Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

lunes, 25 de octubre de 2010

Costas comienza a revisar el deslinde en la calle de La Arena


El documento se encuentra en exposición pública y afecta a la fachada de los inmuebles de la primera línea, en el caso de mantenerse la delimitación establecida en 1969. El Plan General contempla el mantenimiento de las casas.
25/oct/10 07:50
J.A. MEDINA, Candelaria
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha puesto en exposición pública el proyecto de revisión del deslinde marítimo-terrestre en la zona de la calle Obispo Pérez Cáceres (popularmente conocida como calle de La Arena), del término municipal de Candelaria. El documento afecta a una de las áreas más relevantes de la Villa Mariana puesto que se trata de la vía comercial por excelencia y la ruta principal de acceso al primer templo mariano de Canarias, la Basílica de Candelaria.
En la actualidad, los inmuebles afectados por el deslinde marítimo-terrestre son los que se encuentran en la primera línea, si bien el Plan General de Ordenación (PGO) de la Villa contempla el mantenimiento de las viviendas así como la zona de tránsito que establece la Ley de Costas. Se trata de seis metros que deberán quedar libres y de los que dispondrá la administración central según se vaya procediendo a la renovación de las construcciones existentes. De momento, dichas edificaciones no pueden ser objeto de obra alguna.
La franja de la calle de La Arena situada entre la plaza de la Patrona y "el puentito" (un poco más de la mitad de su trazado) es aquella en la que es más probable una actuación de este tipo teniendo en cuenta que se trata de construcciones más antiguas y en peor estado de conservación, mientras que en el tramo situado hasta el cruce con las calles Constitución, Condes de Abona y Los Príncipes la tipología de las edificaciones es cerrada y consolidada, siendo un parque constructivo más reciente.
El Servicio Provincial de Costas de Tenerife está remitiendo la correspondencia a través de la que informa a los afectados y al ayuntamiento de esta revisión del deslinde marítimo-terrestre, que abarca la zona comprendida entre el refugio pesquero de la Villa Mariana y la Cueva de San Blas. Se da la circunstancia de que este es uno de los escasos lugares de la Isla en el que aún no se ha procedido a la actualización de esta delimitación, por lo que lo vigente se corresponde con el deslinde original, que data de 1969. Por tanto, ese es el dato de referencia con el que fue elaborado el Plan General de Ordenación, vigente en Candelaria desde el 18 de mayo de 2007.
Los vecinos de Cho Vito ya han anunciado que estarán atentos a la tramitación de este expediente. Dejando claro que no quieren que le tiren la vivienda a nadie, el argumento fundamental para explicar esa vigilancia es "evitar un trato discriminatorio", teniendo en cuenta que en el tramo afectado por el deslinde marítimo-terrestre de la calle de La Arena tienen propiedades inmobiliarias tanto el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, como su padre.
Antecedentes
La Villa Mariana es uno de los municipios en los que los efectos de la recuperación posesoria del deslinde marítimo-terrestre más polémica suscita. Cho Vito, demolido en gran parte desde el mes de octubre de 2008, todavía sigue generando controversia. La penúltima referencia es la citación, para el próximo 11 de noviembre, de nueve propietarios a los que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino indemnizará en un acto a celebrar en los bajos de la plaza de Las Caletillas. De esos nueve, seis ya no tienen viviendas en el lugar desde hace más de dos años.
Bajo la Cuesta, núcleo próximo a Cho Vito, está pendiente de la resolución judicial porque también corre el riesgo de desaparecer tras la revisión del deslinde.
En Playa de la Viuda hay proyectado un paseo que afecta a más de unas treintena de casas, sobre las que ya existe expediente para acometer su demolición
.
Los que sí parecen haber encauzado su problema son los vecinos beneficiados con la anulación, por parte de la Audiencia Nacional, del deslinde que se les aplicó en la zona de Punta Larga para la realización del sendero litoral entre La Galera y la avenida costera, que afectaba a parte de las zonas de ocio de varias propiedades privadas.
http://www.eldia.es/2010-10-25/sur/1-Costas-comienza-revisar-deslinde-calle-Arena.htm

domingo, 24 de octubre de 2010

Cuando el Estado decide si tu casa es tuya (la Ley de Costas)


Una de las condiciones imprescindibles para el desarrollo y la supervivencia de una sociedad es el respeto jurídico del derecho de propiedad. Allí donde éste no existe o es deficitario, el progreso se paraliza y la miseria parece eternizarse. Precisamente ese es el argumento que expone el economista Hernando de Soto en su libro "Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo", donde afirma que una de las principales causas de la falta de desarrollo muchos países del tercer mundo es la deficiente definición y plasmación de los derechos de propiedad en sus ámbitos de control. Sin resolver este problema, estos países nunca podrán conseguir los niveles de riqueza económica de la que actualmente disfruta las naciones desarrolladas.

En 1969, una Ley de Costas reguló la propiedad de los llamados bienes del dominio marítimo, definiendo la zona marítimo-terrestre. En base a esta ley, muchas propiedades fueron inscritas en los correspondientes registros de propiedad. De esta forma, los derechos de todos estos ciudadanos quedaban perfectamente protegidos.

Pero hete aquí que en 1988 se aprueba una nueva Ley de Costas que vuelve a definir lo ya definido en 1969. En su artículo 8, la nueva ley afirma lo siguiente:

"(…) no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad."

Y casi al final de la misma, en la disposición transitoria primera, podemos leer:

"(…) los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la presente Ley pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha. La concesión se otorgará por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes (…)"

¿Qué ha pasado? Pues simplemente que personas que habían cumplido con la ley y tenían perfectamente definidos sus derechos de propiedad han sido privadas de sus bienes. Podría afirmarse que esto no deja de ser algo habitual, pues las expropiaciones por interés público se dan con frecuencia hoy en día. Pero existe una diferencia importante. Cuando se realiza una expropiación, se paga al expropiado una cantidad que compense su perdida. Sin embargo, esto no ocurre al aplicar la vigente Ley de Costas. No se indemniza verdaderamente, solamente se da una concesión finita en el tiempo que dista mucho de ser suficiente para compensar la perdida de la propiedad.

Además, en ocasiones, los deslindes (el acto que dictamina hasta donde llega el límite de la zona marítimo-terrestre) se realizan de forma discrecional, sin las suficientes garantías técnicas, dejando al criterio subjetivo de la Administración la perdida de la propiedad. Tal fue el caso de la zona conocida como "Punta Larga" del municipio de Candelaria, donde una resolución de la Dirección General de Costa fue anulada por los tribunales por la razón comentada. En otras ocasiones, una propiedad, una simple choza incluso catalogada como pieza arqueológica, pretendía ser demolida alegando el cumplimiento de la Ley de Costas.

Puede que todo lo narrado sólo sea sólo una "mancha" en la correcta legislación que protege la propiedad en España. Pero, seguramente esto no sirva de excusa a todos aquellos que han perdido sus propiedades y que vivirán pensando que ha sido el Estado el que ha incumplido el séptimo mandamiento: "NO ROBARÄS"

Tomás González acusa a Costas de tratar de confiscar las propiedades a los vecinos de Cho Vito y advierte que se está contraviniendo el acuerdo entre


Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito afectados por la Ley de Costas, analizó en el programa La Trapera de Radio San Borondón el anuncio en el BOP de la orden por la que los vecinos serán indemnizados el próximo 11 de noviembre para llevar adelante el proyecto paseo y demolición de las viviendas del citado poblado marinero y recuerda que los vecinos plantearon el recurso a la expropiación en su momento y es hoy el día en que se han enterado de algo gracias a la publicación en el BOP de esta orden.

Tomás González dijo que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la orden de indemnización a los vecinos de Cho Vito se puede entender en el sentido del refrán la “pescadilla que se muerde la cola”, puesto que de las nueve personas que aparecen en dicha publicación, tres son edificaciones existentes, mientras que las restantes ya fueron derribadas en octubre de 2008.

Desde su punto de vista, esta publicación es una muestra más de lo mal que han hecho las cosas en Cho Vito puesto que primero se tiraron las viviendas al suelo y después se hizo el expediente de recuperación o la expropiación forzosa, siendo este hecho uno de los litigios abiertos por los vecinos.

Esta noticia ha salido a la luz pública este viernes, de ahí que los vecinos estén analizando la situación, si bien una cosa que está clara es que seis de las nueve viviendas fueron destruidas en octubre de 2008 y que primero se tiraron esas casas y después se adueñan de los terrenos a través de una expropiación forzosa.

El portavoz vecinal indica que este caso ya está en manos de los abogados que llevan la defensa de su lucha porque hablamos de viviendas que realmente no existen ya, al tiempo que afirma que esta política de hechos consumados es la característica principal de Costas, porque primero tiran la casa para posteriormente apropiarse de algo que es suyo y con el paso del tiempo se paga una indemnización por la expropiación.

González insiste en que con la publicación en el BOP de esta orden para indemnizar a los vecinos por las expropiaciones forzosas dos años después de haber derribado sus viviendas, queda en evidencia que Costas se ha aprovechado de los terrenos de los vecinos afectados sin previamente haberlos pagado y sin haber realizado la expropiación acorde a lo que la Ley establece.

Recuerda que los vecinos plantearon el recurso a la expropiación en su momento y es hoy el día en que se han enterado de algo gracias a la publicación en el BOP de esta orden, dicho lo cual afirma que hay cosas que no encajan dentro de los propios acuerdos firmados hace algo más de un mes en Madrid entre gobierno estatal, canario y cabildo de Tenerife y que salvó las demoliciones del poblado, ya que explica que desde el mes de septiembre del relevo en el Ministerio de Elena Espinosa, pero no contemplaron que no fueran a respetarse los acuerdos firmados entre las administraciones públicas en virtud de las competencias que tienen cada una.

Tomás González advierte que se está contraviniendo el acuerdo del pasado 10 de septiembre porque a pesar de que se han hecho algunos movimientos para que no se venzan los plazos, algo que demuestra que los titulares de los terrenos son los vecinos que vivían en Cho Vito, mientras hablamos de casas que ya están en el suelo.

