, no ha podido impedir la aprobación de las dos iniciativas por 127 votos a favor y 125 en contra, en el caso de la propuesta del PP, y de 136 a favor y 112 en contra en el caso de la de CiU.
Durante el debate, la senadora popular Leticia Díaz ha asegurado que son muchas las víctimas de la "aplicación torticera" de la norma, que existe un tejido productivo empresarial en la zona costera, que firmaron concesiones a perpetuidad o por 99 años, e invirtieron en empresas e industrias, y que la norma "condena a muerte" a muchas de ellas.
Por su parte, la senadora de CiU Monserrat Candini ha señalado que no hay nada peor que las lecturas "restrictivas" de determinadas leyes, con una visión poco real y ha "lamentado" la poca sensibilidad que el Gobierno ha mostrado hasta ahora en relación al tema en concreto por ellos defendido, ya que son miles los afectados.
La costa española está ya deslindada en el 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado a finales del 2010 al Consejo de Ministros por Medio Ambiente. EFE-Cantabria

Plataforma de Castellón pide paralizar ley de Costas para proteger 600 casas

La Plataforma para la Defensa de las Viviendas del Litoral Castellonense, impulsada por la Diputación de Castellón e integrada por ayuntamientos y asociaciones de vecinos, reclamará a la UE la paralización de la aplicación retroactiva de Ley de Costas para proteger las 600 viviendas afectadas por ella.
Así lo ha dado a conocer hoy el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, durante el acto de presentación de la plataforma que ha tenido lugar hoy en el salón de actos de la institución provincial y al que han asistido representantes de los municipios y de las asociaciones de vecinos afectados por la ley.
Fabra ha defendido que la plataforma pretende convertirse en un "referente provincial" y que nace con el "compromiso" de no quedarse con "los brazos cruzados" viendo cómo peligra el "encanto" de la costa de Castellón, que depende "tanto de la naturaleza como de la vida que se construye en torno a ella".
Fabra ha sostenido que la aplicación de la ley es "arbitraria" porque en 1988 la mayoría de las playas castellonenses contaba con 30 metros más de arena y las casas "estaban fuera del límite establecido para ser dominio público".
"El mal hubiese sido menor si Costas hubiese cumplido con la obligación que establece la Ley en sus primeros dos artículos: conservar, proteger y restaurar la costa", ha añadido.
El presidente de la Diputación ha explicado además que para lograr la aplicación de esa ley se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas que se llevará a cabo mediante internet, las redes sociales, y en una exposición fotográfica itinerante.
Asimismo, ha indicado que la costa castellonense es "la más regresiva", junto con la de Huelva, y ha lamentado que cada año en Semana Santa los turistas que visitan Castellón se encuentran con "la misma estampa: excavadoras y operarios con palas en la arena reparando los destrozos de los últimos temporales".
Ha dicho además que con la aplicación de la ley 600 familias perderán sus viviendas sin obtener por ello indemnización alguna y que incluso en el caso de Torrelasal "se hará desaparecer un poblado marítimo entero".
http://www.adn.es/local/valencia/20110209/NWS-0960-Plataforma-Castellon-Costas-paralizar-proteger.html

Dos diputados llevarán al Congreso la reforma de la ley de costas

Los diputados Román Rodríguez (PP) e Ismael Rego (PSdeG) fueron elegidos ayer por el pleno del Parlamento gallego para llevar al Congreso de los Diputados la proposición de ley aprobada por la Cámara -sólo con los votos del PP- para modificar la ley de costas. Por su parte, el BNG renunció a designar a un representante de su grupo al estar "en contra" de los términos en los que se propone este cambio.

El pasado mes de diciembre, los votos de los populares gallegos sirvieron para proponer que se reforme esta ley estatal con el fin de que se "legalicen" núcleos rurales tradicionales asentados en localidades como Moaña o Marín (Pontevedra). Por su parte, socialistas y nacionalistas se opusieron al considerar que la propuesta popular era "electoralista y oportunista".

En este escenario, la Cámara gallega aprobó "por asentimiento" el acuerdo previo de que tres diputados llevasen la proposición de ley al Congreso. Sin embargo, tras celebrarse ayer la votación en urna, sólo dos nombres -Rodríguez y Rego- salieron en las papeletas y hubo 11 en blanco -las correspondientes a los diputados del BNG a excepción de Fernando Blanco, que no participó en la votación-.