Desde su punto de vista, esta publicación forma parte de la misma estrategia de siempre por la que Costas pretende salirse con la suya aunque para ello se salten los acuerdos alcanzados entre las administraciones implicadas, ya que recuerda que el acuerdo firmado en Madrid en septiembre iba en el sentido de considerar a Cho Vito como un espacio para conservar por sus características, al tiempo que se abría la posibilidad de reconstruir la parte que fue derribada en 2008.

Entiende que lo razonable en este problema sería respetar los acuerdos escrupulosamente, la propia Ley 7/2009, las resoluciones del Parlamento y que los nueve vecinos que viven en Cho Vito no se vean a partir del mes de noviembre en la calle, ni que primero tiren las casas y al cabo de los años les den una miserable indemnización por recuperar lo que era suyo.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia39401.php

´El Gobierno podría cargarse el Salobrar si aplicase su comunista Ley de Costas´

La emblemática salinera de Campos seguirá todos los trámites legales para seguir siendo privada
"Cuando tenemos una Ley de Costas disparatada cualquier disparate es posible". En esta línea, reconociendo seria preocupación, se expresa el ingeniero José Ortega Anduiza (Bilbao, 1942), presidente del consejo de administración de Salinas de Levante S. A. desde hace unos ocho años. Su padre, Ivon Ortega, fue uno de los fundadores de la empresa a mediados del pasado siglo. Advierte de que la polémica ley que el Gobierno central pretende aplicar les supone elevados costes de abogados y asesoramiento técnico, además de limitarles diferentes acciones de mejora de la emblemática salinera de Campos.
–¿Cuál es la situación actual de la salinera ´campanera´ afectada por la Ley de Costas que Madrid quiere aplicar?
–Es un momento muy delicado. Hay una gran preocupación de cara al futuro.

–¿Qué reivindica la empresa?
–Poder mantener la propiedad privada y continuar produciendo sal por tiempo indefinido. Especulación, ninguna.

–¿En qué se basa Madrid para adueñarse de sus terrenos?
–En que el nivel del mar está por encima de los terrenos que quiere coger aunque estén a varios kilómetros del agua. En los Países Bajos, según esta ley, gran parte del territorio dejaría de ser privado. No es serio. El Valle del Guadalquivir y el Valle del Ebro estuvieron inundados por el mar. Pero no es esta la cuestión. Se trata de que la Administración se quiere quedar con el terreno con un pago insultante sin expropiación y por tanto sin justiprecio cuando la Constitución defiende la propiedad privada. La discutida ley dice que el pago consistirá en una concesión de los terrenos por treinta años con un canon gratis y otros treinta años con un canon simbólico. Económicamente nos tienen cogidos de forma que pueden quedarse con los terrenos porque posiblemente no podríamos abonar el canon. Del todo inaceptable.

–¿Qué podría costar en venta toda la salinera, que ocupa unas 140 hectáreas?
–Esto es incalculable.

–Si el Gobierno central llegase algún día a adueñarse de la salinera, ¿qué podría entonces ocurrir?
–El Gobierno central podría cargarse el Salobrar si aplicase su comunista Ley de Costas. Un desastre ecológico del cual el Ejecutivo Zapatero sería el responsable directo. Cabe recordar que desde la playa de es Trenc una bomba impulsa agua hasta la salinera. De no seguir este mantenimiento diario, constante, podría resultar un grave abandono, perjudicando fauna y flora. Extraordinaria variedad de aves frecuentan el lugar. Se causarían daños irreparables.

–Por ello, lucharán hasta el final.
–Efectivamente. Vamos a seguir todos los trámites legales en España, llegando si es necesario hasta la última instancia de los tribunales europeos. Todos los pasos legales, largos y costosos. De hecho, junto con otras salineras del país, plataformas, entidades y otros colectivos de afectados por la Ley de Costas estamos haciendo frente común.
–¿Podría el Gobierno central promover determinados proyectos urbanísticos si un día fuese el titular de las salineras?
–No puede descartarse este extremo. En cierto modo, la gente vinculada al sector de la sal teme que, aparte de cargarse espacios naturales, el Gobierno central podría luego vender a otros o promover por su cuenta la construcción de hoteles en áreas concretas o campos de golf. En definitiva, en tiempos de arriesgada climatología y crisis, la Administración está echando anímicamente un jarro de agua encima de aquellas empresas que desde hace muchos años vienen generando actividad económica y creación de puestos de trabajo.
–Desde hace bastantes años, la conselleria de Medio Ambiente del Govern confecciona un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de es Trenc-Salobrar de Campos, abogando por instaurar la figura de parque y paraje natural. Salinas de Levante S. A. desea abrir sus instalaciones al público y organizar rutas.
–Así es, siempre en consonancia con el sentido de un parque natural, con máximo respeto al medio ambiente. Esta iniciativa sería en beneficio del pueblo bien sea autóctono o extranjero, repercutiendo muy positivamente a la isla. La empresa también obtendría unas determinadas cantidades económicas que contribuirían al buen mantenimiento de la actividad profesional y del medio ambiente. Creemos que estas rutas de visitas guiadas son perfectamente compatibles con la sal y la protección de la naturaleza.

–¿Cómo marcha el negocio de la sal?
–Bien. Hay perspectivas de seguir creando nuestra sal de toda la vida e innovar con sal de diseño para potenciar la empresa. Existe sinergia con el nuevo establecimiento colaborador situado en el mismo complejo, por lo que con la Flor de Sal hay buenas expectativas. Si Costas no nos roba.

¿En qué se diferencia el gobierno de España del de Venezuela? En una sóla cosa, que al menos Chavez tiene el valor de salir por la televisión anunciando las confiscaciones. Si ZP saliera anunciando la confíscación de CIENTOS DE MILES de propiedades públicamente, no puedo ni imaginar el escándalo internacional que se liaría.

Suspendida cautelarmente la demolición del hotel Médano


La Audiencia Nacional ha atendido a las alegaciones presentadas por la propiedad del edificio que está precatalogado en el Plan General del municipio


Bernardo Morales

Granadilla

La Audiencia Nacional ha resuelto suspender cautelarmente el decreto de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, por el cual se ordenaba la demolición de parte del hotel "Médano", situado en el núcleo del mismo nombre, en el municipio sureño de Granadilla. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, la Audiencia Nacional ha atendido las alegaciones presentadas por la propiedad del hotel, que está precatalogado dentro del Plan General de Ordenación (PGO), además de tratarse de una actividad abierta, lo que causaría daños de difícil cuantificación. Puestos en contacto con la alcaldesa de Granadilla, la nacionalista Carmen Nieves Gaspar, ha confirmado dicha resolución y mostró su satisfacción por la postura adoptada por la Audiencia Nacional.

"Ha sido un éxito de todos –manifiesta la alcaldesa- tanto por la campaña emprendida en contra de la decisión de Costas, y en particular por la propiedad del hotel. Esta suspensión cautelar, -añade- nos permitirá un margen de actuación de lo que estoy convencida que concluirá con el mantenimiento de este emblemático edificio para las futuras generaciones. Es una buena noticia y todos nos congratulamos de ella".

Desde que el organismo estatal tomó la decisión de demoler parte de este emblemático hotel, se ha originado una fuerte polémica no sólo en el núcleo de El Médano, sino en el municipio en general.



Un referente

Construido hace unos cuarenta años, se ha convertido en un referente de esta localidad. El Ayuntamiento inició una campaña de publicidad y de mentalización de la población, no sólo de Granadilla sino de toda la Isla. Esta campaña todavía continua y se recogen firmas por diferentes puntos de la isla y en las puertas del Ayuntamiento. Como indica Carmen Nieves Gaspar, "seguiremos con esta campaña hasta que se suspenda la demolición del hotel de forma definitiva".

La alcaldesa destaca que el hotel se levanta donde antiguamente existía un empaquetado de tomates y cuando se construyó, -afirma- "no estaba la Ley de Costas". "Fue el primer hotel del sur y de este establecimiento viven cuarenta familias", añade.

Su construcción benefició al primer tramo de la playa, al protegerla de los vientos que dominan esta zona, de ahí que sea un lugar ideal para celebrar campeonatos de windsurfing incluso a nivel internacional así como otros deportes relacionados.

Pero la decisión de Costas no sólo se quedó en la demolición de parte del hotel, sino que continuaba con las construcciones colindantes, según reflejaba un anteproyecto de remodelación de todo el frente litoral, donde se tenía previsto construir un solarium y un nuevo paseo marítimo. Esto indignó aún más a los vecinos de este pueblo costero, pues para ellos, la mayoría, el hotel y sus alrededores son parte de su historia. Por el momento, con esta suspensión cautelar, como indica la alcaldesa, da tiempo para seguir luchando en contra de la decisión de Costas en llevar a cabo la demolición.

sábado, 23 de octubre de 2010

CHO VITO Costas pagará el día 11 seis casas que demolió hace dos años


A través del Boletín Oficial de la Provincia convoca a nueve afectados para abonar las expropiaciones de propiedades que fueron derribadas por ocupar suelo público. Los vecinos dicen que esto demuestra la mala fe de la administración.
23/oct/10 07:57
J.A. MEDINA, Candelaria
La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a través del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, convoca a nueve propietarios afectados por el proyecto del paseo y demoliciones en la playa de Cho Vito (Candelaria) para pagarles indemnizaciones. El abono de las cantidades se producirá el 11 de noviembre próximo, a las 11:00 horas, en los locales de la plaza de Las Caletillas, según aparece publicado en la edición de ayer del Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Se da la circunstancia de que entre los nueve propietarios que figuran en el listado que figura en el BOP aparecen seis titulares de inmuebles que fueron demolidos por el citado departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la operación que comenzó el 7 de octubre de 2008. Los tres restantes (herederos de Gumersindo Rodríguez Sosa, Mozart Julián Díaz Samblás y Nereida Rodríguez Díaz) son afectados colindantes con el poblado candelariero.
El malestar entre los vecinos de Cho Vito se recrudeció ayer con la publicación del BOP. El portavoz del colectivo, Tomás González, trasladó a la opinión pública "el sentir" de todos los propietarios del lugar, "quienes con esta medida tenemos claro que aquí no ha existido el interés general para actuar de la forma que lo han hecho y siguen haciendo con nosotros".
González recuerda que "la justificación que siempre ha habido para eliminarnos, para demoler nuestras casas, ha sido que estaban y están construidas en suelo público y en dominio público. Si eso fuera así, nos preguntamos cuál es el motivo por el que ahora quieren indemnizar".
Asimismo, "mosquea" que sea ahora, transcurridos dos años y mes y medio desde las demoliciones, cuando el Gobierno central pretenda pagar "llegando a conminar a los vecinos a que antes del día 11 de noviembre hayan retirado los enseres y objetos de dichas viviendas". La realidad es que "las autoridades se apropiaron indebidamente de estas propiedades cuando entraron y las derrumbaron".
De las siete viviendas que aún permanecen en pie y en las que viven nueve familias no hay ninguna incluida en la lista que fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia. Cabe recordar que estos vecinos tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para abandonar sus casas en virtud de un acuerdo institucional alcanzado por todas las administraciones (excepto el Ayuntamiento de Candelaria) en Madrid. A partir del 1 de diciembre están previstas las nuevas demoliciones.
http://www.eldia.es/2010-10-23/sur/6-Costas-pagara-dia-seis-casas-demolio-hace-dos-anos.htm