La decisión del BNG de no proponer a ningún representante responde a la interpretación por parte de este grupo de que carece de lógica acudir a la Cámara baja, donde los nacionalistas cuentan también con dos diputados, a reiterar su rechazo a esta propuesta de modificación. Pese a su oposición, los socialistas sí han optado por proponer a Rego, quien ratificará en el Congreso su postura contraria.
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2011/02/09/diputados-llevaran-congreso-reforma

lunes, 7 de febrero de 2011

«Siendo estrictos casi todo sería ilegal. Pero la ley reconoce derechos»

La recuperación del dominio público marítimo-terrestre es un proceso largo, complejo y en el que, evidentemente, hay que respetar todas las garantías legales. Vamos viendo de forma individualizada si el propietario de cada construcción tiene derecho a treinta más treinta años de concesión, a partir de la aprobación del deslinde de cada tramo de costa», comenta la jefa de la Demarcación Costas en la Región de Murcia, Francisca Baraza.
Ésta apunta que, en cuanto a las terrazas asociadas a viviendas que invaden la línea imaginaria marcada por los mojones, y por lo tanto metros de acceso al mar ganados a costa del disfrute público, «lo lógico es el derribo». Eso, al margen de las compensaciones económicas que se puedan establecer.
De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente busca el difícil y siempre polémico equilibrio entre la recuperación total del dominio público, que exigiría un fuerte desembolso de dinero en expropiaciones y compras, y el poner coto a lo que en este momento parecen playas privadas, puesto que se hace imposible transitar por esos lugares sin tener que rodear las urbanizaciones o meterse en el agua ya que la arena forma parte de casas y recintos de uso privado.
«Este proceso de recuperación del dominio público puede llevar años, porque se trata de mucho papeleo, audiencias, exposiciones públicas e incluso recursos judiciales. Pero lo que está claro es que lo importante es abordar el tema y hacerlo siempre de forma individualizada y velando por el cumplimiento de la legalidad. Los propietarios no tienen por qué tener miedo, porque actuamos con todas las garantías. Eso sí, en las ocupaciones al margen de la legalidad actuamos con firmeza», argumentó Baraza.
La máxima responsable de Costas en la Región invita a reflexionar sobre la moderación con la que debe actuar la Administración en estos casos, «ya que si nos ponemos estrictos, casi toda La Manga podríamos considerarla ilegal a la vista de la actual ley, porque casi todo está construido. Lo que pasa es que la ley no es retroactiva, y por eso reconoce los derechos adquiridos por los propietarios de bienes y derechos de urbanización», concluyó
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110207/cartagena/siendo-estrictos-casi-todo-20110207.html



Eso de que la ley no es retroactiva es dificil de explicar, sobre todo a los que han perdidos sus casas.

La lenta batalla contra las playas 'privadas'


Costas negocia permisos de uso con dueños de 50 chalés y otras edificaciones ubicadas en primera línea de playa

La aplicación de la Ley de Costas en La Manga y Cabo de Palos ha experimentado en las últimas semanas un nuevo avance, gracias a la tramitación de cincuenta expedientes relativos a construcciones que invaden el dominio público marítimo-terrestre y que pueden acabar derribadas, demolidas sólo en parte -en su mayoría- o salvadas para los próximos treinta o sesenta años, gracias a permisos de uso derivados de los derechos adquiridos por los propietarios.
A través de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino está inmerso en una fase del proceso de recuperación de las playas para el uso público, que tuvo como principal precedente los deslindes aplicados desde hace seis años para delimitar bien qué zona es pública.
La recolocación de mojones permitió establecer las franjas de servidumbre de acceso y tránsito, de seis metros a 20 de distancia al mar, y de protección, de hasta 100, y ahora se trata de ir caso por caso, decidiendo qué pasa con cada edificación.
Como la ley es de 1988, el trato es distinto para lo construido antes o después de esa fecha. Los dueños de construcciones previas pueden acogerse a concesiones de uso de treinta años, prorrogables otros treinta, mientras que el resto pasa a un procedimiento sancionador (multas), que puede desembocar en un derribo. Los cincuenta casos que aborda ya Costas están recogidos en un inventario de bienes integrado ya por trescientas propiedades repartidas por aproximadamente la mitad del litoral de la Región.
En total, según los cálculos de la Demarcación, el inventario tendrá unos seiscientos apuntes, en su mayoría referidos a La Manga, Cabo de Palos y Mazarrón.
Las viviendas individuales (sobre todo, chalés) destacan en el listado, que también incluye terrazas asociadas a esas casas, partes de edificios, muros, cerramientos, clubes náuticos, jardines y porciones de parcelas urbanizables.
El criterio de los responsables del Ministerio en la Región es otorgar las concesiones de uso para las construcciones previas a 1988, siempre que no obstaculicen la zona de tránsito, como ocurre con terrazas situadas en la parte de La Manga que da al Mar Menor, sobre todo en el término municipal de San Javier.
Un ejemplo es la zona cercana al Hotel Doblemar, donde hay un edificio que lleva ya casi cuatro décadas a medio construir.
Medio Ambiente ha ganado numerosos recursos judiciales contra los deslindes interpuestos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por los afectados. Pero hacer efectiva la recuperación de las playas para el disfrute público es una batalla más lenta y complicada. En todo caso, Costas ha ido dando pasos en los últimos años con demoliciones, como las de siete viviendas en Los Urrutias, un muro de cerramiento en el Hotel Cavanna, un pantalán también en la playa del Cavanna o un edificio de 80 viviendas en Playa Honda (pagó por el inmueble 12 millones de euros). Con esto último, tenía como objetivo acometer un proyecto de mejora ambiental en la zona de Playa Paraíso, que espera poner en marcha este año.
En otras zonas, como la playa de Marchamalo, ha habido tiras y aflojas con los dueños de bares y restaurantes, que se oponen a los precios de expropiación fijados por el Gobierno para construir un paseo marítimo. Y en el Vivero, entre Puerto Bello y las salinas de Marchamalo, la victoria judicial de Costas respecto al nuevo deslinde fue sólo un triunfo parcial, puesto que los promotores de una urbanización lograron del Ayuntamiento de Cartagena compensaciones en altura y, por lo tanto, podrán levantar torres de pisos.
Son ejemplos de la complicada aplicación de la ley de Costas en los 272 kilómetros de litoral regional, donde siguen al rojo vivo conflictos como el de las casas del poblado marinero de Puntas de Calnegre, en el término de Lorca, donde la declaración de Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad busca evitar derribos a los que ponen pegas las autoridades locales.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110207/comarcas/lenta-batalla-contra-playas-20110207.html




Veamos el asunto con calma. El ministerio, otorga las concesiones(que luego recupera en la mayoría de los caso al año) compra los terrenos" que ya son dominio público",NEGOCIA con los propietarios.........

¿QUE LEY DE COSTAS APLICARON EN CHO VITO?.

¿QUE VERSIÓN DE LA LEY APLICARAN EN EL GOLFO, EN EL CALETON O EN BOCACANGREJO?
¿TENDRÁ ALGO QUE VER, QUE SON CHALETS,PANTALANES, Y EMBARCADEROS Y NO CASAS HUMILDES?