Cho Vito alegará en el deslinde de la calle donde el alcalde tiene una casa


Costas actualizará la franja pública entre el refugio pesquero y Cueva de San Blas

R. Herrera / V. Pérez
Candelaria

Los vecinos de Cho Vito se personarán en el expediente de nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre entre el refugio pesquero de Candelaria y la Cueva de San Blas, cuya incoación ha empezado a ser comunicada por carta a los residentes en esta zona. Así lo confirmó ayer el portavoz de Cho Vito, Tomás González, quien explicó que éste era uno de los pocos puntos de la costa insular sin deslinde actualizado. González dijo que examinarán con lupa este expediente "porque en uno de los edificios de la calle de La Arena, construido después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, el alcalde de Candelaria tiene una vivienda y su familia otra".

Costas ha citado a vecinos de Cho Vito el 11 de noviembre para pagarles las expropiaciones necesarias para construir el paseo marítimo, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia. González señaló que estas expropiaciones se refieren a seis viviendas ya derribadas por Costas y otras tres no forman parte de este poblado, aunque el representante vecinal se quejó de que "primero se demuelan las viviendas y luego se pague por la expropiación"lo que tachó de "confiscación de propiedades".

http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/32575/



Según la fotografia, van a tener mucho trabajo para poder defender, "EL PEOR FRENTE DE PLAYA" que existe en Canarias.

Costas cita a los vecinos de Cho Vito (Tenerife) para pagarles por las expropiaciones el 11 de noviembre


La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar Servicio Provincial de Costas de Tenerife ha convocado a los vecinos de Cho Vito el próximo 11 de noviembre a partir de las 11.00 horas para pagarles por las expropiaciones para la ejecución del proyecto 'Paseo y Demoliciones en la Playa del Chovito'.
EUROPA PRESS. 22.10.2010
La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar Servicio Provincial de Costas de Tenerife ha convocado a los vecinos de Cho Vito el próximo 11 de noviembre a partir de las 11.00 horas para pagarles por las expropiaciones para la ejecución del proyecto 'Paseo y Demoliciones en la Playa del Chovito'.

Resulta curioso, que tras más de 5 años, la Dirección General de Costas,(ya extinta) se ha pronunciado repetidamente sobre los "ilegales" propietarios de Cho Vito.

En boca de su directora, no tenemos títulos de propiedad. Pero ahora se expropian terrenos y casas, que según ellos eran ilegales y no existían.
Así se ha recogido este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia. Los titulares de estas propiedades —Francisca Dorta, Herederos de Gumersindo Rodríguez, José Antonio Alonso, Juan González, Herederos de Magdalena Núñez, Manuel Mora, Mozart Julián Díaz, Nereida Rodríguez y Víctor Portugués— deberán acudir hasta un salón situado en la calle de Garoé en la plaza de Las Caletillas con el DNI.
Entonces, "se procederá por este Servicio Provincial de Costas al pago de las cantidades asignadas conforme lo previsto en los artículos 48 y siguientes de la Ley de Expropiación a los titulares de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto en el municipio de Candelaria".
"Igualmente se comunica que la superficie objeto de expropiación deberá estar libre y expedita antes de la fecha arriba indicada, debiendo los interesados en su caso, retirar los enseres u objetos que la ocupen", se ha recogido en el BOP que ha anunciado que tras firmar el acta de pago se extenderá el acta de ocupación

Lo más grave, es que muchas de las titularidades que pretenden expropiar, ya han sido demolidas, los enseres los han perdido, o extraviado,(por no decirlo claramente)

Es así, como actua la ley de costas española. Primero TE DESALOJO, TE ARRUINO TU VIDA,TE DERRIBO TU CASA, y luego, dos años más tarde TE EXPROPIO.





jueves, 21 de octubre de 2010

Batista sentencia que no está escrito "en ningun sitio" que se vaya a tirar el hotel del Médano (Tenerife)

El subdelegado del Gobierno de España en Santa Cruz Tenerife, Antonio Batista, ha sentenciado que las actuaciones de la Dirección Provincial de Costas en el hotel del Médano nunca han perseguido derribar el edificio, sino la terraza.
"Aquí nadie ha dicho que se vaya a demoler el hotel de El Médano. Eso no está escrito en ningún sitio", ha recalcado el socialista, en declaraciones a Europa Press, que ha manifestado que en este caso se está "tergiversando y enredando".
"El hotel de El Médano es una empresa y ahí hay prevista una actuación de Costas para recuperar el dominio público. Lo único que va a hacer Costas ahí es que se ha iniciado un procedimiento de recuperación del dominio público al que se le otorgó una concesión por la terraza que se ha incumplido", ha defendido el subdelegado.
Que aclaró que la concesión dada era para una zona de solarium que se ha convertido, en parte en zona de habitaciones "y ese no era el objetivo de la concesión". "Esta concesión caduca y se recupera lo que es del dominio público. Nadie habla de echar abajo un hotel", ha declarado Batista que ha calificado además de demagógico que se actúe contra "los pobres”http://www.eldia.es/2010-10-21/SUR/9-Batista-sentencia-esta-escrito-ningun-sitio-vaya-tirar-hotel-Medano-Tenerife.htm



¿CUANTOS HOTELES HA VISTO USTED DERRIBAR SR BATISTA?
¿CUANTAS URBAN IZACIONES DE LUJO, Y CENTROS COMERCIALES HAY EN DOMINIO PÚBLICO?
Porque en Canarias existen, y son muchos los casos, y curiosamente, todos construidos despues de la entrada en vigor de la ley de costas.

sábado, 16 de octubre de 2010

Dos nuevas sentencias de la Audiencia Nacional ratifican el deslinde de Costas en El Golfo

La Audiencia Nacional acaba de dictar dos nuevas sentencias que ratifican la validez del deslinde de la zona marítima terrestre en el núcleo de El Golfo, que había sido recurrido por unos 25 vecinos, disconformes con la fijación del área de dominio público y la servidumbre de protección con un ancho de 100 metros.
M.R.
[Martes, 28 de septiembre de 2010] [07.00]
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha vuelto a fallar en contra de los intereses de los vecinos de El Golfo y no ha aceptado la queja de que el deslinde efectuado por la Dirección General de Costas, que se inició en 1994 y tardó casi 13 años en culminarse, les ha generado indefensión.
Las sentencias, ambas fechadas el pasado 10 de septiembre, abundan en los argumentos de otras resoluciones judiciales en cuanto a la fijación de la zona de servidumbre en 100 metros, al considerarse que El Golfo no tiene las características ni la calificación de suelo urbano.
Los vecinos reclamaban que la Audiencia Nacional considerase que El Golfo se había consolidado con los años como núcleo urbano, con lo cual la zona de servidumbre tendría una anchura de 20 metros, a contar desde la ribera del mar.
Los recurrentes se acogen a un acuerdo de la comisión de ordenación del territorio y medio ambiente de Canarias (Cotmac) de febrero de 2006, en la que se reconoce que El Golfo “cuenta con las características” propias del “suelo urbano”.
Sin embargo, esta resolución de la Cotmac fue recurrida por el Ministerio de Medio Ambiente en los tribunales y se encuentra por el momento suspendida de forma cautelar, por lo que no ha podido aplicarse en los procedimientos judiciales iniciados por los vecinos contra el deslinde.
Un deslinde del dominio público marítimo terrestre que afecta a un tramo de costa de unos 1.070 metros de longitud y que fue aprobado en julio de 2006, extendiéndose entre la parte norte del Charco de los Clicos y el final del núcleo de El Golfo.
"Playa"
Los vecinos alegaron en su demanda que “la delimitación del trazado del deslinde es arbitraria” y que Medio Ambiente “ha establecido un vial público como límite” del dominio costero “sin haber diferenciado” la geología de “los terrenos situados a uno y otro lado” de la carretera.
A pesar de ello, la Sala ha acogido el criterio del Abogado del Estado, que ha defendido que el deslinde del dominio público se ha llevado a cabo teniendo en cuenta “el punto interior” de la costa “alcanzado por los mayores temporales conocidos”.
Así, subrayó que los terrenos incluidos dentro del dominio público “no sólo son alcanzados por el mar durante los mayores temporales” sino que “presentan las características físicas” de una “playa”.

Es curioso lo del Abogado del Estado. Existen en Canarias, lugares, donde no existe ni playa, ni ribera del mar,( Playa de la Arena, Candelaria, Bañaderos,etc.)


Más detalles
MUROS
. El Abogado del Estado argumentó que “los muros de mampostería levantados en algunas construcciones son los que impiden el alcance del mar”.

En casos como el del Papagayo Arena, cierran el acceso a la playa, y en muchos lugares "permitidos" el acceso al mar sigue siendo privado.


TEMPORAL. Se alude a las consecuencias de un temporal en octubre de 2009, cuando se realizaron “trabajos de emergencia para evitar la posible invasión del mar”.