domingo, 6 de febrero de 2011

La reforma de la Ley de Costas, al pleno del Senado

Madrid, 6 feb (EFE).-
La Ley de Costas irá al Senado la próxima semana porque el Grupo Popular y CIU defienden que hay que modificar la norma para establecer determinadas excepciones.
Con este fin, ambos grupos han presentado sendas proposiciones de ley, que de acuerdo con lo previsto serán debatidas el miércoles en el pleno de la Cámara Alta.
En su exposición de motivos, los catalanes sostienen que resulta necesario excluir de los dictados de la ley las llamadas "ciudades navegables" y las áreas urbanas consolidadas como singularidades propias, precisamente por su "peculiaridad y legalidad".
CIU cita concretamente el caso de la Marina d'Empuriabrava (Castelló de Empuries); de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S' Abanell (Blanes) Para el grupo catalán estas ciudades y áreas fueron construidas según la legislación urbanística vigente sobre terrenos privados y los propietarios han consolidado los derechos legalmente adquiridos
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Por su parte, el Grupo Popular defiende que los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula establecida antes de la ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, "conservando sus condiciones y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación especifico para dichos terrenos".
En su exposición de motivos, el Grupo Popular argumenta que miles de ciudadanos, trabajadores de todos los sectores, obreros y empresarios ven peligrar su futuro como consecuencia de la posibilidad de tener que abandonar sus trabajos y empresas a partir del 2018.
Añade que la privación de estos bienes se ha llegado a interpretar, yendo más allá de lo dispuesto en la propia ley, al contemplar supuestos sin derecho a indemnización alguna, como consecuencia de una "aplicación irregular" de la ejecución de la citada Ley de Costas.
La costa española está ya deslindada en el 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado a finales del 2010 al Consejo de Ministros por Medio Ambiente. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=680782

EL PODER DE LA HIPOCRESÍA.




Crecen las críticas por la demolición de un hotel para hacer casas para judíos
“Las condenas por la demolición del histórico hotel Shepherd, en un barrio árabe de Jerusalén Este, iniciada por Israel como el primer paso para un proyecto privado de construcción de viviendas para judíos no deja de levantar críticas.”….
“…el Gobierno español ha condenado la demolición y ha recordado que los asentamientos construidos en los territorios palestinos ocupados son ilegales según el derecho internacional”

“La titular de la política exterior de la UE, Catherine Ashton, recordó a Israel que construir asentamientos en territorio palestino es ilegal. "Condeno fuertemente la demolición esta mañana del hotel Shepherd y la planeada construcción de un nuevo asentamiento ilegal"”



, Demolida un ala del histórico hotel Shepherd
Este domingo, excavadoras privadas israelíes demolieron una de las alas del histórico hotel Shepherd para habilitar el terreno con vistas a la creación de un nuevo asentamiento judío en la parte este de Jerusalén.
Situado en el barrio de Sheij Jarrah, en territorio ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, la demolición de una parte del hotel y la creación del nuevo barrio han sido objeto de duras críticas
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/10/internacional/1294688116.html






…“Al hilo de lo anterior, cabe reseñar las quejas por el derribo de unas viviendas en el pueblo canario de Cho-Vito, municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife. Se inició una investigación de oficio, sin concluir a finales de 2008, con motivo de estos hechos. ( Esta investigación sigue sin concluir, por la negativa de la Dirección General de Costas a entregar la documentación)Al parecer ese derribo pudo producirse en contra de un compromiso asumido por el Gobierno estatal, adoptado mediante acuerdos del Senado en sesiones plenarias del 26 de abril de 2005 y del 7 de febrero de 2007, por el que no se procedería a la demolición de una edificación en el litoral de Canarias, sin antes haber tratado la cuestión en el seno de una comisión formada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, los ayuntamientos y cabildos correspondientes y el Gobierno de Canarias... http://biblioteca.defensordelpueblo.es/ABSYS/AomCli.exe?MLKOB=5147465757



Europa dice que se mantiene 'vigilante' ante los derribos de viviendas en España





España, bajo investigación por abusos urbanísticos
El Parlamento Europeo carga contra la Ley de Costas por "abusiva"
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Parlamento/Europeo/carga/Ley/Costas/abusiva/elpepusoc/20100323elpepisoc_6/Tes

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA


Artículo 17. Derecho a la propiedad
1.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización. El uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general.
2.- Se protegerá la propiedad intelectual.




Los derechos humanos, son los mismos para todas las personas. Da igual que se vulneren en Palestina, en Israel, en Ampuria Brava, Bocangrejo,Formentera,o Cho Vito. Da igual. SE VULNERAN.
En Israel tiran un hotel para hacer viviendas, y en Cho Vito,,,,, lo mismo, y todo legal...

La hipocresía anida cuando vemos el problema en otros, y no lo vemos en nosotros.