OBRAS. En aquella ocasión se construyó “una barrera natural de piedra con una longitud de 150 metros por el Ayuntamiento” para que no afectara a “varios edificios”.
CONSECUENCIAS. Las edificaciones que hayan quedado incluidas dentro del dominio público tras el deslinde de Costas tendrán escasas posibilidades de cara al futuro.

Es lamentable que permitan en un lado y prohiban en otros. Ejemplos de esta arbitrariedad tenemos en todas las costas canarias, y SEGUIMOS PASIVOS ......HASTA CUANDO?
redaccion@diariodelanzarote.com

viernes, 15 de octubre de 2010

Amigos de Bocacangrejo


Dos años después de la gran amputación

En mi mente y en mi corazón las luces de Chovito...
Infinitas luces clamando JUSTICIA al cielo estrellado,
sobre la roca quebrada y desnuda.
Y en cada luz, el espíritu de Cho Vito.
En cada luz la fuerza y la esperanza de los hombres y mujeres
que en un rinconcito de su costa canaria entregaron su energía
construyendo sus hogares en armonía total con la naturaleza.
La ausente presencia de las casas es la denuncia mayor.
Que las reconstruyan YA
... y de más derribos, ni hablemos...

Gracias por invitar a Bocacangrejo.
Gracias por vuestra lucha, por vuestro valor y generosidad.

Un fuerte abrazo a tod@s.


Maride Anzorena

Rechazan una propuesta de PP, CiU y CC sobre los deslindes de la Ley de Costas

El Congreso rechazó ayer, por 18 votos a favor, 19 en contra y una abstención, la propuesta para modificar la Ley de Costas con el objetivo de "clarificar" la definición, entre otros, de conceptos en "la tramitación de deslindes" de la zona marítima, por considerar que su aplicación práctica "genera inseguridad jurídica".
El Congreso rechazó ayer, por 18 votos a favor, 19 en contra y una abstención, una propuesta de PP, CiU y Coalición Canaria (CC) para modificar la Ley de costas con el objetivo de "clarificar", según los proponentes la definición, entre otros, de conceptos en "la tramitación de deslindes" de la zona marítima, por considerar que su aplicación práctica "genera inseguridad jurídica".
La propuesta fue presentada en durante la Comisión de Medio Ambiente en forma de enmienda la proyecto de Ley de Protección del Medio Marino, que fue aprobado con competencia legislativa plena y, por tanto, remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Durante el debate, el portavoz de CiU, Pere Macías, señaló que la enmienda en cuestión es una "cuestión ineludible para satisfacer las demandas de los ciudadanos, evitar los conflictos entre administraciones y dar respuesta a la condena del Parlamento Europeo" después de producirse "unas interpretaciones legales contrarias al sentido común y contrarias a algunos conciertos constitucionales".
Así, en el texto también se solicitaban cambios "en la aplicación de la ley en situaciones anteriores a su aprobación" como en el caso de "ciudadanos no residentes propietarios de fincas que habían adquirido antes de la Ley de Costas y que, ahora, "a efecto retroactivo, se ven privados de su propiedad", según denunció Macías.
Para el diputado catalán, puede haber una solución "inteligente" para este problema "sin disminuir un ápice los niveles de protección" del medio marino y terrestre y sería "haciendo una definición puntual" de las zonas que evitaría que el problema "se fuera complicando" como ha ocurrido, según dijo, con casos que se han vivido en el último año en todas las costas españolas.
De igual modo se explicó el portavoz del CC, José Luis Perestelo, quien, además, pidió la "participación de las administraciones autonómicas" en este tema para solucionar la situación en los que la Ley de Costas ha dejado "algunas políticas urbanísticas".

Asentamientos
En este sentido, la enmienda también solicitaba la "no consideración de las áreas urbanas a los asentamientos que reúnan las condiciones tales y la determinación de la autoridad competente para fijar la superficie de servidumbre de proyección asignada al deslinde".
Sin embargo, el PSOE, que rechazó la enmienda, considera que "no se trata de un tema que tenga que ver con la Ley de protección del Medio Marino". Para el portavoz socialista, Manuel Díaz, la oposición quiere "jugar a favor de una coyuntura que le proporcione un rédito territorial que no le toca". Por ello, acusó a los partidos que realizaron la propuesta de generar "la inseguridad jurídica que ellos atribuyen a este tema".
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía formuló ayer un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como paso previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo, para que revoque el deslinde del tramo de la costa de Doñana, publicado en el BOE el 2 de septiembre, y dicte uno nuevo modificando su contenido.

Pregunta: ¿por qué el gobierno se niega a modificar la Ley de Costas si existe una solución que protege a los ciudadanos y no desprotege el medio ambiente?



miércoles, 13 de octubre de 2010

Cho Vito


A Cho Vito y a los muchos conjuntos de casas populares construidas sobre las rocas costeras de Canarias les han sentenciado por medio de la ya cansina ley de costas. Y dijo cansina, porque en esta comunidad autónoma, para tocar la guitarra en la playa, tenemos que pedir el correspondiente permiso, si celebramos el embarque de la Virgen del Carmen, igual; y es que el carácter de isleño, parece que tenemos que solicitarlo en Madrid, en la dirección General de Costas, ante la mismísima ministra, o ante la directora general.
.Se ha debatido ya mucho sobre esta cuestión y se han dado cambios de posición importantes en áreas gubernamentales; de no defender su pervivencia y dejar hacer el cumplimiento (no siempre justo y equitativo entre infractores) de la Ley de Costas a considerar que esas agrupaciones poblacionales responden a una tradición histórica que avalaba su continuidad, del mismo modo que la Basílica de Candelaria también está edificada sobre terreno público considerado así por dicha ley. Más allá de la amplitud del carácter histórico que las respalde, da lo mismo 50 años que 500, si lo que mira la Ley de Costas es proteger ese territorio público de la depredación inmobiliaria ocurrida en España durante los últimos 40 o 50 años hasta la actualidad.
Fue la protesta justificada de los vecinos de Cho Vito lo que hizo cambiar el punto de vista de algunas instituciones y lo que llamó la atención a antropólogos y etnógrafos sobre un tipo de asentamiento popular que hasta entonces era considerado como núcleo de Infra-viviendas o chabolismo venido a más, aun y cuando todo ello partiera de las antiguas casas de pescadores: frágiles, hechas para guardar aperos de pesca y, en todo caso, alguna pernoctación ocasional, deteriorables y, por ello, mismo reconstruibles de otro modo, mutantes, vivas, perecederas, hechas con materiales sobrantes en el modo de vida y casas más permanentes y sólidas, y que por tanto absorbía y reciclaba un cierto tipo de desechos materiales, esto es, ecológica a su manera en sociedades pre-industriales y en sectores sociales que por su pobreza no dejan tras sí basura, pues todo vale y nada se tira…todo se aprovecha.

Lo que no es tolerable es que los mismos ejecutores de la Ley que exigen el desalojo y el derribo de núcleos como Cho Vito permitan que a escasos metros de distancia, y con más graves y abusivas ocupaciones de la costa y el lecho marítimo, otros ciudadanos no se vean concernidos y obligados por Ley o a su forzoso cumplimiento si se resisten a ello. Los ejecutores de esa Ley se desacreditan a sí mismos y, de paso, a la propia Ley cuando actúan con comportamientos de manifiesta injusticia. Mientras eso suceda, Cho Vito tendrá justificaciones para resistirse a desaparecer y la fuerza pública, motivos para negarse a obedecer ciertas órdenes.
Antonio Alonso.

lunes, 11 de octubre de 2010

Una familia vincula la muerte de su hijo a una sanción urbanística

El joven Luis Pérez había sido sancionado por Medio Ambiente por la construcción de una vivienda
ANTONIO CABRERA
Una familia de la zona de Rosa de James, en el término municipal de Tuineje, vincula la muerte de su hijo a una sanción urbanística por la construcción de una vivienda que se había edificado en un solar, junto a una vieja casa que le dejaron sus abuelos en herencia.


Luis Javier Pérez Cabrera, un joven de 31 años de edad, muy conocido en toda Fuerteventura por su vinculación al fútbol, se vio sorprendido desde mediados del año 2000 por una denuncia urbanística y, posteriormente, por un entramado administrativo, una multa millonaria y una orden de demolición de la casa que había construido con sus propias manos y con múltiples sacrificios. Demasiada presión para superarla.


El joven no pudo soportar la multa millonaria ni las numerosas cartas y notificaciones que recibía por la edificación de su casa, la misma que había construido con la ilusión de formar una familia junto a Yazmina, su novia de Lanzarote. Por ello, el pasado 22 de septiembre, regresó de nuevo a su casa y allí fue encontrado sin vida por su hermana Juliana junto a una carta. Luis había escrito de puño y letra: "Me mataron los del Gobierno de Canarias y los de Medio Ambiente. Por esta casa me pidieron 130.000 euros de multa. De mí no tuvieron piedad. Ladrones, me voy, pero de mí y de mi familia no sacan un duro más".
http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2010/10/11/familia-vincula-muerte-hijo-sancion-urbanistica/327435.html





Leyendo este artículo, ahora saldrá algún "progresista" defensor de los derechos, diciendo que la ley es es la ley, que hay que cumplirla.
Miles de afectados por la Ley de costas, nos hemos visto ahogados por procesos judiciales, por contenciosos administrativos, que al final nos llevan a la ruina, nos producen decenas de enfermedades, depresiones, y aún así, se sigue manteniendo una ley injusta, con la complicidad y el desconocimiento de la sociedad.
Esta claro, que la ley se ajusta más a derecho con el pobre, que con el rico, y el que piense lo contrario que lo demuestre.

domingo, 10 de octubre de 2010

ANC en apoyo a los vecinos de Chovito

PSC-PSOE pide una acción diplomática de España frente a las expropiaciones en Venezuela

La Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE acordó por unanimidad en su última reunión, celebrada el pasado jueves día 7, instar al Gobierno de España a que no ceje en su empeño de desplegar una acción diplomática en Venezuela ante la situación que están padeciendo muchos canarios afectados por las expropiaciones y ocupaciones forzosas que está llevando a cabo el Gobierno de aquel país.
En un comunicado, los socialistas recordaron que los emigrantes canarios "han contribuido enormemente al crecimiento económico de Venezuela, poniendo en explotación sus tierras tras muchos años de trabajo y de sacrificio". "Hablamos de ciudadanos y empresarios que desarrollan con éxito actividades agrícolas, empresariales y comerciales en ese país", señalaron.
Por su parte, el PSC-PSOE subrayó que fueron muchos los canarios que emigraron a Venezuela en los años 50, "y son ellos quienes han levantado empresas de alimentación, agrícolas, etcétera, generando gran riqueza y miles de puestos de trabajo".
Por ello, consideró que esa labor de tanto tiempo "debe ser respetada y protegida desde el punto de vista jurídico, conforme a las leyes internacionales". Los socialistas sostienen que, además de considerar necesarias las indemnizaciones correspondientes, "se ha de realizar un especial esfuerzo por garantizar esos puestos de trabajo a estos canarios-venezolanos".
Desde la formación destacan la labor desarrollada por empresas como El Hato la Vaca, el Complejo García Hermanos (Gaisa), que comprende las empresas Frigorífico Ordaz, inversiones Koma y Delicateses Las Fuentes, o Agroisleña, Insecticidas Internacionales, Proyefa, Venezolana de Riego y Semillas Híbridas de Venezuela, entre otras.

ACCIÓN DIPLOMÁTICA
Por ello, el PSC-PSOE pide al Gobierno de España que insista en esa acción diplomática con el fin de encontrar fórmulas de entendimiento, para que los titulares de las fincas y empresas con miles de trabajadores, en caso de ser expropiados, vean reconocidos sus derechos indemnizatorios de forma justa, "porque se debe valorar que con su esfuerzo, han contribuido al crecimiento de Venezuela".
"Los socialistas canarios garantizan que el Gobierno de España hará cuanto esté en su mano para que el principio de seguridad jurídica y los derechos de los empresarios canarios en Venezuela imperen en cualquier procedimiento como el que el Gobierno de aquel país está llevando a cabo actualmente con Agroisleña y Gaisa", apuntaron.
Asimismo, abogaron por que se respete estrictamente la legalidad e insiste en que está realizando las gestiones oportunas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para que medie en la resolución del conflicto que atraviesan Agroisleña y Gaisa, así como otras empresas canarias que se encuentran en las mismas circunstancias.
Por último, los socialistas han solicitado una entrevista urgente con representantes del Ministerio, con el fin de profundizar en las gestiones correspondientes en apoyo de los canarios que está padeciendo esta situación.

¿QUÉ ESTÁ PIDIENDO EL PSOE SI ESTÁ HACIENDO LO MISMO EN ESPAÑA CON LA LEY DE COSTAS? Con un agravante, aquí la mayoría de nosotros nos esteramos tarde, mal y nunca, que nuestra propiedad ha sido CONFISCADA. Ojalá saliera ZP en la televisión diciendo que nos expropia, perdón, que nos confisca por el bien del pueblo que tiene derecho al uso y disfrute de la costa.
¿CREE ÁLGUIEN QUE AQUÍ NO SE NACIONALIZAN EMPRESAS? todas las que están cercanas a la costa, incluso las que están a 7 kms de ella.
La salinera lucha contra Costas para mantener su carácter privado
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/09/24/salinera-lucha-mantener-caracter-privado/605646.html
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100415/villaviciosa/fabrica-sidra-gaitero-afectada-20100415.html
EL PSOE PIDE PARA LA EMPRESA EXPROPIADA EN VENEZUELA UNOS DERECHOS QUE EN ESPAÑA, EL MISMO PARTIDO, NOS ARREBATA.
Miles de ciudadanos europeos hemos tenido que acudir al Parlamento Europeo pidiendo amparo y protección ante el ataque a los Derechos Fundamentales que estamos siendo objeto por parte del Gobierno español y, estando allí, tuvimos que escuchar de boca de uno de nuestros eurodiputados del PSOE, que la propiedad privada no es un Derecho Humano.
El mismo PSOE pide a Chavez que respete lo que a nosotros nos niegan: derechos indemnizatorios de forma justa, seguridad jurídica y a protección de las leyes internacionales

La demolición de Cho Vito cumple dos años


El 7 de octubre de 2008 comenzó la demolición de las viviendas de Cho Vito. El poblado marinero de Candelaria conmemoró el segundo aniversario de tal fecha ayer con un acto celebrado en el mismo lugar en el que ya faltan 23 edificaciones y en el que las siete existentes pueden comenzar a caer a partir del próximo 1 de diciembre. Una vigilia y las intervenciones de todos cuantos quisieron decir algo acerca de la situación creada en este enclave, convertido en símbolo de la lucha contra las acciones que la Dirección General de la Sostenibilidad y el Mar ha realizado y proyecta realizar en las costas canarias, sirvieron para apoyar a los afectados. En el casco de Cho Vito, su objetivo es la reconstrucción del lugar.
http://www.eldia.es/2010-10-10/sur/7-demolicion-Cho-Vito-cumple-dos-anos.htm

jueves, 7 de octubre de 2010

Cada cosa en su sitio


SEGÚN Costas, la demolición de las casas (primera vivienda) que quedan en Cho Vito se ha retrasado para el mes de diciembre próximo. En el programa "Al Natural" de EL DÍA Televisión, director y tertulianos, nos hemos manifestado desde hace un par de años sobre los distintos fallos judiciales y últimamente también sobre Igueste de San Andrés. En ambos casos "Al Natural" se mostró sensiblemente a favor de los afectados y extrañado ante la actuación de la Justicia, Costas y otros organismos en este enrevesado asunto. Por eso nos interesa aclarar lo siguiente a manera de comunicado.
Entendemos la necesidad de convivir con el mar por medio de paseos, salinas, muelles, puertos, urbanizaciones, instalaciones, hoteles y, por supuesto, sociedades de todas las clases que, pagando sus cuotas, enseñan a nuestros hijos a amar y respetar al mar.
Por eso, no entendemos la falta de respeto de la Administración del Estado, que un buen día fije una línea o raya imaginaria, a tantos o cuantos metros de la costa, para derrumbar todo lo que allí se encuentre. Y que no tenga en cuenta la geografía de un territorio, no sólo la física, sino también la social, cultural, histórica y, sobre todo, la humana. Máxime, cuando esas líneas se han fijado con carácter retroactivo.
Por otro lado, nos interesa aclarar que nosotros no nos hemos sonreído de ninguna clase de huelga de hambre. Pero sí queremos resaltar que cuando alguien se mete en un berenjenal tan peligroso -la salud- pensamos que no debería ser para buscar la compasión del ciudadano, sino para una efectiva presión a las administraciones públicas hasta sus últimas consecuencias. Si no, es mejor no hacerlo. ¡A la vista está!
En referencia a este mismo episodio y como defensores de las actuaciones de los "uniformados" en el 99% de los casos, queremos hacer notar cómo se manejan políticamente muchas misiones de Guardia Civil y Policía Nacional y, huyendo del amor a la responsabilidad, sus superiores paisanos salen de rositas.
Por último, y esto para alturas más altas, nos da la sensación de que la Justicia y Administración del Estado son más estrictas con el delincuente común que con el criminal profesional; más contundentes con el necesitado que con el que le sobra, y más duras con el débil que con el fuerte. En una palabra: que en muchísimos casos estamos seguros de que ambos organismos se ajustan más a Derecho con los pobres que con los ricos.
* Francisco Pallero
(director y presentador de "Al Natural" de EL DÍA Televisión

miércoles, 6 de octubre de 2010

Existe una sentencia con fecha 30 de mayo de 1995 en donde se declara que no hay lugar a la demolición de las viviendas de Cho Vito




Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito afectados por la orden de derribo de sus viviendas en aplicación de la Ley de Costas, valoró la fecha impuesta por la administración estatal para llevar a cabo la orden de demolición de sus viviendas a partir del próximo 1 de diciembre y dijo que tras la huelga de hambre llevada a cabo hace unas semanas para evitar el derribo inmediato de sus viviendas, se encuentran casi recuperados y trabajando para tratar de salvar sus hogares ante la nueva fecha impuesta por Costas.

Tomás González critica que Gumersindo García Trujillo, alcalde de Candelaria y persona que no fue a Madrid a defender a los vecinos de Cho Vito en la reunión bilateral Canarias-Estado celebrada para tratar los derribos en el poblado marinero, publique en los medios una información que asegura que los derribos se llevarán a cabo a partir del 1 de diciembre.

El portavoz de los vecinos de Cho Vito se pregunta si en la carta que filtra Costas, por medio de Josefina Martín, no tiene en cuenta el acuerdo alcanzado en la reunión bilateral Canarias-Estado del 10 de septiembre que dice que en defensa del interés etnográfico, paisajístico, cultural y social anudados a su preexistencia las administraciones acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados.

Asegura que los vecinos afectados no han tenido ninguna comunicación de los dirigentes que acudieron a la reunión de Madrid en representación del Gobierno canario, cabildo de Tenerife, subdelegación del Gobierno, pero se filtra al alcalde de Candelaria esa carta para que rápidamente la publique en los medios indicando que los vecinos no tienen nada que hacer y que sus casas serán derribadas el 1 de diciembre.

González advierte al alcalde de Candelaria que nada más lejos de la realidad, puesto que el acuerdo de Madrid tiene que ser respetado y añade que estas nuevas presiones se deben casi con toda seguridad a que temen que cho Vito tenga que ser reconstruido, máxime porque deja claro que a día de hoy los afectados no han tenido ninguna comunicación de demoliciones ni del gobierno de Canarias, ni del cabildo de Tenerife, ni de la Subdelegación del Gobierno
.

Desde su punto de vista, sobre los derribos de Cho Vito el 1 de diciembre próximo nada es oficial y sólo se conoce una información que de manera interesada se publica en el periódico El Día, pero como saben de las trampas que son capaces de realizar quienes por intereses especulativos quieren destruir Cho Vito, los vecinos siguen trabajando por mantener el poblado desde el mismo día en que dejaron la huelga de hambre, siguen batallando para que Cho Vito sea reconstruido y adelanta que en los próximos días puede haber buenas noticias al respecto.