El 'tsunami' de la Ley de Costas

«Cuando alquilé la finca en el año 1985 no existía ninguna ley que dijera que tenía que desalojarla», dice Jesús

Los afectados califican de «salvajada» que cientos de talleres y estabulaciones ganaderas vayan a desaparecer el 29 de julio de 2018 al caducar las concesiones

«Hay gente que tiene negocios, ganaderías... es como si te obligan a dejar de trabajar»

A Toñín, a Jesús o a Luis, la fecha del 29 de julio de 2018 no les parece tan lejana. Quedan siete años para que llegue ese día en que todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducarán y revertirán al Estado, en aplicación de la Ley de Costas. Eso afecta a sus viviendas y a sus negocios, que tendrán que abandonar en ese plazo si antes nadie lo remedia. La ley no establece ni indemnización ni compensación para ellos: sólo la renuncia. Por eso la fecha no les parece tan distante.
Mucho más inmediato es un debate en el Senado, que tendrá lugar el próximo miércoles 9, día en que se discutirán dos proposiciones de ley sobre la normativa. Una será defendida por la senadora cántabra Leticia Díez (del PP) y persigue que se garantice la situación jurídica de todas las concesiones de suelo anteriores a su aprobación, en 1988, hasta que se elabore un instrumento de planificación específica.
Porque la simple cesión, a los afectados, les parece demasiado. Los terrenos sobre los que se asientan sus casas y sus negocios fueron ganados al mar hace cien años. «Esta finca era de los padres de mi mujer. Cuando ellos fallecieron, nos quedamos con ella», explica Toñín. Años antes, desde la Administración se habían promovido concesiones administrativas destinadas a desecar marismas y zonas de ribera con el fin de destinarlas a tierra de cultivo. Durante décadas se trazaron diques y malecones, se desecaron los cierres, se parcelaron los terrenos... Cientos de familias ocuparon aquellas parcelas situadas por debajo del nivel del mar, construyeron sus casas y acondicionaron sus explotaciones. Muchos, con los años, promovieron otro tipo de negocios: pequeños talleres o pequeñas naves industriales. Todo se perderá en el año 2018.
En Cantabria, miles de personas están abocadas a afrontar esta pérdida. La Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas (Acalco), que agrupa a gran parte de ellos, habla de 1.200 empresas y 25.000 trabajadores, sin incluir las ganaderías. Semejante cifra no se refiere exclusivamente a los propietarios de terrenos ganados al mar que, con el tiempo, dieron a las fincas otros usos diferentes a los puramente agrícolas, sino también a cientos de naves industriales acondicionadas en polígonos que se asientan sobre rellenos de marismas, como el de Raos (Camargo) o el de Santoña, con todos sus trabajadores.
Toñín, Jesús y Luis no son los únicos afectados por la Ley de Costas. En otras zonas de España, como el Mediterráneo, la mayor amenaza recae sobre cientos de chiringuitos y establecimientos hosteleros a pie de playa, aunque no se ha generado tanto impacto en el sector industrial. En Cantabria, donde numerosos polígonos se acondicionaron sobre terrenos ganados al mar, la industria se verá muy directamente perjudicada.
Finca y casa
El municipio de Bárcena de Cicero, en la zona oriental de la región, es muy representativo de hasta dónde pueden llegar los efectos de esta medida. Muchos de sus vecinos son conscientes de en qué situación se encuentran. Jesús es un hombre que trabajó toda su vida como ganadero, aunque lleva un tiempo jubilado. Eso no le impide supervisar el negocio, dirigirlo y tomar algunas decisiones que le corresponden como empresario. Tiene 116 vacas.
«Cuando yo la alquilé en el año 1985 -se refiere a una finca de Cicero en la que vive y trabaja, pero que no es de su propiedad- no existía ninguna ley que dijera que tenía que desalojarla», explica. Ahora, no sólo se ve abocado a dejar la explotación, sino también la casa que habita. «Vivimos en ella siete personas: cuatro hijos, la mujer mía, mi hermano y yo», dice. Todo ese terreno -«cuatro mil y pico carros»- quedará inundado.