Tomás González explicó que están trabajando en la realización de un acto por la dignidad de Cho Vito y de la ciudadanía este próximo 9 de octubre en el poblado marinero, porque no descansarán hasta que este lugar emblemático de la costa de Candelaria renazca como antaño.

Por otro lado, dijo que el 6 de agosto pasado los vecinos de Cho Vito fueron a la demarcación de Costas para enterarse de lo que iba a pasar en el poblado y la misma persona que ahora firma la carta que aparece filtrada en El Día se negó a enseñar a los afectados los expedientes, no respetando los dictados de la Ley, pidiendo entonces que previo pago se la envíen por escrito porque así lo dictan sus derechos. Dicho lo cual, señala que se han encontrado recientemente un documento filtrado por la demarcación de Costas de Tenerife con fecha 30 de mayo de 1995 en donde se declara que no hay lugar a la demolición de las viviendas Cho Vito, firmada por el jefe de los servicios de la demarcación de Costas, un documento que llega a su poder porque Josefina Martín se los da equivocadamente, estando Carlos González Pérez de vacaciones, lo que pone de manifiesto el interés especulativo en derribar Cho Vito aunque haya sentencias que digan que no ha lugar.

Si en septiembre se ganó la batalla de los derribos de Cho Vito, por qué ahora no la van a ganar en caso que sea cierta la información de que los derribos se producirán el 1 de diciembre, se pregunta Tomás González, al tiempo que afirma que los afectados tienen derecho a vivir en paz

Las viviendas de Cho Vito




Que alguien pretenda derribar la vivienda habitual de un ciudadano, así, de entrada, clama al cielo, asombra al averno y deja estupefacto a cualquier mortal de nobles pensamientos. En ciertos momentos, y este lo puede, más de uno quisiera contar con el auxilio de un ángel exterminador o de Klark Kent para cargarse a esos engominados individuos quienes, con mirada altiva y a golpe de regla y compás o mediante cursor de ratón, levantan lindes y fronteras y abaten sueños y sacrificios. Pero los héroes, incluido el capitán Trueno, parecen estar envueltos en lejanas batallas y solo la huelga de hambre acude a la llamada de los desvalidos.

Las leyes humanas se hacen para favorecer la convivencia de las personas, garantizar su seguridad y salvaguardar los intereses comunes. Esa debe de ser la teoría, al menos. Porque la práctica, diosa cruel e implacable, en demasiadas ocasiones, no embrida con la teoría y por mil laberintos y recovecos - y aun por ataque frontal- se opone, la burla y la vulnera. Esta, aunque diosa también, es débil y venable, y poco puede hacer para plantar cara a los potentados que la tienen cautiva en sus palacios de opacas cristaleras. La silencian y amordazan a su antojo y la sacan a los balcones -hasta en áureos tronos de flameantes gallardetes- cuando a sus intereses conviene. Y esa verdad se aprende en los campos de agreste lucha, lejos de las aulas de las hipocresías perfumadas.

Algunas de las viviendas del poblado marinero de Cho Vito están ahí -ahí donde usted aún las puede ver- según manifestaciones de los afectados, desde mediados del siglo pasado. ¿Significa eso que se levantaron vulnerando la ley vigente en esa época? ¿Significa eso que los responsables administrativos hicieron la vista gorda o no se enteraron de la infracción? Posiblemente, no.

La normativa de ese periodo histórico no era tan rigurosa ni exigente con el medio ambiente como la actual. Concretamente, la ley 22/1969 sobre Costas, prohibía levantar edificaciones en las zonas conocidas como servidumbre de salvamento (20 metros, contados tierra adentro desde el límite interior de la zona marítima-terrestre). De lo que se infiere que las viviendas de Cho Vito no la quebrantaban, pues nadie ordenó demolerlas. En resumen, si esas viviendas se mantienen en pie es sencillamente porque fueron edificadas respetando la legalidad vigente.

Que la - ¿democrática?- ley 22/88, llamada también de Costas, establezca que la servidumbre de protección recaerá en una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el limite interior de la ribera del mar, pudiendo ampliarse a otros 100 (Artículos 23 y siguientes), es respetable, pero no puede lesar los derechos de los que allí radican desde hace ya tanto tiempo. Ni tampoco la servidumbre de tránsito (6 metros, ampliables a 20, en determinadas zonas).

Y si es tan importante despejar las áreas costeras y afectarlas de servidumbres por intereses medioambientales, o de otra índole, lo mínimo que hay que pedir - ¡exigir!- a los autores de semejantes decisiones es que antes de derribar las viviendas y dejar sin hogar a las personas propietarias y residentes en las mismas y echarlos de allí les entreguen otra, en paraje o zona lo más afín posible del que pretenden desalojarlas.

¿Tan complicado es? ¿Alguien duda del potencial de sus cerebros y de sus rectas y nobles intenciones para ocuparse y resolver adecuadamente los problemas de los ciudadanos?

Los afectados de Cho Vito han suspendido la huelga de hambre durante dos meses, hasta el 30 de Noviembre. Esperemos y confiemos que para entonces, si no hay otra solución y es imperativa la demolición, al menos esas personas cuenten con otra vivienda. Es lo mínimo que se puede pedir al político responsable. Porque eso también es política social. ¿O, no?

La Justicia, que para algunos estaba privada de visión, ha sido intervenida en secreto -tiempo ha- y goza de largo y nítido enfoque; y, de siempre, sus pupilas han sido atraídas más por el relumbre de la alta cocina que por el débil parpadeo de los fogones rastreros. Pero la esperanza, aun en la penumbra, no debe sucumbir; que no ganen siempre los potentados que quebrantan, a golpe de influencia y talonarios, las leyes (esas que muchos dicen que se hacen para pobres y ricos...)

¿Por qué se afanan algunos en destinar recursos -dinero y tiempo- para ayudar a foráneos en sus luchas y reivindicaciones? Tal es el caso de los que se congregan para apoyar la lucha del pueblo saharaui, o los que se rasgan las carnes dolientes en solidarizarse con personas de etnia gitana expulsadas, por poner solo un par de ejemplos.

Bien están la generosidad y la solidaridad, sin muros ni fronteras, para aliviar la pena; bien están, desde luego, y a ellas deberíamos dedicar nuestro empeño de animales "civilizados". Pero las necesidades y los problemas, compañero, medran sin control en el huerto de tu propia casa. ¿Es que no los ves? ¡Limpia y riega primero tu jardín y luego ofrece tu ayuda al vecino!

UNA OPINIÓN MÁS SOBRE LA LEY DE COSTAS


Me considero asimismo canario de corazón y algo de cabeza (poca). De hecho, mi familia posee un elevado valor etnográfico, en particular un cuñao mío, Yeray Ayoze Chinea Negrín, cuyo semblante renegrío, tirando a canarión o gomero, no puede negar que salió a los guanches. Él es capaz de ponerte un techo en una noche, aprovechando la marea baja, tal como lo hacían nuestros ancestros. Según cuenta ya Plinio, y que no lo desmintió ni Viera ni Clavijo, la cultura de la construcción guanche evolucionó como un rayo: Desde la cueva natural a la `Cueva de envolvente autónoma´ (: con paredes propias, independizadas o deshijadas del risco original). Con los años vendrían las cuevas adosadas, construidas sobre firmes caparazones de lapas y burgaos, y poco después los grandes complejos de cuevas alongadas al mar (el típico hotel guanche). Estos primitivos, y a la vez actuales, habitáculos servían y sirven lo mismo para meter una manada de cabras como para guardar anzuelos, pandorgas y carnadas. Con la prosperidad de la autoconstrucción costera vino el intercambio de chosos/as en un mercado libre; libre de verdad, con suelo a coste cero y sin pago de derechos reales o de realengo colonial, un vestigio castellano . Pues bien, pretender echar abajo todos estos valores etnográficos de un mandarriasso es destruir toda una cultura ancestral. Es más, esto no traerá más que rebumbios de gente con toallas y sombrillas, y eso es un libertinaje que no podemos permitirnos los canarios. No a la Ley de Costas del Estado colonial;




Este comentario, publicado en un chat, es la contestación a un escrito publicado en la prensa de Lanzarote, defendiendo los hoteles y apartamentos y solicitando el derribo de las "chabolas" que afean el litoral canario.

lunes, 4 de octubre de 2010

Costas acepta la propuesta del Ayuntamiento y no derribará edificaciones en Puerto Naos




La dirección general de Costas no llevará a cabo demoliciones en el barrio de Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane, después de aceptar la contrapropuesta presentada por el Ayuntamiento.

Las exigencias de Costas para llevar a cabo la remodelación del enclave turístico de Puerto Naos pasaban por retrasar el Paseo Marítimo en 10 metros, lo que dejaba a los edificios de primera línea sin ningún valor. Además, exigía la demolición de algunas edificaciones ubicadas en la zona norte de este paseo.

Dos premisas que desde el grupo de gobierno municipal, Coalición Canaria y Partido Popular, rechazaron de pleno negándose a las demoliciones. El propio alcalde, el nacionalista Juan Ramón Rodríguez Marín, declaró entonces que “no puedo hacer ese daños a ciudadanos que han trabajado muy duro para lograr lo que tienen hoy”.

Con este argumento se presentó una contraoferta en la que, en primer lugar, se mantenían las edificaciones y el retranque del Paseo Marítimo se establecía en cinco metros en lugar de los diez que pretendía Costas. Finalmente la propuesta ha sido aceptada.

Rodríguez Marín entiende que “Costas y el Ayuntamiento han encontrado el diálogo” y calificó la propuesta inicial de Costas como “un plato lleno de veneno” y se mostró satisfecho por “haber tenido el temple y la tranquilidad de esperar y hacer una contraoferta” para la que estableció un plazo, hasta fin del presente año, para que la dirección general de Costas se pronunciase. Será el propio Ayuntamiento quien redacte ahora el proyecto y podrá ser licitado por la dirección general de Costas en los primeros seis meses de 2011.

domingo, 3 de octubre de 2010

VECINOS DE PLAYA LA VIUDA Y PLAYA DE LIMA SE ORGANIZAN PARA EVITAR LOS DERRIBOS DE SUS CASAS.