Cuenta José Luis Thomas, presidente de la asociación de afectados y empresario cuya nave ocupa una vieja concesión en la Junta de Voto, que la Demarcación de Costas en Cantabria ya ha previsto cómo actuar cuando llegue la fecha. Sus propósitos aparecerían recogidos en el plan 'Santoña 2018', que contempla abrir diques, inundar terrenos y devolver algunas zonas de marisma a la situación previa a la construcción de la carretera Santoña-Cicero, que en su día dio origen a los cierres de Cicero, Gama y Escalante.
Luis, con dudas
Puede que, en efecto, los responsables de la Demarcación de Costas y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) tengan claro el futuro. Quienes no lo ven claro son aquellos que, como Luis, nacieron y vivieron siempre en esas casas, y ahora se ven abocados a abandonarlas.
Luis tiene 22 años y echa una mano en la estabulación. Si opta por la ganadería, no podrá hacerlo en la finca en que la está hoy («muy buena y toda llana») y que «coge desde la carretera que va a Santoña hasta la vía». Luis cree que «los pájaros necesitan sitios de este tipo. Necesitan el ganado, para que esté el campo como está. Si lo abren, y es agua, no sirve ni para ellos». Algunas de las actuaciones de la Demarcación de Costas han provocado críticas por este motivo.
Igual que en la zona de Cicero en la que viven Jesús y Luis, en Treto también se desecaron fincas a raíz de las obras de construcción del ferrocarril entre Santander y Bilbao. De hecho, de abrirse aquellos diques, la vía misma correría peligro como consecuencia de la inundación de los terrenos. En ese área vive Toñín, que en los años setenta acondicionó un taller de reparación de maquinaria en el que hoy trabajan su hijo Luis y un empleado.
La primera escritura de propiedad data de 1913. La Ley de Costas sólo reconoce los derechos del primer concesionario, pero «¡Claro! Han pasado cien años y el que lo cerró ya no está».
«Esta concesión la solicitó un señor de Bilbao. El Estado se la concedió a perpetuidad, a condición de que la cerrara por su cuenta. Están dedicadas todas a la ganadería, menos la de Robert Bosch», explica. Esta factoría -antigua Femsa- es la principal fábrica de la zona, con un millar de obreros. Sus terrenos no serán inundados, pero sí todos los circundantes, lo que, a juicio de Toñín, amenaza de hecho su continuidad. Él mismo trabajó en ella.
«El tren, la tubería del Plan Asón, la tubería del teléfono, la línea de eléctrica de 15.000 voltios... todo pasa por aquí». Con esto, añade, «Robert Bosch cierra la fábrica y se la lleva a Túnez o Argelia de la noche a la mañana». Como Toñín, su hijo Luis también han sido mañoso con las máquinas. Tiene 39 años y ahora es él quien dirige el negocio. La situación le parece «una salvajada», porque «le quitan a la gente el modo de vivir». «Te estás haciendo aquí un futuro para el día de mañana y resulta que vienen y te lo quitan», lamenta.
Tiene un empleado con él, al que tratará de recolocar «porque lleva con nosotros diez años». Para él tiene pensadas «varias opciones», que irá valorando a medida que llegue la fecha. Una cosa es segura: el cierre del taller a partir del 29 de julio de 2018. Una fecha que a cualquiera parece lejana, pero que no lo es tanto para Toñín, Jesús y Luis, a quienes, si nadie lo evita, les pasará por encima el 'tsunami' de la Ley de Costas.
LAS CLAVES
Ley de Costas
Fue aprobada en 1988. El reglamento que la desarrolla se aprobó en diciembre de 1989. Estableció entonces que, en 30 años, todas las concesiones administrativas en el dominio público máritimo-terrestre caducarían
Dominio público
Durante los últimos 23 años, técnicos de Costas vienen realizando deslindes del dominio público marítimo-terrestre para determinar qué zonas se encuentran sometidas a la influencia de la marea
Concesiones administrativas
Todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducarán a los 30 años de la aprobación de la ley, es decir, en el año 2018.
Propiedades
Todas las propiedades incluidas en el dominio público se convertirán en concesiones administrativas al cumplirse el plazo de 30 años a partir de la entrada en vigor de la ley. La vigencia máxima de tales concesiones queda establecida en otros 30 años.