Sábado, 2 de Octubre. Playa de la Viuda.
Una treintena de vecinos afectados por el proyecto de Paseo del Litoral de la Playa de la viuda y Playa de Lima, que afecta a dos municipios, Arafo, y Candelaria, se reunieron ayer, para iniciar las medidas necesarias para evitar el derribo de sus casas.
Estos dos nucleos del litoral de Tenerife, estan afectados por el proyecto de construcción de un paseo en el litoral, que une los dos municipios.
Los vecinos acordaron crear una "Plataforma vecinal" en defensa de los nucleos costeros, que les permita unirse a colectivos más numerosos, como la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas", con quien ya han mantenido algún contacto.
Estuvieron invitados a la reunión, vecinos de Cho Vito, que expusieron aspectos de la lucha que mantienen contra la ley de costas y contra la aplicación arbitraria y caprichosa de la misma, y que informaron de las especulaciones urbanísitcas que rodean a esta Ley.
Entre los vecinos asistentes, se encontraban concejales del PP y CC, de Candelaria, que como va siendo habitual, mostraron el apoyo incondicional a los vecinos afectados.
Tomás González, representante de Cho Vito, les recordó a los presentes, la importancia de luchar contra esta ley, "desde todos los ámbitos, y desde todos los frentes" reflejando la importancia de el Parlamento Europeo, en la investigación que mantiene sobre la Ley de Costas de 1988.

sábado, 2 de octubre de 2010

Costas comunica que demolerá Cho Vito a partir del 1 de diciembre


Los vecinos y el Ayuntamiento de Candelaria han recibido las cartas en las que se constata que la reunión celebrada en Madrid simplemente posibilitó el aplazamiento del derrumbe de las viviendas, pero no lo evita. Los afectados consideran que la misiva es un trámite de Costas para asegurar el cumplimiento de los plazos.
2/oct/10 07:57
J.A. MEDINA, Candelaria
Los vecinos de Cho Vito recibieron ayer la carta que les remitió el Servicio Provincial de Costas el pasado 16 de septiembre en la que les comunica que la demolición de las siete casas que aún permanecen en pie en el poblado de Candelaria se producirá a partir del próximo 1 de diciembre. Dicha comunicación también le fue trasladada al Ayuntamiento de la Villa Mariana el día 21 del mes pasado.
De esta forma se cumple estrictamente el acuerdo alcanzado en Madrid por el Cabildo, Gobierno de Canarias y Ejecutivo central en el sentido de ampliar el plazo para que desalojen los inmuebles hasta el 30 de noviembre, "con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados", según el comunicado consensuado por dichas administraciones.
En el documento, que firma Josefina Martín en representación de la Demarcación de Costas, se recuerda que los representantes de las instituciones se reunieron el día 10 del mes pasado "para tratar sobre la ejecución de las resoluciones (...) dictadas en los expedientes de recuperación posesoria del núcleo de Cho Vito".
La carta concluye advirtiendo a los afectados "de que deberán retirar los enseres y objetos de su pertenencia antes de esa fecha (1 de diciembre), pues de no hacerlo así se consideran bienes abandonados a todos los efectos".
Ante esta comunicación, que no cambia en lo esencial la que recibieron en agosto, los vecinos sostienen que "es otra decisión arbitraria de Costas, que da por hecho algo que no pone el acuerdo de Madrid", toda vez que en la carta "no se hace referencia a todo el contenido de lo que decidieron las administraciones". De hecho, manifiestan que esperan que todo el problema se solucione con resoluciones judiciales y el cumplimiento de los acuerdos con el Cabildo y el Gobierno de Canarias.
A juicio del portavoz vecinal, Tomás González, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar actúa de este modo como medida preventiva a fin de no incumplir plazo legal alguno. De ello se desprende que se trata de evitar que expire el periodo de seis meses establecido por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife para cumplir con la sentencia que faculta a Costas a demoler las viviendas de este lugar.
Segundo aniversario
Mientras tanto, el jueves se cumplirá el segundo aniversario de la "invasión" de las fuerzas de seguridad, que "por tierra, mar y aire" llegaron a Cho Vito el 7 de septiembre de 2008. Aquél día comenzó la destrucción de 23 inmuebles en este enclave de la Villa Mariana.
El poblado quiere mantener vivo ese recuerdo. Para ello, ya prepara un acto singular que tendrá lugar el sábado, día 9, en lo que queda de Cho Vito, donde aún residen más de 30 personas. Seis de ellas protagonizaron una huelga de hambre en la plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife desde el 1 al 11 de septiembre. Abandonaron la misma confiando en que el acuerdo de Madrid fuera un paso decisivo no sólo en la salvación de las siete casas que quedan en pie, sino en la reconstrucción de las que cayeron en octubre de 2008. Ese objetivo se mantiene, por lo que no es descartable que vuelvan a la huelga de hambre si no lo consiguen, tal y como advirtieron.
http://www.eldia.es/2010-10-02/tenerife/1-Costas-comunica-demolera-Cho-Vito-partir-diciembre.htm

viernes, 1 de octubre de 2010

Una ley "buena pero mal aplicada"


Arquitectos, abogados y afectados piden retoques a la normativa y criterios de aplicación más claros para evitar las arbitrariedades


Vicente Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Cho Vito ha puesto en boca de todos la Ley de Costas vigente desde 1988, pero ni es el primer barrio en caer ni será el último por invadir el dominio público marítimo terrestre, para cumplir el objetivo de que la costa sea de todos. Sin embargo, los vecinos de este barrio de Candelaria han avivado la controversia sobre los criterios con que se aplica esta normativa, cuya finalidad es recuperar para uso público la primera línea de mar hasta donde han llegado las máximas olas.

Para debatir este asunto, este diario reunió el pasado viernes a cuatro contertulios, en un marco que venía muy al caso: el restaurante de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, junto a la playa de Las Teresitas, cuyo deslinde público ha sido muy contestado y controvertido.

Federico García Barba, presidente de la Demarcación del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC); Pedro Fernández Arcila, abogado de la Agrupación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y portavoz de Sí Se Puede; Francisco Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Costabaiba, de El Rosario; y José Luis Langa, abogado de los afectados por el nuevo deslinde en Igueste de San Andrés y miembro del Centro Canario.

Y todos ellos han coincidido en que el espíritu de esta ley es bueno, es decir, lograr que la costa sea para el disfrute de todos los ciudadanos, pero también ha habido coincidencia en que debe ser modificada en algunos aspectos para evitar arbitrariedades en su aplicación y adaptarla a algunas singularidades canarias.

García Barba afirma que esta ley es "un logro positivo de la democracia", pero incurre en "indefiniciones y ambigüedades" a la hora de fjiar "dónde se produce el cambio del dominio público al privado", y "no entra en la casuística y debería definir sistemas indemnizatorios justos" a los afectados. Además, el arquitecto propone que se corrija también el "fallo de que los funcionarios de Costas tengan tanta capacidad de decisión para actuar en algunos casos arbitrariamente".

Fernández Arcila opina que "lo esencial de esta ley no debe modificarse, es decir, garantizar el uso público del litoral, pues ha sido un gran logro que debe mantenerse a toda costa, nunca mejor dicho;pero sí que hay desajustes que corregir, como la disposición transitoria que se refiere a los núcleos urbanos, para que se reconozcan los asentamientos rurales canarios". "También debería eliminarse de la ley la regeneración de playas, porque sólo ha servido para provocar graves daños ambientales con el trasvase de arenas y ese odio de Costas a las playas de callaos -a las que los canarios sí estamos acostumbrados-, poniendo en su lugar arena negra machacada o amarilla",
aseveró el letrado de ATAN. García Barba le dio la razón, y fue más allá: "La regeneración de playas es un objetivo espurio de grandes empresas constructoras, un despilfarro de dinero público, porque no tiene sentido echar arena si el mar se la va a llevar, dado que la ingeniería moderna no puede aún con la fuerza del Atlántico".

Vera sostiene que debe concretarse mejor qué es el dominio público, "si es una franja donde todos debemos pasar con comodidad o en cambio ir saltando de piedra en piedra" y se preguntó por qué se dan concesiones administrativas a clubes privados para usar con exclusividad parte del litoral. También criticó el dirigente vecinal que la ley tenga efectos retroactivos.

Langa juzga que se trata de una ley "buena" en sus intenciones, pero en la práctica "confiscatoria", que lesiona el derecho a la propiedad, hasta el punto de que ha recibido muchas críticas del Parlamento Europeo.
Pero a su juicio, el problema parte también de que las administraciones públicas canarias (Gobierno regional y ayuntamientos) "con gran irresponsabilidad no hicieron sus deberes" tras la Ley de Costas en 1988, al no advertir el alcance de esta normativa y no prever que tendrían que justificar qué núcleos eran urbanos y así poder fijar la servidumbre en 20 metros y no en 100, que es el problema de muchos barrios de la zona de Anaga. En Igueste, recordó este abogado y dirigente del CCN, de 750 habitantes, la mitad están afectados por el nuevo deslinde y su servidumbre. En este punto Langa es partidario de que se paren los derribos en Canarias hasta que se elabore un censo o catálogo de núcleos costeros, que se revise si son urbanos antes de 1988 y se examine su posible interés arquitectónico, etnográfico o cultural. Reclamó para ello a los diputados de Coalición Canaria en el Parlamento estatal que aprovechen "sus votos ahora que son imprescindibles" para el Gobierno de Zapatero.