http://www.eldiariomontanes.es/local/cantabria-general/

martes, 1 de febrero de 2011

El Ayuntamiento pide que se declare El Golfo como Bien de Interés Cultural para salvar al pueblo del deslinde


El deslinde está recurrido al Tribunal Supremo


El último cartucho para El Golfo. El Ayuntamiento de Yaiza ha encargado un informe que determine si hay posibilidad de que el núcleo costero pueda acogerse a alguna figura de protección regulada en la normativa de Patrimonio Histórico para tratar de evitar el deslinde de la Dirección General de Costas, que afecta a una veintena de edificaciones.


Así lo confirmó el alcalde de Yaiza, Ángel Domínguez, en declaraciones a Nueve TV, en las que precisó que el estudio encargado persigue comprobar “si puede haber alguna fórmula legal”, como la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).


El Ayuntamiento sureño considera que esta opción –que Cabildo y Tinajo están promoviendo para Tenézar, en similares circunstancias- es de las últimas vías que cabría explorar para evitar la materialización del deslinde del dominio público marítimo terrestre en El Golfo.


“A la espera” de que lleguen las conclusiones del informe encargado por el Consistorio, el primer edil afirma rotundo que “si es una vía para solucionar el problema de El Golfo” la tomarán.
El deslinde de Costas deja dentro del dominio público a varias edificaciones que se llevan años utilizándose para la restauración. El presidente de Aetur, Victoriano Elvira, recalcó que “el empresariado necesita saber qué va a pasar con sus negocios y en qué situación está”.
Supremo
Desde el punto de vista legal, el futuro del núcleo costero de El Golfo está por ahora en manos del Tribunal Supremo, que aceptó a finales el año pasado los recursos de la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Yaiza y un grupo de vecinos para que determine si el pueblo debe ser considerado “área urbana” y con ello atenuar los efectos del deslinde de Costas.
Por ahora, los tribunales han dado la espalda a los vecinos de El Golfo frente al deslinde del dominio público marítimo terrestre entre la parte norte del Charco de los Clicos y el final del pueblo, aprobado por la Dirección General de Costas el 19 de julio de 2006.
Al no considerar El Golfo como suelo urbano, la Dirección General de Costas estableció una zona de servidumbre de 100 metros desde la ribera del mar, lo que condiciona el derecho de propiedad de los dueños de las numerosas viviendas que quedan dentro de la franja. En suelo urbano, la servidumbre se reduce a 20 metros.
Playa

Además, Costas ha defendido que “numerosas” edificaciones de El Golfo “se encuentran levantadas sobre terrenos con las características físicas de playa”, lo que “supone una clara invasión del dominio público”.

Costas también ha señalado que el límite interior de la playa coincide con la carretera que recorre el pueblo, lo que deja dentro a una veintena de edificaciones. Estas construcciones corren peligro de ser derribadas al estar dentro del dominio público.

Más detalles
GOBIERNO. El Gobierno de Canarias, después de aprobado el deslinde, tomó el acuerdo de declarar El Golfo como núcleo urbano a través de una resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dictada el 6 de febrero de 2007.

COSTAS. Sin embargo, los tribunales suspendieron de forma cautelar la declaración como núcleo urbano de El Golfo, por lo que esta resolución no ha sido tenida en cuenta en los recursos del ayuntamiento y de vecinos afectados que han intentado tumbar el deslinde de Costas.


AUDIENCIA. Así, media docena de sentencias de la Audiencia Nacional han ratificado ya la validez del deslinde efectuado por Costas a lo largo de un tramo de más de un kilómetro en El Golfo

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JUSTICIA. La única opción en vía judicial a la que podrían acogerse los afectados es a que el Supremo acepte el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de octubre del año pasado, que anuló la declaración de El Golfo como área urbana.


SUELO. En la sentencia del TSJC recurrida se sostiene que “no existía un instrumento de ordenación que clasificase el suelo” de El Golfo “como urbano en el momento de entrada en vigor de la Ley de Costas”, en 1988.


SERVICIOS. La comunidad autónoma alegó que, a pesar de ello, contaba con los servicios urbanísticos como acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, energía eléctrica y consolidación de la edificación.


SENTENCIA. El tribunal entendió que no se acreditó que se hubiesen consolidados las dos terceras partes del suelo apto para la edificación ni los servicios. De hecho, un informe admitió que “que no existía evacuación de aguas”.
http://www.diariodelanzarote.com/2011/02/01/lanzarote04.htm