Federico García Barba apunta que asentamiento rural, en realidad es un núcleo urbano, aunque rodeado de suelo rústico, pero que sólo se denomina así en Canarias, un tema sobre el que la Administración estatal y la canaria no se han puesto de acuerdo. El presidente de la Demarcación del COACecha de menos que la ley no recoja los casos que luego se topa en su aplicación, aunque al respecto el abogado de ATAN cree que "esta ley no puede ser casuística, pues hay muchísimos intereses en la costa", si bien insistió en que "debe aclararse aspectos en la ley, como hasta dónde llega la corona de los acantilados".



http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/26671/

Pérez Medina alaba la postura dialogante de Costas y reprocha al PSOE que no apoyara la petición al Estado para parar los derribos

El dirigente vecinal de Ojos de Garza participó este viernes en la reunión que se celebró en Tufia

TELDEACTUALIDAD
Telde.- Costas quiere encontrar soluciones previas a la demolición de casas situadas en puntos del litoral de Gran Canaria. Así lo afirma el representante vecinal Juan Pedro Pérez Medina, quien el viernes se reunió con el jefe de la Demarcación de Costas en Canarias, José Miguel Pintado, un técnico del Gobierno regional y dos concejales de Telde: José Antonio Perera e Ildefonso Jiménez.

En el encuentro se abordó la situación de Ojos de Garza y Tufia, dos poblados grancanarios que también están amenazados por la pala de la excavadora. Sobre la mesa se puso la posibilidad de fijar un calendario para la reubicación de los vecinos, aunque no se concretó nada y se dejaron abiertas las puertas al diálogo.

Sin embargo, el también vicepresidente de la plataforma regional de afectados por los derribos de casas ilegales en la costa está molesto con la posición del PSOE, al que reprochó que no haya secundado la proposición no de ley aprobada por el PP y CC en el Parlamento canario para exigir al Estado la suspensión de las demoliciones proyectadas por la Demarcación de Costas, según una información de La Provincia-DLP.

"La iniciativa está bien, pero nace coja. Hay un grupo que tiene diputados para reforzarla y no lo ha hecho", asegura Juan Pérez, que reclama a los socialistas "hacer causa común" con los otros partidos para evitar los derribos en Canarias, los cuales atañen a un millar de vecinos de todas las Islas.

La proposición pretende parar la piqueta que pende sobre los poblados costeros con "valor etnográfico, arquitectónico o socioeconómico" afectados por el deslinde fijado en la Ley de Costas. Hay núcleos, como el de Cho Vito, en Tenerife, que serán derribados cuando expire el plazo de 80 días concedido por la Demarcación.


"No podemos permitir que se tiren estas casas", sostiene Cristina Tavío, diputada del PP que llevó la proposición al Parlamento. Y añade: "no se trata de defender el chabolismo, sino de conservar la idiosincrasia de los poblados marineros para que esto no se convierta en Malibú".

La parlamentaria es partidaria de paralizar las demoliciones hasta que se dicten las primeras sentencias y se resuelva el conflicto competencial Estado-Comunidad Autónoma, pues se podrían tirar viviendas cuyos vecinos obtengan después fallos judiciales favorables. También rechazó que Costas incurra en prevaricación si suspende las órdenes de demolición, uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para rechazar la proposición no de ley. "Están obsesionados con la prevaricación. Retrasar una decisión hasta que se obtenga una sentencia no es prevaricar", concluyó.
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=5707

jueves, 23 de septiembre de 2010

Costas tiene 20 días para justificar el deslinde de Igueste

El Supremo ha admitido un recurso más de otros caseríos de Anaga



NOÉ RAMÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Audiencia Nacional ha dado 20 días de plazo a la Dirección General de
Costas para que le remita y justifique el expediente completo de deslinde de
Igueste de San Andrés. Con este auto remitido a las partes se da vía libre a
este contencioso ante el órgano judicial.
El abogado, José Luis Langa, que representa a gran parte de los alrededor de 450 vecinos de los 700 empadronados en este barrio cuyas propiedades se encuentran dentro de terrenos declarados de dominio público, ha recurrido el deslinde que establece una zona de protección de cien metros de ancho.

Estos vecinos, por su parte, estiman que la anchura no debe de sobrepasar los veinte metros como corresponde a cualquier enclave urbano. Igueste defiende ante los tribunales que efectivamente era un núcleo de estas características antes de la aprobación de la Ley de Costas en el año 1988. Langa ejerce de secretario federal del Centro Canario Nacionalista (CCN) y considera que el Archipiélago se enfrenta a un problema como es la aplicación indiscriminada de esta legislación en un terreno sensible al tratrse de islas. Langa hace un llamamiento a todos los partidos y fuerzas sociales para luchar contra la aplicación de este texto legal cuyos efectos considera devastadores.

Langa mantiene contactos con asociaciones de vecinos afectados por la aplicación de esta legislación en todo el ámbito europeo.

"Igueste se ha convertido en un símbolo de los efectos de esta legislación en Canarias y en muchos otros puntos de España". El abogado indicó que es urgente que el Ayuntamiento remita ahora la documentación para demostrar que Igueste contaba con servicios propios de un enclave urbano antes de 1988.

En la diligencia remitida ahora se recuerda que este deslinde afecta a 5,1 kilómetros de longitud entre la playa de El Burro y la de Antequera. El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Ángel Isidro Guimerá, pedirá en la sesión plenaria que se celebra mañana que se pare cualquier derribo en toda Anaga hasta que nos e elabore un catálogo de estos núcleos costeros. La lucha de este Distrito en contra de la aplicación de la Ley de Costas ha sido constante. El Tribunal Supremo (TS) también ha admitido a trámite el recurso presentado por los vecinos de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero en contra de este deslinde al fijar igualmente una zona de protección de cien metros de anchura.

En realidad estos núcleos están actuando en un doble frente. Por un lado intentan defender la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que los declaró urbanos en 2007 frente al intento de Costas de dejar sin efecto la decisión. En el caso de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dicho que pueden ser urbanos, lo que abre la puerta a que la zona de protección se reduzca. Por otro los núcleos luchan en el Supremo y la Audiencia en contra del deslinde.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/09/23/costas-20-dias-justificar-deslinde-igueste/305369.html

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Cambiar la Ley de Costas


TAL Y COMO vienen desarrollándose los diferentes procedimientos que la Ley de Costas aplica a lo largo de la costa española, influyendo en el origen de multitud de controversias, hasta el punto de que hoy existen asociaciones de afectados por dicha ley, parece claro que lo más idóneo es... cambiarla. Después del último bochornoso espectáculo de los vecinos que permanecen en Cho Vito al decidir la huelga de hambre como solución al casi inevitable derribo de lo que queda del poblado, las autoridades implicadas (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento -el alcalde rechazó asistir a la reunión en Madrid-), además de conseguir un exiguo aplazamiento hasta el próximo 30 de noviembre, deben afrontar seriamente el problema (debieron arrostrarlo antes) para buscar una solución definitiva.
Este problema no es exclusivo ni de Cho Vito ni de Igueste de San Andrés ni de El Médano ni de ningún otro asentamiento costero. La decisión que abarque a todos pasa por cambiar la ley, tal y como hizo el Gobierno de entonces al encontrarse con la gran chapuza de la de 1969, que, entre otros disparates, contemplaba la ganancia de terrenos a la mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. La clase política fue la responsable del espantoso deterioro existente, paisaje que tuvo que sufrir una importante transformación a través de una serie de actuaciones que sirvieron para detener los desmanes extendidos formidablemente. ¿Qué hicieron los ilustres ineptos autores de la ley caciquil? Simplemente, cambiarla por la de 1988, inaugurando una serie de cabreos generalizados (justificados) entre ciudadanos que habían cumplido con la primera de las normas.
Si el ministerio correspondiente cambió la ley de 1969 por la de 1988, ¿qué impide que se acuda a un nuevo cambio para 2011 que calme las aguas embravecidas? Dejemos claro que no estamos pidiendo que el director general de Costas incumpla la ley o que el alcalde de Candelaria lo imite. Las leyes están para cumplirlas. Lo que sucede es que, como sigan así las cosas, muy pronto estarán con el agua al cuello muchos ayuntamientos, que verán cómo en su litoral han surgido trastornos similares. Y tendrán que mojarse. A una ex consejera del gobierno gallego le van a demoler un chalet con piscina situado a 70 metros de la mar. A muchos vecinos de Igueste de San Andrés les ha llegado la terrible comunicación de los dichosos 100 metros, con lo cual, si las autoridades pertinentes no toman cartas en serio, la ley se cargará el pueblo completo, fincas incluidas
.
Canarias, principalmente Lanzarote, ha sido la Comunidad más castigada por los especuladores que consiguieron dinero fácil, sobre todo a partir de la década de los sesenta, años de crecimiento desmedido y destrozos del equilibrio natural del ecosistema. El cuarenta por ciento de nuestro litoral se encuentra urbanizado, situación que ha sido denunciada por unos pocos y poco observada por muchos. Las luces rojas se encendieron por culpa de la sobresaturación. A los políticos canarios nada les ha importado que nuestro Archipiélago se apoye en un mundo tan frágil como es el del turismo (cenizas del volcán islandés). Sólo el actual presidente, Paulino Rivero, ha manifestado, sin tapujos ni hipocresías, la principal dedicación que debe recibir la vital industria. Los últimos acontecimientos internacionales han obligado a aterrizar en un mundo que no tiene relación alguna con la opulencia vivida hasta anteayer. Y lo que es peor, esa fragilidad no se retoca eficaz y constantemente (hay algunos casos, pero insuficientes). Apenas aparecen en el horizonte unos trozos de preocupaciones que apuntan sólo a rehabilitaciones de establecimientos y a un olvido total del entorno.
Ahora todos piden playas artificiales y puertos deportivos que, sin embargo, constituyen una de las fórmulas más destructivas de la vida marina (qué pena de Garachico).
Insistimos: la Ley de Costas actual, cómo no, debe respetarse. Pero la Dirección General tiene que tener en cuenta que el territorio canario, por su endeblez, no puede ser tratado con la misma óptica con la que se escudriñan la Costa del Sol o la Costa Brava, por ejemplo. Es cuestión de hablar, de informarse y de poner todos los papeles y los arrestos sobre la mesa. Si la ley de 1969 se cambió, por chapucera, por la de 1988, ésta, también por chapucera, puede modificarse con el buen oficio de nuestras dignísimas autoridades... hasta ahora durmiendo la siesta.
http://www.eldia.es/2010-09-22/criterios/21-Cambiar-Ley-Costas.htm